El reportaje sobre la pobreza en la Sierra Tarahumara me ha resultado muy conmovedor. ¡Qué realidad tan triste! ¿Hasta cuándo el ser humano volverá sin hacer nada por aliviar el dolor de un hermano?

 

Quienes viven en la miseria sólo se diferencian de los demás por no tener las mismas oportunidades que las personas de la ciudad. Debajo del disfraz todos somos iguales. Por un momento pongámonos en el lugar de quienes no tienen nada; demos gracias a Dios por lo que tenemos, y compartamos un poco con los que no han tenido las mismas oportunidades.

 

 

 

 

 

¡Felicidades por su información! Me parecía increíble que aún existieran personas en ese nivel de pobreza en México. Y es sorprendente que no piden dádivas, sino material para ellos mismos construir una presa y así tener agua para beber, bañarse y trabajar la tierra. Los políticos deberían de escuchar esas peticiones. Cómo no recordar que los funcionarios se van de vacaciones y gozan de tantos lujos.

 

 

 

 

 

 

Trabajo como auxiliar de investigación en el Colegio de Michoacán, extensión La Piedad. El 15 de enero pasado, al regresar de Zamora, me percaté de que la entrada del edificio donde vivo estaba clausurada con sellos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. Los policías que resguardan la entrada me indicaron que se había efectuado un operativo el día anterior, y que no podía entrar.

 

Esté consistió en el arresto de Manuel Torres Morales, Felipe Torres Morales, José Salvador Espinoza Torres, Juan Ramón Padilla Ramírez y José Angel Macías Abundis, acusados de delitos relacionados con el narcotráfico. Son señalados como “jefes de plaza” de los Caballeros Templarios.

 

Algunos de ellos trabajaban como dentistas en la clínica-laboratorio que se encuentra en el segundo piso del edificio. Yo vivo en el tercero con mi hija.

 

¿Alguien me puede explicar por qué las autoridades “competentes” clausuraron todo el edificio, en lugar de cerrar sólo dicho departamento?

 

Desde esa fecha, mi vida se ha convertido en un remolino de abusos, arbitrariedades, saqueos, desidia y arrogancias por parte de autoridades locales y federales. No tengo forma de asearme y mudar de ropa, porque no puedo entrar a mi departamento. Tampoco de disfrutar un alimento casero, porque los “señores de la ley” me lo impiden.

 

¿Cómo explicarle a mi hija que sus dos perritos y sus dos gatitos pueden morir de hambre y sed porque la policía federal no nos deja entrar a nuestro hogar?

 

No tengo forma ni capacidad para saber si los involucrados son o no narcos, porque no soy investigadora criminalística, ni experta jurídica en crimen organizado. Mi trabajo está en el área social: temas estadísticos de migración, marginación, indigenismo y pobreza. En fin, el “aburrido y triste” México real.

 

Quiero creer que existe alguna instancia de derechos humanos capaz de resolver mi caso. Me resisto a pensar que sus recomendaciones terminen en el bote de la basura.

 

Estoy dispuesta a perdonar cualquier abuso, afrenta y agresión sufrida, con tal de retornar a mi vida familiar de una forma tranquila, pacífica y feliz.

 

 

 

Felicito a la periodista Flor Goche por su profesionalismo y el excelente manejo de la información; sobre todo en los temas de educación pública.

 

 

 

Muy interesante el reportaje “Un cuarto de país en poder de mineras trasnacionales”. Sería interesante también conocer las condiciones en que trabajan los mineros, los salarios que perciben y si cuentan con seguro de vida y las prestaciones correspondientes.

 

 

 

Los felicito por el reportaje “Un cuarto de país en poder de mineras trasnacionales”. Seguimos regalando México a los extranjeros, ya sean españoles, ingleses, estadunidenses o canadienses. Les obsequiamos el petróleo, la electricidad, la energía eólica… Todas estas concesiones son casi otorgadas por lo que respecta a los ingresos hacendarios.

 

Casi no entra dinero a las arcas de la nación debido a esto. En contraste, los ingresos personales de quienes han autorizado todo este tipo de atracos a la nación sí son muy altos. Nosotros, los habitantes y supuestos beneficiadores de los bienes de la nación quedamos fuera. Recordemos que se invirtieron millones de dólares para salvar al sector financiero, es decir, a los bancos. Una vez “salvados” pasaron a manos de extranjeros. Sorprende el entreguismo.

