El “desgobernador” López Valdez impone la previa censura con inquisiciones judiciales a las libertades de opinión, crítica e información

para María Guadalupe García

y Lucio Servín

Los desgobernadores se mandan solos. Es decir, ninguno se somete al imperio de sus constituciones políticas locales, que son 31; y mucho menos, acatan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Suprema de la Nación. Andan sueltos como modernos trogloditas en Chiapas, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Morelos o Michoacán, con su desgobernador de facto, Alfredo Castillo; lo mismo en Quintana Roo que en Campeche; del Centro, la Ciudad de México; a la periferia, por todas las entidades. Durante los 19 meses del peñismo ya hay 16 mil 695 homicidios en el recuento crítico que hace el periodista Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder (Excélsior, 18 de agosto de 2014).

En esa suma están los periodistas: trabajadores de los medios de comunicación, en su mayoría reporteros. La delincuencia política de quienes ocupan cargos públicos, con balas de goma o de plomo, mandan eliminarlos para que entiendan los demás que las libertades de prensa como derecho humano han dejado de estar vigentes. La constitucionalidad federal y las estatales han sido suspendidas por el creciente autoritarismo para amordazar a la prensa e impedir que cumpla con sus funciones de informar, analizar, criticar y opinar sobre los actos y omisiones de la vida pública y privada, cuando ésta se vuelve pública.

En nuestro país asistimos a la apertura, con visos de abismo, que “separa las constituciones escritas de las seudoconstituciones vividas” (Alain Rouquié, La tentación autoritaria). Así, la sociedad civil se ve privada desde la mínima libertad de expresión para difundir opiniones, información e ideas, como lo determina la ley suprema, cada vez con más contrarreformas antidemocráticas (porque el pueblo no es tomado en cuenta), para imponer la censura previa e inquisiciones administrativas y judiciales como sanciones penales. Ante la falta de eficacia de los poderes políticos en los estados, en la capital del país, y no se diga del poder federal-presidencialista, la manu militari ha ido sustituyendo cada vez más a la mano civil, y eso abrió espacios para la impunidad de los desgobernadores que hacen y deshacen en sus jurisdicciones y atacan las libertades de prensa.

En estos días aciagos para la República, Sinaloa es ejemplo de la censura previa al trabajo periodístico, al imponer severas limitaciones para informar a la opinión pública. El dueño de un casi monopolio de ferreterías, un engendro del Partido Acción Nacional –aunque antes era del Partido Revolucionario Institucional, pero cambió de chaqueta y de antifaz–, apodado como integrante del cártel del abuso del poder: Malova, con nombre para efectos de investigación Mario López Valdez, con la complicidad de los diputados del Congreso de Sinaloa y de los legisladores federales, porque han guardado silencio y esto es hacerle a los compinches, puso en vigor lo que ya se conoce como la Ley Mordaza, según informan los reporteros-corresponsales Édgar Sánchez, Jaime Valdez e Irene Sánchez (Reforma y La Jornada, 1 de agosto de 2014).

Esta ley impone severas, draconianas, sanciones penales a quienes, cumpliendo con su deber y en ejercicio de sus derechos como periodistas, obtengan videos, fotografías y tomen notas de los hechos que los adeptos de Malova clasifiquen como delictivos. Y tampoco podrán publicar los nombres de las víctimas de homicidio. Pero la Constitución prohíbe imponer la censura previa, como está haciendo el desgobernador de Sinaloa, comportándose como dictadorcillo.

En sus feudos de horca y cuchillo, los desgobernadores son ladrones de los dineros públicos. Han endeudado a sus entidades con su mal gobierno y caminan a la par del autoritarismo presidencial-peñista, apoyándose mutuamente en un toma y daca para irse por la libre, marginando la legalidad una vez que perdieron legitimidad. La Ley Mordaza que impera en Sinaloa, por orden de los diputetes y de su amo Malova, es un ataque impune a los derechos humanos que la Secretaría de Gobernación-Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Miranda y el mismo Enrique Peña Nieto tanto insisten en que son respetados. Pero esto es en los discursos; como los que indican que ha bajado la inseguridad criminal y sangrienta. Porque en la realidad, los mexicanos siguen siendo presas de los abusos del poder militar-policiaco del Estado fallido que tenemos. Y los derechos son pisoteados por los funcionarios municipales, estatales y federales, a lo que hay que agregar las persecuciones fiscales y el espionaje hacendario, para que cumplan con las obligaciones de pagar impuestos, sufriendo el encarecimiento de los precios de bienes y servicios gubernamentales.

La perversa maniobra de Malova y los diputados de Sinaloa (que también incluye a los senadores, por dar la espalda a la entidad que representan) es una de las más bárbaras censuras e inquisiciones judiciales, para imponer –de hecho– contrarreformas a los Artículos 6 y 7 constitucionales. López Valdez encabeza una rebelión para interrumpir la observancia de la Constitución, y ha establecido en Sinaloa un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, si no es que también el desgobernador ha suprimido el Artículo 136 de la Constitución.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

 Contralínea 403 / del 14 de Septiembre al 20 de Septiembre 2014