[fullwidth style=”parallax” fullwidth=”yes” background_color=”” background_image=”https://contralinea.com.mx/wp-content/uploads/2016/02/diablos-rojos-plx.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” mesh_overlay=”no” border_width=”1px” border_color=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”300″ padding_left=”20″ padding_right=”20″ text_align=”” text_color=””]
El batacazo se consumó: el gobierno de Miguel Ángel Mancera firmó la entrega gratuita hasta el año 2045 de más de 8 hectáreas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca para erigir y mantener ahí el estadio de los Diablos Rojos del México.
El proceso de privatización, llevado a cabo personalmente por el director del Instituto del Deporte del Distrito Federal, Horacio de la Vega, no sólo resultó en la gratuidad del espacio público que Alfredo Harp Helú y sus herederos explotarán durante décadas, también en la erogación de millones de pesos del erario para realizar trabajos complementarios y de mitigación ambiental, revelan el contrato y cientos de fojas relacionadas a las que Contralínea tuvo acceso.
Eran días de euforia. El regreso de la Fórmula Uno al Autódromo Hermanos Rodríguez aún resonaba en las oficinas de prensa y en los medios. Felicitaciones, celebraciones; fotorreportajes, publirreportajes; saldos, resúmenes, declaraciones de políticos y empresarios sobre la grandeza de México reflejada en la carrera colmaban las secciones deportivas.
Aprovechando la estela de algarabía dejada por el Gran Premio el 3 de noviembre de 2015, en completo silencio el Instituto del Deporte del Distrito Federal (Indeporte) cumplió por escrito lo prometido a Alfredo Harp Helú: decenas de miles de metros cuadrados de espacio público para, por fin, montar la casa definitiva de su novena escarlata.
De acuerdo con el contrato, el infierno solar formalmente se llamará “Centro Deportivo Diablos Rojos del México”.
El convenio no se celebró con la fundación del banquero, como se publicitó en su momento. Para este nuevo negocio, constituyó apenas en mayo de 2015 una nueva empresa que, como su fundación, también lleva su nombre: Centro Deportivo Alfredo Harp Helú, SA de CV (CDAHH).
Roberto Núñez y Bandera, cuya oficina está enclavada en Lomas de Chapultepec, es el mismo notario que ha dado fe a lucrativas causas como el Teletón, la fundación Amigos de Fox o la asociación de Grupo Financiero Monex con una tercia de compañías más para aprovechar la privatización del servicio de agua potable y alcantarillado de la zona conurbada de Puebla. Conocido de hombres poderosos, ahora le tocó dar valor legal a la nueva compañía de Harp Helú creada ex profeso para ocupar la Magdalena Mixhuca.
Los intereses de Centro Deportivo Alfredo Harp Helú, SA de CV, son amplios: “adquirir, construir, desarrollar, comercializar, arrendar, conceder el uso, administrar, organizar y gestionar toda clase de centros deportivos, estadios, lugares de esparcimiento y sitios en que se practiquen deportes o actividades recreativas o culturales en general”.
Esto bien lo pudo hacer la fundación, pero en el caso de la explotación exclusiva del estadio habrá un evidente lucro de por medio. Por ello era necesario formalizar una sociedad de capital variable.
El deporte y la cultura es su negocio. Sin embargo, como lo hacen los clubes profesionales, el CDAHH endulza sus intenciones asegurando que también nació para “fomentar y promover el deporte, la educación y la cultura en cualquiera de sus expresiones”.
Esta firma será la que esté a cargo del estadio que ocupará el espacio público durante las próximas décadas.
El instrumento jurídico elegido por el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue el permiso administrativo temporal revocable (PATR) “a título oneroso para regular el uso y aprovechamiento de los espacios en las instalaciones del bien de dominio público del Distrito Federal”. Nada que sonara a venta, donación o, peor aún, regalo, aunque el pago sea “en especie”.
Específicamente, este PATR otorga “la autorización al Centro Deportivo [Harp Helú, SA de CV] para el uso y aprovechamiento del inmueble […], lleve a cabo la construcción, operación, aprovechamiento y mantenimiento de lo que será el Centro Deportivo Diablos Rojos del México, incluyendo los estacionamientos y el área de comida rápida”.
¿Por cuánto tiempo?
