Los campesinos mexicanos son víctimas de las grandes empresas comercializadoras de sus productos y de las transportistas de la administración de Carlos Salinas de Gortari a la fecha. El neoliberalismo que propició el abandono del agro repercute en el consumidor final, pues es el segundo más afectado al pagar hasta el 200 por ciento más el precio del producto adquirido, sean frutas, verduras, cárnicos, lácteos o granos.
Y es que desde que el campesino levanta su cosecha hasta que llega al último comprador hay, en promedio, de tres a siete intermediarios que van incrementando los precios del alimento: acopiadores, transportistas, almacenadores, centrales de abasto y tiendas minoristas, entre ellos.
Francisco Chew Plascencia, líder del Movimiento Social por la Tierra (MST), explica que la producción de alimentos en México recae en pequeños productores campesinos, en un 70 por ciento, se trata de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. “Sin embargo, en la cadena productiva son los monopolios los que acaparan la mayor parte de la producción, se ubican en la transportación y comercialización, y son quienes se quedan con buena parte del valor dependiendo el producto”.
Un producto, ejemplifica el líder del MST, como el jitomate o el aguacate o pasan por entre cuatro y hasta 10 intermediarios, dependiendo el destino y si van a exportarse; pero básicamente son: el acopiador regional, la empacadora y/o central de abastos, el mayorista y la tienda minorista.
Ejemplo del incremento de los precios en alimentos del consumo diario en la dieta del mexicano son las cifras reportadas en las Estadísticas del mercado mundial, mercado nacional, comercio internacional e infografías de cadenas agrícolas, de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que dan cuenta que el precio más bajo se compró al productor de jitomate rojo en Nayarit, a 6.24 pesos por kilo; mientras que el más alto se localizó en San Luis Potosí, con 11.73 pesos. En tanto que el precio al consumidor más bajo se ubicó en Tepic, Nayarit, por 22.12 pesos y el más alto en Tijuana, Baja California en 37.68 pesos.
La cebolla tuvo un precio al productor más bajo Puebla, por 4.31 por kilo y el más alto en Sonora, con 14.70 pesos. Este mismo producto al consumidor el precio más bajo se detectó en Aguascalientes, con 21.56 pesos y el más alto en La Paz, Baja California Sur, en 30.18 pesos.
Los márgenes de comercialización de frijol pinto, a enero de 2020, fueron: precio al productor más bajo en Jalisco, en 9.62 por kilo; el más alto en Zacatecas, por 16.09 pesos. Al consumidor: el más alto en La Paz, Baja California Sur, en 30.48 pesos; el más bajo se detectó en Morelia, Michoacán, en 20 pesos.
En tanto que el chile serrano, según los datos de FIRA, el precio más alto al productor se localizó en San Luis Potosí, en 11.86 pesos por kilogramo; el más bajo se situó en Sonora, con 7.38 pesos. Mientras, el precio al consumidor más alto se ubicó en Puebla, con 44.42 pesos por kilo y el más bajo se detectó Toluca, Estado de México, en 18.83 pesos.
Entre las principales corporaciones acaparadoras, identifica el líder campesino, se encuentran las agrupadas en el Consejo Nacional Agropecuario, tales como: Maseca, Minsa, SuKarne, Lala, Alpura, Sigma, El Alazan, Herdez, La Costeña, etcétera.
En tanto, Chew Plascencia también ve a los encargados de la transportación de alimentos como otros de los que lucran con los productos, pues si no se venden o no los colocan en el traslado, las cosechas pueden echarse a perder.
Estas empresas aprovechan cualquier tipo de crisis para incrementar el costo de sus operaciones, lo que vulnera cada vez más a los campesinos, comenta Antonio Medrano, secretario técnico del Frente Auténtico del Campo (FAC).
Información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) precisa que en el país hay 65 centrales de abasto, las mismas que funcionan como uno más de los intermediarios. También existen 25 mercados mayoristas.
Las corporaciones multinacionales forman parte de esta estructura, donde culmina la cadena de valor. En este estrato se ubican las empresas: Wall-Mart México, con sus diferentes modelos de empresa, como Bodega Aurrera, tiendas de descuento, Sam´s Club, y Vips. También Organización Soriana, Grupo Comercial Chedraui, Controladora Comercial Mexicana y Costco de México, documenta la investigación El impacto de las corporaciones multinacionales en los sistemas alimentarios (producción, distribución y venta): el caso de México, elaborado por Oxfam México y El Barzón.
El acopio, almacenaje y transportistas son de los renglones importantes a observar de la cadena agroalimentaria, ya que se encuentra en manos de otros pocos: entre ellos, las trasnacionales Cargill, ADM y el Grupo Ferroviario Mexicano, privatizado en la época del expresidente priísta Ernesto Zedillo.
