La Recomendación 14/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), dirigida a la Rectoría, Contraloría General y al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), está precedida por un proceso conciliatorio fallido.

 

Da cuenta de ello el párrafo uno de la página 16 del documento: “El 28 de febrero de 2012, mediante el oficio 3-3022-12, esta Comisión solicitó a la rectora una propuesta de conciliación con acciones encaminadas a solucionar los hechos violatorios de derechos humanos que originaron las quejas. La respuesta de la rectora no se ajustó a lo solicitado, es decir, no se hizo una propuesta de conciliación que parta del reconocimiento de responsabilidad y ofrezca medidas reparatorias, de conformidad con el marco jurídico aplicable”.

 

Al respecto, José Antonio Guevara Bermúdez, tercer visitador, comenta –en entrevista con Contralínea– que, efectivamente, en febrero pasado, la Comisión inició un proceso conciliatorio entre las autoridades de esta casa de estudios y los quejosos (profesores, administrativos y alumnos), con base en las atribuciones que le confiere la Ley de la CDHDF.

 

El objetivo de este ejercicio, que debe partir del reconocimiento de la responsabilidad por parte del servidor público involucrado en violaciones de derechos humanos, es lograr una solución amistosa del asunto y así evitar llegar a una recomendación.

 

No obstante, los representantes de la Rectoría que acudieron a los encuentros –entre ellos, Verónica Cuenca Linares, contralora general, y José de Jesús Izquierdo Ubaldo, abogado general–, en vez de presentar propuestas tangibles de reparación, trataban de defenderse, de demostrar su inocencia, aun cuando, para entonces, la investigación de los 14 expedientes de queja respectivos a la UACM estaba agotada y acreditada la violación de 11 derechos fundamentales, explica el visitador a Contralínea.

 

 

Como último recurso, el organismo público envió una carta a Esther Orozco Orozco, rectora de la UACM, en la que le extendía un nuevo plazo para presentar su propuesta conciliatoria. La respuesta fue la misma. “No fue un ejercicio de su parte genuino para buscar una conciliación, sino para tener una oportunidad más para enmendar su mala defensa”, dice Guevara Bermúdez.

 

Así, el pasado 28 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos emitió la Recomendación 14/2012 en la que acredita la violación de los siguientes derechos: educación, honra, dignidad, libertad de expresión, igualdad, no discriminación, garantías judiciales, debido proceso, libertad sindical, libre asociación y de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

 

Alude al caso de las “trabajadoras y trabajadores, de administrativos, personal académico, alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a quienes, por motivo de las críticas hacia las autoridades universitarias, se les han vulnerado sus derechos humanos”.

 

Entre los puntos recomendatorios que la CDHDF realiza a Esther Orozco destacan la creación de una comisión de diálogo y conciliación, integrada por personas de reconocida autoridad moral y académica para resolver el conflicto, la creación de una defensoría de los derechos universitarios de carácter independiente e imparcial, y la realización de un acto público en el que se fortalezca la percepción social de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y se reivindique su visión y misión.

 

Al Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de esa casa de estudios, le encomienda colaborar en el restablecimiento del tejido social al interior de la institución educativa, a través, por ejemplo, de la aprobación consensuada de las Normas de Convivencia basadas en los derechos de la comunidad universitaria.

 

El legajo de 68 cuartillas pone especial énfasis en la competencia de la CDHDF para conocer las quejas de organismos autónomos, como lo es la Universidad. Esto debido a que en la etapa inicial de investigación, las autoridades de esa institución educativa cuestionaron dicha facultad. A decir del tercer visitador, los cuestionamientos carecen de fundamento: el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como únicas limitaciones a la labor de esta Comisión aquellas que se refieren a la naturaleza electoral o las propiamente jurisdiccionales.

 

Como consta en el acta circunstanciada CDHDF/III/122/BJ/11/D1798, suscrita por María Isabel Quintana Luna y Raúl Camacho Bárcenas, visitadores adjuntos de Apoyo de Investigación de la Tercera Visitaduría General, ambos dotados de fe pública, las autoridades universitarias se negaron inicialmente a recibir la Recomendación.

 

El 28 de septiembre, alrededor de las 17:15 horas, los visitadores acudieron a las instalaciones de la UACM ubicadas sobre la avenida División del Norte. Ahí, Berenice Silva, quien se identificó como asistente de la Rectoría, les informó que “no recibiría ningún documento debido a que tenía esas instrucciones de la rectora”. Después, se comunicaron telefónicamente con el abogado general, quien “señaló que no podía recibir la Recomendación”. Finalmente, se presentaron en las oficinas de la Contraloría, en donde Pedro Estuardo, asistente administrativo especializado, les indicó que “por instrucción de la contralora interna no podía recibir la Recomendación”.

 

Como consecuencia de lo anterior, el organismo a cargo de Luis González Placencia procedió a realizar la notificación vía estrados. Ésta surtió efectos legales tres días después, el 1 de octubre, cuando un grupo de funcionarios de la UACM, encabezados por la contralora y el abogado general, se presentó en las instalaciones de la Comisión, al Sur de la ciudad, a recoger la Recomendación. A partir de esa fecha, las autoridades de la Universidad cuentan con un plazo máximo de 15 días hábiles para responder si aceptan o rechazan los puntos recomendatorios.