El mundo estará conmemorando el centenario del fin de la Segunda Guerra Mundial y el espacio continuará siendo explotado exclusivamente por los herederos de Harp Helú.
Originalmente el PATR otorgado por Mancera Espinoza duraría “10 años, contados a partir de la suscripción del presente [documento], es decir, a partir del día 3 de noviembre de 2015 hasta el 3 de noviembre de 2025”, asienta la segunda base del instrumento jurídico al cual Contralínea tuvo acceso en respuesta a la solicitud 031500002815, presentada por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Incluso explica que, “una vez concluida la vigencia del presente permiso, el Centro Deportivo procederá a realizar la devolución de dicho inmueble [el estadio] al Instituto”.
Pero esa misma base, “innegociable”, asienta a la vez que el permiso “podrá ser prorrogable”, eso sí, “sin que dichas prórrogas puedan exceder de dos veces la vigencia original”.
“Podrá”, fue la palabra escogida. Entonces podría o no ser prorrogable hasta por 30 años, parece decir el apartado. Empero más adelante, en la base 16, deja sin lugar a dudas que la vigencia deberá ser por 3 décadas. Con sutileza, en un párrafo, la posibilidad se pervirtió en obligación. Y Harp Helú blindó para sus descendientes la tenencia del estadio hasta 2045:
“Con la intención de garantizar el cumplimiento de los compromisos que se establecen en este permiso –prepara el batazo–, para el caso de que el Instituto decida dar por terminado el presente permiso o cualquiera de sus prórrogas, así como no otorgar las prórrogas […] deberá entregar una indemnización a favor del Centro Deportivo por el monto de las cantidades erogadas por éste en la construcción, operación y mantenimiento.”
Es decir que si alguno de los próximos cinco jefes de gobierno de la Ciudad de México –o gobernadores– decidieran romper con el trato hecho entre Mancera y el banquero, el gobierno estará forzado a pagar decenas de millones de dólares para recuperar el espacio.
Lo bueno, apunta la base 11, es que “las construcciones y adaptaciones […] pasarán a formar parte del patrimonio del Distrito Federal –aunque para entonces ya no será DF–”, 10 días después de terminada la vigencia en noviembre de 2045.
Aunado a ello, por las 3 décadas en las que el infierno solar se instalará en la Magdalena Mixhuca, ni el equipo ni mucho menos su dueño pagarán 1 centavo. “[Como] única contraprestación a favor del Instituto durante toda la vigencia de este permiso, incluyendo cualesquiera prórrogas, la construcción y mantenimiento del Centro Deportivo Diablos Rojos del México […] el Centro Deportivo [Alfredo Harp Helú deberá] realizar la justificación de gastos por la cantidad mínima de 29 millones 500 mil pesos anuales”.
Además de la justificación de gastos (“pago en especie”), la empresa “se obliga expresamente a entregar al Instituto la póliza de fianza [que] deberá ser por el importe a 1 año de vigencia del presente permiso”, y “ésta se prorrogará en concordancia con las mencionadas prórrogas”. Es decir que las prórrogas también le saldrán gratis a los herederos de Harp Helú y sus socios.
Pero no todo fue a favor del empresario: el Indeporte consiguió la promesa de tener pases y cortesías para los juegos de la novena escarlata.
El maestro Horacio de la Vega, en anterior entrevista con Contralínea, aseguró que el uso del estadio no sería exclusivo para los Diablos. Y para asegurar que no sea así, en el contrato se aclara que si el Indeporte desea realizar alguna actividad en el próximo infierno solar, deberá pedir permiso y cubrir los gastos. Nadie más podrá utilizarlo, pues la primera causal de terminación anticipada del convenio es la cesión a favor de un tercero.
De la Vega rechazó entonces que se tratara de una privatización del espacio público. Pero una vez dentro de los linderos de Harp, se estará en terrenos privados. De acuerdo con la base 17, el Indeporte se lava las manos de lo que ocurra en el estadio. Si algo llegara a pasar, lo que sea, y “aun cuando la reclamación sea presentada al Instituto”, el afectado tendrá que pelear con la empresa del banquero. Todo quedará entre privados, aunque el suelo, en el papel, siga siendo público.
El Indeporte fundamenta la privatización en la Constitución, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, el Reglamento Interior del propio Instituto, y el acuerdo del 24 de marzo de 2014 por el que se le delegan facultades al director.
