YoSoy… infiltrado

Desde el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano se diseñó un operativo para desprestigiar y desactivar un movimiento abierto y ciudadano: el estudiantil #YoSoy132.

Instituciones de seguridad nacional, contra la población

Estudiantes, activistas, amas de casa, campesinos… Contra cualquiera se podrían enfilar las instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano. El marco jurídico define ambiguamente cuáles son las actividades que amenazan a la nación; y nada dice de cuáles son los objetivos, intereses y aspiraciones nacionales.

Organismos de seguridad nacional, fuera de control social

“Seguridad nacional”, el ardid para eludir la ley. En México, los organismos de inteligencia –civil y militar– no rinden cuentas del dinero público que ejercen ni de su desempeño profesional. Con frecuencia, estos organismos son utilizados para espiar ilegalmente a los adversarios políticos del régimen en turno y violar derechos humanos.

Opacidad y violación a los derechos humanos en nombre de la “seguridad nacional”

Espionaje ilegal, ausencia de rendición de cuentas, violación a derechos humanos, impunidad, falta de control social, ineficiencia… Definiciones que surgen de especialistas, legisladores y de los propios funcionarios cuando se trata de analizar seriamente el desempeño de las instituciones mexicanas encargadas de la seguridad y la defensa nacionales, que tan sólo para 2013 cuentan con un presupuesto que rebasa los 73 mil millones de pesos.

Espionaje estadunidense, montado sobre instituciones mexicanas de seguridad nacional

El gobierno de Estados Unidos instaló su estructura de espionaje político, social y comercial contra México a través de las propias instituciones de seguridad, defensa e inteligencia mexicanas: Sedena, Semar, Cisen, Policía Federal, PGR y SAT, entre otras. Durante 12 años de panismo (con más énfasis en el calderonismo) se firmaron decenas de contratos con empresas estadunidenses que, bajo el señuelo de la innovación y la excelencia tecnológica, obligaban a las instituciones mexicanas a “compartir” la información recabada.