 

José Guevara explica que si la respuesta es satisfactoria, las autoridades involucradas en violaciones a derechos humanos tendrán que informar al área de seguimiento de la Comisión las medidas adoptadas para dar cumplimiento a los puntos recomendatorios. En caso de que la Recomendación sea rechazada total o parcialmente, corresponderá a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en términos de lo que marca el artículo 65 Bis de la Ley de la CDHDF, citar a comparecer a las autoridades universitarias con el objetivo de escuchar las razones de su decisión.

 

En el supuesto de que se concrete el segundo de los escenarios, “ya estará en la Asamblea hacer institucionalmente relevante el instrumento recomendatorio de la Celecomisión, que yo creo que es una tarea pendiente a partir de la reforma constitucional del año pasado que le otorga o reconoce esa responsabilidad a los gobiernos locales, a la Asamblea Legislativa y al Congreso federal para que fortalezcan el trabajo de las comisiones”, manifiesta el tercer visitador.

 

Consultada al respecto, Dinorah Pizano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, dice que el hecho de que la rectora de la UACM no haya aceptado en un primer momento la Recomendación “es una circunstancia delicada, en tanto que pudiera poner en duda el ánimo de ella por resolver la problemática”. Por eso, le hace un llamado a aceptar los puntos recomendatorios del documento, hecho que “abonaría en la resolución del conflicto”.

 

Transcurridos apenas nueve días de la emisión de la recomendación 14/2012, la diputada local hizo de conocimiento público el contenido de la iniciativa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del que forma parte, para modificar la Ley de la CDHDF y la Ley Orgánica del Congreso local, con el objetivo de evitar el incumplimiento o la evasión por parte de los servidores públicos de las recomendaciones del ombudsman capitalino.

 

Se trata, en resumen, de eliminar la aceptación o cumplimiento parcial de éstas y de establecer un procedimiento claro y preciso para que el legislativo local llame a cuentas a los funcionarios que no las atiendan.

 

Y es que, como lo advierte la también diputada local Polimnia Romana Sierra, “la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la nacional no pueden seguir emitiendo recomendaciones que nadie hace caso. Ése ya es un problema más de fondo. Lo que tenemos que dar son herramientas para que no nada más se haga una recomendación, sino que se sancione a cualquier institución que viole derechos”.

 

Para Dinorah Pizano, el conflicto por el que actualmente atraviesa la UACM tiene que ver con afectaciones a los derechos humanos de la comunidad universitaria, pero también con un problema de comunicación: “Es un tema en que ha faltado diálogo, de que las posturas de ambos grupos no se han acercado a las otras”.

 

Yuriri Ayala Zúñiga, presidenta de la Comisión de Educación de la ALDF, considera que el conflicto debe desactivarse sin violencia y por eso llama a la rectora de la UACM a abrirse al diálogo: los alumnos que han expresado posiciones contrarias a ella “son jóvenes que quieren estudiar y que no son delincuentes”.

 

La diputada perredista comenta que aunque por el momento no han planeado llamar a comparecer a Esther Orozco, trabajan en establecer lazos de diálogo con todas las partes para conocer sus puntos de vista y, “en la medida en que vayamos viendo, ya iremos tomando las medidas necesarias para resolver este conflicto”. Esto, “sin violar la autonomía de la Universidad” y en “el marco de no politizar esta circunstancia”.

 

 

La Recomendación 14/2012, que deriva de 14 expedientes de queja que ingresaron a la CDHDF del 16 de marzo de 2011 al 15 de febrero de 2012, acredita la violación de 11 derechos fundamentales, establece 13 puntos recomendatorios y está precedida por 12 medidas precautorias dirigidas a diversas instancias de la administración local.

 

A decir de José Enrique González Ruiz, coordinador del posgrado en derechos humanos de la UACM, se trata de un documento histórico para las universidades de América Latina, pues ésta es la primera vez que un conflicto universitario da lugar a una recomendación de estas características.

 

“Sin mayores calificativos, diría que coincidió que en un periodo de tiempo se presentaron incidentes que resultaron ser violaciones a los derechos humanos, en donde no se tomaron las medidas adecuadas para prevenirlos”, manifiesta José Guevara, tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

 

De acuerdo con el funcionario, el corazón de la Recomendación está en las violaciones al derecho a la educación, “lo cual se traduce en una descomposición y un conflicto que está impidiendo que la gente dedique su tiempo a lo que tiene que estar haciendo: los profesores a educar, dar sus clases e investigar; los estudiantes a formarse”.

 

Al respecto, el documento de la Comisión refiere diversas situaciones que vulneran este derecho, consagrado en el Artículo 3 constitucional y en instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ejemplo, la agresión física y verbal en contra del estudiante Julio Canek Gonce por parte del profesor José Luis Rangel, con motivo de sus opiniones sobre los problemas que vive la Universidad.