Todos esos ordenamientos, incluida la Carta Magna, no resultaron una barda contra la entrega del espacio público en favor del equipo del banquero; al contrario, se utilizaron como aval de la maniobra.
El contrato se firmó en la Ciudad de México el 3 de noviembre de 2015, casi 1 año después del anuncio oficial y con las obras iniciadas, y lo signaron Horacio de la Vega, Francisco Javier Torres Cisneros, subdirector Jurídico, y Juan Carlos Estrada Olascoaga, por un lado, y por el otro, Carlos Felipe Levy Covarrubias, representante legal de Centro Deportivo Alfredo Harp Helú, SA de CV.
El Indeporte, no los Diablos ni la nueva empresa de Harp, acabó siendo el responsable de pagar por la flora que el nuevo infierno solar abrasará. Asimismo, a la par de la construcción del estadio, el Instituto desarrollará, también con dinero público, un proyecto de remodelación de las instalaciones aledañas al nuevo parque de pelota: accesos, corredores, luminarias.
Según la quinta base del PATR, el Centro Deportivo Harp Helú debía “realizar todas las gestiones correspondientes para la manifestación de impacto ambiental y de impacto urbano, mitigación ambiental y de vialidades”. Pero fue el Indeporte el encargado de hacerlo todo.
El Instituto inició el 3 de septiembre de 2015 el trámite para obtener la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema). Un día después pagó 4 mil 186 pesos y obtuvo el folio 014589/2015.
El Indeporte demoró meses en presentar un proyecto de inversión para la Magdalena Mixhuca. Casualmente se le ocurrió desarrollarlo precisamente al tiempo de la construcción del estadio.
“El Centro Deportivo [Alfredo Harp] podrá ingresar a las áreas utilizando todos y cada uno de los accesos de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca, los que en todo momento estarán disponibles para el Centro” (sic), asentó el permiso. Incluso podrá “restringir o limitar el acceso a otros usuarios”, agrega la sexta base del PATR.
Así las cosas, el Instituto concibió un plan nombrado “Actividades de Rehabilitación de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca” (sic), el cual consiste precisamente en “el saneamiento del arbolado y actividades de rehabilitación en accesos, andadores, luminarias, rejas perimetrales y mobiliario urbano y señalización”.
En el apartado de “proyectos asociados” no menciona el estadio. “No hay”, es la sentencia breve a pesar de que en algunos mapas de la carpeta entregada a la Sedema ya aparece terminado el inmueble, con los corredores que serán remodelados o de plano trazados a su alrededor.
También se dejó claro que se instalarán cámaras de seguridad al exterior del inmueble, las cuales estarán enlazadas al C4.
El monto total de la inversión será de 37 millones 738 mil 140.27 de pesos, de los cuales 14 millones 652 mil 256.41 serán gastados en “actividades destinadas a la instrumentación de medidas de protección, mitigación y compensación de impactos ambientales”, aclara el propio Instituto.
El Indeporte aseguró que hay (había) 849 individuos arbóreos, de los cuales, según, 66 estaban muertos, 366 enfermos, dos declinados y dos eran rebrotes. Por lo que solicitó “el derribo de 521”.
La Secretaría del Medio Ambiente sólo tardó cuatro días en responder. El 8 de septiembre Rubén Lazos, director general de Regulación Ambiental, emitió la declaratoria favorable SEDEMA/DGRA/DEIA/010385/2015.
La dependencia a cargo de Tanya Müller ordenó la “restitución” de 61 árboles y de 549 “individuos arbóreos”, así como de 41 árboles muertos. Dicha reposición no necesariamente se hará en la Magdalena Mixhuca, que sufrirá una afectación de 9 mil 274 metros cuadrados, medición reconocida por las dependencias.
Por último, la Sedema le exigió al órgano dirigido por Horacio de la Vega una “restitución económica” por el derribo de 419 árboles: 54 mil pesos por cada uno (470 días de salario mínimo tasado en 70.10 pesos); 3 millones 818 mil 347 pesos en total, cantidad que debió ser depositada en la cuenta 00101562916 de Scotiabank a más tardar el 29 de septiembre de 2015.
Tanto a Harp Helú como a Mancera Espinoza se les pasó pronunciar una palabra de esto.
