Nosotros teníamos un trabajo formal hasta antes de las 23:00 horas del 10 de octubre de 2009, en que nos trataron de robar el futuro y que hoy seguimos construyendo en la resistencia. Éramos causantes cautivos, o sea, pagábamos nuestros impuestos. En nuestro talón de pago, que nosotros llamábamos “cheque”, veíamos nuestras percepciones, deducciones y descuentos. Ahí aparecía todo. No había dudas y, en caso de alguna, acudíamos al tercer piso del edificio de Luz y Fuerza y ahí se aclaraba. El 11 de octubre de 2009, ya éramos candidatos a ser parte del sector informal de la economía de este país. Se asegura que se han creado más puestos de trabajo en la informalidad que los tipos de puestos que nos quitaron por decreto de la noche a la mañana. Eso sí, el del atropello fue el auto llamado “presidente del empleo”. Buscaba justificarse al decir, entre otras cosas, que además de ser caros éramos improductivos y que teníamos prestaciones onerosas, aun cuando el ingreso promedio mensual era por el orden de los 6 mil pesos (tres salarios mínimos) o bien, en nuestro caso, de 200 pesos al día en promedio. La canasta básica recomendada tiene un costo de 170 pesos más o menos.

 

El periodista del diario La Jornada Roberto González Amador explica en un detallado reporte la información reciente del  Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre el empleo y los salarios: el 35.61 por ciento del total de los trabajadores remunerados tienen un ingreso no mayor a dos salarios mínimos; 25.65 por ciento de la población ocupada percibe de dos a tres salarios mínimos; 18.8 por ciento devenga de tres a cinco salarios; y otro 9 por ciento cobra por su trabajo más de cinco salarios mínimos, mientras que el restante 10.9 por ciento tiene un ingreso no especificado (La Jornada, 26 de febrero de 2012).

 

En Luz y Fuerza se podría decir que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) siempre se preocupó por tener un salario conveniente, lo más parecido a un salario constitucional, como se dice que debería de ser el salario mínimo nacional que hoy en día en el área geográfica A es de 62.33 pesos diarios. Aun a dos años y cuatro meses de que nos quitaran nuestro empleo, el promedio diario (sin aumento salarial) seguiría siendo de poco más de tres salarios mínimos. ¿Acaso será un privilegio ganar un poco más de lo que vale una canasta básica recomendada de productos sólo para alimentarnos y ya ni hablar de ropa, salud, esparcimiento y educación? ¿Será acaso que tener un ingreso diario lo más parecido al salario que indica la Constitución es un privilegio? ¿Cuánto gana el presidente de la República, un secretario de Estado, senador, diputado federal, presidente municipal, regidor…? ¡Cientos de veces más que el mínimo! ¡Claro!, legalmente hablando, pues se llevan aún más por los “extras”.

 

Mi estimado lector, ahora que aseguran que el salario mínimo es sólo un indicador, pregúntate y contesta: ¿cuántos salarios mínimos ganas al día? En mi caso –y no sabía– tengo un ingreso no especificado (de esos del restante 10.9 por ciento). ¿Por eso, quizá, es que yo soy un privilegiado? La verdad es que sí, pero por ser un integrante activo en resistencia del SME. Estoy jubilado pero no inactivo.

 

 

 

 

¡Muy buena la investigación sobre lo que eroga la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a exfuncionarios! Sorprende que en la Universidad haya dinero para pagar sueldos extraordinarios a quien ya tiene un puesto, sueldo, prestaciones e incentivos (pero no hay dinero para la formación de nuevos recursos humanos).

 

Acaban de reducir el Programa de Fomento a la Graduación para los Alumnos de Posgrado de la UNAM; así que al terminar este semestre muchos tendrán que trabajar en vez de hacer tesis y, lo peor, el trabajo no será con la formación recién concluida, sino con la anterior porque los trámites se demoran.

