Neoliberalismo y política pública del agua en México

Nadie como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado instalar con eficacia y claridad la narrativa que plantea un antagonismo entre un bando conservador y otro que, a la luz de la visión y misión de su propio gobierno, podríamos denominar como “bando transformador”.

La eficacia y claridad radica en la sencillez del planteamiento: conservadores en lo social y en lo político, el bando antagónico a la transformación del país pretende en lo fundamental conservar los privilegios que ha obtenido a través de décadas de abuso de su poder político y económico, en donde los mecanismos para concentrar ese poder han sido el saqueo y la corrupción. En consecuencia, el gobierno que el presidente encabeza y el poder popular emanado de las urnas deberá avocarse a desmantelar las estructuras que sostienen esos mecanismos para así sentar las bases de lo que se ha denominado “la cuarta transformación de la vida pública del país”.

Pero el saqueo no se da únicamente por la mera voluntad coordinada de los grupos oligárquicos con los funcionarios y políticos corruptos ya que fundamentalmente existe un entramado jurídico y económico que lo posibilita y fomenta; y justo contra ese entramado es que se ha dirigido también la narrativa crítica del nuevo régimen: en contra del neoliberalismo –en forma por demás intensa y sistemática– incurriendo incluso en el exceso de nombrar a cualquier cosa que pertenezca al pasado inmediato como neoliberal por el solo hecho de situarse justo en ese lapso histórico de tiempo pretendiendo soslayar que el neoliberalismo es esencialmente un modelo económico.

Ese modelo de desarrollo económico ha logrado concentrar la riqueza en unas cuantas manos gracias a la obtención de ganancias extraordinarias fruto de la precarización laboral, la súper explotación del trabajo (eufemísticamente llamada productividad), el adelgazamiento famélico del Estado y, muy especialmente, por el despojo y expoliación de los recursos naturales de la nación. Para sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo distinto se deben transformar los pilares jurídicos sobre los que el neoliberalismo mexicano descansa y es justo allí donde la cuarta transformación parece ir a un ritmo desfasado de su propia narrativa.

Al respecto pudiera entenderse la cautela legislativa con la que ha procedido la cuarta transformación, ya que sin un modelo de desarrollo económico adoptado plenamente para sustituir al neoliberal, priva una heterodoxia en la que se mezclan los anhelos de un Estado de bienestar con varios fundamentos del desarrollo estabilizador pero además con un manejo pragmático e inconfundiblemente neoliberal de las principales variables de la política económica. Es así que ante ese tránsito incierto hacia un modelo de desarrollo económico alternativo parecen pensar que es “mejor ni moverle todavía ” a los verdaderos pilares jurídicos del neoliberalismo mexicano.

Es apenas en tiempos recientes que se han aprobado tenues reformas a Ley de la Industria Eléctrica y se ha presentado para su discusión una reforma a la Ley de Hidrocarburos. A pesar del acotado alcance de los cambios propuestos, estas reformas ha propiciado la furia de los conservadores que no están dispuestos a ceder ni un ápice en sus privilegios ni en el subsidio a sus negocios. Sin embargo, para desmontar el principal entramado jurídico que sostiene al neoliberalismo se requiere además sustituir o modificar al menos una veintena de leyes secundarias, principalmente las que derivan de la reforma energética de Enrique Peña Nieto y de la reforma que creo el mercado de tierras y aguas de Carlos Salinas de Gortari incluida, desde luego, la Ley de Aguas Nacionales (LAN).

Sin embargo, la cuarta transformación parece instalarse en un estadio intermedio de reformas concentrando todos sus esfuerzos en disminuir y atenuar las enormes desigualdades que ha generado el modelo neoliberal. En ese sentido no puede escatimarse ninguno de sus logros, entre los que destacan el sustento constitucional que soporta un ambicioso programa de ayudas y apoyos directos, convertidos en derechos sociales, que son el eje de la política de bienestar y las reformas laborales (incluyendo la educativa) y la de seguridad social. Es así que en la lucha contra la desigualdad pareciera refrendarse el postulado de la lejana campaña electoral de 2006: “por el bien de todos primero los pobres”.

