


La crisis de los derechos humanos en México se ha generado a partir de la ausencia del estado de derecho en varias regiones del país. La política de militarización y guerra iniciada en la pasada administración se ha extendido en la actual y se ha radicalizado ante la falta de compromisos claros por reforzar un sistema respetuoso de los derechos humanos. La elevada actividad, ausente de controles en el uso de la fuerza pública por parte de policías y militares, ha seguido generando abusos contra los derechos humanos.

La reforma de telecomunicaciones es un engendro curioso. Es presentada por Enrique Peña Nieto como “una iniciativa que se diseñó, se dialogó y se acordó en democracia”, en la que “todas las voces cuentan [porque] son importantes para la construcción de los acuerdos en [un] clima de normalidad democrática”. Que busca “crear una nueva estructura institucional a favor de la competencia”, la “cobertura universal, la inclusión social, buenos precios, calidad en el servicio y en los contenidos”. En la que “el Estado establezca y haga valer su rectoría” sobre los grupos de poder y “la entrega o el retiro de concesiones no responderá a criterios políticos sino a criterios técnicos”, porque lo más importante es “atender las demandas más sentidas de los mexicanos de impulsar reformas transformadoras de nuestra realidad para servir a todo México”.

Luego de sus propuestas, una aprobada como ley (aunque todavía sin ser puesta en acción) en materia de educación y otra a discusión entre legisladores sobre los cambios en telecomunicaciones, ahora, presurosamente, Enrique Peña Nieto lanza la reforma energética mientras se arrodilla ante el nuevo papa, algo nunca visto en la historia liberal mexicana.

Es posible que la exrectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Esther Orozco, haya sido mal asesorada, y por ello continúe tratando de reactivar un conflicto que ha sido superado por vías legales e institucionales.

Del mismo modo que los gobiernos corruptos que se sienten amenazados por las investigaciones periodísticas, los grupos criminales mexicanos están tratando de silenciar a los medios de comunicación o de convertirlos en caja de resonancia para sus intereses durante los enfrentamientos entre sí o con las fuerzas federales.

La semana pasada, el contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, acusó a los consejeros de ese Instituto, incluido su presidente, Leonardo Valdés Zurita, y su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, de ocultar la corrupción y el desvío de recursos públicos en la adquisición de bienes y servicios, una práctica conocida en ese órgano electoral autónomo.

A algunos medios de comunicación “les duele” que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,

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