 

 

 

Leí con mucha atención el reportaje sobre los trabajadores outsourcing de la Secretaría del Trabajo capitalina. Es muy grave y lamentable, pero es una situación que caracteriza y distingue a la derecha. Lo realmente indignante es que la “izquierda” de Marcelo Ebrard hace exactamente lo mismo. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno del Distrito Federal guarda silencio ante las graves violaciones a los derechos laborales de trabajadores ubicados en diversas dependencias de la propia administración capitalina. Sólo como uno de los tantos ejemplos podemos citar el de las mujeres que laboran en las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior del Gobierno del Distrito Federal, a quienes en diciembre de 2011, les condicionaron el aguinaldo. Ebrard nunca ha querido siquiera recibir a este grupo de 400 mujeres. Está visto: las burocracias de derecha y de izquierda son similares.

 

 

 

 

 

 

¿Qué pasa señor gobernador de “izquierda”, Gabino Cué? Los de izquierda protegen y luchan valerosamente por sus pueblos. No los atacan con paramilitares ni los reprimen con policías, como usted hace con los triquis de San Juan Copala, Oaxaca. ¡Ya basta! Los intereses oscuros no pueden estar por encima de la vida de esta población que ya fue atacada vilmente por su antecesor Ulises Ruiz.

 

 

 

 

 

 

Estoy pasando por una situación difícil. Desde julio de 2011, acudí a la Clínica 185, en el Estado de México (que es la que me corresponde). Ingresé al área de medicina preventiva por una bolita que percibí en el seno derecho. Me enviaron al área de medicina familiar y después a la de ginecología del Hospital Villa de las Flores, donde me realizaron una biopsia. En este hospital se detuvo todo.

 

Me indicaron que no había citas subsecuentes, así que tenía que regresar en un mes para que me autorizaran una. Regresé al mes y me dijeron que volviera en 15 días. Me realizaron un ultrasonido, en el cual advirtieron que mi estado físico era anormal. Me transfirieron de manera inmediata a ginecología, pero ahí no tenían los resultados de la biopsia (por un error los habían mandado a otro hospital).

 

Muchas cosas ocurrieron, pero sólo quiero añadir que terminé operándome en una clínica particular, ya que la enfermedad de cáncer de seno avanzó considerablemente. Interpuse una denuncia ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es necesario que la gente sepa que estos sitios son de gran utilidad para conocer de qué manera se comportan las instituciones y cómo debemos de defendernos de tanta insensibilidad por parte de los que están para ayudarnos.

 

 

 

A la Junta de Buen Gobierno de Oventik; a la Zezta Internacional; a los adherentes a La Otra Campaña; a las organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales); a todos los organismos de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales; a todos los medios de comunicación independientes; a los medios masivos de difusión, y a todo el pueblo de México y del mundo:

 

Hermanos y hermanas, desde 1800, nuestros abuelos eran mozos de la finca San Francisco. En esa época era tiempo de la mozada.

 

Por órdenes del patrón a las 03:30 de la mañana tocaban el cacho (cuerno). Era símbolo del llamado. Los obligaban a presentarse en la casa grande para cantar una alabanza o hacer una oración (que era una forma de controlar a los mozos). El que no cumplía era castigado. El castigo consistía en ser azotados con varas de membrillo.

 

Ya después del canto u oración, se iban a trabajar desde las 04:00 hasta oscurecer. Trabajaban descalzos, sin importar si era un pedregal, lodazal o un espinero. Eran vigilados por el caporal. Algunas mañanas los obligaban hacer la aena (una labor extra más todo el trabajo del día). Cuando hacían ésta tenían que levantarse aproximadamente a las 24:00 o 00:30 horas,  porque debían de irse al primer canto de gallo o 01:00 horas. Tenían que hacer la faena cuando el patrón necesitaba leña, ocote, palma, mecate. Se iban al monte a buscar lo que les ordenaban, se alumbraban con un hacha de ocote –porque en ese tiempo no conocían alguna otra cosa para alumbrarse–, y no se les pagaba ni un centavo.

