


Desde hace varios sexenios, destacadamente en los dos últimos gobernados por el Partido Acción Nacional, la sumisa justicia mexicana dispuso que los principales narcotraficantes capturados en territorio nacional fueran extraditados a Estados Unidos para ser juzgados y encarcelados en aquel país, práctica similar a lo ocurrido en Colombia hace 30 años, cuando los principales líderes de los cárteles fueron reclamados por las autoridades estadunidenses y el gobierno colombiano accedió a entregarlos sin objetar, lo que ocasionó una guerra interna desatada por los llamados “extraditables” y con ello miles de muertes.

En el sexenio anterior, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), todos los responsables de la seguridad nacional conocieron perfectamente la constante intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos del país. También sabían del espionaje de ese país a México porque la Secretaría de la Defensa (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR) utilizaron los equipos de espionaje e intervención de llamadas que empresas estadunidenses les vendieron por instrucciones precisas de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

El mes pasado circuló en diversos medios la noticia de que México había resultado nuevamente electo para el cuarto periodo del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés). Durante la reunión celebrada en París, Francia, los días 28 y 29 de mayo, fue elegida por “unanimidad” la arqueóloga mexicana María Helena Barba Meinecke, quien junto a la doctora Dolores Elkin, de Argentina, representarán al Grupo III de los Estados partes latinoamericanos que integran la Convención: Argentina, Barbados, Cuba, Ecuador, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Santa Lucía, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y Las Granadinas, Trinidad y Tobago.

La organización terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna) nunca asesinó a nadie si seguimos su propio vocabulario. Simplemente, sus víctimas eran ejecutadas.

Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), defiende los recortes sociales en España e Italia. No es nuevo. Lo indignante es que elogia a sus gobiernos porque han “reestructurado sus mercados laborales a pesar de intrincados intereses y férreas tendencias culturales”. Tiene la desfachatez de llamar “férreas tendencias culturales” a los derechos de la ciudadanía.

A algunos medios de comunicación “les duele” que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,

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Grupo México se resiste a liquidar adeudo de 500 millones para remediar Río Sonora Nancy Flores, agosto 15, 2026 El Grupo México –propiedad del magnate