Además de la construcción del nuevo estadio y de la devolución del parque Fray Nano, resaltaba el folleto, “en este gran esfuerzo por impulsar el beisbol mexicano no podía quedar atrás el apoyo al deporte amateur”, por lo cual se comprometían a “emprender una campaña de acondicionamiento de campos de beisbol” en la ciudad.
La fotografía de un pequeño de ligas infantiles dentro de la caja de bateo cerraba el cuadernillo.
No dieron detalles, pero los medios repitieron la promesa dada tal cual. La filantropía del dueño de los Diablos sería la recompensa que la ciudad recibiría por acoger a su equipo y asegurarle una casa en terrenos públicos. Los meses cayeron. Los Diablos jugaron y festejaron en el Fray Nano, que registró bellas entradas.
En pleno proceso de privatización de la Magdalena Mixhuca, terruño comprometido para la escuadra roja, la directora de Patrimonio Inmobiliario, Marlene Valle Cuadras, al revisar el borrador del contrato enviado por el Instituto del Deporte, le recomendó a Horacio de la Vega detallar en el instrumento jurídico las supuestas “clínicas sociales” (ya no eran acondicionamiento de campos) a las que se obligarían a realizar Harp Helú y su socio José Marrón, así como “la forma y lugares” en los que se llevarían a cabo.
Ni el Indeporte ni los empresarios respingaron. No se metieron en problemas anotando compromisos por escrito. Sencillamente se borró esa parte del contrato final.
Entre abrazos y con sus seguidores, Miguel Ángel Mancera asegura que el estadio “será un espacio de recreación para la ciudad”.
-Y se rehabilitarán otras canchas de beis –añade con alegría.
-Pero eso no está en el contrato –le señala Contralínea.
-Yo lo anuncié. Sí está –insiste el jefe de Gobierno.
-Pero en el contrato al que ya tuvimos acceso eso no está. Se eliminó esa parte –se le aclara.
El gesto alegre del político rodeado de sus partidarios se transformó en una mueca de preocupación.
-No. No te puedo dar detalles ahorita.
-Yo sí –le dice este reportero–. Y sólo le pregunto si considera justo el trato. Los 30 años gratis…
-Hablamos. Hablamos. Yo les hablo –bateó el último intento de pregunta y se retiró repitiendo “Luego hablamos”.
Un par de días después de tal encuentro con Mancera Espinoza, Horacio de la Vega respondió a la petición de entrevista antes hecha.
“Agendamos la entrevista con gusto”, escribió por mensaje de texto el exatleta olímpico. Llegado el día marcado por el funcionario, el teléfono sonó pero no contestó; lo mismo ocurrió con los mensajes enviados.
Por otra parte, y a través de la oficina de Vania Ravelo, gerente de medios de los Diablos Rojos, Contralínea solicitó conversar con Alfredo Harp y Carlos Felipe Levy Covarrubias, representante legal de Centro Deportivo Alfredo Harp Helú, SA de CV. Pero el silencio fue la contestación de la directiva del conjunto pingo.
Las imágenes del jefe de Gobierno junto al dueño de los Diablos Rojos mostrando orgullosos la maqueta de lo que será el nuevo infierno solar aparecieron desde diciembre de 2014. Incluso meses antes, desde Estados Unidos, el propio banquero había celebrado ante las cámaras el acuerdo al que ya había llegado con el gobierno del Distrito Federal.
Al momento de la presentación oficial de la “casa permanente” de los pingos no se había concluido formalmente ningún trámite, y en algunos casos ni siquiera iniciado. No había contrato; tampoco estudios de impacto ambiental ni urbano; el predio no estaba delimitado ni había sido aprobado el uso de suelo necesario. Lo único disponible era una presentación gráfica elaborada por la fundación del empresario.
Sin embargo, como si todo se hubiera hecho conforme a derecho o como si la sola palabra del político fuera ley, Mancera y Harp anunciaron la feliz noticia.
La decisión ya estaba tomada, y con grupos de granaderos demostró el Gobierno del Distrito Federal que cumpliría con su promesa cuando ambientalistas y usuarios de la Magdalena Mixhuca protestaron por el ecocidio y la privatización de espacios públicos que el proyecto significaría.
Así, en su edición 431 del 11 de abril de 2015, y bajo el título “Entrega GDF sin contrato ni estudios ambientales terreno público a Harp Helú”, Contralínea informó sobre el proceso, cuya ilegalidad fue admitida por De la Vega y demostrada por diversas dependencias de la administración capitalina.