 

 

Ahora que el caso de la revista Contralínea está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es momento de decir que estamos con sus reporteros. Si es necesario hacer movilizaciones de colegas, en cada ciudad podemos impulsarlas. Empezamos en Tamaulipas. Marchas y manifestaciones dejarán en claro ante la opinión pública qué defendemos: si nos atropella la Corte y falla contra la libertad de expresión y el derecho a la información, no perdemos los periodistas, pierde la sociedad, la democracia, pierde México.

 

 

 

 

Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) condenamos el hostigamiento por parte de elementos del Ejército, la Policía Federal y estatal hacia defensores y defensoras de derechos humanos, integrantes del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, quienes forman parte de esta Red.

 

El 9 de febrero pasado, aproximadamente a las 20:00 horas integrantes del Ejército, la Policía Federal y estatal irrumpieron en las instalaciones de la parroquia de San Judas Tadeo, en Torreón, Coahuila, dentro de las cuales se encuentran también las oficinas del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, AC. Los funcionarios de las instituciones de seguridad llegaron a bordo de cinco camionetas. Sin presentar ninguna orden judicial, sin identificarse ni solicitar permiso para ingresar, entraron a las instalaciones cuestionando a las personas que se encontraban ahí. El operativo se realizó supuestamente a consecuencia de una llamada anónima que denunciaba la presencia de droga en la parroquia. Además de entrar y revisar el lugar, varios soldados ingresaron a la parroquia, al área de las criptas y cuestionaron al encargado de administración y al sacristán.

 

Cabe mencionar que el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi y la comunidad jesuita de San Judas Tadeo se han caracterizado por el trabajo a favor de la defensa de derechos humanos, así como por actividades de difusión y educación en la zona de la comarca lagunera.

 

La Red TDT condena la irrupción del Ejército, la Policía Federal y estatal en las instalaciones del Centro Juan Gerardi y la parroquia de San Judas Tadeo, y su consecuente hostigamiento y cuestionamiento al trabajo de las defensoras y defensores que ahí laboran. Actos como éste vulneran la seguridad de nuestros colegas y ponen en duda el compromiso de las autoridades estatales y federales con sus obligaciones nacionales e internacionales en la materia.

 

Destacamos que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante el decreto publicado el 10 de junio de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

 

Exigimos coherencia a Coahuila y al gobierno federal con el discurso pronunciado por el presidente Felipe Calderón durante el anuncio del acuerdo para la implementación del mecanismo de protección a defensores, que él mismo dio a conocer en julio de 2011, en el marco de la visita la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, en el que menciona la importancia que tienen los defensores y defensoras para México: “Si queremos que se protejan los derechos de todos, debe ser ejerciendo, precisamente, una actividad pública que proteja los derechos de las personas”.

 

¡Basta ya de agresiones contra las defensoras y defensores de derechos humanos!

 

 

 

Muy interesante el artículo de Édgar González Ruiz acerca de la trayectoria de Josefina Vázquez Mota. A ver si el pueblo ya despierta. ¡Ya basta! ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar? Este gobierno nos está matando de hambre con sueldos miserables. ¡Felicitaciones a Contralínea!

 

 

 

Es indignante leer las revelaciones del reportaje “Un cuarto de país en poder de mineras extranjeras”. Quisiera preguntar a nuestros amos gobernantes: ¿en qué momento pidieron autorización a los ciudadanos para concesionar las riquezas del subsuelo? Si lo hacen a nuestras espaldas y con la anuencia del Congreso de la Unión debería de aplicárseles un juicio de responsabilidad. Los únicos beneficiarios de estas tranzas son sus bolsillos.

 

¡Tengan un poco de dignidad!

 

 

 

Es una absoluta vergüenza que los dirigentes de todos los partidos, de una o de otra manera, sean vendedores de nuestra casa-tierra. Sorprende la información publicada en el reportaje “Un cuatro de país en poder de mineras extranjeras”. ¿Quién les autorizó a vender parte de mi país? Yo no. Lo más importante es que a los indígenas de nuestros pueblos les afecta sobremanera, pues son tierras que les sustentan, donde siembran para ellos (porque nosotros hasta el frijol y el maíz tenemos que importar). No hay calificativo para los gobernantes, bola de ladrones alevosos que sólo desean llenar sus arcas a costa de lo más sagrado para todos nosotros: nuestra tierra con todo lo que de ésta brota y con todo lo que lleva en sus entrañas. ¡Fuera traidores, ladrones y violadores de nuestra voz!

