Padrés y el Chapo: entre la censura y las balas

El país es un hervidero de problemas sociales, económicos, políticos y culturales que compete a los funcionarios de las élites gobernantes resolver (si cumplieran medianamente sus obligaciones). La sociedad civil está enojada. Y transita su desesperación en el filo de una alternativa: ejercer la democracia directa (la democracia representativa o indirecta no está funcionando), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 39 constitucional, o a la violencia del narcotráfico, las delincuencias y la militar-policiaca se sumará la violencia (cuya cabeza asoma en el aumento de manifestaciones contra actos y omisiones autoritarias del abuso del poder, sustentadas en el artículo 9 constitucional) de obreros, campesinos, empleados e indígenas, que muestran el rostro del malestar social que inunda al país, donde nadan más de 100 millones de mexicanos.

Por la impunidad de que gozan los malos gobernantes, la corrupción con la que se enriquecen y su desacato al principio (artículo 136 constitucional) de que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”; apuntalado por eso de que: “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, ha llegado al límite la paciencia de la sociedad para soportar, del foxismo al calderonismo, las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones administrativas, judiciales y legislativas de funcionarios municipales, estatales y federales. Metido hasta el cuello en el botín del poder y sus abusos, el presidencialismo panista tiene a la nación en un tris del estallamiento.

Otro problema incendiario es la censura a los medios de comunicación. Particularmente a los que informan los abusos del poder gubernamental (y sus cómplices en el sector privado, encabezados por Televisa), y someten a la crítica sus actos y omisiones, sustentada en la veracidad de hechos. El desgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, del Partido Acción Nacional, ya superó a los trogloditas del Revolucionario Institucional Ulises Ruiz y Mario Marín. Es un saqueo a la hacienda pública, donde hasta familiares participan, como el hermano y el cuñado de Padrés. Además, debe sumarse el robo de agua al Sur sonorense que éste insiste en llevar a cabo a través de un acueducto, para saquear el escaso líquido de la presa Álvaro Obregón, alias El Novillo (hoy, a la mitad de su capacidad) y dejar sin agua al Valle del Yaqui. Su necedad rebasa toda racionalidad, cuando una o dos desaladoras resolverían la sed de todo Sonora. Pero, en las obras del acueducto hay un botín.

Reporteros de medios escritos y de radio del municipio de Cajeme, con su cabecera, Ciudad Obregón, con mucho esfuerzo organizaron un encuentro con otros periodistas (Miguel Badillo, director de la revista Contralínea; Humberto Musacchio, y este columnista), para analizar cómo Padrés ha sobornado editores y concesionarios de periódicos y radiodifusoras, para censurar la información y uniformarlos servilmente. El encuentro titulado “La libertad de prensa: entre las balas y la censura” duró una semana. Y es que las delincuencias y sicarios del narcotráfico, han asesinado, secuestrado y desaparecido periodistas; los que sobreviven padecen amenazas, agresiones y despidos de sus fuentes de trabajo por presiones de Padrés y la cobarde complicidad de concesionarios y editores.

El Chapo Guzmán y sus compañeros-enemigos de viaje sangriento del narcotráfico imponen con balas la censura a la prensa. Y el desgobernador Padrés, con sus panistas (aunque ha dividido al PAN de Sonora y a los sonorenses), utilizando dinero disfrazado de publicidad, sobornos y compra de reporteros, también ha implantado la censura previa y ha promovido inquisiciones administrativas para suprimir las libertades de expresión y de publicar y comentar la información de por sí manipulada. No hay diferencia entre el Chapo Guzmán y Guillermo Padrés. Son las dos caras de la misma moneda. Las balas del capo desde el poder de la delincuencia y los sobornos del desgobernador desde el abuso del poder gubernamental han suprimido los derechos de la libertad de prensa de quienes quieren informar y criticar lo que los medios de comunicación comprados han silenciado. Así, entre balas y censura han cancelado las libertades de prensa y abrogado sus derechos constitucionales en Sonora.

*Periodista