El Gobierno del Distrito Federal cedió a la iniciativa privada más de 19 hectáreas de espacio público para su “recuperación”. Las áreas, ubicadas en las principales vialidades de la Ciudad, fueron comprometidas desde 2010 y hasta 2020.
Así, por un plazo de 10 años, Operadora de Integración Urbana, SA de CV; Alianza de Proyectos Estratégicos Bicentenario, SA de CV; y Consorcio JIT, SA de CV, administran, usan y aprovechan los bajo puentes capitalinos a cambio de una contraprestación.
Por los 197 mil 629 metros cuadrados comprometidos, la administración local recibe 1 millón 492 mil 854 pesos mensuales de privados, revelan documentos de la Oficialía Mayor entregados a a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
El monto se deriva de 24 permisos administrativos temporales revocables otorgados por la Oficialía Mayor, en 2010 y 2011, a los particulares en el marco del Programa de Recuperación de Bajo Puentes de la Ciudad de México.
Instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Autoridad del Espacio Público, el Programa fue diseñado para “convertir los bajo puentes, que tradicionalmente se caracterizaban por ser lugares inseguros, bodegas, focos de contaminación, basureros, centros de comercio informal, en espacios públicos de convivencia social y familiar en un esquema de 50 por ciento espacios de convivencia social, 30 por ciento áreas comerciales y 20 por ciento estacionamientos controlados” –tal como lo señala el boletín de prensa SIID-046-2013, fechado el 8 de mayo de 2013, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Las rentas por cada uno de los 24 permisos, que corresponden a igual número de bajo puentes, oscilan entre los 3 mil y los 186 mil pesos mensuales, siendo el más caro el ubicado en el cruce de Circuito Interior, tramo Avenida Río Churubusco, con Avenida Apatlaco y Eje 5 Sur (Purísima).
Distribuidos en nueve delegaciones, los bajo puentes concesionados son administrados en su mayoría por Operadora de Integración Urbana, SA de CV, quien con la posesión de 19 permisos controla el 79 por ciento de las áreas. Entre ellas, los únicos siete bajo puentes que se encuentran en operación.
Se trata del bajo puente ubicado en Circuito Interior Bicentenario, cruce con Molinos y Eje 7 Sur-Extremadura (afuera de la estación Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo Metro), donde se encuentran dos tiendas de conveniencia Go Mart, el Verificentro BJ9025, una panadería Panmex, un establecimiento Subway, una sucursal de Supertacos Chupacabras, unos baños públicos, un gimnasio al aire libre y cuatro locales desocupados.
En el bajo puente del cruce de Circuito Interior con Avenida División de Norte se ubican los restaurantes El Camarón Panzón, La Marisquiza de Tepic, Los Generalitos y Subway, una tienda Oxxo, la empresa de envíos UPS Express y un local que comercializa azulejos, además de juegos infantiles, un gimnasio al aire libre y estacionamiento.
Se cuenta también el bajo puente ubicado en el cruce de Circuito Interior y Eje 3 Poniente-Avenida Coyoacán y Avenida Universidad, por el que Operadora de Integración paga una contraprestación al Gobierno del Distrito Federal de 107 mil 382 pesos mensuales.
En los más de 12 mil metros cuadrados, la empresa subarrenda 23 locales comerciales a Tostadas y Tacos Chupacabras; Calumma: Ensaladas y Dulces; Horny Dogs; Tepoznieves; Mapa (Bar); 107 (Bar); Restaurante Asadaero; Panaderías y Pastelerías Esperanza; Rosticerías Santo Gallo; Axxa Seguros; Multifarmacias Genéricos; Don Ceviche; UPS Express; Oxxo; Tortas Locas Hipocampo; Pizzas Plaza; Finca Santa Veracruz; McDonald’s; Punto Ferta; Los Tres Cochinitos (restaurante); Giant (bicicletas); Seminuevos Chevrolet; y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el lugar también hay estacionamientos y juegos infantiles.
En el cruce de Circuito Interior y Calzada México Tacuba, Operadora de Integración Urbana subarrenda locales a Panaderías y Pastelerías Esperanza, Rosticerías Santo Gallo y Alianza Express. También operan en el sitio un estacionamiento, una escuela de judo de la delegación Miguel Hidalgo, una pista para practicar skateboard y las Oficinas de la Ruta 28.
El bajo puente del cruce Circuito Interior y el Eje 2 Sur-Juan Escutia ocupan locales Oxxo, UPS Express, +Kota, El Huequito: Tacos al Pastor y E Bus (en remodelación), donde además cuentan con locales disponibles. En el lugar también hay juegos infantiles, estacionamiento, bancas y una estación de Ecobici.
En el cruce de Circuito Interior y Eje Central Lázaro Cárdenas, el bajo puente cuenta con un gimnasio al aire libre; una tienda Oxxo; un estacionamiento 24 horas; una sucursal de Super Tacos Chupacabras; Café: Muebles y Sillas, local que vende inmobiliario para cafeterías, y cinco locales desocupados.
Y por último, el bajo puente de Circuito Interior y Eje 1 Poniente-Avenida México Coyoacán y Avenida Centenario en el que se encuentra La Europea; Das Welt Auto: Autos Usados Garantizados; Terapia Física y Rehabilitación del Sur, SC; City Runner; estacionamiento; juegos infantiles; bancas y mesas, además de que se construyen más locales.
