Con una amplia estructura delictiva que opera en 14 estados de la República y transfiere dinero ilícito mediante empresas fachada hacia Estados Unidos, Países Bajos, Suiza, Bulgaria, Panamá, España, Hungría y Rumanía, el cártel rumano que lidera Florian Tudor es acusado en México de cometer fraudes cibernéticos, blanqueo de capitales, trata de personas (traficar con mujeres para explotación sexual, principalmente rumanas), extorsiones, fraudes y sobornos a funcionarios federales, estatales y municipales, jueces y magistrados, así como a dueños y directivos de medios de comunicación.
Alrededor de 20 empresas, algunas de ellas clasificadas como fantasma por las autoridades fiscales, son investigadas por autoridades mexicanas por tener alguna supuesta relación con el corporativo delincuencial del rumano Tudor, en donde están involucrados accionistas, prestanombres, socios y notarios.
Las empresas involucradas son: Inmobiliaria Investcun, SA de CV; Intacarrent, SA de CV; Europa Invest, SA de CV; Brazil Money Exchange; Intacash Top Life Servicios, S de RL de CV; Ability Project, SA de CV; Commonwealth Financial, SA de CV; Tecnología para la Industria de la Construcción, SA de CV; Momvavi Grupo Constructor, SA de CV; Corporativo de Asistencia en Salud GAMA, SA de CV; Party Brothers, SA de CV; Servicios Dolby, SA de CV; Servicios Corporativos Mimoga, SA de CV; Alto Mundo Gym Technology, S de RL de CV; Zamarripa Consulting, SA de CV; Mercadotecnia Royal; Mexrou Comercializadora, S de RL de CV; Intaller, S de RL de CV; D&d Events Act; Intacarrent, SA de CV.
Relacionado con el Cártel del Pacífico, el rumano Tudor, apodado Rechinu, tiene dos centros principales de operación, uno en Cancún, Quintana Roo, y el otro en su país natal, Rumanía, y desde ambas sedes maneja una red delincuencial internacional que involucra a cinco países de América: Estados Unidos, México, Brasil, Paraguay e Islas Barbados; tres de Europa: Rumanía, Italia y España; y ocho de Asia: Rusia, Corea del Sur, China, Japón, India, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos (Dubái) e Indonesia.
De acuerdo con el expediente abierto en la Fiscalía General de la República (FGR) y que contiene informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) –además del intercambio de información con las agencias estadunidenses DEA y FBI–, Florian Tudor estableció en México un imperio delincuencial desde el gobierno panista de Felipe Calderón, el cual continuó con Enrique Peña Nieto y cuya operación sigue en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que este ciudadano rumano tiene procesos penales abiertos y peticiones de extradición de Rumanía y Estados Unidos.
En más de 10 años, el cártel rumano ha con seguido extender sus actividades delictivas a 14 estados del país: Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Puebla y Veracruz.
Esta banda delincuencial ha ingresado ilegalmente a sistemas informáticos (hackeo) de instituciones financieras –como BBVA y Banorte–, realiza clonaciones de tarjetas bancarias, hace transferencias internacionales de dinero sucio, lava dinero mediante inversiones para adquirir inmuebles, trafica mujeres para explotación sexual y adquiere terrenos mediante la intimidación y homicidios en varios estados del país.
También el FBI descubrió fraudes de ese grupo con tarjetas bancarias de Wells Fargo, Citibanamex, BBVA (antes Bancomer), Chase Manhattan Bank, TD Banbk y Banortemáticos.
Los integrantes de este cártel, a quienes la UIF ya les bloqueó cuentas bancarias desde el pasado 4 de febrero, son además de su líder Florian Tudor y su esposa Iuliana Tudor Rebeca, un grupo de operadores financieros encabezados por el también rumano Ion Damian Nedescu, alias el Cerebro; Adrián Ninel Enachescu, cuñado de Tudor; el libanés Hakib Naif Ifram Al Boustany, y Cosmin Adrián Nicolae.
Otros operadores de la organización son: Alexan dr Chll, Ion Viorel Pe Rou Bunea; Bodgan Stefan Tudorascu, alias Bambino; Sorin Velcu, alias el Músculo; Ghita Razvan Alin; Nicolae Iulian Boiangiu, encargado de las relaciones públicas del grupo; Alejandro Enrique Arcos Romero; Iaranul Cararal; Daniel Ionete Paul; el cubano Dariel Olivera Ramos; la colombiana Paula Andrea Aguilera Corredor; Ifram Alboustany; Chaquib Naif; Aurelian Marcu, alias Aurelio; Aníbal A Canelón Aguirre; y José Luis Núñez Amézquita.
