Los primeros meses de cada año son cruciales para las normales rurales de México. En el contexto de la definición de la convocatoria para el nuevo ingreso, las representaciones estudiantiles, agrupadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, inician procesos de cabildeo con las autoridades locales.

 

El objetivo: subsistir. De las 46 normales rurales que existieron, sólo sobreviven 16.

 

Se trata de las únicas instituciones de educación superior en el país, el último reducto de la educación socialista de la Revolución Mexicana, enfocadas a brindar educación a los más desprotegidos: hijos de campesinos pobres, indígenas y mestizos.

 

Este año, la batalla más visible ocurrió en la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán. Hace casi 90 años en este estado se gestó el normalismo rural: el 22 de mayo de 1922 se fundó, en Tacámbaro, la primera escuela normal rural de México y de América Latina.

 

Como medida de presión para el diálogo con el ejecutivo local, entre el 9 y el 11 de marzo pasado, los estudiantes normalistas retuvieron 28 autobuses, una pipa y un par de camiones repartidores de productos comestibles y los llevaron al interior de las instalaciones educativas.

 

Su principal demanda: el aumento de la matrícula de nuevo ingreso (como una forma de “contrarrestar el rezago educativo que se vive en la entidad). De 2000 a la fecha, ésta ha disminuido en 36 por ciento, al pasar de 220 a 140 lugares.

 

Finalmente, luego de seis días de una intensa “jornada de lucha”, la negociación prosperó. En la reunión, celebrada la noche del 15 de marzo, estuvieron presentes José Jesús Reyna García, secretario de Gobierno de Michoacán; Fernando Cano Ochoa, subsecretario; y Alejandro García Sosa, de la Dirección de Gobierno. No así, Fausto Vallejo Figueroa, gobernador del estado desde el 15 de febrero de 2012.

 

En entrevista con Contralínea, Reyna García refiere los acuerdos logrados: respetar la matrícula de nuevo ingreso vigente desde hace una década (que es de 140 alumnos) y que los egresados en 2012 “tendrán su plaza [automática] en el sistema educativo”.

 

Lo anterior quedará plasmado en la convocatoria de nuevo ingreso a la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, que se publicará a finales de abril próximo.

 

A pesar de la deuda contraída por esta entidad, “de la que aún no se puede determinar un monto con precisión”, el funcionario asegura que el presupuesto educativo para este año, incluído el de la Normal de Tiripetío, no está en riesgo. “El gobernador Fausto Vallejo ha sido muy claro, muy enfático en que hay dos cosas que son fundamentales para el estado y para el bienestar de la población: una de ellas es la educación y el otro rubro es el de la salud”.

 

Al cierre de esta edición, la minuta entre las partes no contaba con la firma del gobernador, como garantía del cumplimiento de los acuerdos, tal como lo demandaron normalistas. Por eso, y porque a pesar del diálogo y de la liberación de todos los vehículos retenidos los elementos policiacos todavía rondaban las inmediaciones de la Normal, los estudiantes y la comunidad aledaña permanecían alertas.

 

También porque aún tienen fresca la imagen de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Apenas, tres meses atrás, en un operativo de desalojo sobre la Autopista del Sol, estos jóvenes, quienes se manifestaban por demandas similares, fueron asesinados presuntamente por elementos de la policía estatal.

 

José Reyna dice que a partir de esta negociación el “estado se encuentra en total tranquilidad”. También asegura que durante todo el tiempo que duró el conflicto jamás se montó un operativo, con elementos de la policía estatal, federal e incluso del Ejército, alrededor de la normal. “En donde sí hubo es en la carretera a Pátzcuaro, para evitar que más camiones fueran secuestrados. Pero en torno al edificio de la Normal no hubo alguna acción, no la ha habido”.

 

—¿Aún con la firma de los acuerdos entre los normalistas y el gobierno local, continúan los operativos en las carreteras próximas a las instalaciones educativas?

 

—Van a permanecer. Es un operativo realmente de seguridad en carreteras que debe de permanecer.

 

Las acciones emprendidas por los estudiantes molestaron a los transportistas locales quienes, en una protesta que duró cuatro días, suspendieron unas 4 mil corridas de entrada y salida a la entidad.

 

Rafael García Trejo, secretario general de la Federación de Sindicatos del Transporte, Industria y Comercio en General, en Michoacán, comenta que debido a la retención de autobuses por parte de los normalistas se presentaron entre 28 y 29 denuncias ante el ministerio público local.

 

Respecto del “secuestro” de los operadores a cargo de las unidades, según el manejo de algunos medios de comunicación, el también dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos –brazo político del Partido Revolucionario Institucional– aclara: “Nunca hemos manifestado que los tienen secuestrados”.

 

También desmiente que los dueños de las empresas obligaran a los operadores a permanecer en la Normal Rural, en resguardo de las unidades. “Afortunadamente los compañeros son responsables de su trabajo y en nuestro contrato dice que debemos de cuidar las herramientas de trabajo”.

 

Luego del diálogo entre las partes, los vehículos retenidos fueron liberados. Todo indica que éstos se encuentran en buen estado, refiere Reyna García, entrevistado la noche del 16 de marzo. “Acabo de hablar hace media hora con el dirigente de la Canapat [Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo] en el estado, y no nos hizo ningún comentario respecto de que los camiones tuviesen algún daño. Nosotros visiblemente no apreciamos que hubiese algún daño en los autobuses”.

 

—¿Durante el encuentro con la representación estudiantil se planteó el desistimiento de las denuncias derivadas de la retención de estas unidades?

 

—No. Nada de eso platicamos –asevera el secretario de Gobierno de Michoacán.

 

 

El pasado 5 de marzo, en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Michoacán, se celebró una reunión entre María Teresa Herrera Guido, titular de esa dependencia, y representantes de las ocho normales del estado. Ahí se acordó que la audiencia para tratar las demandas específicas de la Normal Rural Vasco Quiroga se realizaría el 9 de marzo en las instalaciones de la misma.

 

La gestión para este encuentro se hizo manifiesta desde el 22 de febrero de 2012, poco después de que la administración a cargo de Fausto Vallejo tomara el control del estado.

 

Herrera Guido llegó puntual a la cita. No obstante, ingresó a la Normal por la puerta trasera y sin “ninguna intención de diálogo”. En vez de eso, recorrió las instalaciones educativas e irrumpió incluso la privacidad de los dormitorios de los alumnos. Hurgó en casilleros y hasta en colchones, aseguran los normalistas.

 

De ahí surgió la petición de los estudiantes de dialogar con el Ejecutivo local y no con la SEP.

 

A decir de los normalistas, la funcionaria violó el código disciplinario, que prohíbe a maestros e incluso a los integrantes de la sociedad de alumnos “acceder a nuestros casilleros sin autorización, debido a que eso afecta contra nuestra vida individual y privacidad como seres humanos”.