El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) parece haber heredado no sólo a los 3 mil 600 agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –su antecesor experto en espionaje político–, sino también a los antiguos proveedores.
Ejemplo de ello es lo que ocurre con la compra de alimentos, tema al que me referí el pasado 30 de abril (https://bit.ly/2Mfee1h ) por el tamaño de las compras; y es que el “nuevo” Cisen planea gastar este 2019 un total de 25 millones 656 mil 347 pesos en alimentar a sus agentes, a pesar de los esfuerzos de austeridad que prometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El tema vuelve a ser relevante porque, desde marzo pasado, Procesadora y Distribuidora Los Chaneques, SA de CV obtuvo un contrato para venderle al CNI diversos víveres, por un monto máximo de 16 millones 35 mil 996 pesos y un mínimo de 6 millones 414 mil 398.
Más allá del dinero que implica, la operación destaca porque Los Chaneques es la misma empresa que contrató el Cisen en 2018, bajo los mismos términos, aunque por un monto menor, 15.8 millones de pesos, revelan los contratos CNI/013/19 y CISEN/002/18.
El primero de ellos fue firmado en marzo pasado por el titular de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del Centro Nacional de Inteligencia, Ricardo Jiménez de la Torre, y por el representante legal de Los Chaneques, Jesús Isaías Solorio Pérez.
El documento, que consta de 102 páginas, estipula las bases y requisitos del “contrato abierto para el suministro de productos alimenticios, que celebran por una parte el ahora Centro Nacional de Inteligencia, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, representado por el general de división de Estado Mayor retirado, Audomaro Martínez Zapata”, y por la otra parte, la empresa.
Es así como se formalizó que este año provea al Centro de productos alimenticios de vida limitada, carnes rojas, frutas y verduras, panadería, pescados y mariscos, pollo, salchichonería y lácteos, de los cuales se dan especificaciones muy claras a lo largo de siete anexos; y en un octavo se dan los detalles de cómo se suministrarán los productos.
El documento también incluye un anexo económico, en el que se revelan las marcas de los productos de vida limitada (entre ellos enlatados, empacados y procesados) que pueden ser vendidos al Centro.
Las especificaciones que debe cumplir Los Chaneques son de muy alta calidad. Así, en el Anexo 2-A, “Carnes rojas”, se establece que el proveedor “deberá presentar copia certificada no mayor a tres meses a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones del análisis de clembuterol, debiendo demostrar que los productos cárnicos de res y cerdo que oferta se encuentran libre[s] de esta sustancia”.
Agrega que la documentación debe estar expedida a nombre del proveedor: “dichos análisis deberán ser realizados por un laboratorio de alimentos acreditado ante la EMA [Entidad Mexicana de Acreditación, AC]”.
Para carnes rojas, además, la empresa “debe cumplir con el control sanitario de acuerdo con los requisitos legales que operan para los proveedores de alimentos de alto riesgo, a fin de evitar los riesgos a la salud del personal que lo consume”.
Entre otras exigencias, están que “no se aceptarán productos de importación”, y “toda la carne a surtir deberá provenir de pulpas finas (Bola, Tapa, Centro y Paloma), completamente magra”.
En el anexo 6-A se solicita el mismo requisito del clembuterol para el pollo. Ahí mismo se enlistan características del huevo: “el producto se debe entregar limpio y con cascarón entero, no debe haber olor de descomposición, el cascarón no debe estar quebrado o manchado de excremento o sangre”.
Ya en el Anexo 8, el contrato establece las particulares condiciones para la entrega de esos productos de alta calidad, pues al ser una institución de seguridad nacional, el CNI obliga al proveedor a cumplir con ciertas restricciones.
Por ejemplo, sólo puede registrar a un máximo de 12 personas para descargar la mercancía y entregarla directamente en el almacén del Comedor Institucional del CNI, ubicado en su domicilio de la alcaldía La Magdalena Contreras. Para ello, el último lunes de cada mes, Los Chaneques debe proporcionar al Centro la relación del personal que estará a cargo de las entregas.
En su página 70, el contrato advierte que “para poder accesar, será responsabilidad del proveedor verificar que el personal que habrá de realizar las entregas no porte ningún dispositivo electrónico (celulares, tabletas, USB, etcétera), de lo contrario se negará el acceso a las instalaciones, incluyendo los productos o insumos a entregar”.
Lo anterior contrasta con el “tiempo máximo” que los trabajadores de Los Chaneques pueden permanecer en las instalaciones del CNI: “5 horas a partir del horario de llegada que se tiene establecido, por lo que deberá considerar el personal acorde al tamaño de la carga a entregar”.
La vigencia de este contrato es del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2019 y establece, entre otras cosas, que en caso de que por alguna razón el CNI le pague en exceso, el proveedor se compromete a reintegrar el dinero más los intereses que obtenga por éste.
Es curioso que aun con el cambio de nombre y supuestamente el abandono de la función de espionaje, la institución mantenga las mismas prácticas. Y es que el contrato CISEN/002/18 –que firmó Alberto Baz Baz con Los Chaneques el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto– fue prácticamente copiado por el Centro Nacional de Inteligencia.
Mismas especificaciones, mismos anexos, mismas obligaciones. Lo único que cambia, además del nombre de la institución y sus responsables, son los montos: un máximo de 15 millones 892 mil 115 pesos, y un mínimo de 6 millones 356 mil 846. Ya antes Los Chaneques había desempeñado esta misma función, revela el contrato CISEN/044/16, que data precisamente del ejercicio 2016, cuando Eugenio Ímaz Gisper era el titular del Centro. Sólo que en esa contratación participó en sociedad con Distribuidora de Productos Alimenticios Las Minas, SA de CV.
Por cierto, ni el Cisen ni el CNI figuran abiertamente como clientes de Los Chaneques; quienes sí aparecen citados en su sitio web son los comedores de las secretarías de Educación Pública, Relaciones Exteriores y Hacienda, así como el Instituto Nacional para los Adultos Mayores, Liconsa, Petróleos Mexicanos, Archivo General de la Nación y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
En un gobierno austero y transparente, ¿por qué se paga del presupuesto público la comida para todos los trabajadores del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Por qué se mantienen comedores en otras tantas dependencias, como la SEP, Hacienda y Relaciones Exteriores? Ya es momento de que la “cuarta transformación” erradique de raíz este tipo de privilegios que caracterizan a los gobiernos ricos con pueblos pobres. ¿O en este tema no habrá cambios?
Nancy Flores
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