Durante 30 años, un apoderado legal de la Secretaría de Hacienda, Jaime Loé Rangel López, defendió en tribunales de Conciliación y Arbitraje unos 28 mil juicios laborales en favor de varias secretarías de Estado y otras entidades públicas, en perjuicio de miles de trabajadores del gobierno federal que exigían su reinstalación o sus liquidaciones respectivas cuando eran despidos.

Con cargo de subdirector de lo Contencioso Laboral de la Secretaría de Hacienda y un nivel salarial NB23 (equivalente a 40 mil pesos mensuales en 2012), Rangel López tenía bajo su mando un equipo de seis abogados responsables de atender quejas y demandas que se presentaban en el ámbito laboral en las secretarías de Hacienda, de Educación Pública y de Relaciones Exteriores, entre otras, así como algunos órganos desconcentrados  como el IMSS e ISSSTE.

El problema es que ese funcionario nunca estudió derecho y para ejercer su cargo plagió la cédula profesional número 1605805, que corresponde a una contadora pública egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, según los registros oficiales de la Dirección General de Profesiones, lo que convierte prácticamente en inválidos y perdidos para el gobierno federal esos 28 mil juicios laborales que la Secretaría de Hacienda y otras entidades orquestaron en contra de miles de servidores públicos para correrlos, algunos de ellos ya fallecidos.

En el oficio número 376.IV.-1090 de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que obra en el grueso expediente de la investigación 2012/SHCP/DE246-T319 (con carácter de reservado) con miles de fojas e integrado por el Órgano Interno de Control (en poder de este reportero), se precisa con claridad lo anterior:

“En su carácter de apoderado legal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, (Jaime Loé Rangel López) firmó documentos oficiales, tales como contestaciones de demanda, interposición de demanda de juicios de amparo, así como recursos de revisión y oficios de trámite interno dirigidos a las diversas unidades administrativas de esta Secretaría, ostentándose en éstos como licenciado”

A pesar de tener conocimiento desde 2012 de esta grave situación que afectó a miles de empleados públicos, ni la Secretaría de Hacienda, ni la Procuraduría Fiscal de la Federación, ni el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje notificaron a los trabajadores perjudicados las irregularidades en que habían incurrido las autoridades hacendarias para despedirlos y, en consecuencia, buscar reparar el daño causado.

Más aún, después de que muchos trabajadores se enteraron de que el mañoso funcionario público se hacía pasar por abogado y que era el responsable de los juicios en su contra, trataron de que la Secretaría de Hacienda corrigiera el ilícito y los reinstalara o los liquidara como les correspondía, pero nuevamente funcionarios de esa dependencia se han negado sistemáticamente a corregir las anomalías y hasta ignoran las nuevas resoluciones que fallan en favor de servidores públicos despedidos injustamente.

En las irregularidades también se han visto envueltos políticos y burócratas como el exsecretario Ernesto Cordero Arroyo, quien firmó el oficio que acredita como apoderado legal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al falso abogado Jaime Loé Rangel López.

Entre los miles de documentos que tiene el expediente, está un nombramiento firmado por el oficial mayor de Hacienda el 28 de mayo de 2010, Sergio Hidalgo Monroy Portillo (sí, el ahora directivo de la empresa española acusada de corrupción OHL) en favor de Jaime Loé Rangel como servidor público de carrera en su carácter de subdirector de Contencioso Laboral.

De acuerdo con el Órgano Interno de Control, las irregularidades administrativas cometidas en la designación de Rangel López como apoderado legal de Hacienda y su posterior actuación ilegal en miles de juicios laborales, son hechos que configuraban conductas delictivas; sin embargo, a ese servidor público que engaño a secretarios de Estado, mintió, usurpó funciones y causó daños a miles de trabajadores, sólo se le inhabilitó un año.

Desde 2012, al final del sexenio de Felipe Calderón, después de renunciar a la Secretaría de Hacienda, a Rangel López nunca más lo volvieron a ver, o al menos eso dicen los documentos oficiales que guarda el expediente de investigación, pues jamás pudieron localizarlo para que respondiera a las acusaciones en su contra: “se lo tragó la tierra”.

Por ello, 3 años más tarde, el 18 de diciembre de 2014, el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la SHCP, Ricardo Gabriel García Rojas Alarcón, emitió una resolución administrativa de responsabilidades número PAR-478/2013, en donde le impuso la mínima sanción de “inhabilitarlo temporalmente por el término de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la Administración Pública Federal”.

Esa mínima sanción parece más una componenda entre las secretarías de la Función Pública y de Hacienda para proteger a Rangel López, lo que hace sospechar si éstas siempre supieron que no era abogado y lo utilizaban para intimidar y amedrentar a los trabajadores que se resistían a ser despedidos injustamente.

Eso mismo declararon los seis abogados que estaban bajo sus órdenes en la Subdirección de lo Contencioso Laboral, quienes según consta en el grueso expediente, señalaron que “Jaime Loé Rangel López los humillaba, diciéndoles que no eran abogados, que no conocían la materia laboral”. También dijeron que su jefe “era poco cordial”.

Uno de esos juicios que armó Rangel López en contra de trabajadores de Hacienda es el caso de la abogada Lilia Cortés García, quien ha ganado todas las instancias legales para ser reinstalada y hasta la fecha Hacienda se niega a acatar los fallos de los tribunales. Pero de esto hablaremos en la próxima columna.

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