El principal encargado de la banda para blanquear dinero ilícito es Hakib Naif Ifram Al Boustany, de origen libanés y naturalizado mexicano e integrante de un grupo de 10 extranjeros que se apropian de terrenos mediante secuestros, hostigamiento y homicidio. Es dueño de Bookers Travel & Adventure e Intacash, también propietario de la casa de empeño El Brillante, en Cancún, la cual es supuestamente utilizada para actividades delictivas.
Las autoridades mexicanas también han identificado una lista de notarios públicos que han “prestado sus servicios” para que este cártel rumano constituya empresas fachada y se apropie de bienes inmuebles: Ricardo Adrián Samos Medina, titular de la Notaría 41 y exdirector de SSP de Benito Juárez; Javier Jesús Rivero Ramírez; Oswaldo Antonio Canto Marmol; Luis Gabriel Palacios Velasco; Julio César Traconis Várguez, auxiliar de la Notaría 41; Luis Miguel Cámara Patrón y Marco Antonio Sánchez Vales.
En la operación mediática que utiliza Florian Tudor aparecen, según documentos de las áreas de inteligencia del Estado, varios dueños y directivos de medios de comunicación, principalmente cuatro periódicos del Sureste del país (de Quintana Roo y Tabasco).
Como operadores jurídicos de Tudor aparecen Cosmin Adrián y Chakib Naif Ifram desde el 6 de diciembre de 2019; y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo también participan Eddy Pérez Escobar, agente del Ministerio Público en la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia (2011-2018); Jonathan Medina Nava, fiscal del MP en la Fiscalía de Investigación de Cancún, desde 2013; Clementino Nicolás Paz González, agente de la Policía Judicial de la Unidad de Delitos Contra la Vida y la Salud de la FGJ (2002) y policía preventivo de la SP de Othón P. Blanco, Quintana Roo (enero-septiembre de 2002).
Otros expolicías involucrados del municipio de Benito Juárez y que fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo por el delito de usurpación de funciones (25/01/2020) son Mauricio Serrano Córdova, Leonel Lázaro Rodríguez, Carlos Hernández Ramírez y Efraín Leyva Lázaro. Otros 15 policías fueron suspendidos por intervenir en un motín.
El líder Florian Tudor también tiene nexos con Remberto Estrada Barba, alias Rembi, quien fungió como presidente municipal de Benito Juárez de 2016 a 2018 y también fue diputado federal por PRI-Verde-Alianza; Luis Adrián Ibarra Ortega, accionista en cinco empresas fantasma que supuestamente son utilizadas por la alcaldesa del Partido Verde por Puerto Morelos (2018-2021), Laura Lynn Fernández Piña, para desviar recursos del ayuntamiento, según investigación de la UIF y de la FGR.
Más personas relacionadas con Tudor son José de la Peña Ruiz de Chávez, diputado local en Quintana Roo por el Partido Verde, a quien investigan por tráfico de influencias y corrupción, además de estar vinculado a los exgobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo; José Luis Jonathan Yong Mendoza, aspirante a diputado local por Morena.
Luis Miguel Zetina Barragán, aspirante a candidato independiente de presidente Municipal de Puerto Morelos e Israel López Salazar son investigados por solicitar dinero a nombre de Morena y del presidente López Obrador para estafar a empresarios de Cancún.
El expolicía Jesús Aíza Kaluf, alias el Sirio, quien ha sido subsecretario de Operaciones en la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz y exsecretario municipal de Seguridad Pública de Benito Juárez, Quintana Roo, se presentó ante la FGR para abogar por Florian Tudor y es investigado por corrupción, abuso de autoridad, fabricación de delitos y lesiones, además de ser accionista en tres empresas.
La UIF descubrió que cuatro de las 12 empresas utilizadas por Tudor para lavar dinero en México y transferirlo a cuentas bancarias internacionales son Ability Project, SA de CV; Commonwealth Financial, SA de CV; Tecnología para la Industria de la Construcción, SA de CV; y Momvavi Grupo Constructor, SA de CV, las cuales muestran también operaciones financieras entre ellas y se identifica como uno de los operadores a Alejandro Enrique Arcos Romero.
Entres algunas de las operaciones financieras realizadas aparece una transferencia por 500 mil pesos que hizo la empresa Ability Project entre 2014 y 2015 para José Luis Núñez Amézquita.
