Las políticas de disuasión de la migración indocumentada del gobierno de Estados Unidos han creado un mercado negro de tráfico de personas cada vez más lucrativo. Muros (incluidos las boyas en el Río Bravo), redadas, leyes antiinmigrantes acaban fomentando las rutas clandestinas controladas por redes criminales transnacionales

Las redes criminales transnacionales han asumido un mayor control sobre el tráfico de migrantes y han remplazado el tráfico de personas de carácter personalizado y comunitario que existía antes, mientras que las políticas antiinmigrantes de Estados Unidos han brindado más oportunidades para que los grupos del crimen organizado victimicen a las personas en situación de tránsito indocumentado.

Asimismo, esas políticas han creado un cuello de botella en la frontera entre Estados Unidos y México, donde los migrantes se ven obligados a permanecer mientras se determina si son elegibles para recibir asilo y contemplan formas alternativas de ingresar al país, denuncia un informe de InSight Crime.

Como resultado, añade, los migrantes se han vuelto más vulnerables a la extorsión y el secuestro. Y con el tiempo, las restrictivas políticas de inmigración han expandido el alcance de estas lucrativas economías criminales resultantes.

Señala que las políticas de inmigración del gobierno de Estados Unidos y la externalización de la aplicación de la ley de inmigración a países como México han propagado la corrupción en el gobierno. “A medida que el gobierno de Estados Unidos recurre a otros países para la aplicación de la ley y obliga a los migrantes a permanecer en ellos, los funcionarios de esos países han ampliado sus operaciones ilegales, entre las que se encuentran la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas”.

En su informe Consecuencias impensadas: cómo la política migratoria estadounidense fomenta el crimen organizado en la frontera México-Estados Unidos, el InSight Crime analiza la creciente participación de grupos del crimen organizado en el tráfico de personas.

“Si bien anteriormente el tráfico de drogas y armas dominaba el contrabando transfronterizo, ahora el tráfico de personas se ha convertido en una de las industrias más lucrativas para los grupos criminales. También se han multiplicado los riesgos para los migrantes no solo en su trayecto, sino también a lo largo de la frontera con Estados Unidos”, advierten los autores del documento Steven Dudley, Parker Asmann y Victoria Dittma.

Los hallazgos son el resultado de dos años de investigación de escritorio y de campo en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas, donde abunda el tráfico de personas. También se basa en entrevistas presenciales y virtuales con migrantes, solicitantes de asilo, fiscales estadunidenses y mexicanos, expertos en seguridad, funcionarios gubernamentales, líderes religiosos y defensores de migrantes, y juicios de tráfico de personas.

Trabas crecientes a la migración

La organización refiere que, en 2019, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS) anunció los Protocolos de Protección al Migrante (Migrant Protection Protocols, MPP). “La que llegaría a conocerse como la política ‘Quédate en México’ fue la última de una serie de iniciativas realizadas a lo largo de décadas por parte de sucesivas administraciones republicanas y demócratas para frenar la migración, imponiendo trabas crecientes al ingreso de los migrantes a Estados Unidos y su permanencia en el país”, explican.

Sin embargo, afirman que dichas políticas han tenido numerosas consecuencias no deseadas, como el fortalecimiento de las organizaciones criminales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

La nueva estrategia fue el inicio de la creciente militarización de la frontera en 2000. A dicha estrategia le siguió la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2002, cuyo presupuesto llegó a superar los 50 mil millones de dólares en 2022. Sin embargo, el número de migrantes detenidos en la frontera sur ha fluctuado significativamente, de cerca de 1.6 millones en 2000, a casi medio millón en 2014, y a más de 2 millones en 2022.

“Esto ha dificultado evaluar la eficacia de la política. Sin embargo, si es claro el impacto que tuvo la estrategia en el negocio de la migración irregular y en la seguridad de los migrantes. En primer lugar, la naturaleza del comercio cambió y los precios aumentaron significativamente tanto para los migrantes como para sus familias”.

Las redes de coyotes operaban de forma comunitaria incluso por varias generaciones, pero conforme los riesgos aumentaban, también crecía la necesidad de redes más especializadas que operaran en regiones menos transitadas. Y a medida que aumentaba la necesidad de infraestructura, también aumentaba la necesidad de nuevos socios y los costos asociados. Esto ocurrió sobre todo en la frontera entre Estados Unidos y México, la parte más peligrosa del trayecto, donde la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, comenzó a hacer cobros para ayudarles a los migrantes a cruzar. Más adelante, las organizaciones criminales más grandes comenzaron a cobrar por pasar por su territorio.

En segundo lugar, los migrantes se volvieron cada vez más vulnerables y susceptibles a la victimización. A medida que los coyotes buscaban nuevas rutas, tuvieron que expandir sus redes. Entre sus nuevos aliados se encontraban desde socios de confianza hasta grupos criminales desconocidos.

Los datos disponibles indican que, desde la década de 1990, ha habido un aumento significativo en las desapariciones y muertes de migrantes. Ese aumento es evidente en lugares como el condado de Pima, Arizona, donde cada año mueren cientos de migrantes, muchos más mueren o desaparecen en el lado mexicano, donde existen menos estadísticas.