 

Por estos motivos, esas tierras nos corresponden. Tenemos el derecho legítimo porque nosotros somos nativos de éstas. Nuestros abuelos aquí nacieron, aquí fueron mozos y aquí se murieron.

 

En 1995, se gestionó legalmente con el gobierno el Rancho San Francisco, que ahora está dividido en dos fracciones: la de San Francisco, propiedad de Leopoldo Hernández Díaz, y la fracción El Desengaño, propiedad de Pedro Hernández Espinosa (ambas fracciones antes eran una).

 

Pero a pesar de varias solicitudes, nunca tuvimos una respuesta por parte del gobierno. En 2005, fue vendido el casco del rancho San Francisco a Mercedes Osuna, pero al presentarse ante la comunidad tampoco estuvo de acuerdo que se siguieran gestionando estas tierras. En ese mismo año, las dejó abandonadas definitivamente y nosotros decidimos ocuparlas porque de por sí son nuestras, nos corresponden por derecho legítimo y hasta hoy en día las seguimos trabajando y exigimos al gobierno que reconozca nuestros derechos como pueblos originarios. También a Consuelo Espinosa y Mario Hernández Espinosa les comunicamos que nunca dejaremos de trabajarlas y cuidarlas porque la tierra es nuestra madre, en ella y por ella vivimos y siempre la defenderemos.

 

Pero por exigir nuestros derechos como pueblos originarios estamos sufriendo amenazas por parte del dueño y de algunas personas que lo han engañado. Por eso, si algo nos pasa hacemos responsables a Mario Hernández Espinosa y a Consuelo Espinosa, también a los tres niveles de gobierno por no reconocer nuestros derechos como pueblos originarios.

 

 

 

 

 

 

Sir Paul McCartney: usted goza de fama debido a su talento musical y empresarial. Con lo primero, hizo temblar y modificar los antiguos cartabones de la doble moral victoriana, del irreductible macartismo, de los franquistas y de las ideologías dictatoriales de la primera mitad de la década de 1960. La música, sus letras, las de John Lennon, George Harrison y Ringo Starr contribuyeron a las nuevas configuraciones de los imaginarios sociales de buena parte del mundo occidental.

 

Sus acciones y emociones los proyectaron como transgresores del statu quo. Los que las escuchamos y compartimos su rebeldía las asumimos de muy diversas maneras y las hicimos propias para algunas circunstancias, como fue el “déjalo ser”, “déjalo que sea”, entre otras tantas ideas e ideales plasmados en sus canciones.

 

Con los años quedó claro que dicha transgresión no era y no tenía por qué ser revolución. En ese ámbito de transgresión de usos y costumbres, su actuación y triunfos han permanecido dentro del orden establecido. Lo anterior no está a discusión y no crea ningún demérito. Lo que sí sería eso y más, es el que usted dé un concierto en la zona arqueológica de Chichén Itzá, lo que viola el orden constitucional de la República Mexicana. Lo anterior en razón de que Chichén Itzá es antes que cualquier otra cosa un bien nacional de uso común y dominio público, adscrito al sistema educativo de los mexicanos y por lo cual ninguna persona en lo particular o en grupo puede lucrar con éste, o lo que es lo mismo, obtener beneficios o ganancias (ya que serían ilícitas e ilegales).

 

La ignorancia de la ley mexicana no lo exime de su cumplimiento. Si la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, y sus subordinados no le mencionaron esa disposición constitucional sobre la zona arqueológica en cuestión, es obvio que fue porque se pretende lucrar económica y políticamente con su concierto.

 

Chichén Itzá tiene un enorme significado para los mexicanos y es una zona de estudio inigualable para comprender las historias distintas del mundo occidental. Por tal motivo, los profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajamos para entenderla, conservarla y protegerla, antes que para explotarla y dilapidarla, como si fuera UNA escenografía exótica para uso y disfrute de unos cuantos.

 

Ahora ya sabe que el concierto que pretende realizar es ilegal, ilegítimo y contrario a los intereses de los mexicanos. Si a pesar de ello lo lleva a cabo nos demostrará que efectivamente es un transgresor del orden, siempre y cuando el transgredir lo beneficie, bajo el subterfugio de “déjalo ser”.

