Cucapás, en resistencia ante abuso de autoridades

 

Una vez más, como pesadilla que no acaba, las autoridades federales impiden a los pescadores indígenas cucapás, de Baja California, comercializar el producto de muchos días de trabajo en la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California-Delta del Río Colorado.

 

Esto, a pesar de que el Juez XII de Distrito en Mexicali dispuso, el 19 de abril de 2012 la Suspensión Provisional en vía de amparo para que la autoridad pesquera devuelva a los pescadores indígenas 14 toneladas de curvina golfina decomisadas precisamente en la Semana Santa, temporada del año que ofrece los mejores precios para la venta del producto.

 

El juez ordena también la expedición inmediata de los Avisos de Arribo y las Guías de Traslado del producto capturado por los pescadores indígenas (al día de hoy tenemos más de 300 toneladas de curvina golfina dispuesta en hielo en contenedores, con el riesgo de echarse a perder en un día más), para que sean trasladados a los puntos de venta del país.

 

El argumento de la autoridad pesquera –ahora– es la publicación de un decreto en octubre del 2011, impuesto de manera unilateral y sin consultar a los indígenas (como obligan la legalidad nacional e internacional), en el que se establece un “tope de captura” de 460 toneladas de curvina golfina por temporada para todas las pesquerías en Baja California, indígenas y no indígenas, cuota que es del todo insuficiente para cubrir los mínimos de bienestar de las familias indígenas.

 

La situación se agrava al día de hoy porque las empresas transportadoras del producto nos han manifestado que no pueden mantenerlo por más tiempo en los contenedores por las pérdidas económicas que ello les acarrea. En consecuencia, hemos analizado la posibilidad de donar el producto perecedero a causas asistenciales.

 

A pesar de múltiples gestiones realizadas por legisladores federales y locales de Baja California, autoridades federales y estatales y organizaciones de la sociedad civil, las cuales agradecemos profundamente; de la Recomendación 08/2002 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, en Washington, el comisionado de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), Ramón Corral, extrañamente mantiene su negativa de expedir los permisos correspondientes, desacatando francamente a la autoridad judicial federal.

 

En consecuencia, ante la falta de sensibilidad de las autoridades pesqueras y al no haber más recursos legales y de negociación, invocando el Derecho de Asociación y de Reunión en vía de protesta por actos de autoridad que lesionan gravemente nuestros derechos humanos, y amparados en el Artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los indígenas Cucapá hemos decidido iniciar una serie de acciones de resistencia civil pacífica.

 

Iniciamos un plantón permanente en la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Mexicali. La segunda acción será bloquear el tráfico de la avenida Reforma y Calle L, en las inmediaciones de dicha delegación. Posteriormente y de no haber en definitiva voluntad política de las autoridades federales de pesca para liberar el producto pesquero, bloquearemos el cruce de vehículos en la Garita Centro de Mexicali.

 

Por las razones anteriores, el Pueblo Indígena Cucapá apela a la sensibilidad y a la solidaridad local, nacional e internacional, para apoyar y acompañar nuestra causa justa, de la que depende el futuro de más de 150 familias indígenas. Ofrecemos disculpas anticipadas a la población por las afectaciones que pudieran provocar nuestros actos, y hacemos un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que nos brinden la protección y la seguridad en nuestras legítimas protestas públicas.

 

Atentamente,

 

Pueblo Indígena Cucapá, de Baja California, un pueblo que se resiste a la extinción

 

 

Centros de Asistencia laboran en condiciones precarias, denuncian

 

Queremos hacer del conocimiento de todas la personas que trabajamos y hemos trabajado con las persona atendidas por el Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis), la situación en la que se encuentran los usuarios de los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) desde hace más de cinco meses.

 

La realidad es que los CAIS representan un peligro para la salud y la vida de  más de 3 mil 500 personas que reciben algún tipo de medicación por padecimientos psiquiátricos –desde leves hasta crónicos–, pues no reciben una medicación regular y correcta, ya que actualmente existe sólo un siquiatra para atender los 10 centros. Lo anterior, a pesar de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) al respecto. A esto se suma la situación de peligro en la que laboran los trabajadores de los centros a causa de los brotes psicóticos que tienen los pacientes.

 

Para que la CDHDF haya emitido una recomendación al respecto, fue importante el trabajo que las organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, trabajadores y periodistas han realizado en favor de la población en abandono social (aquellas personas que se encuentran imposibilitadas de defender sus derechos humanos).

