La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) gastó más de 8 millones de pesos en comidas, reuniones y 537 viajes (82 de ellos al extranjero) realizados por el presidente del organismo autónomo, Luis Raúl González Pérez, y los siete visitadores generales, entre enero de 2015 y junio de 2019.
De ese monto, 6 millones 99 mil 231 pesos correspondieron a los pagos por concepto de viáticos y gastos de representación de los seis visitadores generales –Ismael Eslava Pérez, Enrique Manuel Guadarrama López, Ruth Leticia Villanueva Castilleja, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Édgar Corzo Sosa y Jorge Ulises Carmona Tinoco– y el visitador especial –José Trinidad Larrieta Carrasco– para el caso Ayotzinapa.
El resto, 2 millones 94 mil 895 pesos, correspondieron al gasto del aún presidente del organismo por esos mismos rubros. Estos montos suman un total de 8 millones 194 mil 126 pesos, revela información obtenida por Contralínea mediante la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La CNDH es un organismo que desde 1990 se encarga de proteger, observar, promocionar, estudiar y divulgar los derechos humanos que garantiza el orden jurídico nacional. Entre sus principales funciones se encuentran las de recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos e investigarlas, especialmente, las que implican abusos cometidos por algún agente del Estado.
Además, esta entidad cuenta con autonomía presupuestaria y de gestión, es decir que puede solicitar su presupuesto -que debe aprobar la Cámara de Diputados- y ejercerlo de acuerdo con sus propias decisiones, como lo señala el apartado B del Artículo 102 de la Constitución mexicana.
Es así que en la administración de Luis Raúl González, que acabará el próximo 15 de noviembre, la CNDH decidió pagar 7 millones 188 mil 504 pesos en viáticos de los ocho servidores públicos, esto es el dinero que se otorga durante un viaje con el fin de que el beneficiado cuente con los medios necesarios para subsistir en el lapso que éste dura; y 1 millón 5 mil 622 pesos por gastos de representación, en otras palabras, por representar a dicha entidad pública ante otras instituciones, nacionales o extranjeras, con el objetivo de mejorar su imagen.
Con esa cifra se cubrieron 455 viajes a 27 estados de la República y 82 al extranjero. Entre los países más visitados se encuentran: Guatemala, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, España, Alemania, Albania, Marruecos, Suiza y Japón.
De acuerdo con los datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, individualmente los viajes al interior del país oscilaron entre los 125 pesos y los 15 mil, mientras que los internacionales llegaron a costar hasta 134 mil pesos. Aunado a esto, las comidas y reuniones de trabajo variaron de entre los 225 y hasta 11 mil pesos.
Cruz Silva del Carpio, coordinadora del área Estado Democrático de Derecho de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), explica a Contralínea la importancia de que “el titular y las personas integrantes de la CNDH sean conscientes del escenario de violencia que se vive en el país, pues [el presupuesto] tendrían que destinarlo a las áreas de prioridad”, por lo que, señala, es indispensable que se haga un sinceramiento de lo que realmente necesitan los funcionarios.
La también abogada asegura que la Comisión, al ser la institución encargada de velar por los derechos humanos, tendría que ser la promotora de la realización de saneamientos en sueldos y demás gastos que no sean acordes con lo que necesitan los trabajadores, ya que “las víctimas y las poblaciones vulnerables requieren de esa atención presupuestal” y, sin embargo, “hasta que las familias le han pedido insistentemente [ayuda], la Comisión ha respondido. Por eso no ha tenido buenos resultados”.
La principal división de la Defensoría la constituyen seis visitadurías y una oficina especial, instrumentada en diciembre de 2014, dedicada exclusivamente a la investigación del caso Ayotzinapa. Por su parte, cada visitaduría se encarga de tratar diferentes temas relacionados con violaciones y/o protección a derechos humanos.
Consultado por Contralínea sobre los gastos de la Comisión en viajes, representación y comidas, el quinto visitador Édgar Corzo Sosa afirma que en el organismo “se ha hecho más, con menos”. El funcionario asegura: “Nosotros estamos en un sentimiento de apoyo a la austeridad republicana”.
El quinto visitador fue el que más recursos del erario empleó en esos fines. Los viajes más caros que realizó fueron dos: el primero a Ginebra, del 1 al 7 de septiembre de 2017, cuando gastó 92 mil 555 pesos: 56 mil 194 para pagar pasajes y 36 mil 361 pesos en alojamiento y comidas. El segundo fue del 5 al 13 de octubre de 2018, a la ciudad de Marrakech, en Marruecos, donde gastó 86 mil 767 pesos: 51 mil 780 en pasajes aéreos, 350 en transporte terrestre y 34 mil 637 en viáticos.
