Estrategia de la “guerra” contra el narcotráfico se aplica en las universidades

En marcha, aplicación del Manual de seguridad para las instituciones de educación superior que la ANUIES negoció con Felipe Calderón. El documento, avalado por las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, permitirá la persecución de supuestos delincuentes al interior de las universidades públicas y privadas y el despliegue de efectivos policiacos en casos de narcotráfico y secuestro. Además, prevé la instauración de sistemas de credencialización, control de acceso y de salidas y bitácora de visitantes, entre otras medidas. La política de la “guerra” contra el narcotráfico llega a las instituciones de educación superior

En mayo de 2010, en Monterrey, Nuevo León, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se reunió en privado con representantes del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), integrado por los titulares de 78 de las 159 escuelas afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Dos meses antes, en la misma ciudad, producto de un enfrentamiento armado entre el Ejército Mexicano y supuestos miembros de la delincuencia organizada, los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso fueron asesinados frente a esta casa de estudios.

“Ayúdenme a buscar alternativas para que las instituciones y demás, podamos, a través de la educación, salir adelante de estos problemas”, fue la petición del titular del ejecutivo, recuerda Rafael López Castañares.

“Le dijimos que sí –continúa el secretario general ejecutivo de la ANUIES–; que nuestro compromiso no solamente era ir a pedir dinero al Congreso o a la SEP (Secretaría de Educación Pública), sino también, con mucho gusto, coadyuvar en la solución de estos problemas”.

Así, en abril de 2011, la ANUIES presentó el Manual de Seguridad para las Instituciones de Educación Superior: estrategias para la prevención y atención, elaborado por María Angélica Garnica Sosa, maestra en planeación y políticas metropolitanas, documento elaborado con el “acompañamiento” de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) –dependiente de la SEP–; y “enriquecido” con los comentarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Gobernación (Segob). En el documento no se señala que las comunidades universitarias hayan sido consultadas.

El legajo de 76 cuartillas contempla la “coordinación” de las Instituciones de Educación Superior con entidades de seguridad pública y procuración de justicia, así como con autoridades de los tres niveles de gobierno, en acciones orientadas a “salvaguardar la integridad” de las comunidades escolares.

Se prevé, incluso, el “despliegue de fuerzas policiales” al interior de los campus universitarios, por ejemplo, en casos de amenazas de artefactos explosivos, narcotráfico o secuestro.

Esto, acota el manual, considerando que se debe preservar la “naturaleza orgánica y normativa” y el “espíritu de autonomía” de las instituciones educativas.

Asimismo, establece estrategias de “protección y prevención” de incidentes, que serían financiadas con recursos propios, del Fondo de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior, de la Segob y de la SSP. Se trata de sistemas de credencialización, de control de acceso y de salidas, bitácora de visitantes, buzón electrónico de opinión, directorio de números de emergencia, alumbrado, equipo e infraestructura, y capacitación especializada.

La tendencia hacia el securitismo, característica de este sexenio, ha llegado a los espacios educativos, advierte Silvano Cantú Martínez, director de Incidencia e Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Al crítico de la Ley de Seguridad Nacional que actualmente se discute en el Congreso de la Unión no le sorprende que la agenda de las universidades se “subordine” también a los imperativos de la política de seguridad del ejecutivo, diseñada “sobre la base del uso privilegiado de la fuerza”. Le inquieta, más bien, el riesgo que esto puede significar para las comunidades universitarias.

Los protocolos de actuación de las fuerzas policiacas dentro de las instituciones de educación superior “están apenas previstos en el manual”; además, en la república mexicana, con excepción del Distrito Federal, no existen criterios normativos para regular el uso legítimo de la fuerza pública, advierte el defensor de derechos humanos.

En el contexto del Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia, celebrado a finales de 2010, en la ciudad de Chihuahua, Darío Álvarez Orrantía, estudiante de sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), fue herido con arma de fuego por agentes de la Policía Federal. El rector de esta casa de estudios confirmó que la noche del 29 de octubre los uniformados entraron a las instalaciones universitarias y dispararon al joven.

—¿No le preocupa el ingreso de policías, quienes ya han sido acusados de violar derechos humanos, a las escuelas? –se le pregunta al secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares.

—No tendría elementos para darte respuesta de eso. No sé, no tengo una respuesta.

—¿No lo platicaron?

—No es lo que nos llegó de información; eso sí te lo puedo asegurar. En ningún caso hubo un reporte de abuso de los soldados o de los policías. En ningún sentido. Lo que sí llegan [son] situaciones que dicen que [por] la no actuación de la instancia correspondiente, muchas veces a ellos se les puede tachar de complicidad –responde el funcionario.

López Castañares aclara que las disposiciones del Manual de Seguridad para las Instituciones de Educación Superior no son de carácter obligatorio; su aplicación dependerá de la decisión de los directivos de las escuelas frente a situaciones diversas y particulares.