Pero hay pobres entre los pobres y en la pobreza extrema la ausencia de acceso a agua de calidad o al servicio público de agua y saneamiento son síntoma y a la vez causa de esa pobreza. No puede combatirse en forma efectiva la desigualdad social si los habitantes del país no pueden acceder en forma accesible, segura, salubre y asequible a agua de calidad, es decir, si éstos no pueden ejercer su derecho humano al acceso al agua. En México la desigualdad en el acceso al agua puede llegar a ser tan abismal que, ya no digamos en una misma cuenca o región geográfica, sino que en un mismo perímetro pueden guardar proximidad comunidades o colonias que acaso tienen acceso al agua por tandeo o pipa una dos ocasiones por mes al tiempo que comparten cercanía con fábricas e industrias o con cerveceras o explotaciones mineras que tienen garantizado el acceso al agua a razón de millones de metros cúbicos al año mediante concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que pueden durar hasta 30 años con derecho a prórroga; ese es el legado neoliberal de la LAN vigente.

En la gestión y administración de las aguas del país se da también uno de los aspectos mas atroces de la injusticia social: centenares de comunidades y municipios condenados a regar sus campos, preparar alimentos y beber de fuentes con agua contaminada por metales pesados, arsénico inorgánico y contaminantes orgánicos persistentes, todos estos alta o potencialmente cancerígenos (dependiendo de la sustancia), al tiempo que las mineras, las industrias o las compañías agrícolas que contaminan esas fuentes de agua mantienen las concesiones de agua otorgadas por la Conagua sin ninguna sanción ni revocación. Ese es otro de los legados de la neoliberal LAN y para ello tenemos como ejemplo y emblema el caso de la Minera Cananea, del Grupo México, y la contaminación del Río Sonora.

Es lógico que los beneficiarios de este modelo de gestión neoliberal del agua aboguen porque se mantenga ese estado de cosas, naturalmente se alinean en el bando conservador –expresado con toda nitidez en la narrativa presidencial–; de no hacerlo, la fuente de sus rentas extraordinarias terminaría por extinguirse, por eso se articulan entre sí y a través de los órganos cupulares que la propia LAN neoliberal les reconoce (como el Consejo Consultivo del Agua) para hacer todo lo necesario para que esta Ley permanezca vigente y para ello no han vacilado en coludirse con funcionarios y legisladores. Por eso no deja de ser una gran paradoja y una lamentable contradicción que en el bando transformador y en lo que podríamos denominar como la primera línea de transformación del sector agua –tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo– se encuentren o se encontraran operando los personeros de estos intereses, es el caso del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, Feliciano Flores Anguiano, y en primerísimo lugar el de quien hasta hace unos días era la directora general de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros.

Con independencia del “cambio de régimen” o del necesario tránsito hacia un nuevo modelo económico existe la obligación constitucional de expedir una Ley General de Aguas que garantice el acceso equitativo y el uso sustentable del agua para así generar las condiciones para el cumplimiento efectivo del derecho humano al agua y del derecho humano al saneamiento. La conjunción de ambas cosas daría lugar a la necesaria transformación del sector agua y con ello a una nueva política pública que mitigue y resuelva el origen de las desigualdades en el acceso al agua en nuestro país. Transformar el sector agua en el país es uno de los retos que debiera asumir Germán Martínez Santoyo, recién nombrado director general de la Conagua un reto no menor considerando que dicha Comisión bajo el gobierno de la cuarta transformación ha seguido capturada por los grandes intereses económicos.

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Miguel Ángel Montoya*

*Consultor independiente en políticas publicas y legislación. Desde 2006 asesor parlamentario especializado en materia de gestión integral del agua; como tal participó activamente tras las discusiones y redacción de la reforma que plasmó el derecho al acceso al agua y al saneamiento en nuestra Constitución