Aunque el proyecto se retrasó (marzo de 2015 estaba marcado para abrir campo al infierno), no se canceló. Lo que procedió fue enderezarlo, legalizar la entrega.
Por una parte, la policía se encargó de los reclamos ciudadanos; por la otra, el elegido para saldar los trámites burocráticos fue el maestro Horacio de la Vega, director del Indeporte que a la vez picharía, cacharía y batearía del lado de la novena escarlata.
Fue De la Vega quien se encargó personalmente de enviar comunicados, solicitudes; de pedir asesoría jurídica, de enterar formalmente del proyecto a la Oficialía Mayor, a las Secretarías del Medio Ambiente (Sedema) y de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi); de vigilar, insistir y asegurarse de que todo lo necesario se llevara a cabo.
El expediente abierto a Contralínea da cuenta de las gestiones del funcionario en favor de los Diablos.
Todo inició con la entrega de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca al Indeporte. A partir del 7 de marzo de 2014, Horacio de la Vega fungió como administrador del terreno ubicado en la delegación Iztacalco.
Y llegó tumbando caña:
Lo primero que hizo fue acelerar el retiro de la protección ambiental, por lo cual dejó de ser un “área de valor ambiental del Distrito Federal con categoría de Bosque Urbano”. El 9 de junio de 2014, las firmas de Miguel Ángel Mancera; Héctor Serrano, entonces secretario de Gobierno, y Tanya Müller, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, zafaron el candado que prohibía hacer nuevas construcciones en la Ciudad Deportiva.
Ésa era la noticia que la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), Harp Helú y su socio Marrón estaban esperando. La primera para reconstruir el Autódromo Hermanos Rodríguez; los segundos para asegurar a su equipo una “casa permanente”.
Dos semanas después, Pablo Israel Escalona, entonces director General de Patrimonio Inmobiliario, dio su visto bueno el 1 de septiembre de 2014 (DGPI/2880/2014).
Mancera, Harp, De la Vega y demás interesados en el negocio creyeron que con eso bastaba y el 2 de diciembre presentaron ante los medios el estadio.
No era así, pues el Indeporte ni siquiera contaba con el certificado de zonificación del predio que le prometió al empresario. Y fue Lorenzo Peón Escalante, directivo de los Diablos, quien a principios de julio le recordó al director del Instituto la importancia de por lo menos realizar el alineamiento del terreno.
El 6 de julio de 2015, De la Vega pidió a la nueva directora de Patrimonio Inmobiliario, Marlene Valle Cuadras, que le confirmara la autorización que anteriormente había dado Pablo Escalona. Lo cual la funcionaria hizo el 9 de julio, específicamente para signar un permiso administrativo temporal revocable.
Anteriormente, el 14 de mayo de 2015, el funcionario había solicitado la opinión de José Ramón Amieva Gálvez, entonces consejero Jurídico y de Servicios Legales y actual secretario de Desarrollo Social.
Nueve meses después de haber presentado el estadio ante los medios, el Indeporte, siempre por medio de su director, enteró el 17 de agosto de 2015 a la Oficialía Mayor del Distrito Federal su “intención de celebrar un convenio de colaboración con la Fundación Alfredo Harp Helú” (IDDF/DG/392/2015), aseguró el funcionario a pesar de que para entonces ya se había constituido la empresa Centro Deportivo Alfredo Harp Helú, SA de CV.
Ocho días después, De la Vega se comunicó con el consejero Jurídico Manuel Granados por el mismo motivo.
El 21 de agosto la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) expidió el certificado de zonificación y uso de suelo para “oficinas; plaza comercial; estacionamientos públicos y privados; locales para servicios médicos y de primeros auxilios; eventos culturales, artísticos y/o deportivos; centro de exposiciones (salón de la fama) con uso complementario para cafetería y restaurante, en una superficie de construcción sobre nivel de banqueta de 56 mil 514.50 metros cuadrados y bajo nivel de banqueta de 26 mil 771.10 metros cuadrados para una superficie total de construcción de 83 mil 285.50 metros cuadrados”.
Más de 8.3 hectáreas sufrieron el cambio en el uso de suelo. Casi 1 hectárea más de la que se había planteado originalmente.