 

Sin embargo consideramos de vital importancia –ya que está en juego la vida de muchas de estas personas y de los trabajadores– que la presión de todos los involucrados continúe. Es evidente la indiferencia que han mostrado las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social y del IASIS, quienes reaccionan a esta recomendación dejando un sólo siquiatra para los 10 centros; además realizan adjudicaciones directas para la compra de medicamentos (y no una licitación, como marca la ley), lo cual tiene sin abasto de medicamentos alopáticos y psiquiátricos a los centros y sin otros insumos, como pañales, toallas sanitarias, etcétera.

 

Desafortunadamente, las irregularidades no paran ahí: las autoridades acosan  a los trabajadores para que no se quejen de las múltiples irregularidades que existen en el Instituto, ni de las agresiones de las que varios de ellos han sido objeto debido a los brotes sicóticos de los pacientes.

 

La situación de desabasto de medicamento es generalizada en los 10 albergues, lo cual violenta los derechos humanos de las personas atendidas y pone en riesgo la integridad de los trabajadores y todo aquel que realice actividades dentro de los Centros, incluyendo a integrantes de organizaciones sociales, voluntarios, etcétera.

 

Por todo esto, consideramos necesario difundir esta información entre los trabajadores, pedir la solidaridad de las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, así como a la sociedad en general, para dar seguimiento a esta recomendación y exigir que sea cumplida por el Gobierno del Distrito Federal y las instancias correspondientes.

 

Trabajadores del Iasis

 

 

Exigen que CFE repare infraestructura dañada

 

Hemos  recibido  información  por  parte  del  Comité  de Resistencia Civil  del Ejido El Fortín, del municipio de Pijijiapan, Chiapas, que el domingo 22 de abril de 2012 un fuerte incendio provocó que los postes de luz y el tendido eléctrico de alta tensión se quemaran a la altura de la granja camaronera Sociedad Cooperativa La  Candelaria.  Ello provocó que varias  comunidades  (Ejido  El  Fortín,  La Conquista,  Agua  Tendida,  Lázaro  Cárdenas,  El  Diamante) quedaran sin servicio eléctrico, ocasionando grandes afectaciones a los habitantes.

 

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron dicho incendio. Cabe destacar que los cables del tendido eléctrico de alta tensión quedaron tirados en el suelo, por lo que en  cualquier  momento  se puede  generar  un  accidente  mayor  y provocar  la  pérdida  de vidas humanas. Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad no ha llegado al lugar para realizar las reparaciones necesarias.

 

Por   tal   razón, este   Centro   de   Derechos   Humanos   exige   al   Gobierno   Federal   y especialmente al Gobierno del Estado de Chiapas y a la Comisión Federal de Electricidad la reparación inmediata del tendido eléctrico de alta tensión afectado por el incendio y que se garantice en todo momento que los habitantes del ejido así como los integrantes de  la  resistencia  civil  de  la  Comunidad  tengan  acceso  a  la  energía eléctrica.

 

El Ejido el Fortín forma parte del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, organización adherente a la Otra  Campaña  del  Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Han  exigido  al  Estado  mexicano tarifas  justas por el servicio de energía eléctrica  y  el reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano.

 

Desde hace varios años las comunidades se encuentran en resistencia civil contra las altas  tarifas  de  luz. Por ello,  la  Comisión  Federal  de Electricidad no realiza mantenimiento de ningún tipo  a las redes eléctricas. 

 

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa

 

Tonalá, Chiapas

 

 

 

Se pronuncia por limpiar Pemex

 

Qué lamentable tener como director de nuestra querida empresa Petróleos Mexicanos a un hombre que encubre datos y que altera las cuentas. Pero las autoridades no le hacen nada. Qué tristeza. Con el tiempo lograremos limpiarla de tanto corrupto.

 

Atentamente,

 

Ingeniero Jasé Bastida Ocampo

 

 

“Dios nos libre” de la ultraderecha, dice

 

Felicidades por el excelente artículo “Serrano Limón; la doble moral de la ultraderecha. En verdad, pocos medios publican este tipo de información. Yo soy católica; pero de ninguna manera comulgo con las retrógradas ideas de personajes como Serrano Limón y los demás de la ultraderecha… ¡Dios nos libre!

 

Luz Elena Rodríguez Carrillo

 

 

Felicita a Contralínea

 

Recientemente he leído la cobertura que la revista Contralínea realizó en San Juan Copala. Felicito a la publicación por la valentía de sus reporteros y de todos los que en esta revista trabajan. Su trabajo nos devuelve la confianza en el periodismo y nos demuestra que no todos los medios son amarillistas. Nosotros lucharemos desde nuestras trincheras, defendiendo lo que ustedes representan: la verdad para nuestro pueblo.

 

Francisco Sánchez López

 

 

Denuncian amenazas contra defensor de derechos humanos

 

Con grave preocupación se ha recibido información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sobre los actos de intimidación realizados contra el señor Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa por parte de funcionarios del gobierno del Estado de Chiapas, México.