Corzo Sosa también es quien más dinero consumió del presupuesto en gastos de representación, pues registra un monto total de 225 mil 411 pesos, superando los 164 mil 404 del presidente. Le siguen Villegas Fuentes, con 223 mil 336 pesos; Larrieta Carrasco, con 98 mil 448; Villanueva Castilleja, con 91 mil 761; con 89 mil 240, Carmona Tinoco; con 77 mil 813, Guadarrama López y Eslava Pérez, con 34 mil 205.
El 29 de enero de 2016, el quinto visitador pagó 11 mil 307 pesos por una reunión en la Ciudad de México, “para tratar asuntos relacionados con el rezago de expedientes y proyectos de recomendación y conciliación para la promoción, estudio y difusión de los derechos humanos en las reformas a la ley y el reglamento de la CNDH”, detalla la información del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot).
El defensor Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) señala que “la iniciativa de cortar gastos superfluos e innecesarios responde al clamor de la sociedad ante el despilfarro del gobierno”.
No obstante, acota: “Nosotros valoramos que, por la crisis que vivimos en materia de derechos humanos, debemos tener una CNDH fuerte. [Por ello] es necesaria la reconsideración de las propias instituciones de tener una operación más eficaz que no responda a presiones políticas, sino a la realidad”.
Luis Raúl González asegura a Contralínea que aunque la Comisión Nacional ha gozado de recursos racionales, “ningún presupuesto alcanza”. Entrevistado en el marco del Séptimo Ciclo de Conferencias “Los Derechos Humanos Hoy”, habla del recorte que se aplicó en este año: “la merma siempre se va a reflejar en menores actividades de desarrollo”.
El ombudsman dice que, para 2020, la CNDH puso “en manos de [la Secretaría de] Hacienda y del Congreso [de la Unión] un estudio sobre la construcción de presupuestos con perspectiva de derechos humanos”.
De acuerdo con los informes del organismo, de 2015 a la fecha la Comisión ha destinado entre el 70 y el 80 por ciento del presupuesto al rubro de “servicios personales”. Y 2019 no fue la excepción, ya que de los 1 mil 809 millones de pesos que recibió, el 76 por ciento fue destinado a salarios del personal, gastos de representación, de seguridad social y demás prestaciones sociales.
Por mandato, es el presidente del organismo autónomo quien aprueba y emite recomendaciones públicas, formula propuestas para lograr una mejor protección de los derechos humanos y celebra acuerdos de colaboración con autoridades y organismos nacionales e internacionales, así como con instituciones académicas o asociaciones culturales.
Para cumplir con ese encargo y pese al recorte presupuestal de 223 millones de pesos que sufrió la Comisión este año, Luis Raúl González realizó uno de los viajes más costoso para el erario de la CNDH en este año de austeridad: fue del 2 al 15 de marzo pasado, a Ginebra, Suiza. Durante 13 días, gastó 33 mil 728 pesos en pasajes y 100 mil 741 para solventar su estadía en el continente europeo, es decir, poco más de 7 mil 749 pesos al día. Pagando un total de 134 mil 469 pesos, en sólo dos semanas.
De acuerdo con la información oficial, el viaje tuvo como objetivo “asistir a la Asamblea General de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para participar en la adopción de las recomendaciones del Mecanismo del Examen Periódico Universal a México, así como para presentar el informe del Caso Iguala ante miembros de la Unión Europea”.
De 2015 a la fecha, González Pérez ha gastado en viáticos 1 millón 929 mil 490 pesos, cantidad que un trabajador que gana el salario mínimo –102 pesos al día– acumularía tras 18 mil 791 días de trabajo.
Durante la administración de Luis Raúl González Pérez –que comenzó en noviembre de 2014 y acabará el 15 de noviembre de 2019–, la CNDH ha gozado de presupuestos millonarios: en 2015, por 1 mil 465 millones 956 mil 43 pesos; en 2016, 1 mil 546 millones; en 2017, 1 mil 728 millones; en 2018, 2 mil 33 millones; mientras que este año, por las medidas de austeridad, disminuyó a 1 mil 809 millones de pesos.
Sin embargo, esta no fue la primera vez que la CNDH redujo sus ingresos: en 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció la aplicación de un recorte a diferentes instituciones, entre ellas la CNDH. Por ello, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron los “Lineamientos de austeridad para la CNDH” para generar ahorros por 8 millones 700 mil pesos en servicios personales, inmuebles, vehículos, adquisiciones y servicios generales.
Para Cruz Silva del Carpio –de la FJEDD–, “un presupuesto debidamente llevado, público y con el que se rinda cuentas puede funcionar para la Comisión. Así como contar con personal comprometido y absolutamente honesto en su actuación”. Aunque, añade, el recorte le ha perjudicado.