Víctor Hugo Sucilla Arellano certificó el folio 58699-15IDEH015 por el que se concedió el uso de suelo denominado EA. Por el trámite, el Instituto pagó 1 mil 296 pesos.
El 26 de agosto de 2015 la directora de Patrimonio Inmobiliario, por orden del oficial Mayor, Jorge Silva Morales, se dirigió a Horacio de la Vega para corregir algunos puntos del borrador del contrato: la contraprestación, que desde entonces ya se decía que iba a ser en “especie”, y la parte sobre la obligación publicitada tanto por los Diablos como por el Indeporte de que el equipo realizaría “clínicas sociales” en la ciudad: la Oficialía Mayor exigió que en el contrato se asentaran los detalles de dichas clínicas, de “la forma y lugares” en los que se realizarían (OM/DGPI/2708/2015).
Ni el Instituto, ni mucho menos el equipo, tuvieron problemas sobre ello. La respuesta simplemente fue pasaportar la obligación, que quedó borrada del contrato.
El 4 de septiembre, la Oficialía Mayor volvió a comunicarse con el director-receptor para exigir que se hiciera un avalúo “para determinar la contraprestación” y le solicitó el “proyecto de inversión” para saber cuánto ganará el empresario por “boletaje, renta de espacios, venta de publicidad, cobro de estacionamiento y costos de operación”. En el documento, remitido con copia a Miguel A Mancera, se lee escrito con lápiz: “No se ha enviado el proyecto de inversión”.
En el expediente no hay registro que indique que dicho proyecto de inversión haya sido entregado alguna vez. No obstante, el proceso siguió y la directora General de Patrimonio Inmobiliario recibió el 14 de septiembre la petición firmada por De la Vega de un servicio de avalúo (IDDF/DG/439/2015).
El 10 de septiembre de 2015, Horacio de la Vega menciona por primera vez a “la persona moral Centro Deportivo Alfredo Harp Helú” en lugar de la fundación. El director aún insistía en que su deseo era realizar era un “convenio de colaboración”. Y 21 de septiembre Marco Antonio Gutiérrez, director Ejecutivo de Apoyo Jurídico, lo corrigió e instó a precisar el tipo de convenio, así como la superficie que se le daría al banquero, el vencimiento del plazo y el pago que se exigiría por ello.
A pesar de los errores, la Junta de Gobierno del Indeporte, en su segunda sesión extraordinaria llevada a cabo el 18 de septiembre, se había calzado la franela roja y había aprobado la propuesta presentada por De la Vega. El acuerdo JG/IDDF/2SE/03/2015 lo firmaron Yuridia Rojas Alegría, como presidenta suplente; María Irma Vázquez Gómez, vocal suplente en representación de Alejandra Barrales, secretaria de Finanzas; Janett Sánchez Álvarez, como secretaria Técnica; Sonia Laura Zepeda Estrada, vocal suplente en lugar de Jorge Silva Morales, Oficial Mayor; Georgina Carrasco, a nombre del secretario de Salud Armando Ahued; Horacio Robles Ojeda, en representación de Patricia Mercado, secretaria de Gobierno; Edgar Mora Garduño, comisario suplente en ausencia de Manuel García Garfias, director Ejecutivo de Comisarios y Control de Auditores Externos, y, como invitados, el propio Horacio de la Vega acompañado de su contralor interno, José Javier Helgueros Cárdenas.
Pasaron las semanas. El tiempo apremiaba. Ya era 23 de octubre y los reflectores estaban sobre la Magdalena Mixhuca, no sobre las hectáreas que acabarían en manos de Harp Helú, sino en el autódromo Hermanos Rodríguez, pues el Gran Premio de México estaba por darse.
Y “urgente”, es el sello rojo que se le puso a la comunicación que el funcionario lanzó al oficial Mayor para conseguir de una buena vez el permiso definitivo para firmar el instrumento legal con la nueva empresa del dueño de la novena escarlata.
Cuatro días después, el 27 de octubre, en plena efervescencia por la Fórmula Uno, Jorge Silva otorgó el visto bueno para que se celebrara el Permiso Administrativo Temporal Revocable (OM/0677/2015).