 

De acuerdo con las informaciones recibidas, el 27 de marzo de 2012, Hernández Núñez recibió varios mensajes en su teléfono móvil enviados desde el número oficial del de Antonio Gamboa, subsecretario de Gobierno y Derechos Humanos del gobierno del Estado de Chiapas. El primer mensaje decía: “Sigo luchando por asunto y me dicen que vas a reincidir. No te compliques. Ya es cuestión de días para resolver” (sic); el segundo: “que vas a bloquear” (sic); el tercero: “al que delinque se le persigue” (sic); el cuarto: “no delincas” (sic); y el quinto: “eres una persona que bloquea carreteras. Eres abogado. Me asombra que no sepas que es delito impedir el transito sin importar ‘planteamientos’” (sic).

 

Posteriormente, pero el mismo día, el señor Hernández Núñez recibió otros dos mensajes vía teléfono celular desde del número oficial de Saín Cruz Trinidad, subsecretario de Gobierno de la Región Istmo Costa del Estado de Chiapas, que decían: “amigo, te hablo con mucho respeto en nombre del Sr. Secretario General de Gobierno –Sr. Noé Castañón León– nos ayudes a que no se lleve a cabo el paro carretero del 29 ayúdanos para que no afectes a terceros” (sic) y “ayúdanos a mantener la paz en Chiapas amigo” (sic).

 

También ese mismo día, el señor Nataniel Hernández recibió una serie de llamadas a las que no respondió por tratarse de un número desconocido. Posteriormente, se supo que el número pertenece a la oficina de la Delegación Pijijiapan, Subsecretaría de Gobierno de la Región Istmo Costa, encabezada por Mario Ramón Becerra.

 

Las intimidaciones hacían referencia al bloqueo de carreteras y a las movilizaciones previstas para el 29 de marzo para exigir las reivindicaciones listadas en un comunicado publicado el 27 de marzo, entre éstas el cese al hostigamiento judicial y la cancelación de órdenes de aprehensión y procesos penales que se han instaurado en contra de quienes forman parte de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Luz. Cabe destacar que el 27 de marzo el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, que recibe el apoyo del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, estaba en fase de planificación de las acciones convocadas para el día 29 de marzo.

 

También es importante añadir que el señor Nataniel Hernández Núñez se vio forzado a trasladarse fuera de Chiapas desde el año pasado (2011) y hasta inicios de este, por temor a una eventual detención debido a varios procesos judiciales pendientes en su contra, en el contexto de los cuales se han dictado órdenes de aprehensión.

 

Condenamos las intimidaciones y manifestamos nuestra muy seria preocupación por la continuación de los actos de intimidación contra el señor Nataniel Hernández Núñez. Tememos, una vez más, que estén motivados por sus actividades en defensa de los derechos humanos.

 

Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura y de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

 

 

Senadores, con la oportunidad de mejorar sistema de procuración de Justicia: Amnistía Internacional

 

Estimados miembros del Senado de la República de México:

 

Amnistía Internacional se dirige muy atentamente a las y los integrantes del Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos para exhortarles a aprobar una reforma al Código Penal Militar en cumplimento con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

La aprobación de la reforma será un paso esencial para garantizar el acceso a un recurso efectivo para todas las víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas.

 

La organización considera como un avance importante el dictamen aprobado el 19 de abril de por las comisiones unidas de Justicia, Gobernación, y Estudios Legislativos. Es esencial que el plenario aproveche esta oportunidad histórica para garantizar una reforma que cumpla con las obligaciones establecidas por la CIDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

El avance sustantivo del dictamen aprobado la semana pasada consiste en haber dejado claro que tanto los presuntos delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas contra civiles como las violaciones de derechos humanos son de la competencia de la justicia ordinaria y no militar.

 

Es importante que las víctimas militares de violaciones de derechos humanos gocen de la misma protección. Y que ninguna violación a estos derechos cometida por un miembro de las fuerzas armadas esté fuera de la competencia de la justicia ordinaria.

 

La justicia ordinaria es la mejor garantía para que las presuntas víctimas de abusos tengan acceso a una justicia imparcial, independiente y transparente. El dictamen establece que el poder judicial civil, y en particular la SCJN resolverá conflictos de competencia entre las jurisdicciones. Además, establece el derecho de las víctimas de recusar cualquier decisión acerca de la competencia. Estos son avances importantes para garantizar derechos fundamentales y cumplir con las sentencias de la CIDH.

 

Sin embargo, Amnistía Internacional considera que el dictamen debe ser reforzado por el Senado en por lo menos dos aspectos.

