Policías armados resguardan el Instituto Politécnico Nacional. Su objetivo es proteger a la comunidad de las intrusiones de grupos delincuenciales, asegura Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general de la institución. Se trata de un mecanismo de control y represión, objetan profesores y estudiantes. El Órgano Interno de Control del Politécnico reconoce el fracaso de los policías, cuyos sueldos duplican el de los profesores. Un exmilitar –titular de la División de Apoyo y Seguridad del Instituto–, a cargo de la operación del servicio

Al menos, 686 policías armados –con toletes y armas de fuego– resguardan las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicadas en la zona metropolitana. Su objetivo, explica Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora de esta casa de estudios, es proteger a la comunidad de las “intrusiones” de grupos delincuenciales, pues en la ciudad de México, “al igual que en otras partes, el nivel de inseguridad ha aumentado”. No obstante, para estudiantes y profesores, la presencia de los uniformados representa un mecanismo de control y represión hacia la comunidad politécnica, principalmente hacia los sectores organizados. Realizar “recorridos para verificar que no haya corrillos, amotinamientos, reuniones o actividades ajenas a las laborales de los empleados”, e informar a sus superiores, incluida la División de Apoyo y Seguridad del IPN (a cargo del exmilitar Óscar Chávez Ruiz), de la presencia de manifestantes, son parte de las consignas de estos policías, revela el contrato IPN-PS-AD-010-2010 –cuya copia posee Contralínea–, por medio del cual el IPN encomienda a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) los servicios de seguridad y vigilancia. Para René Torres Bejarano, profesor con 40 años de antigüedad en el IPN, la presencia de policías en una institución educativa no tiene justificación. “Esto no es una cárcel”, manifiesta, indignado. Con base en su experiencia como director de tres escuelas del Politécnico, opina que lo mejor sería contratar personal sindicalizado del Instituto, como sucedía antaño: empleados del IPN integrados a la comunidad; “no gente de afuera que nos venga a vigilar”. Cuestionada al respecto, Bustamante Díez dice que si bien la condición de sindicalizados tiene “una serie de connotaciones muy valiosas”, también tiene “limitantes”. A decir de la directora del IPN, el problema de trabajar con personal sindicalizado es que, “una vez que están, no hay manera de cambiarlos; y si no dan un buen servicio, no hay manera de mejorarlo”. Además, agrega que “para que personal de la misma institución fuera policía, tendríamos que capacitarlo y no somos expertos en eso; definitivamente no es nuestro campo. Entonces lo que buscamos es la oferta mejor preparada”. “No queremos policías”, aclara Víctor Moreno, quien distingue entre policía y vigilante. La formación que reciben y las tareas que realizan son algunas de sus diferencias, expone el profesor de la Escuela Superior de Cómputo del IPN.

El fracaso de la policía

El servicio que la Policía Auxiliar brindó al IPN de 2001 a mayo de 2010 fracasó. Según la auditoría 02/10, realizada por el Órgano Interno de Control del IPN, “no se garantizó la seguridad e integridad de los bienes propiedad del Instituto ni de la comunidad politécnica”. De acuerdo con los resultados de los cuestionarios aplicados en 21 dependencias politécnicas, este Órgano reportó como una de las principales problemáticas “el alto índice de robos de bienes muebles y consumibles, así como asaltos dentro y a los alrededores del las instalaciones del IPN”. Posteriormente, en una auditoría de seguimiento (la 11/013/0581/2010), realizada del 15 de abril al 4 de junio de 2010, el Órgano Interno de Control concluyó que sus observaciones fueron solventadas al ciento por ciento, pues “las acciones realizadas por la Secretaría General a través de la División de Apoyo y Seguridad estuvieron orientadas a fortalecer el control interno y el mejoramiento de los procesos”. No obstante, hay indicios de que los robos en el IPN continúan, aun con la PBI a cargo del servicio. En un oficio enviado a Yoloxóchitl Bustamante Díez, en agosto de 2010, se menciona que, de acuerdo con una consulta realizada a alumnos y profesores de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), unidad Zacateco, “es impresionante la cantidad de robos que se cometen en las instalaciones de la escuela y, coincidentemente, los vehículos que más se roban son los Volkswagen Sedan y el Nissan Tsuru”. Bustamante Díez explica a Contralínea que este año se optó por concesionar el servicio de seguridad y vigilancia a la PBI y no a la Policía Auxiliar, como sucedía desde 2001, porque hubo “muchas quejas de los usuarios”: “Que no es una policía bien preparada, que no da el trato adecuado a los estudiantes y a los profesores”. La Policía Bancaria e Industrial “está mejor preparada y es más profesional”, asegura la titular del Politécnico. Para el profesor Víctor Moreno, la única diferencia entre unos y otros policías es que, “tratando de dar otra imagen”, los elementos de la PBI portan un pedazo de tela roja sobre el brazo izquierdo que los identifica como seguridad del Instituto.