Infografía:
Alianza de Proyectos Estratégicos Bicentenario, SA de CV, cuenta con cuatro permisos administrativos. La cifra equivale al 16 por ciento de los bajo puentes concesionados. En una visita hecha por este semanario se pudo constatar que los espacios están ocupados con vallas publicitarias.
Alianza de Proyectos paga al gobierno del Distrito Federal una contraprestación mensual de 186 mil 244 pesos por 25 mil 233 metros cuadrados de bajo puentes en: Avenida Prolongación Gómez Farías, delegación Álvaro Obregón; Aquiles Serdán cruce con calle Invierno, en Azcapotzalco; Avenida Río San Joaquín cruce con Calzada Legaria, delegación Miguel Hidalgo; y Avenida Río San Joaquín cruce con Lago Alberto, Lago Hielmar, Cervantes Saavedra y Ferrocarril de Cuernavaca, también en la delegación Miguel Hidalgo.
Con tan sólo uno de los permisos, Consorcio JIT, SA de CV, administra el 4 por ciento de los espacios concesionados. El área, por la que la empresa paga 20 mil 906 pesos mensuales, se ubica en Avenida Río San Joaquín cruce con prolongación Moliere, delegación Miguel Hidalgo, mide 3 mil 450 metros cuadrados y está ocupada por vallas publicitarias; el Parque de Educación Vial Consorcio JIT, SA de CV, y un estacionamiento abierto las 24 horas.
De la información entregada a solicitud de Contralínea se desprende que la Oficialía Mayor habría entregado 34 permisos administrativos temporales revocables relacionados con el Programa de Recuperación de Bajo Puentes. No obstante, 10 de ellos se encuentran sujetos a procedimientos administrativos de revocación.
Pese a que se trata del espacio público, en su Décima Segunda Sesión Extraordinaria, de fecha 29 de agosto de 2014, el Comité de Transparencia de la Oficialía Mayor declaró a la información de los 10 permisos como “de acceso restringido en su modalidad de reservada”.
Al respecto emitió: “No es posible poner a disposición dicha información ya que podría influir en las actividades de verificación sobre el cumplimiento de las leyes, así como impedir la prevención o persecución de los delitos; que tiene como fin determinar el incumplimiento de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en atención a las causales de revocación, dentro de las cuales se prevé la comisión de delitos, situaciones consideradas como susceptibles de reserva”.
Uno de ellos es el bajo puente de Taxqueña y Calzada de Tlalpan, donde habitaba un grupo de alrededor de 30 personas (15 menores de edad) en situación de calle, que fueron retirados violentamente por alrededor de 150 granaderos en marzo de 2012.
Apoyado por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, el legislador perredista Diego Raúl Martínez presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un exhorto para que la Autoridad del Espacio Público y la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal revisara, revocara (de considerarlo) y reactivara el proyecto, toda vez que a decir de ellos el sitio permanecía abandonado, con deterioro y lugar de indigencia, así como de comercio informal y acumulación de basura.
El documento, del que Contralínea posee copia, está fechado el 2 de abril de 2013, y aunque en entrevista vía telefónica el asambleísta Manuel Alejandro Robles asegura que no han dado seguimiento a su petición, dicho bajo puente no figura entre los 24 que participan del programa y que cuentan con permiso administrativo, por lo que se deduce, se encuentra en proceso de revocación.
A decir de Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, AC, organización que trabaja desde hace 18 años con población callejera, los bajo puentes han sido históricamente refugio de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores en situación de calle.
Señala que bajo el modelo de recuperación de espacios públicos del Distrito Federal, los primeros que quedan fuera son las poblaciones pobres y las poblaciones callejeras –que incluso están por debajo de los indicadores de pobreza extrema–: “Se retira a la gente que trabaja o vive en ellos”. Política que dice, son actos de limpieza social.
Pese a que los asambleístas Manuel Alejandro Robles, de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, Orlando Anaya, del Partido Acción Nacional y María de los Ángeles Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, coinciden en que la rehabilitación y recuperación de los bajo puentes es necesaria y urgente, se pronuncian en contra de la opacidad que rodea el proceso de asignación de los permisos administrativos, así como el monopolio ejercido por Operadora de Integración Urbana, SA de CV, el subarrendamiento, el manejo de los recursos, así como el uso meramente comercial de las áreas.
“Un caso emblemático son los tacos Chupacabras, negocio que antes estaba sobre la banqueta y que se logró llevar a la formalidad con éxito. Ahora abonan a la imagen urbana”, señala Manuel Alejandro Robles. El diputado invita a las autoridades a replicar el modelo para así dar soluciones viables al ambulantaje, pues de continuar dando sólo oportunidades a cadenas comerciales “no se está resolviendo lo que ocurre en las calles, donde –dice– ya hay suficientes Oxxos”.
Orlando Anaya, asambleísta, afirma que el modelo representa la privatización del espacio público y cuestiona que no se den procesos de consulta pública donde la comunidad se involucre y decida sobre el espacio público. “Lo que se necesita son centros culturales, deportivos…”
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Autoridad del Espacio Público y la Oficialía Mayor. Al cierre de edición, ninguna de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal aceptó hablar sobre el tema.
Elva Mendoza, @elva_contra
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