¿Qué cosa es el cuerpo cuando alguien lo desprovee de nombre, de historia, de apellido?
Sara Uribe
“A mi hija la busco en el mundo de los vivos, de los muertos, en todos lados. A donde me dicen [que puede estar] ahí voy. La verdad, duele no…”, a Manuel Ramírez se le quiebra la voz y, al tiempo, se le humedecen los ojos; respira hondo y, después de un breve momento de flaqueza, continúa: “duele no dar con [el paradero de] mi hija. De pronto me canso, me siento mal, frustrado. Siento que le he fallado a mi esposa por no encontrar a nuestra hija; eso me llena de dolor, me siento mal conmigo mismo. Pero sólo Dios dirá cuándo encontraremos a mi hija”.
Para él y su familia, las primeras horas de no saber nada de Mónica Alejandrina se convirtieron en días, meses, luego en años: 15 años de llevar a cuestas el dolor de su ausencia y de la infructuosa búsqueda que, irremediablemente, se ha topado con autoridades insensibles, burócratas que nada hacen por encontrar a Mónica y a los miles de desaparecidos de este país, unas 45 mil personas en esa condición.
Al momento de su desaparición, ocurrida en las inmediaciones de la estación de metro Martín Carrera en 2004, Mónica estudiaba psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus vecinos Jesús Martín Contreras Hernández y Marlon Gaona Espinoza fueron encontrados culpables de estos hechos y sentenciados a prisión, pero del destino de la joven estudiante no se ha sabido más.
El mundo de los muertos que visita don Manuel con la esperanza de encontrar aunque sea los restos de Mónica es el mismo al que acuden centenas de familiares de desaparecidos: los servicios médicos forenses que apilan miles de restos humanos, muchos de los cuales acaban en fosas comunes sin dar oportunidad a sus seres queridos de despedirse, de enterrarlos o incinerarlos y así buscar resignación.
Grace Fernández considera que es muy posible que alguno de los 26 mil cuerpos sin identificar en México sea el de su hermano, Dan Jeremeel Fernández, quien fue desaparecido por militares en Torreón, Coahuila, en diciembre de 2008 y a quien ha buscado a lo largo de la República durante más de 10 años.
“Las estadísticas y la experiencia dicen que las personas desaparecidas podrían estar en alguno de los servicios médico forenses [Semefos] del país. Todos los cuerpos sin identificar tienen nombre, apellido y una familia que los busca”, explica en entrevista la joven.
En México existen 60 servicios forenses que dependen de las fiscalías y procuradurías estatales; una revisión hemerográfica hecha por Contralínea revela que al menos en 18 entidades están colapsados o presentan anomalías (Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz).
Cuando alguien sufre la desaparición de un ser querido acude al área de identificación de esas instalaciones, que albergan los registros de personas fallecidas no identificadas.
Para Grace Fernández –una de las fundadoras del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)– el derecho humano a la identidad es fundamental, y por ello es necesario dar nombre a los miles de cuerpos y de fragmentos óseos sin identificar, garantizar un trato digno y devolverlos con sus familias: no merecen el trato denigrante que les dan en los Semefos por la sobresaturación.
Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad jurídica. Para el caso mexicano, la Secretaría de Gobernación (Segob) refiere que “el derecho a la identidad constituye la base mediante la cual se puede acceder a los demás derechos que consagran las leyes y los tratados, ya que permite la individualización de cada persona, haciéndola única e insustituible.
La crisis de los servicios médicos forenses está ligada al contexto violento que, desde hace más de 1 década, sufre México, con un promedio actual de 80 personas asesinadas al día, muchas de las cuales terminan en las también llamadas morgues.
Esa crisis ya nadie la niega: Alejandro Encinas Rodríguez –subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob– reconoció que el saldo actual de la tragedia es de 40 mil personas desaparecidas, más de 1 mil 100 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar. La declaración la hizo el 4 de febrero pasado, durante la presentación del plan de instrumentación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
También en el ámbito internacional se sabe de esta compleja situación. Son “miles de cuerpos y decenas de miles de fragmentos [óseos] sin identificar y sin que se puedan realizar las acciones mínimas indispensables para su identificación”, denunció Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), por medio de una carta enviada en mayo pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El defensor internacional agregó que los servicios públicos mexicanos en materia forense están rebasados en tres sentidos: por el volumen de trabajo que enfrentan; por las condiciones materiales para la realización de sus tareas; y por las capacidades técnicas que se necesitan.
En entrevista con Contralínea, Jesús Peña –representante adjunto de la ONU-DH en el país– señala que el gobierno mexicano ya aceptó que el sistema forense está en crisis. Agrega que la autoridad “ha expresado la voluntad de construir con las familias una solución. Qué bueno que el trabajo que venían haciendo las organizaciones de la sociedad civil ha llevado a un reconocimiento. Esperamos que a la mayor brevedad se concreten acciones que permitan superar la actual situación”.