A pesar de estas realidades palmarias, en los últimos años Estados Unidos endureció su política con la implementación de los MPP y el Título 42. Conocidos con el eslogan de “Quédate en México”, los MPP entraron en vigor a principios de 2019 y requerían que los migrantes que solicitaban asilo en los puertos de entrada, o entre ellos, esperaran sus audiencias en la corte de inmigración en México.

El Título 42 fue una medida de salud pública establecida en marzo de 2020 en el marco de la pandemia mundial de Covid-19, con la cual se suspendió el asilo y se les otorgó a los funcionarios estadunidenses la autoridad para expulsar a los solicitantes de asilo hacia México o a sus países de origen. El programa de MPP finalizó en junio de 2021 y el Título 42 permaneció vigente hasta mayo de 2023.

Tras el cierre de estos programas, los funcionarios estadunidenses sometieron a los migrantes a nuevas restricciones con el Título 8, un complejo conjunto de leyes de inmigración que dificultan aún más la búsqueda de asilo en Estados Unidos.

Según el Título 8, si los migrantes no mexicanos que ingresan al país por fuera de un puerto de entrada no solicitan primero asilo en un tercer país, como México, les será rechazado el asilo, o bien serán deportados y se les prohibirá ingresar al país durante cinco años.

Actualmente, la única forma clara de solicitar asilo es a través de una aplicación móvil del gobierno de Estados Unidos conocida como CBP One. Sin embargo, en vez de ser un proceso seguro y ordenado, la aplicación funciona más como una lotería, ya que decenas de miles de migrantes ingresan al sistema simultáneamente para conseguir una de las pocas citas disponibles cada día, y solo funciona para los migrantes ubicados en el centro y el norte de México.

Entre tanto, los migrantes permanecen en México o corren el riesgo de ingresar ilegalmente y ser devueltos a sus países de origen, donde tendrán que reunir el dinero (y el coraje) para volver a emprender la travesía migratoria, algo que no es nada fácil. De hecho, cada que se implementa una nueva medida, como los MPP, el Título 42, el Título 8 y las políticas que probablemente vendrán, las redes criminales parecen fortalecerse.

Cártel del Golfo, aumento de los precios del tráfico y ganancias

Las políticas estadunidenses han bloqueado las vías de migración legal y han empujado a los migrantes hacia nuevos corredores más peligrosos, controlados por organizaciones criminales más sofisticadas.

Desde la década de 1990, el tráfico ilícito de migrantes ha pasado de ser una operación “casera” a convertirse en una industria multimillonaria controlada en gran parte por grupos del crimen organizado.

En los últimos años, el DHS hizo una estimación conservadora, indicando que las organizaciones criminales ganaban 500 millones de dólares al año por el tráfico ilícito de migrantes. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha reportado que traficantes perciben en total sumas que oscilan entre 5 mil y 7 mil millones de dólares.

Ambas cifras pueden subestimar la cifra real. Lo que antes era un viaje soportable, aunque lleno de graves abusos y peligros, se ha convertido en el mango de un sartén controlado por vastas redes de traficantes, intermediarios, funcionarios gubernamentales corruptos y organizaciones criminales trasnacionales.

En Matamoros, por ejemplo, varias facciones del Cártel del Golfo obtienen ganancias “de todos los migrantes que pasan por su área”, según un agente especial de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

No todos los trayectos son iguales. Los traficantes ofrecen a los migrantes un menú de opciones por diferentes precios, que dependen de los servicios prestados y varían desde unos cientos o miles de dólares solo por el permiso para cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, hasta más de10 mil dólares por un viaje guiado a una ciudad estadunidense.

Sin embargo, el peligro acecha, especialmente para quienes no tienen el dinero extra. También puede haber costos adicionales por alojamiento, comida, ropa o guías. En algunos casos, otras organizaciones criminales usurpan el control de grupos enteros y luego obligan a los migrantes a pagar mucho más por el transporte hasta Estados Unidos.

En Baja California, Sonora, Coahuila y Tamaulipas, migrantes dijeron que les cobraban entre 10 mil y 13 mil dólares, para ayudarles a cruzar la frontera y transportarlos hasta ciudades de Estados Unidos. El permiso para cruzar la frontera sin un guía puede tener un costo que oscila entre 500 y 2 mil dólares, o más, dependiendo del grupo criminal en cuestión.

En el año fiscal de 2022, las autoridades estadunidenses encontraron poco menos de 2,4 millones de migrantes en la frontera suroeste, cifra que representa un récord. Muchos de estos migrantes fueron hallados más de una vez, pero si asumimos que la mitad de ellos, o 1,2 millones, pagaron10 dólares en costos de tráfico y sobornos, este mercado tendría un valor de12 mil millones de dólares.

Cártel del Noreste, extorsión y secuestro

Políticas estadunidenses como el MPP y el Título 42 elevaron el número de migrantes residentes en peligrosas ciudades fronterizas durante periodos de tiempo prolongados, lo que los exponía a mayores riesgos de extorsión y secuestro. Eso pareció evidente en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, donde los secuestradores acechan sectores estratégicos de la ciudad.