 

 

Es triste ver que entre los que asesoran al gobierno federal en la venta de los bienes de la nación hay varios egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. Ya sabíamos que los egresados de universidades privadas no tienen patria y sólo sirven al dinero, pero los de las instituciones públicas se deben al pueblo y a la nación. Esos egresados de escuelas públicas que asesoran cómo despojar a quienes pagaron su educación son traidores.

 

 

 

El 7 de febrero pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado en el cual señala que la defensa y protección de los derechos humanos son la más alta prioridad del gobierno federal.

 

En conferencia de prensa el titular de la Segob, Alejandro Poiré Romero, presentó tres puntos a los que se ha comprometido el gobierno del presidente Felipe Calderón en la materia: primero, los derechos humanos son una política de Estado y deben de permear todas las actividades de éste, así como estar presentes en la agenda de los tres órdenes de gobierno; segundo, el gobierno federal seguirá trabajando incansablemente a favor del proceso de institucionalización de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y tercero, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública emprendida por el gobierno reafirma y fortalece la protección de los derechos humanos como uno de sus principales ejes.

 

Al respecto, las organizaciones de derechos humanos señalamos –a partir de hechos concretos– la brecha existente entre el discurso de la Segob y la realidad imperante en el país a lo largo de todo el sexenio. En contrapartida de la posición sostenida por Poiré Romero, lo cierto es que no se han implementado con suficiencia y un alto nivel de prioridad acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado frente a las víctimas como ante la comunidad internacional.

 

Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano son un importante referente sobre el compromiso real en materia de derechos humanos. En su conferencia, Poiré omitió informar que las cinco sentencias que la Corte ha emitido continúan sin cumplirse en sus aspectos más relevantes, a pesar de que la Segob cuenta con un presupuesto asignado de 31 millones 500 mil pesos para este año. Ejemplo de ello es que, desde 2009, las indígenas –pertenecientes a la comunidad me?phaa, en Guerrero– Inés Fernández Ortega (víctima de agresión y violencia sexual por parte de tres integrantes del Ejército Mexicano, en 2002) y Valentina Rosendo Cantú (amenazada, golpeada y violada por dos elementos del Ejército Mexicano, en 2002) continúan a la espera de que se presente el plan de implementación de las medidas relativas al plan de salud, educación e indemnizaciones para sus hijos e hijas por los daños ocasionados.

 

Otro tema de particular preocupación es la falta de una implementación efectiva de medidas de protección para las y los defensores de derechos humanos, cuya coordinación –y en casos específicos– es responsabilidad exclusiva de la Segob. De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, esta dependencia cuenta con 26 millones de pesos para el diseño y la instrumentación de un mecanismo de protección a periodistas y 2 millones 500 mil pesos para los mecanismos de protección a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, a la fecha no ha sido explicado cómo y en qué se está ejerciendo dicho presupuesto, pues el mecanismo de protección para las y los defensores de derechos humanos no se ha puesto en marcha, aun cuando la sociedad civil ha elaborado propuestas concretas al gobierno federal. Peor aún, son varios los casos en los que la Segob ha fallado en otorgar o reponer medidas de protección ordenadas por instancias internacionales.

 

Ejemplo de ello es lo que ocurre en Guerrero, donde 107 defensores y defensoras de derechos humanos cuentan con medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana, pues desde 2009 éstas se limitaron a la entrega de cuatro aparatos de comunicación (a las personas beneficiarias) de los cuales ninguno funciona desde agosto de 2011, sin que se adopten acciones para su reparación. Igualmente, ejemplifica la inadecuada implementación de medidas provisionales y la persistencia de patrones de criminalización ilegítima de defensores comunitarios, como el caso de Maximino García Catarino, defensor na’saavi (mixteco), preso en Ayutla de los Libres, Guerrero, desde el 21 de enero pasado por un delito que no cometió, aun cuando es beneficiario de medidas provisionales desde 2009.