Policía gana más que profesor

En 2010, las autoridades del IPN han destinado 119 millones 966 mil 970 pesos a dos contratos de seguridad y vigilancia. El primero, signado con la Policía Auxiliar del Distrito Federal, concluyó el 15 de mayo de este año; el segundo, celebrado con la PBI, continúa vigente. Dicha cantidad se asemeja a los 109 millones 973 mil pesos de los contratos, de 2009, celebrados con la Policía Auxiliar, cuyo monto rebasó, por separado, los gastos institucionales de proyectos de investigación –45 millones de pesos– y modernización tecnológica –79 millones 286 mil pesos– (Contralínea 172). —¿Es necesario invertir tanto en este servicio? –se le pregunta a Bustamante Díez. —Yo creo que una vida que se afectara por un motivo de inseguridad valdría, con mucho, los 100 millones. El sueldo mensual de un profesor politécnico de tiempo completo, con estudios de doctorado es, en promedio, de 40 mil pesos. El del jefe de sector del Grupo de Comando –el policía de más alto rango, adscrito al servicio del IPN– es de casi 80 mil pesos.

Policías violan las reglas del contrato

El pasado 10 de junio, cuatro estudiantes politécnicos que participaron en la marcha en repudio a la matanza estudiantil del Jueves de Corpus de 1971 fueron agredidos física y verbalmente, además, amenazados con arma de fuego por elementos de la PBI, al interior de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos del IPN. “Un policía empujó a uno de mis compañeros”; luego desenfundó su pistola y la levantó unos cuantos centímetros, “casi en son de apuntarnos”, relata Rafael Ríos Rivera, estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE). Además de establecer medidas de seguridad en el manejo de armamento y municiones, “para evitar accidentes ocasionados por descuidos o negligencia” del personal de la PBI, el contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia señala que, “por ningún motivo, debe apuntarse con el arma a persona alguna o grupo a quienes no se pretenda causar daño” (sic). Todo sucedió, explica Ríos Rivera, alrededor de las 21:30 horas, cuando él y sus compañeros regresaron a su escuela por sus mochilas y para dejar, en el local de la Coordinadora Estudiantil, los megáfonos y las mantas que utilizaron en la marcha. Entonces, fueron interceptados por diversos grupos de policías que se comunicaban entre sí y que les exigían que les mostraran sus credenciales. —Les dijimos que éramos estudiantes; que no tenían por qué tratarnos de esa forma; pero que si nos lo pedían por favor, cumpliríamos con nuestro deber. Solicitar a “la comunidad politécnica que se identifique para poder acceder a las instalaciones del IPN” es, efectivamente, una de las tareas que los elementos de la PBI deben cumplir. Pero, como lo establece el contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia, los policías están obligados a hacerlo de manera “cordial, atenta y respetuosa”. Alejandro Hernández, estudiante de la ESIME, unidad Azcapotzalco, refiere que, de acuerdo con la normatividad politécnica, es ilegal que los policías revisen la credencial a los estudiantes. El artículo 107 del Reglamento Interno del IPN señala que es obligación del alumno “portar la credencial de estudiante y utilizarla de forma personalísima como identificación, a solicitud del personal y autoridades del Instituto”. Sin embargo, los elementos de la Policía Bancaria son gente ajena al Politécnico, argumenta el joven. Alumnos de la ESIQIE han intentado denunciar los hechos ante las autoridades politécnicas. Hasta la fecha, no han sido escuchados, ni sancionados los policías, a pesar de que el contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia aclara que “se solicitará se sancione conforme a las leyes y reglamentos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal” al personal de la PBI que haga un mal uso de su armamento. El lugar donde inició la agresión a estos alumnos, el acceso a la Escuela Superior de Cómputo, es el mismo en el que, en abril de 2010 –apenas un mes después de que la PBI entrara en funciones–, tres policías intentaron, de manera violenta, impedir el paso a Roberto Tecla Parra, profesor de esta escuela e integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, refiere su colega Víctor Moreno.