Por fuera del aeropuerto y en las terminales de autobuses, por ejemplo, campaneros a sueldo persiguen a los migrantes que llegan de Monterrey y otros lugares. Y cerca de los puentes de llegadas internacionales, hay permanentemente taxistas que ofrecen carreras que llevan a los migrantes a las manos de los secuestradores que trabajan con el Cártel del Noreste, la organización dominante en la región.

En ciudades como Nuevo Laredo, no hay lugar seguro. En los albergues para migrantes, por ejemplo, los secuestradores realizan encuestas informales entre los migrantes. Allí, los viajeros deben tener lo que se conoce como la clave, una contraseña que confirme que pagaron por la autorización para permanecer en la ciudad y atravesar la frontera. Quienes no la tienen son secuestrados y los rescates pueden elevarse hasta10 mil dólares.

Las políticas estadunidenses ampliaron enormemente el número de potenciales víctimas. Tanto la MPP como el Título 42 devolvieron a muchos migrantes a las ciudades mexicanas, donde carecen de vínculos sociales o comunitarios y donde se imponen organizaciones criminales como el Cártel del Noreste.

El secuestro y la extorsión son dos de los delitos con mayor subregistro en México. En 2021 y 2022, por ejemplo, las autoridades mexicanas registraron solo 55 casos de secuestros de migrantes a nivel nacional, aunque reportaron haber “rescatado” más de 2 mil migrantes de redes de traficantes en 2022.

En contraste, en el mismo bienio, la organización no gubernamental de derechos humanos Human Rights First documentó miles de secuestros o intentos de secuestro de migrantes que habían sido expulsados hacia México o se encontraban allí parados por cuenta del Título 42.

En ambos casos, los números –como le indicaron expertos y abogados a InSight Crime– bien podían ser mucho mayores. Puede afirmarse que Nuevo Laredo tiene la dinámica de secuestros de migrantes más sofisticada y organizada de todas las ciudades de la frontera entre México y Estados Unidos.

Expulsiones laterales

Otra característica de la nueva política estadunidense de inmigración que pone en mayor riesgo a los migrantes son las llamadas “expulsiones laterales”. En la mayoría de los casos, los migrantes expulsados bajo el Título 42 o el Título 8 son llevados al puerto de entrada más cercano y obligados a ingresar a México, lo que conlleva sus propios riesgos.

Pero en algunos casos con el Título 42, los agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) estadunidense llevaban a los migrantes en autobús o avión hasta un lugar diferente de la frontera de donde habían cruzado originalmente y los obligaban a regresar a México.

Estas expulsiones laterales ponen a los migrantes en riesgo extremo. Mientras que es posible que los migrantes hayan pagado a una red criminal por autorización para cruzar la frontera en cierta zona, cuando el CBP los devuelve a México en un punto diferente, ya no tienen dicha autorización.

En suma, los defensores dicen que el número de potenciales víctimas de extorsión y secuestro “creció exponencialmente” a raíz del MPP y el Título 42. De hecho, parte de las ganancias ilícitas se multiplicaron en proporción directa con el tiempo que los migrantes debían pasar en estas ciudades fronterizas.

En Nuevo Laredo, por ejemplo, los actores criminales cobraban extorsiones dependiendo del tiempo que los migrantes permanecieran en la ciudad. Estos demandaban que se revisaran los documentos judiciales para ver cuándo sería la próxima audiencia y con base en ello definían el pago de la extorsión.

Corrupción oficial

La política estadunidense de inmigración lleva años empujando a los migrantes y solicitantes de asilo a tomar rutas cada vez más apartadas y peligrosas entre puertos de entrada en los que temen entrar en contacto no solo con organizaciones criminales, sino también con las autoridades.

Considérese el tramo final de 400 kilómetros de viaje en autobús desde Monterrey hasta Piedras Negras, a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Hay por lo menos tres puntos de inspección del gobierno solo en esta apartada carretera de doble calzada.

Uno es controlado por el ejército mexicano, otro por una unidad especializada de la policía estatal de Coahuila y otro por agentes de inmigración mexicanos. Los puntos de migración sobresalen. El contacto con ellos conlleva la amenaza de detención o deportación.

Las políticas estadunidenses han empeorado aún más esta situación. En años recientes, Estados Unidos ha enrolado a un número creciente de organismos mexicanos en sus iniciativas de prevención mediante la disuasión, lo que multiplica las interacciones de los agentes con migrantes vulnerables.

En algunos casos, los migrantes relataron a que los conductores de autobús parecían formar parte del entramado. En la práctica, esto significa que los cuerpos de los migrantes llevan dianas encima, y no es solo que sean deportables, sino también que son extorsionables.

En casos extremos, los defensores de los migrantes relataron que los funcionarios de inmigración y la policía local transportaban a los migrantes en vehículos oficiales y los entregaban a organizaciones criminales que luego los retenían para exigir rescate.

A lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, migrantes, abogados y otros defensores citaron Coahuila como uno de los más peligrosos para los migrantes en lo que respecta a la corrupción oficial.

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