“En un país que tiene altos índices de impunidad y de violaciones a los derechos humanos, rebajar el presupuesto es un serio error, pero también lo sería darle un cheque en blanco […] Tiene que haber rendición de cuentas y cada cierto tiempo se tendría que decir en qué se invirtió, en qué programas, cuál fue el efecto de esa inversión y cómo afectó la vida de las familiares o de las víctimas que se buscan proteger”, señala la también abogada.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Red TDT exhorta a la CNDH a luchar contra la opacidad, el burocratismo y la instrumentalización del poder, “para que pueda servir a toda la sociedad mexicana y si en algún momento puede ser aliada de las luchas que tiene el gobierno en contra de la corrupción, priorizando el acceso a la justicia, eso podría beneficiar a México”.
Otra de las medidas de austeridad del gobierno de López Obrador es la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entró en vigor en diciembre de 2018 con el fin de que ningún funcionario gane más que el presidente: 108 mil pesos netos al mes.
Ante ello, la CNDH presentó una demanda de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que esta ley no contaba con los parámetros y reglas necesarias para su instrumentación, ya que podría vulnerar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la SCJN negó la suspensión de la acción que pretendía que los funcionarios mantuvieran sus ingresos.
Al respecto, el primer visitador de la Comisión, Ismael Eslava Pérez, asegura a Contralínea que la CNDH tiene por mandato interponer los recursos que considere necesarios. Éstos “derivaron de varias peticiones hechas por otras instituciones, pero no es que la Comisión lo hiciera motu proprio, aunque podría, si hubiera actos violatorios a derechos humanos. La Comisión Nacional lo hace en función del respeto y observancia de los derechos que aparecen en la Constitución”.
Al respecto, Alejandra Ancheita Pagaza, defensora de derechos humanos y quien recibió el doctorado Honoris Causa por la Université Paris Nanterre, estima que la acción de la CNDH partió desde la lógica de la propia Comisión, que es atender las violaciones a derechos humanos que hay en el país, “y eso implica tener salarios profesionalizados para poder garantizar un trabajo profesionalizado, en atención a estas violaciones graves”.
La también abogada afirma que las medidas de austeridad contribuyen a retomar “el espíritu del servicio público por parte de los funcionarios de la administración y evitar los excesos que sí había en las administraciones pasadas y que debilitaban a las instituciones públicas”.
En febrero de este año, los funcionarios de la CNDH se vieron obligados a bajar sus sueldos, empezando por González Pérez, quien de ganar 170 mil pesos netos mensuales ahora percibe 106 mil. De igual manera, los visitadores reajustaron sus ingresos, ya que de los 157 mil pesos que percibían, hoy en día ganan 105 mil 533.
No obstante, gracias a acciones jurídicas, aún hay cinco servidores públicos de la CNDH que ganan más que el presidente López Obrador: sus sueldos van de los 112 mil a los 125 mil pesos mensuales netos.
Al respecto, el quinto visitador explica que “cada persona dentro de la Comisión es libre de realizar las acciones legales que considere que son propias”.
Para Luis González Placencia, integrante del consejo directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, “esto es absurdo e irrazonable”, pues los salarios se vuelven inmorales, sobre todo, “frente al hecho de que hay millones de mexicanos cuyos salarios apenas les alcanzan para vivir”.
El también director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional, AC, asegura que “debe primar un criterio de razonabilidad: quien tenga mayor responsabilidad requiere una compensación igualmente mayor, pero siempre bajo un principio de proporcionalidad. Quien tiene más responsabilidad es porque tiene más capacidad de enfrentarla y, también, porque el costo social es alto. El salario debe guardar una cierta proporcionalidad, pero esto no significa que sea estratosférico o inmoral”.
González Placencia considera que el llamado que ha hecho el presidente López Obrador de revisar los sueldos es “pertinente” y es una situación que se pudo haber solucionado anteriormente, si los propios servidores públicos “hubieran tomado conciencia de los montos tan elevados que algunas posiciones tienen y hubieran bajado los salarios razonable y proporcionalmente”.
Aunado a esto, Cruz Silva, integrante de la FJEDD, sugiere que, como en otros países, se instrumente una evaluación del desempeño a los funcionarios que ganan tanto, “una evaluación de cuántas veces trabajan, cuáles son sus resultados y con base en ello, hacer los reajustes de los pagos”. Pues ésta “es una situación insultante para la labor misma de la institución”.
Y es que no sólo se trata de los montos de los sueldos, sino también de las prestaciones que gozan: prima quincenal (142 pesos), ayuda quincenal para la despensa (150 pesos), estímulo por productividad (19 mil 342 pesos al mes), prima vacacional semestral (30 mil 293 pesos), apoyo anual para el desarrollo personal y cultural (90 mil 879 pesos) y aguinaldo (371 mil pesos).
Los organismos autónomos cuentan con mayores beneficios y mejores condiciones laborales y salariales que otras instituciones, observa Itzel Checa, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas. “Sí deberían revisarse los gastos que puedan no ser necesarios”, señala.
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