Vocacional 8, Reglamento discriminatorio

A principios del mes de octubre, elementos de la PBI ubicados en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 8 Narciso Bassols del IPN retuvieron la credencial y presentaron ante las autoridades del plantel a un estudiante que tenía un corte de cabello “extraño”, relatan alumnos de esta escuela. “Esto es discriminación”, asegura uno de ellos. Los uniformados actuaron conforme al Reglamento interno del plantel, pues además de las consigas del contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia, éstos deben obedecer las que establezcan los directivos de las escuelas, centros y unidades a su cargo. No pueden ingresar al Cecyt 8 los alumnos que usen “peinados de pico con gel de más de 2 centímetros”; los que tienen el pelo pintado, sucio o recortado con figuras y tatuajes; los que visten con bermudas o ropa distinta a la de su género; y los que usan vestimentas de cholos, skatos, darketos “o cualquier otro tipo que deteriore la imagen del estudiante politécnico”, son algunas de las disposiciones del Reglamento de esta escuela. Basados en dicho Reglamento, dice Carlos, alumno de esta vocacional, los policías impiden también que los estudiantes ingresen o salgan del plantel fuera de los horarios establecidos. Así, “nos obligan a comprar en la papelería y en la cafetería que están en la escuela”, cuando afuera de la misma hay un Centro de Apoyo a Estudiantes que brinda servicios económicos de internet, copias y artículos de papelería.

En vocacionales, mayor control

A sus 16 años, Ricardo, estudiante regular (no adeuda materias) de tercer semestre en el Cecyt 8 del IPN, se define como un chavo “muy activo”. “A mí no gusta estar quieto”, confiesa, sonriente. Su actitud inquieta, además del desconocimiento de las funciones de los policías que se encuentran en el IPN, le han ocasionado algunos desencuentros con los uniformados. —Tú sabes que son policías porque traen su uniforme, pero, de ahí en fuera, tú no sabes nada. Nadie nos ha informado qué funciones tienen. Nadie nos ha dicho que ellos te pueden revisar la mochila si suena el detector de metal. Sus problemas con los policías empezaron antes de que decidiera participar en el colectivo estudiantil de su escuela. Cuando platicaba con sus amigos en los pasillos de la vocacional, los policías se acercaban para recogerles sus credenciales porque “estábamos obstruyendo el paso”, recuerda el joven. El pasado 12 de agosto, elementos de la PBI y prefectos del plantel lo presentaron ante la arquitecta Eva Marina Murillo Cortés –subdirectora de Servicios Educativos e Integración Social–, pues lo sorprendieron “volanteando” y “exponiendo sus ideas” en un salón. Ricardo tuvo que firmar una carta compromiso, pues, a decir de las autoridades politécnicas, la propaganda que el joven repartía “calumniaba” al Instituto. Eran volantes, explica Ricardo, que criticaban el Proyecto de Reglamento General de Estudios –basado en el nuevo modelo educativo que se pretende aprobar en el IPN (Contralínea 207)–, pero “basados en la normatividad de la institución”. Carlos, estudiante de esta vocacional, recuerda que, hace algunos meses, mientras él y sus compañeros repartían volantes en contra del nuevo modelo educativo, un policía intentó intimidarlos al decirles que fue militar y que estuvo en Chiapas. Si el Politécnico fuera democrático, dice el joven, las ideas podrían debatirse “sin necesidad de combatirlas violentamente”. Para la realización de esta investigación, se solicitó entrevista con Juan Manuel Cantú, secretario General del IPN y requirente de este servicio. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Fuente: Anexo 1 del contrato IPN-PS-AD-010-2010

Contralínea 211 / 05 de diciembre de 2010