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De huipil largo rojo con detalles de listón azul que descienden hasta la bastilla –característico de la comunidad triqui–, Rosa, una mujer de piel morena y originaria de Tierra Blanca, Copala, lleva poco más de 15 días en la Ciudad de México protestando tras los ataques de un grupo armado que irrumpió en su comunidad el 28 de enero pasado.
Sentada en una lona blanca que hace de piso en el campamento instalado entre las avenidas Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, en el Centro Histórico de la capital, exige a los tres niveles de gobierno justicia para su pueblo, poder volver a su hogar y cárcel para los perpetradores del ataque.
En compañía de la menor de sus cuatro hijas, la mujer de 31 años describe como “difícil” el desplazamiento forzoso que padecen. También se reconoce “triste” por no poder volver a Tierra Blanca, ni siquiera a Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, donde se encuentran sus otras tres hijas, su marido y su suegra. A Rosa le duele la cabeza sólo de pensar si sus pequeñas fueron aseadas, si han comido bien… “No he visto a mis niñas desde que me fui”.
Rosa señala que se vio obligada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), a punta de “cuernos de chivo” (fusiles de asalto AK-47) a salir de su comunidad a bordo de una camioneta junto con más “abuelitas” y menores de edad. “A ellos [los agresores] no les importó que fueran bebés”. Fue entonces cuando llegaron a Yosuyuxi, comenta, “y los compañeros de ahí nos ayudaron: pagaron el pasaje para llegar acá”.
Llegó a la Ciudad de México sin ropa ni cobijas. Rosa ahora sólo es propietaria del huipil que viste, una gorra negra y un par de zapatos de hule; su niña, de una blusa y un pantalón desaseados y un par de tenis. “Nos robaron todas nuestras cosas: nuestro dinero, mis huipiles, mis ollas, mi licuadora, mi televisión, mis gallinas, mis chivos y toda la fruta que vendo”.
A la preocupación por estar lejos de su familia y no saber cómo se encuentra, se suma la falta de dinero e insumos a los que estaba acostumbrada en Tierra Blanca. Carecen de cobijas, jabón para lavar y comida, porque en la ciudad “todo está muy caro”.
“Queremos justicia, pero el gobernador [Alejandro Murat] no nos quiere ayudar. Queremos que la Guardia Nacional vaya a que nos cuide. Queremos regresar a nuestra casa porque es muy difícil andar en la calle y no es lo mismo ir a la casa de la familia: con los niños no se puede.”
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