Por ejemplo, resulta “difícil, casi imposible” que los policías pisen el territorio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En cambio, en las instituciones del norte del país, donde “acribillan” a estudiantes, “ni modo de decirles [a los policías] que no pasen”, explica.

El despliegue de los cuerpos policiacos al interior de los campus sólo podrá contemplarse bajo ciertas circunstancias que no se especifican con claridad en el manual. Que los uniformados no estén armados y que sus servicios sean requeridos de manera temporal y extraordinaria, son algunas de éstas, comenta el titular de la ANUIES.

Aunque el funcionario asevera que no hay policías armados en ninguna de las instituciones agremiadas a la asociación que preside, los elementos de la Policía Bancaria Industrial (PBI) a cargo de la seguridad y vigilancia del Instituto Politécnico Nacional (IPN), sí lo están. De acuerdo con el contrato IPN-PS-AD-010-2010, al menos 686 policías armados, con toletes y armas de fuego, resguardan las instalaciones politécnicas (Contralínea 211).

Cuestionado, igualmente, sobre las implicaciones de la posible presencia policiaca en los campus universitarios, Rodolfo Tuirán Gutiérrez dice que estas decisiones son responsabilidad de las instituciones autónomas. El subsecretario de Educación Superior confía en la “sensibilidad” de las autoridades educativas para que “no ocurran violaciones a la autonomía” y no se “atente contra la integridad y el patrimonio de las personas y las comunidades”.

Si bien, reconoce la “relevancia” de lo ocurrido al estudiante de sociología de la UACJ, las deficiencias de las instituciones policiales y la carencia de normatividades para regular el uso de la fuerza pública en el país, considera que “frente a una realidad determinada, la decisión [de desplegar fuerzas policiales al interior de las IES] puede ser muy pertinente”.

Las más de 900 instituciones de educación pública que existen en el país realizan “esfuerzos similares” al de la ANUIES. En el transcurso de las próximas semanas, el Espacio Común de Educación Superior Tecnológica      –que agrupa a 377 institutos técnicos, universidades politécnicas y universidades tecnológicas–, presentará también su propios “protocolos de prevención y seguridad”, revela el representante de la SEP.

Cantú Martínez, abogado de formación, simboliza con una matrioska (tradicional muñeca rusa que en su interior hueco alberga otras muñecas, una dentro de la otra), la política de “seguridad” del actual gobierno mexicano. Militares en tareas de seguridad pública; el mismo esquema retomado por los gobiernos locales; y policías, retirados de las calles por su presunta conexión con el crimen organizado, al interior de las escuelas. “La matrioska del estado de excepción”, la denomina.

El ejemplo más claro de la presencia policiaca en una institución de educación superior pública es el del IPN.

A finales de 2010, Contralínea documentó, con base en los informes del Órgano Interno de Control de esta casa de estudios, el fracaso del servicio de seguridad y vigilancia a cargo de elementos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, ahora de la PBI. Según los resultados de la auditoría 02/10 “no se garantizó la seguridad e integridad de los bienes propiedad del Instituto ni de la comunidad politécnica”.

Asimismo, una de las funciones de estos policías –a cargo del exmilitar Óscar Chávez Ruiz, jefe de la División de Apoyo y Seguridad del IPN–, que consiste en realizar “recorridos para verificar que no haya corrillos, amotinamientos, reuniones o actividades ajenas a las laborales de los empleados”.

A decir de Cantú Martínez, la presencia de policías en las escuelas tiene la intención de intimidar y obstaculizar la labor de la comunidad universitaria en labores que tradicionalmente le son propias, como la protesta. “La presencia de policías armados ahí [en el IPN] es una especie de atentado contra esta dimensión democrática que tienen las comunidades universitarias”, apunta el también maestro en derechos humanos.

Manual, “sin sustento”

Una las recientes preocupaciones de la ANUIES es el clima de violencia e inseguridad que se vive en México, mismo que “ha marcado cambios sustanciales en la forma de ‘estar’, ‘transitar’ y ‘convivir’” en los espacios educativos, particularmente, en los del norte del país.

Por eso, elaboraron el Manual de Seguridad para las Instituciones de Educación Superior: estrategias para la prevención y atención, que, sin embargo, carece de estadísticas respecto de los eventos de violencia que se han presentado en las escuelas durante los últimos años.

A partir del asesinato de dos jóvenes afuera de las instalaciones del ITESM, campus Monterrey, los incidentes en las instituciones de educación superior pasaron de los tradicionales robos y asaltos, a “fuegos cruzados, granadas que explotan, secuestros al interior de los campus”, asegura López Castañares.

No obstante, los resultados de la Encuesta de Seguridad Interna en Instituciones de Educación Superior, que se incluyen en el anexo cuatro del manual, refieren que, entre 2009 y 2010, los robos de equipo encabezaron los incidentes de seguridad en estas escuelas; seguidos de robos vehiculares y a transeúntes, y amenazas de explosivos.

