La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán vive el conflicto más relevante de su joven historia; el detonante, la falta de suministro de agua. En mayo pasado los alumnos tomaron las instalaciones educativas con el apoyo de profesores y comunidades indígenas; un mes después firmaron una minuta con el gobierno estatal que se ha cumplido a medias. Refieren que hasta 2012 esta casa de estudios operó sin reglamentación interna; dos de las cuatro carreras que imparte, sin registro oficial. A pesar de que la primera generación de maestría y posgrado ya egresó, no hay titulados; tampoco órganos colegidos ni mecanismos de rendición de cuentas. “Discriminación”, acusa la profesora Gabriela Arias. Jesús Reyna, secretario de gobierno, revira: “Nosotros en Michoacán vemos a los indígenas no como gentes que merezcan una discriminación, simplemente como gentes de una raza, pero los tratamos igual que a cualquier otro”
El 11 de abril de 2006, durante la administración de Lázaro Cárdenas Batel, se decretó la creación de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM). Su objetivo, “ofrecer opciones de educación superior que sean pertinentes a las necesidades del desarrollo de los pueblos indígenas y que contribuyan a alcanzar los objetivos y metas de cobertura y equidad en el acceso a la calidad educativa”.
La UIIM entró en funcionamiento en septiembre de 2007 y durante el ciclo escolar 2011-2012 atendió a unos 800 estudiantes, distribuidos en tres sedes: San Felipe de los Alzati, Faro de Bruserías y Kananguio. Se trata de mujeres y hombres de origen purépecha, nahua, mazahua, pirinda y otomí.
Hoy, esta casa de estudios vive el conflicto más relevante de su breve historia. La problemática es tal, que a pesar de que la primera generación de licenciatura y maestría ya egresó, no hay alumnos titulados; el plantel de Kananguio ha permanecido hasta seis semanas sin agua y, por tanto, sin servicios sanitarios; y no obstante que la Universidad imparte cuatro licenciaturas (gestión comunitaria y gobiernos locales; arte y patrimonio cultural; desarrollo sustentable, y lengua y comunicación intercultural), dos de ellas obtuvieron su registro oficial hasta finales de mayo pasado.
En una carta dirigida al gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, los estudiantes, en representación de los pueblos indígenas de Michoacán “y su lucha por una educación digna y de calidad, no integracionista ni indigenista”, expresan: “Nuestro movimiento estudiantil es resultado de un desgaste constante de nuestra paciencia, como de nuestra esperanza y nuestra fe en una universidad naciente, diferente, intercultural, debido a la sinrazón y oídos sordos ante nuestras necesidades, resultado de una frágil organización institucional y priorización de necesidades en intereses particulares”.
Como medida de protesta, el 9 de febrero de 2012 los estudiantes tomaron las instalaciones del campus Kananguio, ubicado en el corazón de la meseta purépecha. Lograron establecer interlocución con la autoridad universitaria, a través de una comisión tripartita (alumnos, académicos, trabajadores). Llegado el quinto encuentro, Hugo Rodríguez Uribe, entonces rector, abandonó el diálogo.
Por eso, el 2 de mayo, los estudiantes retomaron el control de las instalaciones educativas, incluida la Rectoría de Tzipekua, en Pátzcuaro. Esta vez, el paro estudiantil se prolongó por más de un mes y la demanda central se volcó en la destitución del rector. Los estudiantes contaron con el apoyo de profesores, trabajadores y de una veintena de pueblos originarios, que a raíz del conflicto se conformaron en Consejo Comunitario.
Finalmente, el 7 de junio firmaron una minuta con autoridades estatales, encabezadas por José Jesús Reyna García, secretario de Gobierno de Michoacán. Separar de sus funciones al rector en turno, designar a un nuevo rector, renovar algunos miembros del Consejo Directivo (máxima autoridad de la Universidad, integrado por tres representantes del gobierno estatal, tres de la federación, uno del gobierno municipal de Pátzcuaro, tres “distinguidos” de la región, un secretario y un comisario), instalar una comisión investigadora de la gestión de Hugo Rodríguez, y solución de las problemáticas en el ámbito académico y administrativo, los principales acuerdos.
Gabriela Arias Vargas, profesora de agroecología, agricultura urbana y metodología de la investigación en la Universidad Intercultural Indígena, refiere que detrás del conflicto hay un acto discriminatorio.
