Thierry Meyssan/Red Voltaire
Damasco, Siria. El 9 de diciembre de 2014, Dianne Feinstein, presidenta de la Comisión del Senado estadunidense a cargo de los servicios de inteligencia, hizo público un fragmento de su informe clasificado sobre el programa secreto de torturas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés).
El fragmento desclasificado sólo representa una doceava parte del informe inicial.
El informe en sí no trata sobre el vasto sistema de secuestros y encarcelamientos arbitrarios que la Armada de Estados Unidos instauró bajo los mandatos del expresidente George Bush hijo, programa que dio lugar a los secuestros de más de 80 mil personas en todo el mundo y al encierro de esos secuestrados en 17 barcos estacionados en aguas internacionales (se trata de los navíos USS Bataan, USS Peleliu, USS Ashland, USNS Stockham, USNS Watson, USNS Watkins, USNS Sister, USNS Charlton, USNS Pomeroy, USNS Red Cloud, USNS Soderman, USNS Dahl, MV PFC William B Baugh, MV Alex Bonnyman, MV Franklin J Phillips, MV Louis J Huage Jr, MV James Anderson Jr). El texto se limita al estudio de 119 casos de personas utilizadas como conejillos de Indias en la realización de experimentos sicológicos en la base naval estadunidense de Guantánamo (Cuba) y en unas 50 cárceles secretas, desde 2002 y hasta finales de 2009, es decir, 1 año después de la elección del actual presidente Barack Obama.
Los fragmentos del informe no indican bajo qué criterios fueron seleccionados esos cobayos humanos. Se limitan a indicar que cada prisionero denunciaba al siguiente y también indican que esas confesiones no les fueron arrancadas sino inculcadas. En otras palabras, lo que hizo la CIA fue justificar sus propias decisiones fabricando denuncias que las confirmaban a posteriori.
En el informe inicial, los nombres de los agentes y de los contratistas de la CIA implicados fueron reemplazados por seudónimos. Además, los fragmentos desclasificados han sido ampliamente censurados, fundamentalmente para borrar los nombres de los cómplices extranjeros de la Agencia.
He leído detenidamente las 525 páginas de fragmentos provenientes del informe. A pesar de ello, estoy aún lejos de haber sacado de esos fragmentos toda la información que puede obtenerse de ellos, ya que habrá que realizar numerosas investigaciones para poder interpretar los párrafos mutilados por la censura.
Las sesiones de condicionamiento se realizaban en unas 50 cárceles secretas bajo la responsabilidad de Alec Station, la unidad de la CIA a cargo de la búsqueda de Osama bin Laden. Las infraestructuras, el personal y los transportes funcionaban bajo la responsabilidad del Grupo de Capitulación y Detención de la CIA. Las sesiones se concebían y realizaban bajo la supervisión de dos sicólogos contratados que incluso crearon una firma en 2005. Las autorizaciones para la aplicación de las técnicas de condicionamiento se concedían desde el más alto nivel, sin especificar que el objetivo de esas torturas no era arrancar información a las víctimas sino condicionarlas.
Sin embargo, en junio de 2007, el entonces contratista de la CIA que supervisaba aquellos experimentos explicó personalmente a Condoleezza Rice en qué consistían. La consejera de Seguridad Nacional autorizó la continuación de los experimentos, limitándose a reducir la cantidad de torturas autorizadas.
Los fragmentos publicados del informe contienen un análisis detallado de cómo la CIA mintió a las demás ramas de la administración Bush, a los medios de prensa y al Congreso.
Los fragmentos del informe que se han dado a conocer confirman que la CIA realizó experimentos basados en los trabajos del profesor Martin Seligman (teoría de la impotencia aprendida). El objetivo de los experimentos no era obtener confesiones ni información, sino inculcar a los torturados un discurso o un comportamiento.
Todos los nombres de los torturadores fueron censurados en la parte desclasificada del informe. A pesar de ello, es evidente que bajo el seudónimo de Grayson Swigert se esconde Bruce Jessen mientras que James Mitchell aparece en el informe como Hammond Dunbar.
Bruce Jessen y James Mitchell supervisaron el programa desde el 12 de abril de 2002. Estaban físicamente presentes en las cárceles secretas. En 2005, formaron juntos una firma comercial, Mitchell, Jessen & Associates, designada en el informe como Company Y. Desde 2005 y hasta 2010, esa firma recibió pagos ascendentes a 81 millones de dólares. Posteriormente, el Ejército o fuerzas terrestres de Estados Unidos (US Army) los empleó para que dirigieran un programa sobre el comportamiento aplicado a 1.1 millones de soldados estadunidenses.
En mayo de 2003, un senior officer de la CIA recurrió al inspector general de la Agencia señalando que los trabajos del profesor Seligman se basaban en las torturas que se aplicaban en Vietnam del Norte para obtener “confesiones con fines propagandísticos”. Aquel oficial cuestionaba el programa de condicionamiento. Pero su denuncia no tuvo consecuencias. En todo, la denuncia contenía un pequeño error: se refería a Vietnam del Norte. Los trabajos de Seligman, al igual que las prácticas de los norvietnamitas, se basaban en trabajos coreanos.
