Atla y Huauchinango, Puebla. José Ramón Aniceto Gómez, de 65 años de edad, y Pascual Agustín Cruz, de 49, líderes de la comunidad indígena nahua de Atla, de la Sierra Norte de Puebla, arrastran una larga historia de indefensión y aislamiento por un error del sistema judicial, fábrica de culpables.
Llevan dos años y ocho meses encerrados en el penal de media seguridad del municipio de Huauchinango acusados del delito de robo con violencia de un vehículo, en un confuso incidente ocurrido en octubre de 2009 que en realidad esconde el enfrentamiento entre las autoridades indígenas y el cacique local por el acceso al agua potable.
Atla, que en náhuatl significa “lugar donde hay agua”, forma parte del archipiélago cultural donde viven los más de 12 millones de indígenas mexicanos (el 11 por ciento de la población). Se encuentra a unos 50 kilómetros de Huauchinango o a más de una hora y media de carretera, en parte sin asfaltar.
Ambos líderes indígenas fueron condenados a seis años, 10 meses y 20 días de prisión por un delito calificado como grave. Han sido acogidos como presos de conciencia por Amnistía Internacional (los únicos con ese estatus en todo México actualmente) y su caso ha sido llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes han presentado un último recurso directo de amparo y cuyo fallo se espera en este mes de octubre.