—Me parece que el fondo de no resolver el conflicto tiene que ver con que [los estudiantes] son indígenas. Cuando la Nicolaíta [Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo] o [la Universidad de] La Ciénega se ponen en huelga, hay negociación e interacción pronta con el estado. Pero como esta universidad está en zona indígena… El acto de dejarlos un mes sin clases es de discriminación, de desinterés de que esta zona se eduque. Lo cierto es que estos muchachos sin la opción de la UIIM no estarían estudiando: estarían con el narco o en Estados Unidos.
Cuestionado al respecto, Reyna García asegura que “no hay, de ninguna manera, una actitud de gobierno de marcar una diferencia con ellos porque están en una zona indígena. Nosotros en Michoacán vemos a los indígenas no como gentes que merezcan una discriminación, [sino] simplemente como gentes de una raza, pero los tratamos igual que a cualquier otro y compartimos mesas, amigos, cosas con ellos. En Michoacán no hay realmente una discriminación”.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, “se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.
Minuta se cumple a medias
Los acuerdos relativos a la separación de Hugo Rodríguez de su cargo de rector, así como el nombramiento de su sucesor ya fueron satisfechos. El pasado 12 de junio, Irineo Rojas Hernández tomó protesta como encargado de la Rectoría universitaria. El gobierno de Fausto Vallejo Figueroa fue el responsable de la designación. En el acto protocolario estuvieron presentes María Teresa Herrera Guido, secretaria de Educación de Michoacán, y Alejandro Avilés Reyes, secretario de Pueblos Indígenas.
Aún están pendientes, sin embargo, dos de los puntos signados: la renovación del Consejo Directivo y la instalación de la comisión investigadora.
Una vez que los jóvenes estudiantes conozcan la nueva composición de la máxima autoridad de la universidad, estarán en posibilidad de decidir si es esta instancia o la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado Michoacán en colaboración con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, quienes integrarán la comisión investigadora. Por eso, urgen a las autoridades correspondientes a concluir la renovación del Consejo Directivo.
Irineo Rojas Hernández, encargado de la rectoría de la UIIM, informa a Contralínea que esta demanda se cumplió parcialmente: ya fueron designados los tres nuevos representantes del gobierno estatal, no así los tres “distinguidos” de la región. Y justifica: “esto no se hace de un momento a otro porque se tiene que hacer por convocatoria”.
Respecto de la instalación de la comisión investigadora, comenta, tajante: “Eso lo está haciendo directamente la SEP del estado. Esa situación les corresponde directamente a ellos. Eso no me incumbe a mí”.
Las autoridades educativas de Michoacán desisten de dar su versión. Francisco Javier Hurtado Cabrera, director de Educación Superior, se comprometió a atender la llamada de este medio de comunicación; sin embargo no lo hizo.
La SEP federal, a través de Fernando Salmerón Castro, coordinador general de Educación Intercultural y Bilingüe, comenta que no participó de estas negociaciones: “No fuimos formalmente incorporados a la negociación ni a la revisión de lo que sucedía. De hecho nos enteramos del conflicto ya muy tarde y no por vía oficial, vía la universidad o el gobierno del estado, sino que los estudiantes nos vinieron a visitar pero ya cuando el conflicto estaba prácticamente resuelto”.
Universidad sin titulados
El 13 de noviembre de 2011, los egresados de la primera generación de la maestría en educación ambiental de la UIIM entregaron un oficio a distintas instancias del gobierno de Fausto Vallejo. En éste manifiestan su preocupación por las “irregularidades que se han presentado en el proceso de la misma y que han afectado la conclusión exitosa de este posgrado”.
Exponen, por ejemplo, que a cinco meses de haber concluido el plan de estudios no han recibido un certificado oficial que lo acredite; que el coloquio para presentar los proyectos de investigación para la tesis, programado para el cuarto semestre, se les suspendió arbitrariamente; o que nunca se les presentó la “normatividad y reglamentación interna que rige la certificación del posgrado así como el proceso de titulación”.
Elda Azucena López Valverde, estudiante de octavo semestre y quien pronto concluirá sus estudios en la licenciatura de gestión comunitaria y gobiernos locales, también está preocupada. A nivel superior, la problemática es similar que en la maestría: “La universidad actúa como una universidad patito que no entrega nada; que no te da nada”.
