La reforma a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, aprobada en el Congreso y que modifica el artículo 127 constitucional, bajo el argumento de acabar con las llamadas “pensiones doradas” de las que gozaba un selecto grupo de exaltos funcionarios, debe ser estudiada y analizada en comisiones legislativas antes de su aplicación, porque existe el riesgo de consumar una regresión histórica a los derechos legítimamente adquiridos por la clase trabajadora, donde se ha tergiversado la categoría de muchos empleados de confianza para aplicarles un rasero injusto.

A diferencia de directivos de primer nivel que llegaron a los cargos por recomendaciones o influencias políticas, muchos técnicos y profesionistas se ganaron a pulso el derecho a un retiro digno, al igual que miles de sindicalizados que entregaron una vida entera de trabajo para el fortalecimiento de entidades como CFE, Pemex y Luz y Fuerza del Centro. Estos últimos también corren el riesgo de ser clasificados en la esfera de supuestos privilegios, cuando el monto de sus pensiones fue resultado de luchas y conquistas sindicales, producto de la negociación colectiva.

Los legisladores deben entender, con un criterio social, que muchos jubilados cifraron sus esperanzas de una vejez digna en el pago de una pensión justa. No resulta razonable la versión mediática empleada desde la parte oficial para endosarles una carga al presupuesto, cuando fueron precisamente ellos quienes contribuyeron a que las empresas del Estado generaran riqueza en el país.

Se argumenta la necesidad de mayores ahorros al presupuesto del gobierno federal para aplicar, sin una revisión previa y responsable, estos recortes a miles de jubilados; sin embargo, no se atienden fallas para lograr una recaudación más eficaz, donde los contados multimillonarios siguen pagando impuestos muy inferiores a sus ganancias.

Durante los gobiernos neoliberales se permitió, por ejemplo, que el déficit fiscal de las finanzas públicas, originado por la evasión de los grandes empresarios, fuera subsanado con las ganancias de Petróleos Mexicanos. Además de haberles entregado, a precios irrisorios, empresas del Estado como Minera México, Altos Hornos y Teléfonos de México, entre muchas otras, se les consintió no pagar impuestos, con lo que sus fortunas se acrecentaron hasta colocarlos entre los hombres más ricos del planeta. Esta acumulación de riqueza contrastó con las pérdidas y el debilitamiento de Pemex.

Ahora se incurre en el error de buscar ahorros a costa del monto de las pensiones de trabajadores, de base y de confianza, que siempre entregaron su mejor esfuerzo para mantener en funcionamiento a estas empresas del Estado, pese a los errores, actos de corrupción y despilfarros de los políticos en turno.

Una muestra de que el mecanismo de recaudación pervive en nuestro país se refleja en el informe dado a conocer por Oxfam México, en marzo pasado, donde el organismo estableció que solo el uno por ciento de los más ricos del país posee el 40 por ciento de la riqueza nacional.

De acuerdo con el estudio, en solo cinco años los 22 multimillonarios del país duplicaron sus fortunas, al sumar un patrimonio colectivo de 219 mil millones de dólares. En contraste, el organismo dejó claro que, a pesar de los esfuerzos por disminuir la pobreza, en México unos 19 millones de personas luchan de forma cotidiana por llevar sustento a sus familias.

¿Cómo es entonces que, mientras los más ricos del país duplican sus fortunas, la recaudación no aumenta en forma proporcional? Los ultrarricos continúan pagando los mismos impuestos, lo que no resulta razonable.

Oxfam también advierte que gran parte de la riqueza no gravada de los más ricos del mundo se encuentra oculta en paraísos fiscales y asciende a unos tres billones 55 mil millones de dólares. ¿Acaso los dueños del dinero en México, al igual que sus pares en el mundo, emplean este método de evasión para no pagar impuestos?

Si se trata de cubrir la falta de recursos en el presupuesto, ¿por qué no se exige a los dueños de las grandes fortunas el pago de más impuestos? El modelo de evasión permitido en décadas de gobiernos neoliberales sigue vigente. Se plantea que al tasar las pensiones doradas en no más de 70 mil pesos se lograrían ahorros por cinco mil millones de pesos al mes, cantidad que podría ser cubierta por los multimillonarios si pagaran impuestos conforme a sus ganancias.

Otro de los ángulos que ha generado críticas a la forma en que desde la parte oficial se ha manejado el tema de las pensiones doradas es la falta de cuidado en la confidencialidad de los datos personales de los beneficiarios señalados. En un país donde la delincuencia organizada actúa con impunidad, hacer públicos los ingresos de las personas las expone a riesgos.

Resulta lamentable que se repitan patrones autoritarios del pasado, cuando en los gobiernos del Prian se imponían reformas sin análisis adecuado ni consultas a los directamente afectados.

No parece justo ni viable que, ante la falta de crecimiento económico y la carencia de recursos en el gasto corriente, se ajuste a la baja el monto de las pensiones de miles de exservidores públicos de diversas dependencias del gobierno federal. Acabar con los privilegios de un reducido número de exfuncionarios no debe ser la excusa para afectar a quienes se ganaron el derecho a una pensión decorosa.

Además, las autoridades hacendarias tienen la obligación de gravar las fortunas de esos multimillonarios que se han enriquecido con la complicidad de políticos corruptos y que, como ya se mencionó, pueden estar sacando su dinero del país, como ocurrió en el pasado. No resulta aceptable, bajo ningún argumento político, que sean los trabajadores quienes nuevamente subsidien, con la pérdida de sus pensiones, a ese uno por ciento que concentra la riqueza y evade impuestos.

Martín Esparza*

* Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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