No es nuevo que políticos y dueños del dinero controlen los medios de comunicación para llevar agua al molino de sus beneficios –en nuestro país se ha practicado e intensificado desde, al menos, medio siglo–.
La irrupción de un medio masivo como la televisión, a partir del 27 de julio de 1950 –sobre todo con la transmisión del cuarto informe del transformado Partido Nacional Revolucionario-Partido de la Revolución Mexicana en el Partido Revolucionario Institucional, el político y empresario Miguel Alemán (quien heredó una millonaria fortuna a su junior)– dio entrada a quienes obtenían toda clase de ventajas por la difusión de sus anuncios.
Éstos empezaron promoviendo ventas comerciales y han estado vigentes para toda clase de campañas políticas y sobre futurismo electorero de quienes, ya candidatos o aspirantes adelantados, compran espacios en la televisión, radio y prensa escrita.
Se busca (y casi se logra) influir y manipular con la aparición de personajes y repetición de anuncios para promover que la gente se grabe nombres y compre mercancías, para pasar del consumo al consumismo. En lugar de competencia electoral, los vencedores compiten por aparecer (inaugurando obras, entrevistas y actos publicitarios) en los medios.
Empresarios golpistas y politiquillos le han sacado la vuelta a las leyes que sancionan usar el camuflaje de la publicidad como medio para atacar a sus adversarios y/o para enaltecer sus mediocres figuras. Los empresarios aumentan precios y de ahí sacan para pagar. Los políticos se roban el dinero público y lo destinan para estar en el primer plano y más en la televisión, sin descuidar la radio y prensa escrita.
Las reformas constitucionales en materia electoral no han logrado su objetivo: parar a políticos y empresarios que controlan los medios. Llegando al extremo de alzarse, neofascistamente, contra las instituciones del Estado para imponer sus intereses antidemocráticos y reclamar el privilegio de imponer candidatos afines a sus intereses, quitando de en medio a sus opositores.
Ahora mismo la televisión, no pocos periódicos (la mayoría en manos empresariales, con Excélsior a la cabeza) y las cadenas de radio ligadas al duopolio televisivo reciben millonarias compras de publicidad para el peñanietismo mexiquense, cuya figura es ayudada a posicionarse, como una mercancía, para la candidatura presidencial.
Los panistas gastan dinero público en costosas apariciones en los medios electrónicos. Lo mismo hacen e hicieron algunos desgobernadores: Sabines, de Chiapas; Robinson Bours, de Sonora; Fidel Herrera, de Veracruz; y González Parás, de Nuevo León.
Transitamos en un gravísimo problema, donde empresarios golpistas y políticos electoreros están dispuestos a controlar los medios de comunicación, donde sus editores prohíben criticar a los que les pagan publicidad directa en anuncios o disfrazada de actos públicos.
La solución es que los ciudadanos se sigan movilizando en defensa de su democracia y republicanismo, exigiendo el cumplimiento constitucional de cancelar concesiones a la radio y televisión golpistas; establecer leyes para la distribución oficial de publicidad a los medios escritos y la creación inmediata de un defensor del periodista para hacer efectiva la cláusula de conciencia y demás derechos. De lo contrario, seguiremos asistiendo a la metamorfosis de las libertades de prensa, controladas por el dinero, que son un adorno en la Constitución.