Consecuencia del desorden administrativo, de la falta de reglamentación, incluso de formatos para la realización de trámites, los egresados de la primera generación de licenciatura, que concluyeron sus estudios en julio de 2011, tampoco han logrado titularse; no tienen siquiera “una carta de pasante que los respalde”.
El actual encargado de la Rectoría reconoce que durante estos años la universidad ha operado sin reglamentación interna. No obstante, asegura que entre abril y principios de mayo de 2012 fueron aprobados tres reglamentos: el de titulación, el de servicio social y “no recuerdo cuál es el otro”.
Será durante el próximo ciclo escolar que dichas normativas serán difundidas y revisadas: “Definitivamente tenemos que reunirnos tanto con los docentes como con el Consejo Estudiantil [conformado a raíz de este conflicto] con el propósito de darlos a conocer [los reglamentos] y que ellos mismos determinen si hay alguna inconformidad con su contenido, para así poder rectificarlos”.
En tanto, dice Irineo Rojas, ya se están “tomando las medidas necesarias y precautorias para que los estudiantes que ya están en proceso y que están elaborando su tesis puedan titularse”.
Fernando Salmerón asegura que el gobierno federal conoce estas problemáticas. En lo que compete a la titulación de los egresados, comenta: “Sin duda tenemos la impresión de que hay ahí algún elemento que atender y lo hemos señalado a la Rectoría. Yo espero que ahora con el cambio de autoridades esto se pueda resolver de manera eficiente”.
Para el funcionario de la SEP federal, algunas de las demandas estudiantiles se derivan de la falta de información. Por ejemplo, se desconoce que el modelo de las universidades interculturales, a diferencia de otras, no permite instalar reglamentos por decreto, sino con la participación de la comunidad universitaria, lo que “hace que los proyectos de reglamentos y el registro de carreras lleven un poco más de tiempo que en otras instituciones”.
Falta agua en instalaciones
El detonante del conflicto universitario fue la carencia de agua, particularmente en el campus de Kananguio, ubicado en la comunidad de San Francisco Pichátaro. Como consecuencia, los estudiantes permanecieron más de un mes sin servicios sanitarios.
“Muchos teníamos que aguantarnos porque no había ‘dónde’. Había dos baños ecológicos, pero no fueron propuestos por la universidad, sino por un proyecto de los mismos estudiantes del área de desarrollo sustentable. Un proyecto que tiene capacidad para un año pero que nos alcanzó a durar un par de semanas”, dice la estudiante Elda López.
Y es que desde que empezó a operar hasta la fecha, la única fuente de agua de esta casa de estudios es el servicio de pipas.
El problema del suministro de este líquido no es propio de la universidad; afecta “a la mayor parte de la meseta purépecha”, refiere el secretario de Gobierno de Michoacán. Explica que el 7 de junio, día en que se firmó la minuta con los estudiantes, “se pudo sacar agua de un pozo profundo que se estaba perforando, lo cual daba ya la posibilidad de que la universidad pudiera ser abastecida de manera continua”. Hay además “otro pozo que se está perforando a unos kilómetros de ese lugar, que esperamos también que sea positivo para el abastecimiento del agua”.
A la fecha, la universidad sigue recibiendo el vital líquido por medio de pipas, confirma el encargado de la Rectoría: “Estamos esperando un proyecto por parte de la carrera de desarrollo sustentable, para ver la captación del agua ahora que tenemos el periodo de lluvias; y poder captar toda el agua que se recoge de los techos de los edificios que tenemos en la institución. Todo está ya en camino de solución”.
Rectoría: “presupuesto insuficiente”
En su pliego petitorio, los estudiantes de la UIIM incluyen demandas como equipar talleres, montar consultorios médicos, contar con servicio de internet y definir los criterios normativos de los presupuestos destinados a prácticas de campo, para que no sean ellos quienes terminen pagando el diésel de los autobuses.
Irineo Rojas manifiesta que los dineros que recibe la universidad son insuficientes para “atender las necesidades que están pidiendo sobre todo los pueblos indígenas, las comunidades rurales”. Asimismo, comenta que cuando asumió el mando, la institución tenía adeudos de agua y de energía eléctrica, producto de la “tardanza en las ministraciones que tiene que hacer la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado”.
