El principal obstáculo para que la nueva refinería se construya en Tula, Hidalgo, es el ecológico, a pesar, incluso, del discurso del gobernador de la entidad, Miguel Ángel Osorio, en el que asegura que con esta obra también se resolverá el problema de la contaminación que asola la región desde hace varias décadas

Así lo han hecho saber algunos grupos ecologistas y un amplio sector de la población de la región, que ven en este megaproyecto la aceleración de la crisis ecológica que ya se vive en la zona y que impactará necesariamente al valle de México.

Primero por la contaminación del agua, aire y suelo provocada por las aguas residuales que llegan de la ciudad de México y a las que se debe agregar los desechos industriales que arrojan al Río Tula las empresas del estado de México, así como por las emisiones de contaminantes de algunas empresas como la termoeléctrica, la refinería Miguel Hidalgo y las cementeras de la región.

En su primer conferencia de prensa, después del anuncio hecho por la paraestatal, al anunciar que Hidalgo sería el lugar en donde se construiría la nueva refinería, Miguel Ángel Osorio refirió que un factor por el que decidió sumarse a este proyecto fue el ambiental, ya que una de las prioridades de su gobierno, “por encima de cualquier proyecto, es la salud de la población y el mejoramiento de las condiciones ambientales de la propia región”.

Sin embargo, para algunas organizaciones ecologistas, como la Sociedad Ecologista Hidalguense (Sehi), hablar de que con el nuevo proyecto se saneara el ambiente de la región es un sueño guajiro, ya que es imposible hablar de contaminación cero ya que es desconocer las normas mexicanas, la Ley General de Equilibrio Ecológico e incluso desconoce los procesos de producción de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La región más contaminada

La contaminación en la región de Tula inicia en la década de 1960 con la descarga de aguas residuales provenientes del Distrito Federal, posteriormente se sumaron aguas industriales del estado de México y Distrito Federal, con metales pesados como plomo, níquel, cadmio y cromo hexavalente, que tienen como destino las presas Endhó y Zimapán, en donde la Universidad de Querétaro ha encontrado que hay plomo en el tejido de las personas que consumen pescado proveniente de este último deposito de agua.

Por otro lado, explica el presidente de la Sehi, Marco Antonio Moreno Gaytán, está la contaminación que, por ejemplo, en 2005 generó 65 millones de toneladas de emisiones tóxicas a la atmósfera, y de esa cantidad el 15 por ciento corresponde a la región de Huichapan, pero más del 25 por ciento corresponden a la región de Tula. Es decir, ahí se concentra el mayor porcentaje de contaminación atmosférica.

Otro gran problema de la región, informó el especialista, es la pérdida del suelo de la región provocada por las aguas residuales que se utilizan para riego por inundación y que han venido salinizando el suelo, además de la erosión eólica y la erosión hídrica que se ha venido generando en todo el Valle del Mezquital y la región de Tula, provocando un daño ambiental histórico y en muchos de los casos irreversible.

Los retos de Pemex

Para poderse instalar en Tula, sentencia el ecologista, Pemex deberá poner atención a los daños ecológicos de la región.

“La paraestatal no podrá hacer un manifiesto de impacto ambiental en el que se involucre solamente el predio en donde se va a instalar, debe ser un manifiesto de impacto ambiental de tipo regional en el que se incluya el contexto en el que se va a insertar”.

Tendrá que hablar del suelo, del agua y del aire, al igual que de las emisiones contaminantes de las otras industrias, de las descargas de aguas residuales de otros estados como el Distrito Federal y estado de México, y que llegan a la presa Endhó; de las mismas descargas residuales de las industrias de esa región, por ejemplo, Industrias Zaga que ha sido permanentemente señalada por descargar aguas residuales con desechos tóxicos directamente al río, así como los daños que provocan al medio ambiente las cementeras.

Dentro de todo este contexto se tienen que revisar la producción per cápita de emisiones contaminantes a la atmósfera, de tal manera que no lleguen las aguas residuales a los ríos, de tal suerte que Pemex sepa cuál es su producción per cápita de emisiones contaminantes, cómo va a reducir estas emisiones propias y cómo van a vincularse en la reducción de contaminantes de las otras empresas. Es decir, no puede llegar Pemex y decir yo voy a poner aquí mi planta y ya, advierte.

A demás, señala que su organización ha dicho de manera reiterada que dentro del corredor Tula-Vite-Apaxco ya no cabe una empresa más, que las condiciones de contaminación y degradación son tales que, colocar una empresa más, tendría que ser bajo estrictas condiciones de seguridad y en ese sentido se tendría que mover Pemex para pode establecer su refinería en esa zona.

Y propone que junto con la nueva refinería tiene que venir un programa de reconversión tecnológica para la refinería Miguel Hidalgo, toda vez que es uno de los principales focos de contaminación en la zona Tula-Tepeji.

Además que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pudiese realizar actividades de reconversión tecnológica de la termoeléctrica, toda vez que la Sehi y otros grupos ecologistas la han denunciado como responsable de contaminación de la zona -denuncias que han ganado porque se ha demostrado que son responsables de contaminación, todo esto tendrá que se revisado y contemplado en manifiesto de impacto ambiental.

Creación de empleos a toda costa

Bajo el pretexto de la generación de empleos, se pretende justificar cualquier acción, así ha ocurrido con la imposición del vertedero de desechos tóxicos y peligrosos que se construyó en Zimapán, a costa de la inconformidad de la gente de ese municipio minero y de los señalamientos de inviabilidad y de su peligrosidad para la vida y el medio ambiente.

Así parece haber ocurrido con la aprobación de la construcción de la “Plaza Q” en la ciudad de Pachuca, que se construyó sobre un ducto de Pemex, acción con la que se pone en riesgo la vida de las personas que trabajan y visitan ese lugar.

