Segunda parte. Hasta el sexenio pasado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fue utilizado por sus directivos como un negocio para realizar transferencias millonarias al sector privado y a cambio, éste aportó una proporción muy baja al presupuesto de ciencia y tecnología.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, Conacyt operó con una capacidad de articulación mínima, capacidades muy limitadas, una baja eficiencia en innovación y con gran dependencia tecnológica.

En una radiografía del Conacyt, su directora general María Elena Álvarez-Buylla explicó, en una de las conferencias matutinas en Palacio Nacional, que al asumir el cargo se encontró con una paradoja: “había aumentado el gasto en ciencia y tecnología en el último sexenio, por lo tanto, el país había subido siete lugares en términos de gasto; sin embargo, el país perdió 16 lugares en eficiencia de innovación. Y todavía para hacer más profunda la paradoja, nos encontramos -y esta cifra sigue creciendo- que más de 35 mil millones de pesos se habían transferido vía Conacyt directamente a empresas privadas”.

En México, las empresas privadas sólo aportan el 18 por ciento al desarrollo tecnológico, mientras que el porcentaje del producto interno bruto que se dedica a la ciencia también es muy bajo.

La directora Álvarez-Buylla anunció la semana pasada que el Conacyt no será afectado por el recorte del 75 por ciento para gastos de operación y fideicomisos que aplicará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, al contrario, aumentará el dinero que se destina a becas para investigadores.

Esta crítica de la directora general contra exfuncionarios del Conacyt por financiar abusiva y cínicamente al sector privado y, de paso, beneficiar a directivos y algunos investigadores, tiene sustento cuando se revisan algunos negocios que habían montado exdirectivos en complicidad con empresarios para usar dinero público en favor de particulares.

Es público que algunos investigadores, asesorados por alguna Oficina de Transferencia Tecnológica, han creado empresas desde hace varios años a espaldas de sus centros de trabajo e institutos de investigación, con el propósito de obtener financiamiento de entidades públicas en proyectos privados.

Por ejemplo, en 2011, la doctora Karla Cedano, actual secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación en el Instituto de Energías Renovables (IER) de la UNAM, campus Morelos, junto con los doctores Manuel Martínez Fernández y Antonio del Río Portilla (actual director del IER) y el empresario morelense Luis Martínez Lavín, dueño de la empresa de cosméticos Industrias Lavín, crearon la empresa privada “Centro Lavín para el Desarrollo de Innovación y Transferencia Tecnológica, Inno-ba”.

Esa empresa, que operaba como Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) empezó a recibir financiamientos en 2013 para el desarrollo de proyectos privados, lo cual se explica porque en ese año que la doctora Julia Tagüeña (esposa del doctor Martínez Fernández) llegó a la Dirección Adjunta de Investigación Científica de Conacyt.

Ese Centro Lavín anunciaba públicamente sus servicios para “ la vigilancia constante de posibles fuentes de financiamiento, y la asesoría y gestión a empresas para la obtención de fondos gubernamentales a la innovación y desarrollo tecnológico”. Es decir, el Centro Lavín gestionaban fondos del Conacyt cuando la esposa de uno de los socios era responsable de dichos fondos, lo cual huele a un fuerte conflicto de interés que debería investigar la doctora Álvarez-Buylla.

Entre 2013 y 2015, el Centro Lavín gestionó para terceros, pero utilizando su propio nombre, un total de nueve proyectos por un monto de 19 millones 604 mil 588 pesos. La mayoría de esos proyectos fueron generados en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, campus Morelos.

Uno de estos proyectos fue realizado por el doctor Alejandro Torres Gavilán, quien para ilustrar cómo funcionaba el negocio, en una entrevista que concedió a la revista El Innovador declaró: “…nos acercamos a la doctora Karla Cedano, a quien le presentamos el proyecto. La energía de Karla y la de Inno-ba [el Centro Lavín] pronto nos llevaría a entablar una plática con un empresario a quien Karla convenció para que nos escuchara. Prácticamente la mesa estaba puesta y sólo habríamos de ponernos de acuerdo en cómo y cuánto. Sorprendentemente, a la semana de haberle presentado el proyecto al inversionista y a Inno-ba, la OTC ya estaba sometiendo una propuesta al Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) con una visión más amplia de la estimada por los académicos”.

En 2016, el Centro Lavín realizó el 1.3 por ciento de proyectos del Programa de Estímulos e Innovación; es decir, habría gestionado unos 14 proyectos ante Conacyt para terceros, que en una estimación conservadora podrían haber sido por otros 31 millones de pesos, para sumar unos 51 millones en total.

El doctor Torres Gavilán fundo? su empresa GAFISA (Grupo Alimentario Farmacéutica Industrial) a partir de los recursos que solicito? el Centro Lavín al Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) en 2013.

Un año después, 2014, Centro Lavín volvió a solicitar fondos, pero esa vez para un programa distinto: FINNOVA, del Fondo Sectorial Secretaría de Economía-Conacyt.

La práctica de repetir un mismo proyecto hasta en 20 ocasiones, ya había sido denunciado por la doctora Álvarez-Buylla, pero este ejemplo parece ilustrar bien el caso. En la siguiente tabla se muestran los datos de estos dos proyectos

La empresa GAFISA también tramitó directamente apoyos gubernamentales, los cuales se muestran en la siguiente tabla.

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