Desesperada, Grace Fernández señala: “Desde 2006 existen estas violaciones graves a los derechos humanos [asesinatos y desapariciones masivas], y en 12 años no han tenido la capacidad de fortalecer las instituciones [forenses]. ¿Cuánto tiempo más creen que es necesario para fortalecerlas? Tengo 10 años buscando a mi hermano”.
Luego de la desaparición de Dan Jeremeel, la joven –de profesión contadora pública– se volvió activista y se sumó a las decenas de familias organizadas en Coahuila en las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, que se fundó ante la ola de desapariciones que ocasionó en esa entidad la supuesta “guerra” contra el narcotráfico que declaró en diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón.
No obstante la crisis de derechos humanos, las cifras de desaparecidos no se han actualizado desde abril de 2018, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dejó de encargarse del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del fuero común y del fuero federal, y comenzó a corresponderle el registro a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, cuya titular actual es Karla Quintana Osuna. Sin embargo, se calcula que son alrededor de 45 mil víctimas.
La “guerra” contra el narcotráfico fue el detonante de la violencia que se vive actualmente en México, porque “no fue una guerra contra el narco sino contra la gente, fue un ejercicio de legitimación ante la ilegitimidad que tuvo en las urnas Felipe Calderón”, señala la senadora Antares Guadalupe Vázquez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
En este contexto de violencia, el representante adjunto de ONU-DH, Jesús Peña, señala que en México se han cometido múltiples atropellos: “se han violado el derecho humano a la integridad física; el derecho a la vida cuando hablamos de homicidios y de tortura; el derecho a la justicia, donde la experticia forense es un elemento clave tanto para determinar la ocurrencia de la violación como para poder investigar e identificar a los responsables; el derecho de la sociedad a la verdad, a conocer qué sucede en el país”.
Por su parte, la legisladora morenista Antares Vázquez señala que el derecho a la verdad “es ese derecho de los familiares que están buscando a sus hijos, padres, abuelos, a veces por años y que no saben en dónde están, qué les pasó; ¿cómo se encuentra paz si no se sabe en dónde está el familiar?”
En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador –5 de diciembre de 2018 a 3 de junio de 2019– se han registrado 14 mil 133 homicidios dolosos en el país, refiere el Informe de seguridad de la Comisión Nacional de Seguridad.
Aunado a lo anterior, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía registran que entre 2007 y 2016 murieron de manera violenta 304 mil 889 personas; y registros oficiales y de la prensa refieren que en 2017 la cifra superó los 29 mil asesinatos y, en 2018, llegó a 34 mil.
Decenas de miles de esos cuerpos se apilan en los servicios forenses de México. Es inhumano el tratamiento de los cuerpos y restos mortales en México, señala la senadora Antares Guadalupe. Lo menos que una persona merece es un trato humano en la muerte, tener un paradero final como se destine en la familia: incinerado, sepultado, como sea, pero que la familia encuentre paz en el reposo final del familiar”.
Las familias observan que ese trato inhumano no sólo es de los servicios forenses, sino también de otras autoridades que no se coordinan para revertir la crisis. Al respecto, Grace Fernández critica que el fiscal de la República, Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, andan cada quien por su lado. “La que está más cerca es la Secretaría de Gobernación, con Alejandro Encinas y su equipo, pero aún es poco”.
La activista, que desde hace 2 años abandonó su empleo para dedicarse de tiempo completo a la búsqueda de su hermano, agrega: “si uno de los engranajes no se mueve, todo truena”. Por ello, indica, “lo que esperamos del gobierno actual es honestidad y la capacidad de reconocer si no sabe cómo proceder, lo cual no hicieron los gobiernos anteriores, que se dedicaron a negar, minimizar y criminalizar a las víctimas por no tener la capacidad”.
Para la senadora Antares Vázquez, en este rubro “se requiere de un trabajo profundo porque hay cambios culturales que se tienen que hacer, y se debe tener voluntad política que ahora sí hay”.
“Nunca nos han tratado mal ¡pero no investigan!”
Adela Alvarado, quien junto con su esposo Manuel Ramírez busca desde diciembre de 2004 a su hija Mónica Alejandrina, explica que en los servicios médico forenses del Estado de México les han tomado varias pruebas genéticas porque, según les dicen, la ciencia avanza y se requieren muestras nuevas.