De acuerdo con el documento del SIAP Expectativas Agroalimentarias 2020, la infraestructura para la producción y distribución agroalimentaria en el país cuenta con 2 mil 874 almacenes para productos agrícolas, con una capacidad de almacenaje para 40 millones 146 mil toneladas.
En tanto, el informe El impacto de las corporaciones multinacionales en los sistemas alimentarios (producción, distribución y venta): el caso de México precisa que las trasnacionales Cargill o ADM “pactan con el almacén la intermediación para el acopio de granos. Existen 2 mil 649 almacenes concentrados en Jalisco (344), Tamaulipas (263), Sinaloa (254), Chiapas (231), Durango (190), Chihuahua (171), Michoacán (142) y Sonora (106).
“Los Almacenes Generales de Depósito (AGD), además de su papel en el acopio y la conservación, realizan actividades de logística, transporte, comercialización y financiamiento. Las empresas que realizan actividades de AGD vinculadas con el sector agropecuario son: Almacenadora Mercader (ALMER), Almacenadora del Sur (parte del Grupo ICA), Almacenadora de Depósito Moderno (parte de TTM), Almacenadora del Valle de México (ALVAMEX), Logyx Almacenadora, ACCEL, Almacenes Generales de Depósito del Yaqui, Kuehne+ Nagel, Grupo Almacenadora México, Almacenadora Banorte, Almacenadora Afirme, Almacenadora Argo”, indica.
Las investigadoras Flor Alejandra Bautista Hernández, Irma Cecilia Díaz Rojas y Miriam Lastiri Ritosuman, autoras del documento, señalan al Grupo Ferroviario Mexicano, como “el mayor transportista del país, que se encarga de realizar la conexión y la distribución de los productos resguardados en los almacenes.
Martín Martínez Ramos productor de Integradora Agropecuaria del Bajío, especialista en comercialización de granos y carnes, indica que el sistema ferroviario se utiliza principalmente en el norte del país para el traslado de granos, sobre todo en Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua.
Ya en el Bajío y centro de México, el traslado de los alimentos se lleva a cabo mediante camiones o trailers, “existe mucho el ‘hombre camión’ que es aquel que es dueño de una unidad, el mismo la maneja y comercializa los productos”, comenta. En el sector transportista, Chew Plascencia ubica a las compañías de Tres Guerras, Silos y Camiones, SA, y las propias de cada gran empresa.
Mientras, el secretario técnico del FAC añade que en Sinaloa operan los Transportes de Carga Labastida, SA de CV, vinculado al priísta Francisco Labastida Ochoa. Ocurre lo mismo en Sonora, con la empresa transportista vinculada al exgobernador Eduardo Bours, Cayenne Express “dedicada a la logística y transporte con alcance nacional e internacional”.
Los Almacenes Generales de Depósito también “vinculan al sector agropecuario con el financiero, ya que están facultados para emitir certificados de depósito con los que pueden realizar transacciones incluso en el mercado de futuros; gestionan créditos fiscales vinculados al comercio exterior y pueden acceder a líneas de crédito privado y apoyos del gobierno federal”, indican el estudio financiado con fondos de la Unión Europea.
El Panorama agroalimentario 2019 –elaborado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el SIAP– indica que de los 54.9 millones de mexicanos que trabajan, 5.5 millones lo hacen en actividades agrícolas; otros 938 mil en la cría y explotación de especies ganaderas y 162 mil en la pesca y acuacultura.
Hasta el sexenio pasado, los ingresos de los campesinos evidenciaba a un “campo bipolar”. El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 resalta los grandes contrastes con “5.3 millones de unidades económicas rurales, de las cuales 3.9 millones (que representan el 72.6 por ciento del total) se caracterizan por ser de subsistencia o con limitada vinculación al mercado y presentan ingresos anuales netos menores a 17 mil pesos”.
Opuesto a ello, se encuentran 448 mil unidades; es decir el 8.4 por ciento que desarrollan una “actividad empresarial pujante con ingresos anuales superiores a 562 mil pesos y únicamente poco menos de 18 mil unidades (0.3 por ciento del total) pertenecen a un estrato empresarial dinámico, con escala productiva comparable con empresas de la industria o del sector servicios y cuyo principal problema es el de alcanzar niveles de competitividad de largo plazo. Este estrato dedica una parte importante de sus ventas al mercado internacional y es el que presenta mejor desarrollo de capacidades”.
Las cifras del sexenio de Enrique Peña Nieto daban cuenta de 442 mil unidades económicas rurales (8.3 por ciento del total) “en transición, es decir han dejado de ser de subsistencia para incursionar al mercado y registran ventas anuales promedio de 73 mil 931 pesos.
“El 9.9 por ciento de las unidades económicas de producción, 528 mil, tienen una actividad empresarial con rentabilidad frágil y sus ingresos por ventas promedio anuales ascienden a 152 mil pesos”, expone el documento.
Ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Panorama agroalimentario 2019 deja ver que las desigualdades persisten en el campo mexicano, pues reporta que de los 5.5 millones de mexicanos en actividades agrícolas, el 31 por ciento cuenta con un ingreso mensual de “hasta un salario mínimo”; hasta 123.22 pesos por día.
La desigualdad se manifiesta con apenas el 0.9 por ciento de los que se dedican a esta actividad, quienes perciben más de cinco salarios mínimos; es decir arriba de los 616.1 pesos. El documento también indica que el 23.6 por ciento de los campesinos “no recibe ingresos” por su trabajo.
En medio de esta brecha está el 28.7 por ciento que obtiene más de uno y hasta dos salarios mínimos (podría alcanzar los 246.44 pesos); el 9.1 por ciento que percibe mensualmente “más de dos, hasta cinco salarios mínimos (369.66 pesos, 492.88 pesos y hasta 616.1 pesos). En las cifras oficiales aparece un 7.6 por ciento “no indicado”.
Además de las pocas ganancias que dejan en los campesinos la cadena de comercialización, estos se enfrentan a una problemática más: la falta de garantías para que sus cosechas les sean pagadas.
Martín Martínez, también integrante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), comenta que es uno de los riesgos que se corren en las negociaciones: ser sujetos de fraude. Hablando de carnes, granos o lácteos “tememos siempre que no nos paguen, se llevan el producto y no nos pagan, por eso tratamos de trabajar con empresas muy serias con las que sabemos que hay una confianza mutua, pero el riesgo es latente, siempre andamos con una política de tener el control del proceso porque si no, no nos pagan.
“Otras ocasiones, las empresas se han declarado en quiebra y nos quedan a deber. Además, hay muchos compradores que aparecen de repente en los pueblos, disque pagando de contado y de repente desaparecen; eso ha sido muy común en cosechas de trigo, maíz. El productor siempre anda con ese pendiente, igual en la venta de animales; existen muchos pilluelos que se llevan a los animales y no los pagan”, expresa.
Los líderes campesinos comentan que las políticas de la Secretaría de Agricultura, a cargo de Víctor Villalobos Arámbula, aún no da visos de la efectividad en los programas y políticas públicas destinados al sector.
Comentan que desde la administración de Carlos Salinas de Gortari y con la firma del Tratado de Libre comercio, la comercialización agrícola se ha ido dejando en manos de los más poderosos en el mercado y este modelo permanece, aunque en el discurso presidencial se hable de “autosuficiencia”.
Martín Martínez relata que en la época salinista fue creada Aserca –actualmente sin operar–. Bajo la administración de Salinas de Gortari, en la presidencia de la República, y de Carlos Hank González en la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) ponía en subasta los apoyos. A partir de ahí se fueron dejando a muchos fuera y posicionando a la trasnacional estadunidense Cargill, comenta.
Indica que a partir de la presidencia de Vicente Fox, Aserca trabajó bajo el esquema de agricultura por contrato hasta 2010. “A partir de ese año, empezaron a quitarles ciertos conceptos de apoyo y ya en los últimos ciclos, con bastantes deficiencias”.
Contralínea documentó durante los últimos dos sexenio la transferencia de recursos millonarios a través del programa de Prevención y Manejo de Riesgos de Aserca donde aparecían enlistadas empresas como: Cargill, Gamesa, Bimbo, Bunge, entre otras (edición 395).
Además, los apoyos otorgados a los llamados cluster del que fue beneficiario en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el priísta Jesús Viscarra, al que se le dotaron 50 millones para el Agroparque SuKarne Lucero (Contralínea 525).
Actualmente, añade Antonio Medrano, secretario técnico del Frente Auténtico del Campo (FAC), los productores mexicanos contamos con un precio de garantía, operado por Seguridad Alimentaria Mexicana, y en el que se ha estipulado la compra de: maíz, trigo, frijol arroz y leche.
Sin embargo, expone que los productores de talla mediana, que tienen de seis a 10 hectáreas, han dejado de obtener apoyos como el que se otorgaba a través de Procampo, debido a los cambios administrativos y las reglas de operación.
El productor de granos y manzanas comenta que este subsidio era importante para un sector importante de los agricultores, pues los recursos que les llegaban les permitía invertir en la adquisición de insumos como fertilizantes, que a la fecha se han incrementado en un 30 por ciento a causa de la devaluación del peso frente al dólar.
Expresa que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha argumentado la necesidad de que México sea un país con suficiencia alimentaria, prevalece la incertidumbre entre quienes han quedado fuera de los padrones de la Sader.
“Tampoco tenemos acceso a los créditos de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero porque las tasas de interés se incrementaron del nueve al 18 por ciento anual; además de no contar con las garantías que requiere la institución de la “banca de desarrollo”, dice el líder del FAC.
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