Ya no hay ninguna duda. Quien ya dejó de ser “un pobre político” –según la advertencia del corruptísimo Carlos Hank González–, debido al patrimonio de mansiones que posee junto con su esposa, Luis Videgaray y los que están enlistados en el periodismo de investigación, y contra lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (si ésta sigue vigente, como derecho positivo), para normar la conducta, actos y omisiones de gobernantes y gobernados, es Peña Nieto, quien reúne y controla los tres Poderes de la Unión (Artículo 49). Esto se ha consumado. Así como Calígula designó a su caballo senador, el mexiquense nombró a Medina-Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya no es suprema, ni de justicia y menos de la nación, despojándola, incluso, de su facultad como tribunal constitucional.

 

 

Éste era el sueño del nazi Carl Schmitt, cuando logró que Hitler fuera el defensor, intérprete y ejecutor de la Constitución, en polémica con Hans Kelsen, para quien el tribunal constitucional era una institución con autonomía e independiente de los tres poderes del Estado federal, para conocer y dictaminar sobre la inconstitucionalidad de los abusos del poder, impunidad y contra que el Führer, primer ministro o presidente, reuniera en su persona más de un poder (Carl Schmitt, La defensa de la Constitución; y Hans Kelsen, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?). Y es que el pragmatismo peñista ha continuado imponiendo su nazismo jurídico con resabios del derecho romano de cuando la decadencia del imperio, pareciendo Peña una mezcla de Hitler y Cómodo (Theodor Mommsen, El mundo de los césares; y varios autores, Roma domina al mundo). Y si no vale esa semejanza, entonces el de Atlacomulco imita a Santa Anna y al Porfirio de 1908, en vísperas de las revoluciones de Ayutla y de 1910.

 

La designación de Medina-Mora contra viento y marea de críticas, de más de 53 mil firmas oponiéndose y de la investigación documentada de sus complicidades para otorgar impunidad, regresar fortunas producto de enriquecimiento ilícito y encubrimiento, vestido, más que investido, de toga y birrete, como el onceavo ministro de la Corte degradada a una secretaría más de Peña, significa que éste está dispuesto a seguir interrumpiendo la observancia constitucional, estableciendo cada vez más un gobierno contrario a sus principios mediante contrarreformas que impidieron someter a consultas populares (Artículo 34, de los derechos de los ciudadanos, fracción VIII). Hemos asistido a la implantación de una devastadora modernización antidemocrática, en referencia a los reclamos, oposiciones y protestas de la democracia directa que se manifiesta en las calles con la tragedia de Ayotzinapa como punta de lanza y vanguardia de sus malestares sociales.

 

Peña ha hecho suya la cantinfleada aquella de que: “Aquí no pasa nada y cuando pasa ya pasó”. Supone que sus victorias legislativas, ejecutivas y judiciales no son pírricas, luego no le serán revertidas. Pero supone mal. Controlar a la Corte, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los tres poderes no le garantiza que el volcán social sobre el que está sentado no estalle. El pueblo está harto de pobreza, enfermedades y desempleo. No quiere soportar más la sangrienta inseguridad, el militarismo sin control, las complicidades de funcionarios y banqueros con el narcotráfico, la ingobernabilidad policiaca, los desgobernadores rateros, los secuestros, feminicidios y demás actos criminales que muestran a un peñismo fallido por incompetente.

 

Está llegando a la mitad de su sexenio y la nación sigue esperando resultados de sus 11 reformas que no aterrizan en la realidad de la administración pública. De las aún utópicas inversiones de su “expropiación petrolera” y el botín de la de telecomunicaciones (para Televisa y Tv Azteca); la financiera y fiscal, repudiada por sus aliados empresariales y patrones; la magisterial atascada en su incumplimiento; y la laboral en despidos para contratar por horas sin ningún derecho social. El neoliberalismo económico se las ha devorado. Los manotazos y mano dura de Peña, característicos de su autoritarismo, solamente violan los derechos humanos y encubren las torturas, haciendo de la Procuraduría General de la República otro canal de Televisa y de López-Dóriga su vocero.

 

Haber degradado a la Corte, desde que Zedillo llegó al grado de suspender sus actividades por más de 3 meses cuando la dejó con sólo 11 ministros, como lo hizo Peña para imponer a sus dos empleados (Ortiz Mena y ahora Medina-Mora), y a la espera de nombrar a dos más, significa que ya reunió los tres poderes en su persona, no obstante que la Constitución determina que “no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión”. De hecho, por su autoritarismo-autocrático de “el Estado soy yo” (de Luis XIV) y “tras de nosotros el diluvio” (de Luis XV), es que Peña decretó controlar el supremo poder de la Federación para convertirlo, de facto, en un Estado unitario, centralista, con la sumisión de los desgobernadores y el jefe de gobierno de la capital del país.

  

Otra vez estamos de regreso al periodo de 1835-1846, que provocó la restauración del federalismo por medio de la revolución de Ayutla (Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México). Ya no tenemos ni Corte ni tribunal constitucional. Los 11 ministros, nueve de los cuales guardaron silencio ante el atropello de Peña, son ya la secretaría de Enrique Peña Nieto para el despacho de los asuntos legislativos del presidencialismo, al puro estilo de Antonio López de Santa Anna.

 

*Periodista

 

 

  Contralínea 448, del lunes 03 al 08 de agosto