De acuerdo con información de la SEP federal, para el ejercicio fiscal 2012, esta institución de educación superior recibió 29 millones 896 mil 704 pesos (11 millones 501 mil 615 de la federación, la misma cantidad del estado, y 6 millones 893 mil 474 de fondos federales extraordinarios).
El encargado de la Rectoría universitaria concluye que esta situación se debe a “que como institución joven obviamente apenas estamos empezando y las necesidades son múltiples. Entonces todo esto lo tenemos que hacer a base de gestiones ante las instancias, ya sea del gobierno del estado o el federal, para que se amplíen construcciones, equipamiento de laboratorios, etcétera. Todo lo vamos consiguiendo poco a poco”.
En el mismo sentido se pronuncia el coordinador general de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP federal. Dice que además de que la transmisión de los recursos de la federación a los estados “muchas veces no resulta tan eficiente”, las universidades “reciben recursos de manera muy estrecha”, pensados básicamente para su operación: gastos corrientes y pago de los salarios de los profesores. “Entonces, algunas de las cosas que los estudiantes quisieran tener, probablemente no hay los recursos para hacerlo”.
Profesores y estudiantes, en órganos de gobierno
A diferencia de otras instituciones de educación superior, la UIIM no cuenta con un órgano colegiado. El Consejo Directivo, su máxima autoridad, está conformado por personas externas a la universidad. De ahí que en su pliego de peticiones, los estudiantes soliciten también una mayor vinculación con las áreas de planeación y organización de la Universidad, así como voz y voto en el Consejo Directivo.
Hoy, estudiantes y profesores pugnan por la instalación de un órgano colegiado, un consejo universitario, en el que sean incluidos.
Fernando Salmerón, funcionario de la SEP federal, comenta que “la universidad se creó bajo un decreto del gobierno del estado en el que desafortunadamente no está contemplado todo esto”. Agrega: “Esto solamente lo podemos proponer cuando ya tengamos claro todo lo que se quiere hacer y cuando lo hayamos discutido suficientemente en la institución, tanto con docentes como con el Consejo de Estudiantes, para que en su momento se haga la reforma correspondiente”.
Opacidad
La UIIM no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, a pesar de que el derecho de acceso a la información pública está establecido en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Incluso, desde 2008, Michoacán cuenta con su propia ley en la materia.
En el menú principal de la página electrónica oficial de la UIIM, ubicado al costado izquierdo de la pantalla, aparece la palabra “Transparencia”; ésta hace vínculo con un portal de fondo verde agua semivacío y sin ningún tipo de ligas. Ahí sólo están el logo de la universidad, la imagen grisácea de unos pescadores, dos recuadros en blanco, la dirección, los teléfonos y el correo electrónico de la institución.
Fernando Salmerón Castro, coordinador general de Educación Intercultural y Bilingüe del gobierno federal apunta que, efectivamente, se trata de “un error que no debería de suceder”. No obstante, manifiesta que está en coordinación y comunicación con la nueva administración universitaria para “resolver de la mejor manera” estas y otras problemáticas.
Irineo Rojas asegura que ya están revisando y organizando toda la información para subirla a internet. Pide comprensión y paciencia: “Como institución de reciente creación, tiene muchas dificultades en su funcionamiento; y mucha gente quiere que la institución sea eficiente como las que ya tienen 50, 60 o 100 años. Yo lo único que les pido es que tengan comprensión, que cuando una institución va creciendo, va naciendo, es necesario que le tengan paciencia. Uno se encuentra con muchos obstáculos, máxime cuando se trata de una institución intercultural indígena, una institución de esta naturaleza que no se había fundado en nuestro país”.
En tanto, los estudiantes demandan sensibilidad y pronta solución: “La universidad está cimentada para rescatar los valores tradicionales de las comunidades; para salir de este rezago económico, social y político. Entonces, la universidad para nosotros es el futuro de nuestras comunidades, es lo único que tenemos para salir adelante porque no contamos con el poder económico para irnos a otros lados y porque es la oportunidad que tenemos para trabajar, valorar, rescatar nuestra lengua, cultura y tradiciones”, dice la estudiante Elda Azucena López, originaria del municipio de Nahuatzen.
Fuente: Contralínea 292
