Con la planta termovalorizadora del Bordo Poniente, el gobierno capitalino podría endeudar a la Ciudad de México por más de 100 mil millones de pesos y durante 30 años, señala la bancada de Morena. Ambientalistas también reprueban el megaproyecto
El gobierno de la Ciudad de México pretendería “heredar” a las futuras administraciones un compromiso de pago por 109 mil millones de pesos, que se invertirán en una planta termovalorizadora, una incineradora de basura a cargo de Proactiva Medio Ambiente, SA de CV-Veolia, trasnacional de origen italiano, señala el partido Movimiento Regeneración Nacional.
Según éste, el gobierno saliente intenta comprometer los recursos de la Ciudad por los próximos 6 lustros y garantizar pagos millonarios cada año a una empresa que nada ha invertido en México.
Así, Veolia tendría asegurados de las arcas públicas de los capitalinos 2 mil 316 millones de pesos cada año hasta 2048, y esto sólo por la termovalorizadora. Adicionalmente, indica Morena, se tendrían que pagar 1 mil millones de pesos anuales por 25 años para una planta de biodigestión de residuos orgánicos (el proyecto Bio, que está en licitación). Se trata de la parte complementaria de la incineradora.
“Es un negocio redondo”, considera el diputado César Cravioto, coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). En toda su historia, “éste podría ser el hecho más grave de corrupción en la capital del país”, considera, sin ambages.
Desde el 13 de diciembre de 2013, el Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial la convocatoria de licitación pública nacional para llevar a cabo el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de “una planta de aprovechamiento de poder calorífico”.
El objetivo formal de éste, dice el documento, es el de resolver “en mayor medida” el manejo de los residuos sólidos urbanos de la Ciudad de México. Así como “aprovecharlos para producir energía eléctrica y minimizar el uso de rellenos sanitarios”.
El megaproyecto está contemplado para su construcción en la zona del Bordo Poniente, y las autoridades locales ya se encuentran realizando los trámites correspondientes ante la autoridad federal.
El 18 de abril pasado, Jaime Slomianski Aguilar, director de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), anunció –después de concluidas las etapas de la licitación– el fallo de adjudicación. Señaló que el concurso se había otorgado al consorcio Proactiva Medio Ambiente, SA de CV-Veolia. El funcionario aseguró que el consorcio “cuenta con referencias internacionales en cuanto a valorización de residuos, opera 60 plantas en el mundo y ha valorizado 45 millones de toneladas de residuos”.
El funcionario anunció que la inversión se ejecutará a través de la figura de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), y que “el gobierno local empezará a pagarlo una vez que comience a recibir la energía que produzca la planta”.
Sin embargo, para el legislador César Cravioto es impensable que se lleven a cabo este tipo de obras, después de la “zozobra” que dejó el sismo del 19 de septiembre pasado y en torno a lo que costará la reconstrucción de la capital del país.
“Resulta que el jefe de gobierno manda un dictamen para que la Asamblea lo apruebe y en el que compromete 100 mil millones de pesos para un negocio que tiene que ver con incinerar basura. La construcción de la Línea 12 del Metro costó 27 mil millones. Éste sería el asunto de corrupción más grande en la historia de la Ciudad. Se estaría invirtiendo cuatro veces lo que costó la Línea 12 en esta planta para incinerar basura. Es un negocio redondo”, comenta.
El contrato
El contrato está pactado para que se lleve a cabo por 33 años, lo que implica 3 años de construcción de la planta y 30 de operación del proyecto. Además, se obliga al Sistema de Transporte Colectivo Metro a comprar a esta planta su energía a 1.80 pesos el Kilowatt, como se especifica en el documento bajo el folio DGIARSU-2017-DTDFRSU-PS-LP-068.
“Entonces, le estamos obligando al Metro a comprar electricidad con un sobreprecio a esta empresa, y por 30 años”, observa Cravioto.
Otra de las observaciones que hace el líder de Morena en la ALDF es que el gobierno mandará la basura a esta planta y ésta se cobrará del presupuesto por cada tonelada que reciba.
El compromiso que pretende adquirir el gobierno de extracción perredista asume un pago por 2 mil 316 millones de pesos anuales por 30 años para la termovalorizadora y de 1 mil millones de pesos anuales por 25 años para una planta de biodigestión de residuos orgánicos (el proyecto Bio), cuyo proceso de licitación está en marcha.
En tanto, el Proyecto de Aprovechamiento de la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de México, del cual Contralínea posee copia, indica que la planta se localizará en una fracción del terreno de Bordo Poniente, ubicado en el kilómetro 2.1 de la autopista Peñón Texcoco, Zona Federal del Lago de Texcoco (Estado de México), “debido a las facilidades que ofrece el terreno en cuanto a disponibilidad de espacios, accesibilidad y la afinidad derivada del uso actual del mismo”.
El área del Bordo Poniente, dentro del cual se ubica el predio, limita al norte con la Autopista 136-D, Peñón-Texcoco; al este con el Circuito Exterior Mexiquense; al sur, con las calles 40 y Salvador Allende, del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; y al oeste con el Anillo Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Alameda Oriente, en la delegación Venustiano Carranza.