 

La invariable posición del gobierno federal sobre el fuero militar es también ejemplificativo de la brecha que hay entre el discurso y la práctica de las autoridades. Si bien es patente el reconocimiento hecho por el secretario respecto de las obligaciones incumplidas, en los hechos se encubre y promueve tal incumplimiento, como el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en representación de Calderón, impugnó a principios de 2012, la histórica sentencia del 2 de diciembre de 2011, mediante la cual familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua que en 2009 fue privado arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército Mexicano, obtuvieron el amparo de la justicia federal en un juicio donde habían impugnado la extensión del fuero militar sobre la investigación y el juzgamiento de dicha ejecución extrajudicial. En el mencionado recurso, a nombre de Calderón, la Sedena dio claras muestras de que no se sujetará al control civil en tanto no se reforme el Código de Justicia Militar. Esto, en abierta contravención a lo afirmado por él, el 9 de diciembre de 2011, cuando en el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos afirmó: “Hoy anuncio que he dado una instrucción fundamental a la Procuraduría General de la República y a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, a fin de que exploren mecanismos para que, sin violentar la ley vigente que nos obliga, en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las Fuerzas Armadas, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los ministerios públicos y de los jueces civiles”.

 

Finalmente, el continuo aumento de violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las políticas de seguridad adoptadas en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, contradice también el discurso del titular de la Segob: entre 2006 y 2011, las violaciones cometidas no han sido investigadas con suficiencia, como afirma, sino que en su mayoría permanecen en la impunidad. Cabe señalar que las infracciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Policía Federal que participaban en el Operativo Guerrero Seguro –durante el intento de desalojo contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, realizado el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero– no han sido sancionadas conforme a derecho e incluso el cuerpo policial intentó deliberadamente ocultar información y distorsionar los hechos al negar inicialmente la presencia de sus elementos en el lugar.

 

En materia del cumplimiento de compromisos internacionales también se han presentado oportunidades que no han sido tomadas. Por ejemplo, para demostrar con hechos que existe un compromiso real para que los derechos humanos por fin sean el componente principal de la política de Estado, el gobierno deberá de suscribir sin más demoras el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y dar muestras claras de un cambio en su política para atender las violaciones de derechos humanos de personas migrantes. En ambos temas (como en muchos otros) no hace falta más que una decisión de parte del gobierno federal para ajustar la política exterior al respeto y garantía de los derechos sociales (como ordena el artículo 89 constitucional a partir de la reforma de derechos humanos, el 10 de junio de 2011), en el primer caso, o bien, que su agenda y actividades en verdad se rijan por el respeto, protección, prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones de los derechos de personas migrantes, en el segundo caso. En ambas cuestiones no sólo el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, sino Calderón también tiene la obligación de mostrar a la sociedad que su compromiso es más que un discurso vacío.

 

Todos los temas que hemos mencionado atañen directamente a la Federación. Indicar la situación de los estados y la preocupación por la existente descoordinación y desconfianza entre autoridades estatales y federales exigiría otro espacio. No obstante, el breve recuento que ponemos a consideración de la opinión pública basta para evidenciar la enorme distancia que separa al discurso de la Segob de la realidad. Mientras el gobierno federal continúe negando las deficiencias existentes y los retos pendientes en su justa dimensión, los esfuerzos que se emprendan estarán condenados a no poder revertir una situación que se ha convertido en insostenible.

 

 

 

¡Felicidades! Realmente es excelente el reportaje “Salen 6.8 billones de México y se lavan en paraísos fiscales”. Se ve, como siempre, que es periodismo de investigación y objetivo con la consulta y opinión de expertos en la materia. El texto denota el profesionalismo de la reportera Elva Mendoza.

