Para cumplir y hacer cumplir como norma de conducta toda frase-concepto de una constitución se requieren leyes reglamentarias en la medida que todo acto humano es un acto jurídico. Y para complicarnos más la interacción en la convivencia social, esas leyes reglamentarias a su vez necesitan reglamentos administrativos, según la materia de que se trate: policiaca, fiscal, comercial, laboral, etcétera. Si nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue objeto de reformas a los pocos días de su expedición, tanto éstas, como las contrarreformas que la han ido poniendo al día hoy suman más de 700.

 

 

Con motivo de las adiciones por la reforma en telecomunicaciones, los Artículos 6 y 7 dejaron para leyes reglamentarias y leyes secundarias otros fines que no tendrán la eficacia jurídica para hacerlos cumplir, al no ser introducidos en la Constitución. Y los concesionarios, casi dueños de las comunicaciones de radio y televisión, podrán impugnarlas directamente para eludir su cumplimiento. Así, Televisa, Tv Azteca y el resto casi monopólico en la radio, de los Azcárraga, Aguirre, etcétera, salieron sin sufrir el menor daño y han reafirmado su poderío fáctico.

 

No quisieron los representantes de la nación (es un decir para quienes han tergiversado la democracia indirecta a la que deben sus cargos) introducir el derecho de audiencia para exigir programación de calidad y objetar la programación basura, donde Televisa y Tv-Azteca, por ejemplo, patrocinan la violencia, sabotean la educación pública y pervierten la cultura. Tampoco quisieron agregar que la información debe ser veraz, no manipulada ni usada para atacar y, lo que es peor, con cobros millonarios que no reportan como ganancias en sus declaraciones fiscales, encubrir propaganda que favorece sus intereses y de quienes promueven su imagen, casi siempre con recursos saqueados de las arcas públicas, como sucedió con el peñismo.

 

Se dice que en la legislación secundaria de los Artículos 6 y 7 constitucionales, si acaso en leyes reglamentarias, vendrán los rubros de información veraz y derecho de audiencia audiovisual y radiofónica. Nada se ha dicho sobre instituir defensores en ambos casos, para hacer efectivo el cumplimiento, corrección y hasta imposición de sanciones administrativas a esos poderes fácticos, aunque el peñismo hizo tanta alharaca prometiendo su control. Se requiere, con urgencia, un ombudsman (árbitros entre el gobierno y los ciudadanos, cuyo origen se remonta a 1809, como creación del parlamento sueco; consultar, de Víctor Fairén Guillén, El defensor del pueblo, editorial Centro de Estudios Constitucionales) para reforzar el derecho de audiencia, como derecho de réplica que debe ser atendido de inmediato. Y el derecho a recibir información veraz al máximo, acreditando fuentes.

 

Los del Pacto por México (el México de las elites políticas y económicas, en una nueva alianza oligárquica-plutocrática) aseguran que incluirán esas reformas para reglamentar su cumplimiento administrativo. Así las cosas, los poderes fácticos son más poderosos que nunca por su complicidad a la luz del día con el presidencialismo peñista y los partidos, principalmente Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, con sus excepciones. Y el apoyo de uno que otro tránsfuga… como Purificación Carpinteyro, que se desgarra las vestiduras en su curul de “izquierda”.

 

Pero estas tretas no sólo se dan en los medios de comunicación audiovisuales. Los hombres de presa, mediante prestanombres, compran periódicos y revistas para tener poder político y económico, para ponerles un escudo a sus empresas (hospitales, hoteles, televisión y radio, como Olegario Vázquez Raña, dueño de Excélsior), y atacar a los funcionarios que se atraviesan en sus intereses en las entidades donde imperan los “Soles” de otro Vázquez Raña, exmueblero propietario de cuanta organización deportiva hay en nuestro país. Por ejemplo, el suegro de la reciente boda a todo lujo, con despliegue de militares y policías federales para impedir la entrada de visitantes indeseables (entre éstos los reporteros) y dejando pasar sólo a los que tenían invitación con chip: Salinas tiene “mucho que ver” en un diario editado en la capital del país, donde no publica su columna el periodista salinista que lo hace en El Universal.

 

Hay matutinos que se regalan o se rematan (como el Excélsior en lugares muy concurridos o “suscripciones” a domicilio y gratuitas) y contienen propaganda federal y de los estados; que censuran de antemano la información y críticas en su contra, y con inserciones pagadas con apariencia de noticia y análisis “imparciales”. Por ejemplo, El Imparcial, editado en Hermosillo, Sonora, se deja querer por el panista y ladrón del agua del Valle del Yaqui, Guillermo Padrés y hasta parece órgano oficial. En Veracruz, el mal gobierno de Javier Duarte permite el homicidio de periodistas y así intimida a los periódicos jarochos para que no lo toquen.

 

En reciente operación con un prestanombres, la exjefa de prensa de Calderón, involucrada en la manipulación de publicidad oficial (ver la investigación de Nancy Flores en Contralínea, ediciones 331  y 332), al parecer entre rumores, veras y conjeturas, es copropietaria mayoritaria de un diario con inversión de gran calado financiero, para atacar a Peña-PRI y defender a Calderón-PAN. Es una de los cuatro protagonistas del uso político de la publicidad, que junto a Calderón, Max Cortázar y Carlos Olmos Tomasini son responsables del uso faccioso de la publicidad; del botín de 320 millones de pesos de la Secretaría de Salud, donde Olmos fue director de Comunicación y cuya lista negra y neofascista a la Goebbles negó publicidad a Proceso y Contralínea, entre otras publicaciones.

 

La adivinanza está en pie: ¿cuál es el diario donde se dice que la señora Sota tendría las acciones mayoritarias? Quien conteste acertadamente ganará una suscripción de ese periódico, para tener la desinformación matutina y sesgada, al estilo de Canal 40 y Televisa o de Radio Centro, sobre todo con Jesús Martín Mendoza. Adivinen, adivinadores.