Y para que no haya dudas de la percepción que se tiene de la actuación de las autoridades responsables de preservar la vida y el medio ambiente, en un sinnúmero de comunicados y entrevistas a los medios de comunicación, las delegaciones de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente han incluido en declaraciones y comunicados la frase mágica “generación de empleos”, con la que parece justificar cualquier acción.

También otras organizaciones políticas y sociales, como el Partido Verde Ecologista de México, han encontrado en la generación de empleos la justificación a cualquiera acción, como lo ha hecho reiteradamente al sumarse a la ola de descalificaciones al pueblo de Zimapán por oponerse a la operación de confinamiento y como lo hizo al saber la noticia de que en Hidalgo se construiría la nueva refinaría al hablar, en un comunicado, de cuestiones económicas y dejar en un segundo término el tema ecológico.

Pero lo más grave aún es que la normatividad en materia ambiental parece llevar el mismo fin, como lo es el artículo 38 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, en donde permite a las empresas auditorías voluntarias de auto regulación.

Una vacilada las auditorias voluntarias

Para Moreno Gaytán, las auditorias ambientales voluntarias, contempladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico, son obsoletas y han servido como un marco de corrupción de uno de los elementos de inspección y vigilancia más importantes del país.

El gobierno federal, abunda, ha sido permisivo a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la realización de las auditorías voluntarias, ya que éstas reportan un porcentaje en la generación de residuos.

La propia Dirección General para la Gestión de Materiales y Actividades Riesgosas reconoce que solamente un 25 por ciento de los residuos tóxicos y peligrosos producidos en México son reportados, es decir que la propia autoridad reconoce que más de un 70 por ciento de los residuos no está siendo reportado.

En México tenemos una producción reportada de 5 millones de toneladas de desechos tóxicos y peligrosos, esto quiere decir que esta cantidad es sólo el 25 por ciento y el resto no sabemos dónde se encuentra. Además, ese 25 por ciento es engañoso, en tanto que no podemos calcular el volumen total de desechos tóxicos y peligros en el país.

Cita como ejemplo a Ciudad Sahagún, en donde se tiene demasiados pasivos ambientales. En los patios de Concarril y Boambardier, señala, se encuentran montañas de desechos industriales abandonados, confundidos como montones de tierra, que deberían estar en un confinamiento ya que éstos representan un riesgo para la salud de la gente y para el medio ambiente.

Es el mismo caso de las empresas mineras de Zimapán, como Zago y Peñoles, que han venido generando enormes jales, denuncia, que producen drenajes ácidos, contaminando el agua pero ahí se quedan. Lo mismo sucede con las refinarías de Pemex; éstas contaminan en enormes cantidades pero no hay quién haga inspección y vigilancia.

El cierre temporal de Ecoltec, la empresa incineradora y tratadora de desechos de Holcim-Apasco, gracias al activismo y denuncia permanente de la gente, demuestra que los niveles de contaminación en la región son superiores a los que la autoridad reconoce y a los que las empresas declaran. Pero también debería estar cerrada la Cementera Apasco, toda vez que es la que utiliza los combustibles alternos formulados en Ecoltec. Éste es otro ejemplo de que la actuación de la Profepa es absurda y dañina para el país, remata el activista.

“Por lo que se puede asegurar que la auditoría ambiental de la Profepa y la Semarnat es inadecuada y se debe cambiar.

No solamente para la región de tula, no solamente la región Ciudad Sahagún o Zimapán, para todo el país”, propuso.

Desconfianza en Profepa y Semarnat

Según el mismo delegado de la Profepa en Hidalgo, Eugenio Bravo Quintanar, la mayoría de las empresas instaladas en al entidad violan la norma oficial mexicana 083 que regula la disposición de residuos peligrosos.

Y esto se debe a la poca capacidad humana y material con que cuenta la dependencia, denuncia Moreno Gaytán. Hace dos años, explica, la Profepa contaba con sólo ocho inspectores, éstos tenían que moverse en los 84 municipios, pero además existe un padrón de más de 2 mil empresas en la entidad Hidalgo que tenían que supervisar.

Estos datos reveladores permiten asegurar que los recursos materiales y humanos son nulos “en función de que es frustrante no poder cubrir el territorio estatal, y no solamente hablamos de industria, hablamos de la inspección y vigilancia de recursos naturales, hablamos de la inspección y vigilancia del crecimiento de las ciudades, hablamos de inspección y vigilancia de una serie de elementos que están ahí y que deben de ser atendidos.

“De tal suerte que la Procuraduría tienen la necesidad de reestructurarse y tienen que entender que el personal más importantes para hacer su trabajo son los inspectores y en ese sentido contratarlos, capacitarlos y mantenerlos activos, y mientras eso no se dé, las auditorias ambientales seguirán siendo la vacilada más perversa de la Profepa”.

Por último, afirmó “que la contaminación cero no existe.

La postura de la contaminación cero es una postura demagógica y quien diga que la refinería no va a generar ningún nivel de contaminación en el estado de Hidalgo, no conoce las normas oficiales mexicanas ni conoce la Ley General de Equilibrio Ecológico, pero tampoco conoce los mecanismos de producción de Pemex que, aparte de que puedan ser muy limpios, son generadores de desechos tóxicos y peligrosos”.

Una estopa con aceite o con gasolina, producto de la reparación de un tornillo, que pese 5 o 10 gramos, son 5 o 10 gramos de contaminación. La contaminación cero no existe, es un ideal, pero no se va a dar, ya que la nueva refinería aportara entre el 1 y 2 por ciento de los contaminantes a la zona, puntualizó Moreno Gaytán, presidente de la Sehi.