En realidad, han ocurrido pocos acontecimientos como los que cita el titular de la ANUIES, reconoce Rodolfo Tuirán. Los más notorios: el asesinato de un joven en la universidad de Sinaloa, el ingreso de un comando armado a la Universidad de Tamaulipas y la desaparición de estudiantes en la Universidad de Nuevo León.

Además, a pesar de que el consumo de drogas no es un asunto nuevo en el país, mucho menos en las instituciones educativas, hasta ahora el subsecretario de Educación Superior no ha sabido de redes de narcotráfico operando al interior de las escuelas. La preocupación tiene que ver, más bien, “con el combate a las adicciones”.

Al respecto, el Manual contempla la necesidad de elaborar un protocolo, en concordancia con las leyes estatales y nacionales, que establezca penas a quienes ingresen, consuman o vendan alcohol o drogas dentro de los campus. También señala la necesidad de contar con campañas de prevención y programas de rehabilitación de adicciones.

Lo importante no es el número de incidentes, acota Tuirán Gutiérrez, sino “la creciente percepción de inseguridad” que éstos han generado entre los universitarios. “Las comunidades de inmediato reaccionan y exigen respuestas institucionales y eso es lo que está haciendo la ANUIES”.

Para Silvano Cantú es riesgoso que se asuman medidas sin conocer el tamaño real de la amenaza. “Sin objetividad, sin control estadístico, se está promoviendo una política que gira en torno al preventivismo, característica de este gobierno federal”.

El discurso con el que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el gobierno federal han tratado de justificar la Ley de Seguridad Nacional es el mismo que acompaña el manual de la ANUIES, considera el representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Hipótesis exacerbadas para construir normas de excepción, regímenes transitorios, a la par de los ordenamientos jurídicos democráticos.

¿Seguridad militar o seguridad humana?

A la fecha, el manual de la ANUIES ha sido consensuado y avalado por la Presidencia de la República, la SSP, la Segob y los rectores de las instituciones de educación superior. Aunque sus disposiciones están vigentes desde mayo pasado, las comunidades universitarias todavía lo desconocen. Un tiraje de 1 mil ejemplares impresos comienza apenas a circular.

Vicente Hugo Aboites Aguilar, doctor en educación, considera que en contravención de sus propios planteamientos, el documento atenta contra la autonomía de las universidades –entendida como su capacidad de autoconducción– puesto que “es una iniciativa de la burocracia universitaria y, peor aún, de la cúpula dirigente a nivel nacional”.

El riesgo de plegarse acríticamente a iniciativas externas, como ésta, es que al suprimir la actividad colectiva de reflexión, se rompe con la posibilidad de que las medidas impuestas resulten verdaderamente efectivas.

Para Raúl Abraham López Martínez, antropólogo social, es evidente que el manual no refleja los debates ni propuestas en materia de seguridad; tampoco el espíritu de defensa de las libertades políticas y de los derechos humanos que hay en las universidades públicas, por naturaleza “espacios críticos al poder”.

Su tesis central es que este manual se ciñe a los dictados de la política de seguridad de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que plantea enfrentar las amenazas por la vía militar. No así a la de seguridad humana, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad Económica Europea (CEE), cuyo objeto a securitizar son los seres humanos, el medio ambiente y los grupos vulnerables.

A partir de su adhesión al concepto de seguridad militar, explica el también analista político y director de la revista digital Voz Universitaria, el documento de la ANUIES tiende a visibilizar ciertos hechos violentos y oculta otros, por ejemplo, el del porrismo o el la discriminación al interior de las instituciones educativas que, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se incrementó ciento por ciento en 2010.

Si el Manual no refiere estos incidentes de seguridad es porque “seguramente hay otros mecanismos e instrumentos en las propias instituciones para atenderlos”; además, porque el porrismo es “un asunto más en proceso de extinción; es como los dinosaurios”, ataja Rodolfo Tuirán.

Lejos de blindarse con torniquetes, detectores de metal, cámaras de vigilancia y sistemas de credencialización, como lo “hacen las familias acomodadas de las zonas residenciales”, las universidades de carácter público deben reivindicarse como espacios críticos, abiertos y humanistas, considera Hugo Aboites. Esto las colocaría en una mejor plataforma para ver y servir a la sociedad, asegura.

Ampliar su matrícula; exigir a las autoridades correspondientes mayor presupuesto para abrir nuevos campus; reorientar sus contenidos e investigaciones para responder a las necesidades del país; convertir sus órganos de conducción en espacios de pronunciamientos alternativos a las voces militaristas y a los grupos empresariales; promover entre sus estudiantes una cultura de paz, crítica y de participación; reorientar el servicio social para que los estudiantes desarrollen verdaderos proyectos comunitarios, son algunas de las acciones que las universidades públicas podrían emprender para combatir las causas estructurales de la violencia e inseguridad que se vive en el país, expone el profesor universitario.

Fuente: Contralínea 242 / 17 de julio de 2011