Con el Partido Acción Nacional (PAN), que ha tenido la sartén por el mango del presidencialismo, la nación ha sufrido el peor empobrecimiento, desempleo, impunidad y corrupción en grado de rateros, que han hecho de los cargos públicos un botín familiar de Vicente-Marta y Felipe-Margarita, en complicidad con sus amigos, socios, cuñados, primos, tal y como lo documenta sobre Calderón y Zavala el periodista Francisco Cruz Jiménez en su libro Las concesiones del poder (editorial Planeta-Temas de Hoy, 2011).
Tan es así que los dos enclaves considerados la mayor “peste depredadora” en más de medio siglo, el antiguo régimen priísta (1946-2000) y el mismo alemanismo con su lópezportillismo ya fueron superados por las raterías, abusos y adicciones de esas dos familias y sus cómplices. En dos sexenios, foxistas y calderonistas arrasaron, se enriquecieron y la palabra no es otra que robaron como dos cárteles de la delincuencia organizada desde el poder presidencial y sus 20 secretarías, aunados el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Lotería Nacional, Pronósticos Deportivos, Petróleos Mexicanos… ¡Ladrones con la impunidad tradicional!
Y el foxismo con la carga de la sospechosa fuga del “intocable” capo millonario Joaquín Guzmán, el Chapo; mientras el calderonismo lleva sobre su perverso autoritarismo militar (con tufo a la Victoriano Huerta) más de 70 mil homicidios por su no-guerra que, en un sistema democrático y republicano, es como para que al salir del Congreso, tras rendir su Sexto Informe de Gobierno, sea detenido para rendir cuentas de esos crímenes y esa rapiña, ante un juicio político y luego remitido a juicio penal, para lo cual se dispone de un año.
En 12 años han ocurrido 76 homicidios contra reporteros, llevados a cabo por las condiciones de violencia sobre todo del calderonismo, donde narcotraficantes con sus matones y funcionarios con sus pistoleros, han jalado los gatillos de sus armas. Pero son los funcionarios quienes tienen en su haber la mayoría de esos asesinatos.
Es tan arrogante Calderón (como lo fue Fox) contra los periodistas –que no son de su agrado por pretender ejercer las libertades constitucionales de la libertad de expresión– que en el puro pitorreo instruyó a su compinche Juan de Dios Castro para crear una fiscalía en la Procuraduría General de la República (PGR), a la sombra de la Subprocuraduría de Derechos Humanos… Según para atender las denuncias por delitos contra periodistas.
Primero con un nombre (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas) y hoy con el de Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, tiene de titular a Laura Angélica Borbolla, quien ante la Comisión Permanente ofreció un “informe” de su ineficacia con los 76 homicidios sin resolver, 13 desapariciones sin la menor pista y 126 investigaciones inconclusas. Total: una Fiscalía que cumple al pie de la letra las “buenas intenciones” de Calderón (y el PAN) de hacer como que hacen… Sin hacer absolutamente nada. La información exhibe que esa Fiscalía solamente hizo “acto de presencia”, con la finalidad de cumplir con un requerimiento, donde presentó el mismo informe que su anterior fiscal (Andrea Becerril, Ricardo Gómez y Horacio Jiménez, reporteros de La Jornada y El Universal, respectivamente, 10 de agosto de 2011).
Está clarísimo que no hay ni idea de lo que debería estar haciendo esa Fiscalía, aparte de que nunca hizo nada desde su implantación, más como un estorbo de la PGR que como un órgano de ministerio público federal para atender cientos de denuncias de agresiones, amenazas, homicidios, secuestros y toda clase de delitos cometidos contra periodistas y que no solamente provienen de las delincuencias, sino de funcionarios de todo nivel que pisotean los derechos humanos de quienes ejercen su trabajo de informar, analizar y criticar los actos y omisiones de quienes aparecen en la escena pública, sean funcionarios o individuos del sector privado. Toda esa indolencia de la Fiscalía se debe a que Calderón y el PAN, como casi todos los que llegan al poder y más cuando lo hacen ilegítimamente, se declaran enemigos de las libertades de prensa, y sobre todo de quienes informan con veracidad y critican sus actos.
Calderón y el PAN (salvo alguna excepción) son enemigos a muerte de los reporteros que, en primera instancia, informan directamente. Y si los delincuentes han arremetido y lo siguen haciendo para intimidarlos y se autocensuren, no se quedan atrás los funcionarios de los desgobernadores, de los presidentes municipales y no se diga del presidencialismo calderonista. La nueva fiscal permanece en la misma conducta que los panistas: nada hace en lo que es, jurídicamente, su obligación. Y políticamente demuestra que no hay la mínima voluntad para actuar. Se acumulan los expedientes en la Fiscalía Especial de la PGR. Así que el informe de Laura Angélica Borbolla es una muestra más de la denegación de justicia. Y de que Calderón y el PAN no están dispuestos a actuar, porque con el resto de los funcionarios y delincuentes, son enemigos a muerte de los periodistas y más si estos cuestionan sus actos con sus informaciones y críticas.
*Periodista
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Fuente: Contralínea 295