 

Su respuesta está en el viento.

 

 

 

 

 

 

Acerca de la negligencia médica en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, me permito exponer algunas reflexiones. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) sirve de muy poco, o francamente de nada, si no cuenta con atribuciones para exigir a la autoridad y a las instituciones médicas que cumplan los laudos y, sobre todo para que se proceda penalmente en contra de los responsables. Por los casos que se presentan en sus reportajes, parece ser que debería de existir un tabulador de precios de negligencias médicas, conciliado por la Conamed y todas las instituciones públicas y privadas, y así acostumbrar a los pacientes y familiares a los pésimos servicios.

 

 

 

 

 

 

Desde la Coordinadora Nacional contra la Militarización repudiamos el ataque con arma blanca que sufrió Norma Esther Andrade (fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa), cuando salía de su domicilio el 3 de febrero de pasado, a las 18:00 horas, en el Distrito Federal. Exigimos que se investiguen los hechos, se castigue a los responsables y se garantice la seguridad de la activista.

 

Este atentado se suma al ataque del que fue víctima Norma Andrade el 2 de diciembre de 2011, cuando un hombre le disparó a quemarropa al salir de su domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces resultó gravemente herida. Norma tuvo que ser hospitalizada para luego ser dada de alta del hospital en (malas condiciones), por presión de los criminales y la indiferencia cómplice de las autoridades. Desde entonces tuvo que cambiar su domicilio al Distrito Federal.

A un mes del primer atentado, el ataque que sufrió la semana pasada demuestra que las autoridades tanto federales como locales no tienen intención alguna de proteger la vida de la luchadora social. La situación de Andrade, aunada a la de la familia Reyes Salazar, es la prueba de que el gobierno no cumple con las sentencias de los organismos internacionales de derechos humanos; pero sobre todo, da cuenta del ambiente de persecución que se vive en todo el país contra toda persona u organización que se oponga a las políticas del gobierno.

 

El atentado se vive en un ambiente de militarización y terror contra la población generalizado en todo el país. En México, las Fuerzas Armadas, la policía federal y los grupos paramilitares violan de forma sistemática los derechos fundamentales como la vida, integridad física y el derecho la manifestación.

 

El año pasado concluyó con una ola de asesinatos de luchadores sociales que, además de seguir impunes, no han cesado. Desde el asesinato por parte de la Policía Federal en Guerrero de los normalistas Alexis Herrera, Gabriel Echeverría y Edgar Espíritu, los asesinatos perpetrados contra Susana Chávez y familiares de Josefina Reyes Salazar, el del activista Carlos Cuevas, los comuneros de Ostula Pedro Leyva y José Trinidad –por nombrar algunas de las tantas muertes que asolan la comunidad de Ostula–, hasta los asesinatos y desapariciones forzadas de integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, como Nepomuceno Moreno, la actriz Julia Marichal y los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista.

 

El cese de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico y del asesinato de luchadores sociales, así como la derogación de la Ley de Seguridad Nacional –que equipara las acciones de los luchadores sociales a acciones delictivas– están lejos de ser parte de la agenda de los gobiernos, tanto locales como federales, preocupados ahora por escalar los peldaños electorales para perpetuarse en el poder y continuar con los ataques a las garantías de los mexicanos, desde la vida hasta la salud y el empleo.

 

Es por eso que, para frenar esta “guerra” y poner un alto a los asesinatos y a la pobreza, es urgente que salgamos miles a las calles a repudiar las causas de la violencia, como lo hacen en otras partes del mundo cientos de miles de personas que ha decidido tomar en sus manos el rumbo de sus condiciones de vida.

 

Ahora Norma requiere de nuestra solidaridad: trabajadores de la ciudad y el campo, estudiantes y población en general, todas las organizaciones sociales apoyemos a salvaguardar su integridad física y de toda su familia. Luchemos contra esta “guerra” y el ambiente de violencia. Luchemos por una vida digna.

 

¡Toda nuestra solidaridad con Nuestras Hijas de Regreso a Casa! ¡Alto al feminicidio! ¡Basta de impunidad! ¡Alto a la militarización! ¡Fuera Ejército de las calles!