 

 

 

Los hermanos y hermanas provenientes de los centros ceremoniales y comunidades de Santa Catarina, Nuevo León; El Ciruelillo, San Andrés Cohamiata, Las Guayabas y Pochotita, Las Latas, municipio de Mezquitic; Jalisco, San Sebastián; Jalisco, Ocota de la Sierra, municipio de La Yesca; Nayarit,  Tuxpán de Bolaños, municipio de Bolaños, Jalisco; Guadalupe Ocotlán, Jalisco; Bancos de Calitique, Mesa Nuevo Valey, Santiago Ixcuintla, Bancos de San Hipólito, San José, el Cerro de los Tigres, el Nayar, Zitakua, Tepic, Mezquital Durango, Puerto de Guamuchil, municipio de Mezquital, Durango, reunidos el día de hoy hacemos el siguiente pronunciamiento: que en seguimiento a la lucha iniciada por los pueblos wixaritari y de las organizaciones de la sociedad civil, hacemos del conocimiento a la sociedad en general: primero, al tomar en consideración que los sitios sagrados que nos han legado nuestros ancestros, los hemos seguido caminado por la ruta de los cuatro puntos cardinales, es por ello que de manera respetuosa y pacífica estamos defendiendo lo que para nosotros es nuestra esencia de la vida.

 

Segundo, que a partir de esta ceremonia realizada por los pueblos presentes se crearon más lazos espirituales que fortalecen nuestros caminos hacia el respeto de la diversidad cultural.

 

Tercero, reafirmamos que el conocimiento ancestral heredado por nuestros padres y mayores es un legado para la humanidad y el mundo.

 

Cuarto, los sitios sagrados para el pueblo wixárika son escuelas de formación espiritual, por ello en el momento que se realizan proyectos que causan daño en nuestro entorno ese día entristecen nuestros corazones y muere nuestro ser.

 

Quinto, declaramos que este encuentro es trascendental e histórico por la estrecha relación cultural que nos hermana, porque el camino espiritual está guiado por el mismo color del maíz, del venado y del jícuri (peyote).

 

Sexto, que continuamos defendiendo nuestro lugar sagrado Wirikuta de las concesiones mineras que pretenden destruir nuestros recursos naturales como una forma de vida ancestral.

 

Séptimo, ofrecemos y pedimos un trato respetuoso a nuestros hermanos habitantes en el área protegida de Wirikuta, ya que nuestra lucha espiritual no es contra su bienestar familiar y económico, pues nuestra causa es por la protección del ecosistema como patrimonio de nuestra madre tierra.

 

Octavo, exigimos de nuestras autoridades competentes mayor sensibilidad para la atención de los proyectos mediante una consulta previa informada y consensuada en los pueblos.

 

Noveno, nuestro reconocimiento y gratitud a todas aquellas personas, organizaciones, redes civiles, universidades, artistas, intelectuales, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales internacionales que se han solidarizado y hermanado con esta causa haciéndonos sentir que no estamos solos en esta lucha, partimos y llegaremos juntos a cerrar este ciclo con un buen final.

 

Décimo, hacemos saber a la opinión pública que el pueblo wixárika se encuentra unido, en pie de lucha espiritual, que no permitiremos que muera nuestra herencia cultural y como consecuencia nuestra convivencia con nuestros ancestros y de la madre tierra.

 

Real de Catorce Wirikuta, San Luis Potosí, 7 de febrero de 2012.

 

 

 

Soy madre de un joven que se encuentra internado en la Colonia Penal Federal Islas Marías. Resulta que ahora muestra problemas de salud, pero no recibe atención médica. Temo por su vida, ya que sufre de hepatitis C, miopía y otras enfermedades. Ya hizo solicitud para que un médico lo vea por fuera, pero no le han hecho caso. Yo vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, y tampoco me han autorizado poder visitarlo. He hecho el trámite dos veces y no hay resultado.

 

Además de que uno marca el teléfono y suena, lo descuelgan y así lo dejan. ¡No se vale! Son de lo peor estos asistentes sociales. ¡Cuánto gasto en llamadas inútiles!