La Casa de los Derechos de los Periodistas (CDP), AC, exige a las autoridades de procuración de justicia del estado de Michoacán, investigue de manera eficaz y expedita la agresión de la cual fue víctima el periodista Jorge Martínez Castañeda, director del sitio web de noticias www.rotativodigital.com.mx, en el municipio de Tacámbaro, el pasado día 6 de enero, por parte de Manuel García Barragán, hijo del conocido empresario gasolinero Enrique García.
Las y los periodistas que conforman esta asociación se solidarizan con el colega Martínez Castañeda y con los más de 26 periodistas agredidos en esa entidad de 2010 a la fecha, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). En su mayoría, los casos se encuentran en la impunidad porque no se ha investigado y sancionado a los responsables.
Ante el clima de impunidad que existe en Michoacán, particularmente en casos de agravios a periodistas, la CDP solicita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos exigir medidas cautelares a favor de Martínez Castañeda, para garantizar su integridad física y psicológica, como la de su familia.
A más de una semana de la agresión física que originó que el periodista recibiera atención médica de emergencia por la gravedad de los golpes, las autoridades encargadas de investigar los hechos no han informado sobre avances de las investigaciones.
Con la finalidad de combatir la impunidad, se debe investigar a los servidores públicos municipales que autorizaron la liberación del agresor, luego de que elementos de la Policía Vial lo entregaron a la Policía Municipal de Tacámbaro, Michoacán, al mando del presidente municipal Mauricio Acosta Almanza.
Los hechos se registraron el pasado 6 de enero, cuando Manuel García se encontró al periodista en un lugar público de Tacámbaro y empezó a golpearlo, presuntamente por estar inconforme con publicaciones periodísticas en las cuales cuestiona las actividades empresariales y de tráfico de influencias de su padre.
Ante estos acontecimientos la Casa de los Derechos de Periodistas, AC, condena enérgicamente que no se brinde al profesional de la comunicación garantías para salvaguardar su integridad física y seguridad jurídica.
Casa de los Derechos de Periodistas
Nestora Salgado García es una defensora de derechos humanos y lideresa indígena del estado de Guerrero, donde ha trabajado por la protección de los derechos de los pueblos indígenas, y en particular su derecho a la autodeterminación. Antes de su arresto en 2013, la defensora de derechos humanos lideraba la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el municipio de Olinalá, Guerrero. La policía comunitaria fue organizada y liderada por Nestora Salgado García en un esfuerzo por combatir el incremento en la violencia, ataques violentos, corrupción política y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en el municipio de Olinalá. El gobernador de Guerrero había prometido apoyar a la policía comunitaria, antes de decidir eliminarla en noviembre de 2014.
La decisión que confirma la orden de detención contra Nestora Salgado García se da tras un recurso presentado por las abogadas de la defensora de derechos humanos pidiendo su liberación inmediata, basado en la decisión del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primero Circuito de Chilpancingo, en marzo 2014. Esta decisión revoca la orden de detención contra Nestora Salgado García, debido a una falta de pruebas en su contra. A pesar de eso, la defensora de derechos humanos no fue liberada y se encuentra actualmente detenida en la prisión de Tepepan, en la Ciudad de México, a la cual fue trasladada en mayo de 2015, tras haber estado detenida en la prisión federal de máxima seguridad en el estado de Nayarit.
Nestora Salgado fue ilegal y arbitrariamente detenida el 21 de agosto de 2013 bajo los cargos falsos de secuestro agravado. Los cargos se originan de acciones tomadas por la defensora de derechos humanos en consonancia con su papel y deberes como integrante de la CRAC-PC. La defensora se encuentra detenida hace más de 2 años, sin juicio.
El 28 de enero de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de Nestora Salgado. En su decisión, la CIDH consideró la fragilidad de la situación enfrentada por la defensora de derechos humanos en la prisión federal de máxima seguridad en Nayarit, así como los riesgos a su vida e integridad personal. La defensora de derechos humanos ha informado no haber recibido la atención médica adecuada por el dolor crónico que padece como resultado de un accidente de coche sufrido previamente; y que ha sido sometida a malos tratos en el periodo en que se encuentra detenida.
Debido al fracaso del Estado en cumplir con las medidas cautelares emitidas por la CIDH, la defensora de derechos humanos empezó una huelga de hambre en mayo de 2015, resultando en un grave deterioro de su estado de salud. El 29 de mayo de 2015, después de casi 1 mes de huelga, la defensora fue trasladada a la prisión de Tepepan, en la Ciudad de México.
Front Line Defenders se encuentra gravemente preocupada por el arresto arbitrario y la detención preventiva de la defensora de derechos humanos Nestora Salgado y expresa preocupación adicional por su integridad y seguridad física y psicológica, así como los cargos falsos presentados en su contra. Front Line Defenders cree que la detención de Nestora Salgado García es un intento de impedirle que siga con su trabajo legítimo de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y su derecho a la autodeterminación en México.
