Tras escuchar la petición de los padres, ese 19 de junio de 2012 Peña Nieto suscribió por escrito un compromiso con el siguiente texto y se los entregó: “Tengan la seguridad de que estaré atento a estas peticiones suyas y les ofrezco ampliar la atención”. Pero como estas palabras escritas por Peña Nieto no son parte del Pacto por México y esos padres no integran un partido, han pasado al olvido. Y transcurridos 4 años del incendio, permanecen en la total impunidad todos los presuntos responsables de este drama, entre ellos Daniel Karam, entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y primo hermano de Jesús Murillo Karam que comanda la Procuraduría General de la República (PGR), Juan Molinar Horcasitas y Santiago Levy, quienes subrogaron las guarderías del Seguro Social a intereses particulares para iniciar su privatización.

 

Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo es la dueña principal de la guardería privatizada; prima hermana de Margarita Zavala y sobrina del corruptísimo entonces desgobernador José Eduardo Robinson-Bours Castelo. Debido a esto, el alcohólico Felipe Calderón se negó a intervenir. En la misma presunción de responsabilidad están, además del exdesgobernador Robinson-Bours, el senador Ernesto Gándara Camou, entonces presidente municipal de Hermosillo quien se encontraba vacacionando en el puerto de Guaymas y no hizo acto de presencia ese 5 de junio de 2009; y otros 50 corresponsables que han sido casi absueltos, incluso algunos por una disparatada, absurda y criminal resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para agradar a Calderón.

 

Con gran despliegue de información el periódico Reforma, por medio del trabajo de sus reporteros Rolando Chacón y Andro Aguilar, publicó en el suplemento Enfoque (993, 2 de junio de 2013) “Nuevo gobierno, mismo reclamo: ¡justicia! A 4 años del incendio en la Guardería ABC, los padres de los niños fallecidos y lesionados exigen a Enrique Peña Nieto cumplir su compromiso de campaña: esclarecimiento, atención y reparación del daño”. Y es que ese drama sonorense y nacional, como es la regla de la injusticia, sigue empantanado en la impunidad. Hasta hace 6 meses, gracias al calderonismo. Actualmente, al peñismo. Tendrán los padres del Movimiento 5 de Junio y Manos Unidas por Nuestros Niños que organizar una huelga de hambre ante la PGR o frente a Los Pinos o ante Palacio Nacional; proyecto que está en marcha a la par de la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Tribunal de la Haya, como recurso pacífico para que Peña Nieto cumpla su compromiso.

 

A lo largo de 4 cuatro años, los padres de los niños víctimas de homicidios dolosos y los que sufrieron daños físicos y sicológicos de por vida (sin dejar de lado el sufrimiento de los padres y demás familiares; los gastos para desplazarse a la capital del país, por cuyas calles han manifestado sus demandas sin que se les haga caso, etcétera), han recurrido a todas las instancias administrativas, judiciales y legislativas, donde han recibido sólo promesas, en el mejor de los casos. Hace poco la PGR de Murillo Karam les dijo que está en marcha… ¡la enésima! averiguación. Pero ningún resultado han obtenido sobre sus demandas.

 

Se trata de una maniobra para que el caso de la Guardería ABC permanezca en la impunidad. Pero los padres de todas esas víctimas inocentes están empeñados en no bajar la guardia ante la negligencia de los dueños de la guardería que se hartaron de dinero sin importarles la seguridad de los infantes; y la indiferencia criminal de los funcionarios que se hicieron de la vista gorda, por tal motivo pernoctaron en la columna de la Independencia de la ciudad de México, para protestar ante la sociedad. Una vez más no han sido atendidos y están más que decididos a mantener sus protestas públicas en Sonora, en la capital del país y llevarlas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, y ante La Haya, por genocidio o los delitos penales y civiles que procedan.

 

Calderón y sus funcionarios siguen en la mira. Igual pasa con Robinson-Bours y sus funcionarios. También con Molinar Horcasitas y sus funcionarios. Sin olvidar a los dueños de la guardería subrogada, que permanecen denunciados por el genocidio de la Guardería ABC. Involucrado también está Peña Nieto y sus funcionarios.

 

*Periodista

 

 

Fuente: Contralínea 342 / julio 2013