“Nunca nos han tratado mal, incluso en las reuniones que tenemos con los ministerios públicos y en las mesas de trabajo nos atienden bien, nos dan un café, un dulce… ¡Pero no investigan! Yo no quiero me que abracen, que me den un beso, que me den café, que me ofrezcan agua… ¡quiero que investiguen! Ése es el sistema del PRI [Partido Revolucionario Institucional], que te da palmaditas, te dicen: ‘pásele, siéntese, qué quiere: agua, un bocadillo. A eso se reduce todo y eso no es lo que queremos”.
Según Jaime Gómez Sánchez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en los Semefos de esa entidad hay 3 mil 275 cuerpos sin identificar (Excélsior, “Hay cinco mil 930 cuerpos sin identificar; datos de fiscalías y Semefos”, 11 de octubre de 2018).
Esa cifra podría ser superior, pues sólo de enero a abril de 2019 se han registrado 1 mil 196 homicidios en el Estado de México, indica el reporte Incidencia delictiva del fuero común 2019, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Manuel Ramírez explica que antes no existía orden en los Semefos de esa entidad. “Ahora ya zonificaron por áreas. Cuando desapareció mi hija estaban dispersos. Antes íbamos a Texcoco, Amecameca, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla”.
La senadora Antares Vázquez señala que hay un problema crónico en los servicios forenses del país. Y recuerda que cuando estudiaba medicina y pasaba por el Semefo de la Ciudad de México, ubicado en Niños Héroes, el hedor a muerto era intolerable e, incluso, asegura que los fluidos de los cuerpos podían observarse.
“No estábamos en la crisis actual, el Semefo estaba rebasado en cuanto a que no había refrigeradores. Todo lo que ha tenido que ver con servicios periciales ha sido descuidado en este país, lo que impide el acceso a la justicia para la gente porque se quedan impunes las situaciones.”
Según uno de los peritos del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) –que solicitó el anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa– asegura que ya no hay ese tipo de problemas porque, a diferencia de lo que ocurre en otros estados, el Incifo cuenta con un departamento de identificación que alberga un archivo “bastante grande en relación con todos los cadáveres que ingresan sin identificar y tiene el espacio suficiente para los cuerpos que surgen [sic] a diario en las alcaldías”.
Sin embargo, el padre de Mónica Alejandrina refiere que en el Incifo no se puede acceder a los registros forenses. “Sólo toman nuestros datos pero no nos permiten entrar, nos dicen que si hay algo nos llaman. No nos dejan acceder a los libros, a las imágenes; dicen que son muy fuertes, pero nosotros lo vemos en todas partes: soy médico y lo puedo soportar”.
El 22 de mayo pasado, la doctora en derecho Zoraida García Castillo –coordinadora de la carrera en ciencias forenses de la UNAM– señaló que los problemas de los Semefos son estructurales por lo que hay que reconocerlo y corregirlo.
En el acto oficial de la disculpa pública a la familia de Lesvy Berlín Rivera, la investigadora indicó que se deben formar expertos con perspectiva de respeto a los derechos humanos. “Los servicios forenses necesitan atención, apoyo, mejores sueldos, más personal, infraestructura moderna y recursos para trabajar, pero sobre todo necesitan coordinarse entre sí y con el Ministerio Público. Es momento de reflexionar en eso”.
Los colectivos de familiares y defensores de derechos humanos hacen su parte: están en el campo, buscando, destapando fosas, subsidiando el trabajo del Estado mexicano, advierte Grace Fernández. Entonces, “¿por qué el Estado no lo hace, no quiere, no puede, no le conviene? ¿Por qué los colectivos son los que están llenando los Semefos con restos? ¿Qué falta, que también nos metamos a la identificación de ADN? ¿Qué tomemos el trabajo de los Semefos y hagamos autopsias? ¿Qué más quiere el Estado que nosotros hagamos?”
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Cuando Grace Fernández y su mamá comenzaron la búsqueda de Dan Jeremeel, los familiares de las víctimas no estaban organizados: por falta de respuesta de las autoridades, los caminos de personas, colectivos y organizaciones de diferentes partes del país coincidieron. Ahora luchan juntos por justicia.
“Comprendimos que íbamos a tener más fuerza juntos. Aunque hay muchas más organizaciones, Serapaz y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios ayudaron a coordinar y a acercar a los colectivos; así comenzamos a tener más incidencia con las familias para hacer el insumo de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.”
La Ley General fue construida en el Senado por tres partes negociadoras: la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación –con el entonces subsecretario Roberto Campa– y el equipo técnico (abogados y familias) del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
“Con la Comisión había acercamiento, pero no le dieron recursos; entonces no hubo forma de que avanzáramos más allá. A final de cuentas, si no hay recursos que fortalezcan esa voluntad no va a ver avance”, expresa Grace.
Adela Álvarez, quien busca a su hija Mónica Alejandrina y también es integrante del MNDM, explica que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha habido más interacción que con la anterior administración.
