Paga erario 1 mil 130 millones por bono del miedo
Cada año el presidente de México, ocho secretarios y la procuradora general de la República cobran, del erario, entre 500 mil y 600 mil pesos por un “bono por riesgo”. Con ellos, otros 2 mil 250 funcionarios de primer nivel reciben la dádiva que “protege” la integridad de quienes supuestamente arriesgan la vida por su labor.
La “mano útil” del cártel de Sinaloa
Dos grandes cárteles se disputan el país: el de Sinaloa y Los Zetas. En todos los enfrentamientos participan estas dos organizaciones, directamente o en la sombra. La “estrategia” del gobierno de Calderón no busca acabar con el narcotráfico, sino subordinar a todas las bandas pequeñas en una sola organización delictiva. La función de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal es sacar a la vista la fruta podrida de las “plazas” para que los sicarios del Chapo “hagan el resto”. Las afirmaciones son parte de un estudio con el que tres militares de mandos superiores obtuvieron el grado de maestros en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, la escuela de altos mandos de la Secretaría de Marina
Cárteles lavan 3 billones en sexenio de Calderón
En plena “guerra” en su contra, los cárteles del narcotráfico habrán lavado más de 3 billones de pesos en Estados Unidos y México, equivalentes al 82 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Cada cártel sería 15 veces más rentable que el Grupo Carso, de Carlos Slim. Para el Departamento de Estado estadunidense, el sistema financiero es la “principal fuente” del blanqueo de capitales; sin embargo, de 2007 a 2011 la Unidad de Inteligencia Financiera sólo denunció 197 casos de lavado en bancos ante la PGR. Los decomisos de dinero ilícito en este sexenio fueron incluso inferiores a los realizados durante el de Fox: ahora ni siquiera alcanzan el 0.1 por ciento del monto total de dinero sucio “legalizado”. El caso HSBC, apenas un atisbo sobre las complicidades del sector bancario
Sedena, bajo escrutinio por ocho contratos de 5.6 mil MDP
Ocho contratos firmados entre la Sedena y una empresa estadunidense provocan intensas auditorías de las dos instituciones fiscalizadoras en México: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, las cuales incluso trasladaron a sus titulares a las oficinas castrenses para encabezar las revisiones. La propia Secretaría de la Defensa Nacional inició una investigación, a través de su Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.
SCJN: contratistas del gobierno son sujetos de investigaciones periodísticas
Por primera vez en materia de derecho a la información, la Suprema Corte de Justicia analizó la proyección pública de las personas privadas –sean físicas o morales– que mantienen negocios con el gobierno, y resolvió que su actuación es de interés público y su exposición en los medios informativos en casos de corrupción e irregularidades es legal, en tanto que involucra al erario. Así, la resolución del juicio por daño moral en contra del semanario Contralínea interpuesto por Blue Marine Technology Group, contratista de Pemex, establece un precedente para la prensa mexicana: la incidencia que tienen las personas privadas en la sociedad, por sus actividades profesionales, es susceptible al escrutinio periodístico, amparado por la Constitución
Magistrados del Tribunal Electoral reciben bonos de medio millón
Tres días antes de las elecciones federales, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibieron, cada uno, un bono de casi 500 mil pesos. El titular del órgano judicial, Alejandro Luna Ramos, asegura que éste lo reciben cada año y que, además de ser legal, no tiene nada que ver con el periodo electoral. Los beneficios económicos para quienes en breve validarán las elecciones presidenciales no acaban ahí: sus sueldos alcanzan los 250 mil pesos mensuales, cuentan con seguros de vida y de gastos médicos mayores y bonos de productividad, entre otros. De enero a mayo, el Tribunal gastó más de 80 millones de pesos en el Programa Específico del Proceso Electoral Federal