 

Y es que “el descuido de las autoridades ha provocado que el derecho a la educación no se garantice plenamente, en perjuicio de la comunidad universitaria, ya que no se promueve un ambiente que proteja la integridad personal de los miembros de la comunidad y que garantice espacios de libre expresión de las ideas”.

 

Otro tema relevante de la Recomendación es el derecho a la libertad sindical, dice Guevara Bermúdez. Éste se encuentra plasmado en el Artículo 123 de la Constitución Política mexicana, en Ley Federal del Trabajo, en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

 

 

 

Tres de los 12 puntos recomendatorios se pronuncian en este sentido. El quinto pide a la rectora que reconozca “la representación sindical del Sindicato Único de Trabajadores de la escuela (SUTUACM), conforme a la toma de nota de la coordinación ejecutiva de la Comisión Electoral así como del Padrón de Socios del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad, de fecha 10 de enero de 2012, expedida por la Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal”. El sexto, que adopte “las medidas necesarias para respetar la libertad sindical, así como brindar todas las facilidades para el buen funcionamiento y organización del SUTUACM”. Y el séptimo, que deposite “en la cuenta bancaria del SUTUACM las cuotas retenidas”.

 

Para Claudio Albertani, profesor investigador de la UACM e integrante de la cartera de Asuntos Laborales del SUTUACM, la Recomendación 14/2012 de la Comisión de Derechos Humanos “nos hace justicia, porque demuestra el carácter político de los procesos iniciados por la administración universitaria contra los trabajadores, así como el autoritarismo y la falta de legalidad”.

 

Alude, en concreto, a las violaciones del derecho al debido proceso que concluyeron en el “despido injustificado” de los universitarios Alberto Benítez, John Hazard, Julia Cortés y Netzahualcóyotl Luna, así como en la suspensión, sin salario, de Eduardo Mosches. En su caso, señala, “existen dos procesos en la Contraloría que no han desembocado en el despido, pero que la administración mantiene como espada de Damocles con el claro objetivo de callarme”.

 

Por eso, la CDHDF recomienda a Verónica Cuenca, contralora general de la Universidad capitalina, que sean restablecidos en sus derechos Alberto Benítez, John Hazard, José Luque, Claudio Albertani, Luis Bojorge, Julia Cortés y Netzahualcóyotl Luna. “Para tales efectos, según sea el caso, se sobresean los procedimientos iniciados o se abstenga de sancionar o se allane en el correspondiente proceso al que hayan recurrido las personas agraviadas para impugnar la resolución en contra, con el propósito de que queden sin efecto las sanciones que les hayan impuesto”.

 

Claudio Albertani apunta que existen otros ocho casos de despidos injustificados (Juan Carlos Barranco, Eduardo Alva, Luis Briones, Hiram Valverde, Pedro León, Darío Ramos, Patricia Gress y Mario Mancilla) que, sin embargo, no están incluidos en la Recomendación del 28 de septiembre pasado, ya que son posteriores a los hechos investigados o los trabajadores optaron por no presentar queja ante la Comisión de Derechos Humanos.

 

Cabe señalar que ésta es la segunda recomendación de la CDHDF en la que se pronuncia en materia laboral, luego de la reforma constitucional de junio de 2011, que faculta a las comisiones de derechos humanos para conocer de estos asuntos.

 

La primera queja que llegó a la CDHDF en el contexto del conflicto por el que atraviesa la UACM data del 16 de marzo de 2011, cuando Abraham Guzmán de Blas, entonces secretario general del SUTUACM, acusó a Iris Sosa, excoordinadora de Obras y Conservación, de haber proferido palabras agraviantes en contra de trabajadores e integrantes de este Sindicato, como: “Son unos tontos y tarados”. Ésta y otras quejas sirvieron para acreditar la violación de los derechos a la honra y dignidad de los trabajadores.

 

 

Aunque la Recomendación actual sólo está dirigida a tres instancias de la administración de la UACM, involucra a un puñado de servidores públicos afines a la Rectoría universitaria, entre los que destacan Iris Sosa, excoordinadora de Obras y Conservación; Tábata Rivera, subdirectora de Recursos Humanos; José de Jesús Izquierdo, abogado general; Nora Huerta, coordinadora de Difusión Cultural y Extensión Universitaria; Elizabeth Romero, excoordinadora de Certificación; y José Antonio Cid, coordinador de Servicios Administrativos.

 

La institución que preside Luis González Placencia no descarta que puedan emitirse más recomendaciones sobre el caso de la UACM, pues recientemente han ingresado a la Comisión siete quejas que se encuentran en etapa de integración y que señalan violaciones al derecho a la educación y a la libertad de expresión, entre otras.

 

Para la realización de este trabajo se solicitó conocer la versión oficial, por medio de una entrevista con la rectora Esther Orozco o con los servidores públicos de la Universidad facultados para hablar del tema. El periodo de gestión de las entrevistas se prolongó por 12 días (del 28 de septiembre al 10 de octubre). Finalmente Claudia Macedo Ramírez, coordinadora de Comunicación de la UACM informó de la negativa a la solicitud de entrevista, por motivos de “agenda saturada”.

 

 

 

Fuente: Contralínea 307 / Octubre de 2012