La amenaza para que el país privatice sus maíces por la presión internacional no ha cesado. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Transpacífico comprometen al país a ratificar el Tratado de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91), lo cual implica una privatización de sus semillas, alertó Malin Jönsson, coordinadora de la Fundación Semillas de Vida.
Al participar en el coloquio “Defender los maíces y la milpa para la soberanía alimentaria”, Jönsson explicó que una de las amenazas más grandes contra la agrobiodiversidad mexicana es volver a las semillas una propiedad intelectual.
“En el mercado internacional de las semillas hay una súper concentración: Monsanto Bayer es el dueño de entre 20 y 30 por ciento de las semillas del mundo. Y ése es el mercado que se quiere implementar en México a través de volver las semillas una propiedad intelectual, que significa que se garantizan los derechos del obtentor. Cuando hablamos del obtentor no es sobre los campesinos. Con el UPOV-91 sólo estamos protegiendo los derechos de las trasnacionales”, dijo.
El 1 de julio de 2020 entró en vigor el T-MEC, que establece la incorporación de sus miembros en el UPOV-91. Este último no reconoce los derechos de los campesinos a tener un libre intercambio y uso de sus semillas.
En ese contexto, la iniciativa para reformar la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) que se promueve en la Cámara de Diputados busca cumplir con las obligaciones internacionales y, con ello, concretar la privatización. “Lo que se quiere hacer a nivel nacional para implementar la privatización de las semillas es reformar la LFVV. Eso implica una apropiación de las semillas por parte de las empresas; también serán los dueños de las cosechas y los campesinos no podrán guardar ni intercambiar las semillas”, alertó Malin Jönsson.
La coordinadora de la Fundación Semillas de Vida indicó que por el momento se ha logrado frenar el avance de la iniciativa presentada por el diputado morenista Eraclio Rodríguez, “pero sí van a venir iniciativas para hacer ese cambio porque es parte del T-MEC”.
Por su parte, el abogado David Rivero Fragoso señaló que esa iniciativa de reforma pretende imponer castigos por incumplir con la propiedad intelectual de las semillas, lo que dejaría en mayor vulnerabilidad a los campesinos.
Esa reforma a la Ley iría más allá del UPOV-91 en las penas: “criminaliza a las comunidades, pone penas millonarias que no pueden pagar, por lo cual las deben pagar con cárcel. Además, las penas que no son económicas tienen que ver con la destrucción de todos sus campos de cultivo, la destrucción de todas sus herramientas”.
(Con información de Lenin Patiño)