Front Line Defenders, Fundación Internacional para la protección de los/las defensores/as de los derechos humanos
Muy interesante el artículo “La maniobra de los comisionados del Inai”. Efectivamente, vivir en México es vivir en zozobra, en riesgo permanente. Usuarios obligados de transporte público, sin guaruras, sin vehículos blindados, exigimos también un “bono de riesgo”; pero también otro de ajuste salarial, otro de desempleo, subempleo o autoempleo; otro, por falta de servicios públicos municipales; otro por delincuentes con uniforme y placa oficializados… ¿Nos lo darán? Cualquier cantidad es bienvenida.
Leonardo Moctezuma
La guerra no acaba con el terrorismo, lo refuerza. Una aseveración que parece concluyente. Pero no lo es. A pesar de que la coyuntura que vivimos ha hecho emerger los análisis como los de Xavier Caño, investigador notable, de gran estatura moral.
La guerra como las finanzas, la economía, los aceleradores de la guerra teológica, las organizaciones no gubernamentales sembradas por los antropólogos desde la década de 1960 vinculados a proyectos de sublevación étnica… Además de estos escenarios hay que agregar las migraciones, las tendencias autodefensivas entre las comunidades marginadas de todo. La guerra no es como la de antes y requiere de un nuevo diseño. La guerra no ha resuelto nada como lo han demostrado las experiencias de la revolución coloreada en África del Norte y el Oriente Medio. El despertar de los núcleos tribales, clánicos, étnicos para incorporarlos a la guerra y, más tarde, al terrorismo y en seguida a la guerra es en realidad un proyecto en marcha como se vio en los Balcanes, en Turquía donde la mafia se basa en 60 clanes. La experiencia albano kosovar que se basó en el despertar de clanes en un marco de crimen organizado está en marcha. Así, pues, guerra y terror son capítulos de un mismo desarrollo de caos.
¿Desorden controlado? ¡Para nada! Toda acción desastrosa como las guerras coloreadas en Libia y Egipto así como en Georgia y Ucrania han llevado a la dinámica de descomposición de las élites tradicionales. Un cambio en este sentido se precipita a partir de 2016. Todo desorden controlado como el que pone en marcha la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por su sigla en inglés) lleva a una coyuntura autodestructora. Guerra y terror se estimulan mutuamente. No hay fuerza moral suficientemente poderosa que enderece las cosas. Por eso la entropía será de larga duración.
Un saludo,
Gastón Pardo
Muy buen reportaje el titulado “En PGR, 52 averiguaciones contra casinos”. Hay que hacer equipo para tener un enorme impacto en nuestra sociedad. Sugiero indagar a cuánto asciende el lavado de dinero en los casinos; a cuánto asciende el flujo monetario total del narcotráfico y armas, y en dónde se invierte, lo lavado, tanto a nivel local –México– como externamente.
José Goti
Presidente Enrique Peña Nieto; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Arely Gómez González, procuradora general de la República; Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Manuel Velasco Coello, gobernador del Estado de Chiapas
El Observatorio ha recibido con seria preocupación información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC, sobre el hostigamiento y allanamiento al domicilio del señor Julio César Ortega Oseguera y las agresiones a su hijo de 25 años, César Iván Ortega Salinas, ambos integrantes del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de Las Casas-Unitierra Chiapas (Cideci-Unitierra Chiapas).
Según la información recibida, el día 14 de diciembre de 2015, sobre las 10:00 de la mañana, por lo menos cuatro personas vestidas de civil ingresaron al domicilio del señor Ortega Oseguera de manera violenta, forzando la puerta de entrada de la casa, en donde sólo se encontraba su hijo. Las personas golpearon y sometieron al joven amarrándole las manos con cables, y uno de ellos le preguntó por su padre, diciéndole que ya le habían pagado para matarle. Posteriormente, los individuos registraron la casa, robaron cosas de poco valor y salieron del domicilio. El señor Ortega Salinas logró desatarse y avisar a su padre.
Cabe destacar que no se trata de un acontecimiento aislado, puesto que durante los últimos tres meses, en varias ocasiones individuos desconocidos abrieron el vehículo del Sr. Ortega Oseguera, sin que se llevaran cosas de mucho valor, y solamente revolviendo las pertenencias que se encontraban al interior. También en diversas ocasiones él ha sido objeto de vigilancia y de seguimiento por varias y diferentes personas, a veces a bordo de vehículos sin placas.
Cabe mencionar también que en varias ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado al Estado mexicano el riesgo que corren las y los defensores comunitarios de derechos humanos, que trabajan en la línea de frente en la defensa de la tierra, el territorio, la autonomía, la defensa de sus espacios sagrados y recursos naturales.
Por favor, adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la integridad física y sicológica del señor Julio César Ortega Oseguera y de su hijo César Iván Ortega Salinas, así como de todos los colaboradores del Cideci-Unitierra Chiapas, y de todos los defensores de derechos humanos en México;
Llevar a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno al hostigamiento y vigilancia del señor Julio César Ortega Oseguera y a las agresiones en contra de su hijo César Iván Ortega Salinas, con el fin de identificar a los responsables, sanciones penales previstas por la ley;
Poner fin a todo tipo de violencias, amenazas y actos de hostigamiento contra los colaboradores del Cideci-Unitierra Chiapas objeto de las amenazas así como en general, en contra de todos los defensores de derechos humanos en el país;
Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, que garantiza la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”; artículo 12.2, que establece el deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”;
De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.
Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
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