Moción suspensiva
Después de dimes y diretes y la toma de tribuna de la ALDF, el grupo parlamentario presentó la moción suspensiva del dictamen por el que ya se había aprobado “la solicitud de autorización para la afectación de cantidades remanentes de participaciones federales que le corresponden a la Ciudad de México”, a efecto de llevar a cabo la planta de aprovechamiento de poder calorífico de residuos sólidos urbanos.
Entre los puntos que fundamentaron la suspensión que mantiene tenciones en la cámara local, se contempla la situación de emergencia en la que se encuentra la Ciudad de México, provocada por el sismo del 19 de septiembre.
“Esta soberanía no puede comprometer recursos para ningún otro tema que no sea la de atender la emergencia actual y la reconstrucción, y menos si este compromiso implica destinar 109 mil millones de pesos en 30 años a una empresa que se ha visto implicada en actos de corrupción”, dice el documento firmado por el grupo parlamentario.
Además, se obliga al Sistema de Transporte Colectivo Metro a comprar a sobrecosto la electricidad por 30 años y el dictamen carece de los estudios técnicos. Lo anterior, pese a que en su considerando sexto reconoce el documento que es de suma importancia la realización de un esquema financiero detallado. “Por ello, esta soberanía no puede someter a discusión y aprobación un dictamen que implica la operación financiera más cuantiosa que jamás se ha aprobado por la Ciudad de México”.
El documento asegura que se carece de la autorización del órgano colegiado del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que es el único que puede decidir sobre el destino de los recursos remanentes del Fideicomiso f/1509Provetren, “ya que en el dictamen no obra ni se cita el acta de la sesión del consejo de administración”.
Ambientalistas se oponen al proyecto
Con ella se pretende tratar a diario 4 mil 500 toneladas de residuos. La incineración de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se transformará en energía para dotar al Sistema de Transporte Colectivo Metro, argumenta el discurso oficial. La ciudad no aguantaría ni la deuda ni la contaminación, reviran ambientalistas.
Andrea Cerami, defensor del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), comenta que las plantas de termovalorización son de incineración, y con la quema de basura, generalmente, si no se hace un buen servicio de separación se puede incluir todo, desde los residuos orgánicos hasta los que necesitan un manejo especial o peligroso.
“Al quemar todo, se liberan gases y vapores que salen a la atmósfera. Esos vapores, en otras partes del mundo, se han definido como cancerígenos y justo por eso en Europa ya prohibieron las nuevas plantas de termovalorización o incineradores, porque tiene impactos en la salud”, explica el ambientalista.
Para el integrante del Cemda, por el tipo de trabajo que se va a hacer sobre la basura, “creemos que puede haber también emisiones contaminantes al suelo y al agua, que deberían estar en la Manifestación de Impacto Ambiental y deben ser verificadas por la autoridad”.
De acuerdo con un análisis realizado por Greenpeace México, el contrato para la prestación de servicios de la planta, signado entre la Agencia de Gestión Urbana (AGU) del gobierno de la ciudad y el consorcio Proactiva Medio Ambiente SA de CV (Veolia), detectó “focos rojos” en este proyecto.
Según la organización ambientalista, el hecho de que el fin último del contrato no sea la disposición o tratamiento de los residuos sólidos urbanos, sino la generación de 965 mil megavatios por hora de energía eléctrica para abastecer al Sistema de Transporte Colectivo Metro. Expone que para cumplir dicho objeto, la AGU se compromete a entregar al prestador del servicio los residuos sólidos urbanos en el estado en que le son entregados en las estaciones de transferencia, “sin ningún pretratamiento o modificación alguna de sus características de humedad, porcentaje de orgánicos e inorgánicos y/o poder calorífico.
“El hecho de que la AGU se comprometa a entregar los residuos de manera indiscriminada, sin importar si se trata de residuos orgánicos o inorgánicos, deja en entredicho la retórica del gobierno de la Ciudad de México en el tema de la reducción, separación selectiva, acopio y reciclaje de residuos.
Observa que la planta de termovalorización requerirá 4 mil 500 toneladas de residuos diariamente. “Si la planta deja de recibir dicho tonelaje, entonces no podría operar al nivel de capacidad para el que estará diseñada”.
“La empresa será responsable del proceso de disposición final de los residuos rechazados, así como de las cenizas y escorias de la planta. En el contrato no se aclara la forma en que la empresa realizará la disposición final de los residuos que no sean viables para ser termovalorizados”, cuestiona Greenpeace México.
En el documento se señala como un riesgo que las emisiones al medio ambiente se encuentren por encima del rango estipulado en la norma. “Esto quiere decir que no hay una certeza absoluta de que la operación de la planta sea amigable con el medio ambiente, como lo han señalado continuamente en sus comunicaciones oficiales tanto el gobierno de la Ciudad de México como la empresa Veolia”.
Para este trabajo, Contralínea solicitó entrevista con Jaime Slomianski Aguilar, director de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México –a cargo del proyecto de la planta de termovalorización–, a través de su director de comunicación social, Ignacio Antonio Reyes Tapia. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Érika Ramírez
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: CIUDAD CAPITAL]