Para Adela, no todo lo que se hizo en el pasado está mal. Ejemplo de ello, dice, es la propia ley en materia de desaparición forzada. Sin embargo, señala: “De qué sirve que tengas un instrumento legal si no tienes una voluntad política y financiera para llevarlo a la práctica. Al actual gobierno le dijimos lo que podíamos recuperar con la intención de no querer iniciar de cero, porque eso es deslegitimar el esfuerzo de las familias”
La senadora Antares Guadalupe Vázquez observa que en administraciones anteriores la impartición de justicia se desdeñó: hay un “rezago pavoroso” en este ámbito. En cuanto a la crisis forense, expresa que debido a la impunidad y falta de justicia, “en los servicios periciales del país ha imperado la corrupción”.
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Por la urgencia de identificación de cuerpos y restos óseos, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México demandó al Estado mexicano la creación de un mecanismo extraordinario de identificación forense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Kingston, Jamaica.
En el marco del 172 periodo de sesiones de la CIDH, el Movimiento participó en la audiencia “Las desapariciones forzadas y la propuesta del mecanismo extraordinario de identificación forense en México”, en la que recomendó un órgano especial, con independencia técnica y administrativa, recursos propios, apoyo internacional técnico y financiero, a fin de abordar la problemática forense en materia de identificación de personas.
“Estamos pidiendo que sea un mecanismo extraordinario porque la violencia y las muertes no han bajado, lo que quiere decir que los servicios forenses siguen recibiendo cuerpos. El sistema forense está ahogado y no va a haber forma de que caminen en la identificación. Lo que decimos es que pidan ayuda internacional, que sea diferente a lo que se tiene en el sistema de procuración de justicia en los servicios periciales, porque no confiamos en la institución”, dice en entrevista Grace Fernández.
Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a abril de 2019 se han registrado 14 mil 620 homicidios a nivel nacional, lo que se traduce en 121 asesinatos al día. A lo anterior se deben sumar las muertes por otras causas que en algunos casos también implican a los servicios forenses, como accidentes, decesos naturales o por enfermedad.
El mecanismo de identificación forense es apoyado por la Organización de las Naciones Unidas, quien ha instado al Estado mexicano para que en éste participen las familias, organizaciones civiles e instituciones académicas, con procedimientos de evaluación de calidad del trabajo, transparencia y rendición de cuentas, y que la información forense contribuya a la identificación y a las investigaciones.
Jesús Peña, representante adjunto en México de ONU-DH, dice en entrevista que si bien se le han dado distintos nombres a ese mecanismo, todas las propuestas “apuntan a un tipo de asistencia técnica que permita atender la situación de emergencia forense actual, y que permita identificar cadáveres y restos óseos”.
Grace Fernández comenta que el MNDM tiene una alianza estratégica con el Encuentro Forense (un grupo integrado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, antropólogos mexicanos y la Cruz Roja Internacional), con quienes han realizado diagnósticos sobre el sistema mexicano. Actualmente trabajan en la propuesta del mecanismo extraordinario, a la vez que se discute con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda.
“Todavía les cuesta entender [a los funcionarios del gobierno federal]: reconocen que hay una necesidad urgente de identificación [de cuerpos], pero al mecanismo extraordinario dicen no. Le quieren apostar al Instituto Nacional Forense. ¿Cuánto tiempo se van a tardar en crearlo si va a requerir del apoyo, colaboración y coordinación de los estados que no han querido invertir por años en esto?”, se pregunta la integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
La desconfianza en los servicios periciales del país ha orillado a las familias de desaparecidos a exigir peritajes independientes. “Que [los peritos] no tengan quién les diga qué decir y den certeza a las familias”, comenta Fernández.
Asimismo señala: “La mayoría de los financiamientos independientes son llevados a cabo por las organizaciones. No es que no confiemos en el trabajo del perito, en quien no confiamos es en la institución que representa, no confiamos en que tengan autonomía técnica”.
Para Manuel Ramírez, padre de Mónica Alejandrina, es desesperante no encontrar a las personas vivas o sus cuerpos: los pocos que sí se llegan a localizar es gracias al trabajo de las familias, organizaciones y colectivos que realizan las búsquedas con sus propios recursos; no obstante, cuando se hayan restos no hay recursos públicos para poder aplicar pruebas de ADN e identificar los cadáveres.
Una de las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es financiar peritajes independientes, sin embargo, Grace Fernández comenta que son pocos los que se han pagado “porque la Comisión pone trabas y trabaja más para no dar que para ver cómo ayuda”.
Isaac Hernández
[INVESTIGACIÓN] [SOCIEDAD] [D] [SEMANA]
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