Las jornadas laborales de la clase trabajadora se extienden pero sus ingresos se achican, no sólo como consecuencia de la pérdida de su poder de compra. Así lo develan los integrantes del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a partir del análisis de los resultados de la Encuesta nacional de ocupación y empleo, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Del comparativo de las cifras del cuarto trimestre de 2012 –cuando la reforma en cuestión aún no operaba– con las del tercer trimestre de 2014, los investigadores universitarios revelan que aunque la población ocupada creció en 625 mil 849 personas (de 49 millones 76 mil 626 a 49 millones 702 mil 475), el sector que trabaja menos de 35 horas a la semana disminuyó en 799 mil 960 personas (de 12 millones 378 mil 265 a 11 millones 578 mil 305), mientras que el que desempeña una jornada de más de 35 horas creció en 983 mil 371 personas (de 35 millones 500 mil 740 a 36 millones 484 mil 111).
Bajo el mismo ejercicio de cotejo, los integrantes del CAM –que tiene su sede en la Facultad de Economía de la UNAM– dan cuenta de que, en el lapso en cuestión, la población que percibe entre cero y tres salarios mínimos se incrementó en 817 mil 705 personas (de 32 millones 568 mil 306 a 33 millones 386 mil 11), en tanto que la que tiene ingresos superiores a tres salarios mínimos se redujo en 773 mil 470 personas (de 11 millones 332 mil 880 a 10 millones 559 mil 410).
Los especialistas plasman su hallazgo en su reporte de investigación 118, Desempleo y menos paga por más horas de trabajo: resultados a 2 años de la reforma laboral. En éste concluyen que la reforma laboral representa, en los hechos, la continuidad de una política que precariza cada vez más a las clases trabajadoras y que, además, ilegaliza cualquier intento por dignificar sus condiciones de vida.
“La reforma laboral fue una formalización legal de métodos de explotación llevados a cabo con anterioridad. Ésa es su auténtica causa, porque el discurso de la generación de empleos y mejor pagados fue un engaño.”
Ésta no es la primera vez en que las mejorías que, se supone, instauraría la reforma laboral quedan en entredicho. En 2013, por ejemplo, Ignacio Ramón Morales, profesor-investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, a partir igualmente de un monitoreo de las estadísticas oficiales, observó una tendencia hacia una mayor volatilidad en el empleo (entrada y salida del empleo) y al incremento del empleo eventual o temporal.
En entrevista con Contralínea, Claudia Delgadillo González, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, esboza un panorama alentador a raíz de la promulgación de la reforma laboral que implicó modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. A su decir, “grandes beneficios” para el país y para los trabajadores mexicanos.
Según los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, para 2014 se habrían generado a nivel nacional 714 mil 526 puestos formales de trabajo, lo que “representa la mayor generación de empleos de las últimas 2 décadas”. Además, el Servicio Nacional del Empleo –institución pública a nivel nacional encargada de atender los problemas de desempleo y subempleo en el país– habría logrado colocar a 1 millón 500 mil personas en algún empleo o actividad productiva, respecto de las 5 millones 200 mil a las que brindó servicio gratuito.
Aunado a ello, continúa la legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se habrían realizado más de 139 mil inspecciones en beneficio de 5 millones 600 mil trabajadores, a fin de garantizar que sus centros de trabajo cuenten con las condiciones que establece la ley laboral vigente. Finalmente, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo –órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social creado para proteger los derechos de los trabajadores ante la autoridad laboral– habría resuelto, a través de laudos o convenios, 17 mil 687 juicios laborales en favor de los trabajadores y recuperado en su beneficio 5 mil 800 millones de pesos. Esto último, explica, porque la reforma laboral trajo consigo la posibilidad de una justicia más pronta y expedita en la materia.
Consultada respecto de los hallazgos de los investigadores universitarios que, basados en las estadísticas del Inegi, apuntan a que la reforma laboral implicó la extensión de las jornadas de trabajo y la disminución de los ingresos de la clase trabajadora, Delgadillo González considera que el comparativo no es viable y que carece de sustento. Subraya, en tanto, que las cifras que ella brinda son las del gobierno federal y las que sí están respaldadas por las instituciones reconocidas por el Estado mexicano.
“Convincentemente la reforma laboral, con la que se abrió esta segunda legislatura, ha traído grandes beneficios”, concluye la diputada federal. Beneficios entre los que, a su decir, destaca el de una mayor inversión para el país: “Sé que, ahorita, muchos gobernadores de los diferentes estados de la República se han reunido con grandes empresarios trasnacionales que van a traer empresas a nuestro país y eso va a traer beneficios a los mexicanos”.
A pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 123, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, para el primer trimestre de 2014 existían en el país 8 millones 735 mil 356 personas desempleadas, de acuerdo con el cálculo de quienes conforman el CAM.
No obstante, las cifras oficiales son otras. De acuerdo con el Inegi, para ese periodo 2 millones 746 mil 235 personas se encontraban desocupadas, es decir, 5 millones 989 mil 121 menos que las que reportan los investigadores universitarios.
La diferencia de cifras recae en el método. Para dar cuenta del fenómeno del desempleo, el Inegi sólo contempla a la población desocupada que se encuentra dentro de la población económicamente activa, es decir, aquella mayor de 14 años que no tiene empleo a pesar de haber buscado colocarse durante el último mes.
Los miembros del CAM, en cambio, contabilizan también a las personas disponibles de la población no económicamente activa, que son aquellas que aunque desean emplearse no tienen trabajo y no lo buscan porque ya se cansaron de buscarlo o porque creen que no van a encontrarlo, mismas que estarían en situación “crónica de desempleo”.
En este sentido, los investigadores universitarios apuntan que la medición de la tasa de desocupación a cargo del Inegi es sesgada, puesto que oculta al 68.56 por ciento de la población desempleada y, por tanto, la verdadera magnitud del problema.
Señalan, además, que dicha medición no se corresponde con los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que “en situaciones en que los medios convencionales de búsqueda de empleo son insuficientes, en que el mercado laboral está bastante desorganizado o es de alcance limitado, en que la absorción de la mano de obra es, en el momento, considerado, inadecuada, o en que la fuerza de trabajo está compuesta principalmente por personas con empleo independiente”, debe aplicarse la siguiente definición de desempleo: todas aquellas personas que tengan más de cierta edad especificada y que durante el periodo de referencia se hallen sin empleo –que no tengan un empleo asalariado o independiente) o corrientemente disponibles para trabajar (disponibles para trabajar en empleo asalariado o en empleo independiente durante el periodo de referencia).
Claudia Delgadillo González invita a “estos jóvenes investigadores” a acercarse a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, misma que preside, con el objeto de conocer los pormenores del método que proponen para calcular el desempleo en el país, lo que, asegura, jamás ha sido abordado por los diputados puesto que “nosotros confiamos directamente en el Inegi”.
—Yo invitaría a estos estudiantes, bueno a estos investigadores, a que nos digan cuál es el método que ellos utilizaron para poderlo analizar. Que nos expliquen la metodología para ver si es válida o no. Con mucho gusto, la Comisión de Trabajo está dispuesta a platicarlo con ellos y con el Inegi, y a hacer una valoración con los diputados integrantes de quiénes son los que tienen la credibilidad, porque los datos que yo te doy son lo que te arroja el Inegi e instituciones reconocidas en el país.
Flor Goche, @flor_contra
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