De entre el catálogo de gravísimos problemas que integran el volcán sobre el que estamos (el volcán de las posibles erupciones de violencia social al conjuro del bicentenario y centenario revolucionarios de 1810 y 1910, por parecidas causas), tienen mayor relieve la impunidad, el desempleo, la pobreza, la corrupción y el mal gobierno.

Por menos de estos males estallaron esas dos revoluciones, cuyo amarre histórico fue la revolución de Ayutla de 1854. Esos aniversarios llegan cuando la derecha más torpe e ineficaz para gobernar prepara los festejos que, con o sin derramamiento de sangre, pueden convertirse en violentas manifestaciones que, encabezadas cuando menos por 1 millón (de los más de 108 millones que somos), pueden poner las condiciones para un revés histórico al neoporfirismo panista.

De esos cinco males que están dañando peligrosamente la convivencia entre mexicanos (especialmente entre los de “abajo” y los de “arriba”, en una nueva versión de la lucha de clases, lo reconozcan o no intelectuales del ala liberal-derechista-conservadora y los intelectuales que aseguran está superada esa lucha social económica de gran incidencia política), la impunidad es, jurídicamente, por la violación al imperio de la ley, es decir, por sobreponerse a la unidad identidad del derecho y el Estado, uno de nuestros principales problemas.

No bien concluía el movimiento armado de la Revolución de 1910 y su victoria al costo de más de 1 millón de mexicanos de todos los bandos sacrificados a sangre y fuego, tuvo comienzo la impunidad en el sentido de que –el doble salto mortal del Partido Revolucionario Institucional al Partido Acción Nacional sin la red de la transición y la muy discutida alternancia– empezaron y han terminado sin dar cuenta y razón de sus actos y omisiones que acusan delitos penales, administrativos y civiles, cuyas acciones prescribieron debido a la impunidad.

Son casi 70 años (1940-2009) sin exculpar el periodo de Carranza a Cárdenas y sus impunidades en el ejercicio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de las entidades, cuando más se intensificaron esos abusos del poder, para arrojar lo que hoy es, con la otra cara de la corrupción, la impunidad (y los otros problemas: desempleo masivo; pobreza con aristas de hambruna, enfermedades y demás rezados sociales; el mal gobierno derechista-panista con sus liberales, no en política, como en neoliberalismo económico), cuestión de vida o muerte para nuestra todavía muy elemental democracia al garete por la falta del ancla republicana.

Al grado de que se habla ya de la refundación republicana para conectarla con la herencia de la restauración republicana planteada por la gloriosa revolución de Ayutla, que parió a la generación del iluminismo ilustrado que encabezaron, después de Juan Álvarez, Benito Juárez y aquellos “hombres que parecían gigantes” (Ocampo, Ramírez, Altamirano, Prieto, Zarco… casi un centenar. Daniel Cabrera, editor, Liberales ilustres de la Reforma y la Intervención, publicado en 1890 por la imprenta de El hijo del Ahuizote y vuelto a editar por Miguel Ángel Porrúa, en edición facsimilar, en 2006).

Hay pocos estudios sobre la impunidad publicados para conocimiento de la opinión pública. Y mucho menos textos acabados que reúnan consistencia metódica y sistemática, aterrizados para su reflexión, en hechos consumados de presunta e in fraganti impunidad, como el ensayo del abogado (litigante, además) Julio Scherer Ibarra, que lleva como título inequívoco Impunidad. La quiebra de la ley.

Con cuidada prosa periodística y certerísima conceptualización jurídica del problema político (correspondiente a una ética democrática y republicana), consecuente con la constitucionalidad del tema, es abordado desde la perspectiva del derecho positivo mexicano. En un trabajo excepcional, sin andar por las ramas, Scherer Ibarra va directo al tronco y la raíz del fenómeno que tantas desgracias está causando en la sociedad, ya que la impunidad, por lo general, se refiere a las desviaciones legales vía el encubrimiento, la protección, de los funcionarios entre en sí a través de un encadenamiento de mutuos otorgamientos de impunidad.

El ensayo de Scherer Ibarra, con licenciatura en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y su práctica de asesoría financiera, administrativa (en el sector público), penal y civil, le han dado un amplio espectro para el conocimiento de la legalidad sobre el comportamiento ilegal por medio del abuso del poder y/o los poderes del Estado, centralizado y descentralizado como, en nuestro caso, del mermado sector público empresarial, donde la impunidad es una constante en aumento que ha conducido “al paulatino derrumbe del estado de derecho”.

Es, pues, en palabras de Scherer Ibarra, “el abuso del poder que desprecia la norma y aniquila la convivencia”. El ensayo no tiene desperdicio: bien logrado en sus 125 páginas. Impecable e implacable en el tratamiento del asunto y mucho más cuando tras la concepción teórica de la impunidad, como santo y seña del mal gobierno antidemocrático y antirrepublicano, en su capítulo cuatro nos pone frente a los recientes y más sobresalientes casos de impunidad: Arturo Montiel, Alfonso Navarrete Prida, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Zhenli Ye Gon y César Nava Vázquez.

Éstos son analizados como vasos comunicantes de presuntos e in fraganti responsables de hechos y omisiones, no obstante las imputaciones legales a sus conductas que, en primera instancia y con arreglo a lo que Kant conceptualiza como “el principio de publicidad”, son objeto de “un libre y público ejercicio de la razón” para examinar conductas públicas.

“Así pues, el principio de publicidad entraña la exigencia jurídica de mantener una comunicación libre y racional, institucionalizando la libertad de expresión y comunicación, asegurándola y erradicando el secreto y el engaño en el orden jurídico y político… De este modo, la opinión pública viene a ser una institución de la democracia y la comunicación libre y pública, que reclamada por el principio de publicidad se transforma en exigencia de transparencia y derecho a la información” (Dulce María Granja Castro, “El principio de publicidad en la teoría kantiana de la acción”, ensayo en el libro Cosmopolitismo. Democracia en la era de la globalización. Anthropos editorial).

A esos principios obedece la investigación Impunidad. La quiebra de la ley. Con veracidad y contrastando los ejemplos de la impunidad a la manera priista-panista, su autor fundamenta uno de los peores abusos del poder. Y completa su estudio con un conjunto propositivo para empezar a cerrarle el paso a la impunidad que corroe al Estado, desacreditando al gobierno y a sus gobernantes huérfanos de credibilidad ante una sociedad harta de “la política de impunidad que han adoptado los grupos que detentan el poder”.

Y la alternativa es la impunidad y los impunes o el imperio de la ley, antes de que en el cortísimo plazo, ante la imposibilidad de deshacernos de los malos gobernantes sin derramamiento de sangre (Karl R Popper), el pueblo que sufre las consecuencias de la impunidad, entre otros flagelos, vaya a hacer uso de su derecho “de alterar o modificar la forma de su gobierno”, derecho inalienable cuando el poder público deja de instituirse en su beneficio como buen gobierno democrático y republicano, para establecer, por medio de la impunidad, el mal gobierno.

Ficha bibliográfica:

Autor:              Julio Scherer Ibarra

Título:              Impunidad. La quiebra de la ley

Editorial:                      Grijalbo