Tras 1 mes y medio de trabajos, el 28 de octubre se dio el avalúo AT(CP)-13944 (y progresivo Z4/09/15-00007) firmado por el perito Erasmo Arceta Morales. En el dictamen aún se consideraba a la Magdalena Mixhuca como “área de valor ambiental con categoría de bosque urbano”.
La conclusión a la que llegó la Dirección de Avalúos –“tomando en cuenta las condiciones físicas, políticas, sociales y jurídicas del inmueble”, aclaró– fue que el monto correspondiente al primer año de uso del terreno es de 29 millones 500 mil pesos “sin incluir IVA [impuesto al valor agregado]”. Pero el monto deberá ser actualizado anualmente, recalcó el estudio.
El 3 de noviembre la dependiente de la Oficialía Mayor envió al Indeporte el dictamen valuatorio, documento por el que el ente público pagó 550 mil pesos (OM/DGPI/DA/927/2015 y recibo de ingresos de aprovechamiento GDF9712054NA).
Era el último strike que esperaban.De la Vega y los Diablos no perdieron el tiempo. Ese mismo 3 de noviembre de 2015, aún con la cruda de la fiesta automovilística, el contrato se firmó. No fue sino hasta el 27 de noviembre que la Oficialía Mayor se enteró (IDDF/DG/SJ/1151/2015).
Al contrario de lo ocurrido 11 meses antes, la firma del documento se dio en silencio. No hubo nuevo evento, ni rueda de prensa; tampoco comunicados ni avisos por redes sociales festejando la caída del último out. Horacio de la Vega tiró el juego completo que significó más que un campeonato para los Diablos, la legalización de la privatización de miles de metros cuadrados de espacio público para construcción de su nueva casa, la “definitiva”, como lo aseguró su propio dueño.
UNAM, opción fallida.
El 30 de agosto de 2005, la firma del entonces rector Juan Ramón de la Fuente avaló la intención de Alfredo Harp Helú de construir la sede de su equipo dentro de los linderos de Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Esa tarde se reunieron en CU la directora de Patrimonio Universitario, María Ascención Morales Ramírez; el rector De la Fuente; el presidente de Fundación UNAM, Isaac Chertorivski, y Harp Helú, como presidente de su fundación.
El motivo: la triangulación de 6 millones 250 mil pesos para la contratación del despacho de arquitectos VFO para desarrollar el proyecto ejecutivo “para la construcción en Ciudad Universitaria de un Complejo Deportivo que incluya un Estadio de Beisbol Profesional con capacidad de aforo de 18 mil espectadores y con las instalaciones necesarias para ser utilizado por equipos profesionales de Beisbol, así como dos campos de práctica” (sic).
Dicha cantidad sería la primera inversión –presentada como donación– que haría el banquero y dueño del equipo que parecía haber encontrado un hogar.
El contrato 17099-1141-24-VIII-05, del que Contralínea posee copia (obtenido por medio de la solicitud F9842, presentada por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información) demuestra el mecanismo: el monto pasaría de una fundación a otra, de la de Harp a la llamada “UNAM” (de la cual es también parte Harp), y ésta, además de agradecer “profundamente” la donación, por supuesto se comprometía a “otorgar el recibo correspondiente para los efectos fiscales procedentes”.
En la jugada de triple play, la Universidad, representada por el mismo rector en ese acto, se comprometía “a proporcionar la información necesaria sobre el terreno de su reserva territorial que pretenda destinar, en su caso, para el desarrollo y construcción de EL PROYECTO” (sic).
“El Proyecto”, el estadio, se diseñó y hasta llegó a ser anunciado (celebrado) en la Gaceta UNAM, en su edición 3836 del 12 de septiembre de 2005, bajo el título “Avanza el fortalecimiento del béisbol universitario. Se construirá un estadio con aforo para más de 12 mil espectadores”.
La casa de los Diablos Rojos del México habría comido 4.4 hectáreas del Sur de Ciudad Universitaria, en la esquina de las avenidas Delfín Madrigal e Imán.
Al enterarse, diversas voces universitarias levantaron la voz. Político, Ramón de la Fuente reculó. Por lo gastado y la ilusión deducida, 1 década después el agravio contra Harp Helú se saldó: la Universidad inauguró un complejo deportivo con el nombre del banquero en letras de oro al pie del terreno que a punto estuvo de convertirse en su añorado infierno solar.
Mauricio Romero, @Mauricio_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: CONTRAGOLPE]
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