Oaxaca, Oaxaca. “He tenido que pagar mi traductor y mi defensa desde mi detención. Estoy en dos procesos legales, acusado de tres asesinatos que no cometí. He padecido tortura y maltrato”, asegura Roberto Cárdenas Rosas, un indígena triqui encarcelado en el Reclusorio Regional Villa de Etla.
Más de 16 años han pasado desde que enfrentó su primer proceso penal, y desde entonces fabrica bolsas de hule y usa las remesas que le mandan dos de sus hijos desde Estados Unidos para su defensa. El segundo proceso en su contra es por el supuesto homicidio calificado de Heriberto Pazos, pese a que éste ocurrió mientras él estaba en reclusión.
De origen campesino, Roberto ha tenido que aprender mejor el castellano y estudiar las leyes mexicanas, para saber y entender las acusaciones que recaen sobre él y contribuir en su defensa.
Desde el penal varonil, el hombre relata el vía crucis que ha tenido que padecer desde enero de 2003, cuando fue señalado de matar a Ignacio Salazar Ramos y Juventino Quiroz Quiroz, vecinos de su natal San Miguel Copala, una región de la mixteca dominada por la violencia de grupos paramilitares, y por el que lleva el proceso legal 57/2002.
La segunda causa en su contra (168/2014) es la del asesinato de Heriberto Pazos, líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), ocurrido en octubre de 2010, poco después de que Cárdenas Rosas fuera trasladado a este centro penitenciario.
Mientras remueve el café de grano que será su desayuno, habla de lo que considera el “ensañamiento” que ha padecido por parte de los custodios, en el traslado de un penal a otro; así como de la tortura que ha significado saber que su familia padecía la rudeza de sobrevivir en un territorio donde dominan las armas.
Después de ser detenido en enero de 2003, fue internado en la Penitenciaría del Estado (hoy Centro de Reinserción Social número 1); posteriormente, al reclusorio de Miahuatlán de Porfirio Díaz (Centro de Reinserción Social número 3), hasta llegar a la cárcel donde actualmente pasa los días.
Ha compilado un amplio expediente, decenas de hojas escritas de su puño y letra, que muestra el croquis del lugar donde fue golpeado y torturado, en el reclusorio de Miahuatlán.
Roberto también enseña las cartas y peticiones que ha enviado a diversas instancias de gobierno, desde exfuncionarios estatales, como Eduardo Aragón Mijangos, exencargado de la Coordinación Para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca; Arturo de Jesús Peimbert Calvo, exdefensor de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; Mónica Elizabeth Espejo Blanco, jefa de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Poder Ejecutivo de Oaxaca; y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ya no quiere seguir perdiendo más horas de su vida entre las cuatro paredes que lo aprisionan. Dejó de ver a sus dos hijos mayores desde que eran pequeños, y ya no sabe cuándo volverá a verlos porque han tenido que emigrar a Estados Unidos en busca de la sobrevivencia.
Platica que su detención derivó de la disputa que había entre las organizaciones que había en la región mixteca, donde los grupos de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y el MULT se peleaban por los recursos económicos que bajaban de la federación, originalmente destinados para obras de infraestructura y proyectos regionales, pero que eran utilizados en beneficio de unos cuantos y para la compra armamento.
Carolina, su esposa, también lo escucha, revive y asienta con la cabeza cada uno de los momentos cruentos que han tenido que pasar. El indígena triqui entrelaza los dedos, respira profundamente y expone que, en 2002, él y su padre formaban parte del Comité de Defensa de Derechos de los Pueblos, un grupo de influencia en San Miguel Copala.
Las disputas que había entre las organizaciones habían pretendido su adherencia, en específico al MULT, entonces dirigido por Pazos, asesinado el 23 de octubre de 2010.
Comenta que se negó a ser parte de la organización, pese a los ofrecimientos materiales y económicos, y que de ahí viene la acusación de haber asesinado a Ignacio Salazar Ramos y Juventino Quiroz Quiroz.
“Pero yo no fui, yo no estaba ahí, fue un modo de presionarme. Todo viene aquí”, alega mientras muestra las hojas que ha escrito para no perder detalle al momento en que tenga que defenderse.
En la carta dirigida al presidente López Obrador asegura que él se encontraba trabajando como albañil en Ocotlán, Oaxaca, mientras Ignacio y Juventino fueron emboscados en un paraje de la mixteca.
El caso de Roberto es uno de los más de 530 que analiza la Secretaría de Gobernación (Segob), ante la posibilidad de que se esté llevando una condena de manera injusta.
El Análisis situacional de los derechos humanos de las personas indígenas en reclusión 2017, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), refiere que hasta octubre ese año, la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de 7 mil 340 personas. De ésta, 6 mil 880 pertenecen al fuero común y 460 al fuero federal; asimismo 244 son mujeres y 7 mil 96 hombres.
Los grupos étnicos que mayor número de personas registran son: 1 mil 668 náhuatl, 551 zapoteco, 432 mixteco, 409 tsotsil, 392 maya, 388 tarahumara, 380 otomí, 374 tzeltal, 321 mazateco, 305 totonaco, 174 chol, 159 mixe, 151 tlapaneco, 149 chinanteco, 148 mazahua, 142 tepehuano, 136 cora, 129 huasteco, 117 mayo, indica el informe.
En la oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto ha entrado en la lista de los presos que el gobierno podría liberar, según lo indica un documento oficial firmado por Neftalí Granados González, director de Seguimiento e Implementación de Medidas Preventivas o de Protección y Misael Rojas Mejía, del que Contralínea posee copia.