 

El primero es asegurar que la investigación inicial de presuntas violaciones de derechos humanos o delitos contra civiles sea realizada por las autoridades civiles competentes y no por la policía militar o el ministerio público militar. Actualmente, el texto del Artículo 49 Bis del dictamen es ambiguo y podría permitir que la Policía Militar y el Ministerio Público Militar siguieran a cargo de las investigaciones iniciales.

 

La primera etapa de investigación es crucial para asegurar la imparcialidad y evitar cualquier conflicto de intereses, y finalmente asegurar el éxito de la misma. Amnistía Internacional, como varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, ha documentado casos en los que las autoridades militares involucradas en la investigación preliminar han alterado la escena de crimen, intimidado testigos y falsificado evidencia para desviar investigaciones. En muchos casos, estas acciones han resultado en la impunidad o la clasificación de delitos como de menor gravedad.

 

Es esencial, por lo tanto, que la reforma establezca explícitamente que la investigación inicial de los hechos sea de estricta competencia de las autoridades civiles y que las autoridades militares estén obligadas a dar aviso inmediato a las autoridades civiles cuando tengan noticia de cualquier posible abuso, a desistir de la investigación militar y cooperar plenamente con las autoridades civiles cuando se traten de violaciones a los derechos humanos indistintamente de quién sea la víctima o si son delitos contra civiles.

 

La reforma no debe establecer procedimientos “especiales” para estos casos en el sistema de justicia ordinaria. El dictamen aprobado mantiene una expresión ambigua al requerir a jueces penales y magistrados unitarios de circuito “conocer el marco legal que regula las Fuerzas Armadas”. Desde el momento en que la justicia civil actúa sobre un caso, el marco legal militar deja de ser relevante y por lo tanto consideramos que este artículo puede dejar la puerta abierta al establecimiento posterior de jueces especiales, y que esto podría poner en entredicho la reforma y la imparcialidad con que se aplique la justicia.

 

Amnistía Internacional urge que dentro de la exposición de motivos de la reforma, los senadores no dejen lugar para el establecimiento de ningún procedimiento o régimen especial para atender estos casos, y de esta forma garantizar que todas las personas tengan acceso a una justicia imparcial, independiente e igualitaria.

 

Los pocos días que quedan de esta sesión legislativa ofrecen una oportunidad para que el Senado apruebe una reforma histórica del Código Penal Militar que responda precisamente a las necesidades señaladas por la CIDH, la SCJN, las víctimas de violaciones de derechos humanos, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y a un número  creciente de otras voces de la sociedad mexicana.

 

Esta es una reforma que se ha esperado demasiado tiempo. Los senadores y las senadoras de México tienen la responsabilidad y la oportunidad de mejorar sustancialmente el sistema de la procuración y la administración de justicia en el contexto actual de violencia que vive el país.

 

Atentamente,

 

Javier Zúñiga Mejía Borja, asesor Especial en Programas Regionales

Londres, 23 de abril de 2012

 

 

 

Vendrá el juicio de la historia, dice

 

Muy interesante el artículo “Ahora Calderón le echa la culpa a Dios”. Buen escudo ha escogido Felipe el Sanguinario, para protegerse del severo juicio de la historia. Ahora resulta que Dios es el responsable de todas las atrocidades cometidas en este valle de lágrimas, de miseria y de sangre en el que ha convertido a nuestro país. Más le valiera que fuera escogiendo cualquier otro país de la Tierra para vivir una vez que acabe con la última gota de poder que le queda a su vaso.

 

Eleazar Inocencio Pérez

 

 

Ferrocarrilero jubilado solicita se le restituyan derechos

 

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) y Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación –organismo público descentralizado que coordina la operación del fideicomiso Ferronalesjub– no efectúan los pagos correspondientes a los ferrocarrileros jubilados. En específico, denuncio a la Oficina de Atención a Jubilados ubicada en la ciudad de Chihuahua, capital de la entidad del mismo nombre. En mi caso, quedé pensionado por un riesgo de trabajo con un 50 por ciento en abril de 1991, jubilado en la misma fecha. Actualmente padezco hernias discales en columna cervical en las lumbares 4 y 5 como secuelas del riesgo de trabajo. Por ello, el área de Neurocirugía del Instituto Mexicano del Seguro Social solicitó mi invalidez definitiva. Además cumplí 60 años de edad en diciembre de 2011. Padezco asimismo diabetes e hipertensión arterial.

 

Y con todo ello, resulta que estoy fuera de “conservación de derechos”. La causa, que desde 1991 no se me efectuó el pago dentro del régimen voluntario de parte del organismo público descentralizado y el Sae. Es decir, el error administrativo fue de esas dependencias y no mío. De la manera más atenta, solicito a las autoridades correspondientes me restituyan mis derechos de invalidez y de pensión.

 

Gracias y felicidades por su excelente revista.

 

Heriberto Ronaldo Martínez Vargas