De esas mismas cuatro empresas se transfirieron 2.6 millones de pesos para Adrián Ninel, quien es uno de los operadores financieros de Tudor y de esos fondos trianguló 1.2 millones para la empresa Inmobiliaria Investcum, SA de CV, de la cual es accionista y representante legal.
Una de las principales empresas utilizadas por este cártel para transferir fondos a otros países es Momvavi Grupo Constructor, SA de CV, la cual envía recursos a Estados Unidos, Países Bajos, Suiza, Bulgaria, Panamá, España, Hungría y Rumanía.
El responsable de instalar cajeros arreglados para clonar tarjetas en la Riviera Maya es Ion Damián Nedescu, a través de la empresa Intacash Top Life Servicios, S de RL de CV. También realiza importación de vehículos.
De acuerdo con la investigación de la agencia estadunidense Administración para el Control de Drogas (DEA), una de las principales empresas para blanquear capitales es Party Brothers, de la cual es accionista fundador y administrador único Pablo Mauricio Amezcua Dorador, director de Fiscalización en Cancún e investigado por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, la cual encontró inconsistencias en el ejercicio de la Cuenta Pública.
Amezcua Dorador fue detenido en Miami en agosto de 2019 y le confiscaron miles de dólares y heroína, además de confesar que se dedicaba al lavado de dinero con inversión en desarrollos inmobiliarios en Cancún. Según la DEA, identificó la conexión Cancún-Rumanía para el tráfico ilícito de drogas y trata de personas con fines de explotación sexual.
Otro de los accionistas fundadores de Party Brothers es Laurentio Manea, quien maneja otras dos firmas: Romaten, SL, de la cual es administrador, y Háblale a Lau, en donde sólo es socio. En ambas empresas también participa Guillermo Barrera Lara, socio de Amezcua Dorador y quien tenía 17 millones de dólares en Estados Unidos producto de actividades ilícitas.
Amezcua también tiene vínculos con Gregorio Sánchez Martínez, alias Greg, expresidente municipal de Benito Juárez (2008-2010) y acusado por el gobierno de Argentina por el delito de lavado de dinero y evasión fiscal por la compra de bienes en efectivo, como un predio campestre cerca de Buenos Aires valuado en 2 millones de dólares.
Uno de los exgobernadores relacionado con células delictivas rumanas es Félix Arturo González Canto, pues durante su gestión (2005-2011) el cártel rumano amplió su operación en Cancún para el tráfico de drogas, trata de personas y clonación de tarjetas bancarias. Es investigado por la UIF por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La Auditoría Superior de la Federación descubrió desvío de fondos por 20 millones de pesos durante su gestión y cuenta con decenas de propiedades, franquicias y concesiones.
De acuerdo con información del FBI proporcionada a las autoridades mexicanas, han encontrado supuestos vínculos de Florian Tudor con bandas de venezolanos detenidos en Estados Unidos que se dedicaban también a manipular cajeros automáticos.
Entre los involucrados hay venezolanos y mexicanos: Elio Yoel Moreno González, José Alejandro Osario Echegaray, Isaac Rafael Jorge Romero, Aslhy Javier Galeano Basurto, Wester Eduardo Dugarte, Félix José Villalobos Quintero, Rony Germán Lovera Cárdenas, Wester Eduardo Dugarte Goicoechea, Aníbal Alexander Canelón Aguirre.
Recibe secretaria Rosa Icela Rodríguez a líder de cártel rumanoA principios de marzo, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Roca Icela Rodríguez, sostuvo de manera insólita una reunión privada con el jefe del cártel rumano Florian Tudor, quien por redes sociales había solicitado un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que tiene evidencias y grabaciones de la corrupción por parte de funcionarios federales, estatales y municipales que le han solicitado sobornos a cambio de protección.
De manera inocente, la principal responsable de la seguridad pública del país recibió a Tudor y lo escuchó por varias horas, tiempo en el cual el líder mafioso grabó a la secretaria Rosa Icela sin que ésta lo supiera y sin la menor seguridad por parte de los órganos de inteligencia del Estado. El supuesto empresario rumano alegó en todo momento su inocencia a pesar de las evidentes pruebas que hay en su contra en la Fiscalía General de la República, en donde su titular el doctor Alejandro Gertz Manero también debe estar sorprendido por tal reunión privada, pues si desea hacer alegatos en su favor Tudor debería acudir ante el Ministerio Público Federal.
En el encuentro, la funcionaria federal acordó con el líder del cártel rumano que sería recibido por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, encuentro que por supuesto no ocurrió porque Tudor dejó plantado al responsable de investigar el lavado de dinero del rumano y por lo cual le mantiene varias cuentas bancarias congeladas.
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