El oficio del 8 de abril de 2019 se deriva de una reunión realizada por ciudadanos pertenecientes a la comunidad triqui de Oaxaca e integrantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; así como Unidad de Asuntos Jurídicos de la Segob.
Ahí se analizó el caso de cuatro triquis “considerados presos políticos”, se leer en el documento de Gobernación: Reynaldo Martínez Álvarez, con los expedientes: 51/2005; 66/2005; 70/2005 y 168/2014, acusado por tentativa de homicidio; Miguel Ángel Velasco Álvarez, con los expedientes: 70/2007 y 62/1994, acusado por secuestro y homicidio; Roberto Cárdenas Rosas, con los expedientes: 57/2002 y 168/2014, acusado por homicidio y homicidio calificado; y Juliantino García Ramírez, con los expedientes: 168/2014, acusado por homicidio calificado.
El pasado 5 de junio, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, comentó que actualmente hay 538 casos en análisis, en los que se considera que hay “elementos de injusticia, de violaciones a su proceso, de detenciones indebidas, de declaraciones obtenidas incluso bajo tortura y, por supuesto, vamos a seguir en cada uno de estos casos haciendo la revisión exhaustiva en coordinación en lo que se refiere a delitos que se les imputaron del fuero común con las autoridades locales, las fiscalías”.
El presidente puntualizó: “hay quienes están en la cárcel y ya son ancianos, hay quienes están en la cárcel y nunca tuvieron defensores o son indígenas que no hablan el castellano, que hablan su lengua materna”.
Hombres armados con cuernos de chivo llegaron a la plaza central de la comunidad indígena de San Miguel Copala, en la mixteca oaxaqueña, el 2 de febrero de 2010. Mencionaron el nombre de unos cuantos: Pedro Hernández Bautista, Pedro Ignacio Hernández Rojas, Inocente Santos López y Antonio Francisco Villa, los llevaron con las manos a la altura de la nuca hacia la parte más selvática de la región. Se escucharon las detonaciones que acabaron con ellos.
El 5 de febrero fueron nombrados otros de la misma manera: Vidal Hernández Bautista, Pedro Francisco Ortega y Ricardo Gutiérrez, fue utilizada la misma estrategia, serían ejecutados por paramilitares.
Carolina había salido de la comunidad para acompañar a los deudos a enterrar a los primeros asesinados, regresaría horas más tarde. Fue localizada por uno de sus familiares para alertarle que sería mejor que no regresara, la población estaba en peligro, muchos ya no pudieron ni entrar a sus casas, ella entre ellos.
Era 2010, uno de los años más tensos entre los triquis, el mismo año en que fueron asesinados en una emboscada a la caravana de paz que pretendía entrar a San Juan Copala, Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Jiry Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, baleado con cuernos de chivo a más de una veintena de maestros, defensores de derechos humanos y observadores internacionales.
Desde ese año, la familia de Carolina y Roberto ha vivido en distintos espacios, incluso en lugares públicos, en reclamo de justicia, para su esposo y para su familia que no ha podido regresar a su pueblo.
“Me salió buena”, dice Roberto quien agradece el apoyo y lealtad de su esposa. “Ella es la que más ha resistido desde que yo estoy encarcelado. No ha dejado de buscar justicia en algún momento. Va, viene, atiende a los hijos y está al pendiente de mi”, comenta.
Ambos ya tienen hijos que desde Estados Unidos cooperan para pagar la defensa de su padre, la manutención de su madre y hermanos, pero, señala Roberto: “la defensa con el interprete es obligación del Estado no de mis hijos”.
mujer indígena lo mismo entra al penal oaxaqueño que a la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, donde empuja las gestiones para la liberación de su marido, a través de la amnistía prometida por el gobierno federal desde la asunción de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.
También lleva a su hijo al hospital psiquiátrico, para su revisión, pues tiene un efecto postraumático del paramilitarismo que amenazó a los suyos. La violencia ejercida en la mixteca baja dejó secuelas en uno de los hijos de Roberto, Hernán Cárdenas, quien fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, a pocos meses de que pudiera concluir con sus estudios a nivel licenciatura.
El 25 de febrero de 2015, el entonces joven de 22 años fue llevado al hospital, después de presentar ataques de pánico y violencia en contra de su familia, antes ya había sido medicado por problemas de insomnio; pero al no hacer efecto el tratamiento, su madre acudió de urgencia al psiquiatra.
El dictamen fue contundente y entre los medicamentos, le fue recetado: Quetiapina, Valproato de Semisodico y Clonazepam, mismos que no siempre tiene disponible la clínica y deben ser comprados por su familia, ya que no puede suspender en ningún momento el tratamiento, debido a su vulnerabilidad.
Esta comunidad ha sido una de las afectadas por los intereses de grupos que pretendían apropiarse del dinero público que llegaba a través de los ramos 28 y 33; el primero, se trataba de transferencias destinadas a los estados y municipios que podían ser utilizadas libremente; el segundo, para asuntos relacionados con infraestructura, seguridad pública, educación y salud.
También ha sido una de las que han expulsado a decenas de familias que sobrevivían de la siembra de autoconsumo y ahora viven desplazadas en diversos puntos del estado, del país o, incluso, de manera ilegal en Estados Unidos.
Cifras de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría del Bienestar) evidencian la baja poblacional que se registró tan sólo de 2005 a 2010, este último año fue uno en el que los delegados de las dependencias oficiales temían entrar a la zona por la violencia a la que se veían expuestos.
El registro oficial indica que en 2005 había una población total de 1 mil 047 personas en San Miguel Copala, pasó en 2010 a 677, que los habitantes de este lugar subsistían en un grado “alto” de marginación, con el 72.03 por ciento de las viviendas con piso de tierra.
Érika Ramírez, enviada
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