Según la Comisión senatorial, el programa de tortura de la CIA respondía a una orden del expresidente George W Bush emitida el 17 de septiembre de 2001, es decir, 6 días después de los atentados contra los Torres Gemelas y el Pentágono. Tenía como único objetivo proporcionar medios extraordinarios para la investigación sobre los atentados del 11 de septiembre de aquel año. Pero ese programa se desarrolló de inmediato en violación de varias instrucciones del presidente. Por consiguiente, a partir de la realización de los atentados, la CIA, a espaldas de la Casa Blanca, se esforzó por fabricar falsos testimonios que “demostrarían” la culpabilidad de Al-Qaeda.
El expresidente George W Bush y los miembros del Congreso fueron engañados por la CIA que:
– Obtuvo autorizaciones para recurrir a ciertas torturas disimulando el objetivo final de tales procedimientos.
– Presentó falsamente como información obtenida bajo la tortura lo que en realidad eran confesiones inculcadas.
Los torturadores tuvieron la precaución de dotarse de una cobertura jurídica. Para ello pidieron que el Departamento de Justicia los autorizara a torturar. Pero el Departamento de Justicia se pronunció únicamente sobre la legalidad de los métodos utilizados (aislamiento, encierro en una caja de pequeñas dimensiones, simulacros de enterramientos, uso de insectos, etcétera) en vez de pronunciarse sobre el programa en su conjunto. La mayoría de los juristas autorizaban solamente algunas posturas en particular, pasando por alto las consecuencias síquicas que podían acarrear cuando se combinaban unas con otras. En agosto de 2002 ya se habían obtenido todas las autorizaciones.
Los dirigentes de la CIA que autorizaron esos experimentos especificaron por escrito que había que incinerar los cadáveres si las personas utilizadas como cobayos morían durante el proceso de condicionamiento y que a los sobrevivientes había que mantenerlos encerrados por el resto de sus días.
Para que se entienda bien, la Comisión senatorial no dice que las confesiones de los detenidos de la CIA son legalmente incorrectas por haber sido obtenidas bajo la tortura. Lo que expone es que la CIA no interrogó a esos detenidos sino que los condicionó para que declararan sobre situaciones y actos con los que no tenían nada que ver. La Comisión precisa que los agentes de la CIA ni siquiera trataron de informarse sobre lo que los detenidos ya habían declarado o confesado a las autoridades que los habían arrestado. En otras palabras, no sólo la CIA no trató de saber si Al-Qaeda estaba implicada o no en los atentados del 11 de septiembre, sino que su acción tuvo como único objetivo fabricar testimonios falsos para demostrar falsamente una supuesta implicación de Al-Qaeda en dichos atentados.
La Comisión senatorial no discute si las confesiones de los cobayos humanos les fueron arrancadas o si les fueron inculcadas. Pero, después de explicar que los supervisores no eran expertos en interrogatorios sino en condicionamiento, detalla ampliamente el hecho que ninguna de esas confesiones permitió anticipar nada. Demuestra que la CIA mintió al afirmar que habían permitido impedir otros atentados. La Comisión no escribe que la información sobre Al-Qaeda proveniente de aquellas confesiones es fabricada, pero señala que todo lo que se podía verificar era falso. De esa manera, la Comisión desmiente explícitamente los argumentos utilizados para justificar la tortura y anula implícitamente los testimonios utilizados para vincular a Al-Qaeda con los atentados del 11 de septiembre.
Ese informe confirma, de manera oficial, varias informaciones que nosotros ya habíamos presentado a nuestros lectores y que contradicen e invalidan los trabajos de los tanques pensantes atlantistas, de las universidades y de la prensa desde el 11 de septiembre, tanto en lo tocante a los atentados de 2001 como en lo que concierne a Al-Qaeda.
Como resultado de la publicación de los fragmentos del informe queda demostrado que todos los testimonios citados en el informe de la Comisión Presidencial Investigadora sobre el 11 de Septiembre que vinculan a Al-Qaeda con esos atentados son falsos. Ya no existe en este momento el menor indicio que permita atribuir esos atentados a Al-Qaeda: no existe ninguna prueba de que las 19 personas acusadas como secuestradores aéreos estuviesen aquel día en ninguno de los cuatro aviones y tampoco es cierto ninguno de los testimonios de exmiembros de Al-Qaeda que se atribuyen la autoría de los atentados.
En octubre de 2009 publiqué un estudio sobre ese tema en la revista rusa Odnako. Afirmaba en ese trabajo que Guantánamo no era un centro de interrogatorios, sino de condicionamiento. También cuestionaba personalmente al profesor Seligman. Un año más tarde, luego de la publicación de la traducción de aquel artículo al inglés, sicólogos estadunidenses hicieron campaña exigiendo que Martin Seligman diese explicaciones sobre el asunto.
La respuesta de Seligman consistió únicamente en negar su papel como torturador y emprender una acción legal simultánea contra mí y contra la Red Voltaire tanto en Francia como en Líbano, país donde yo residía en aquel momento. Pero finalmente, el profesor Seligman ordenó a sus abogados suspender toda acción legal cuando publicamos una de sus cartas acompañada de una explicación de texto. Martin Seligman emprendió igualmente acciones legales contra todos los que abordaron el tema, como Bryant Weich del Hunffington Post.
En lo que constituye una muestra de valentía, la senadora Dianne Feinstein ha logrado publicar parte de su informe, a pesar de la oposición del actual director de la CIA, John Brennan, quien estuvo a cargo de ese programa de tortura.
El presidente Barack Obama ha anunciado que no emprenderá acciones legales contra ninguno de los responsables de esos crímenes, mientras que los defensores de los derechos humanos luchan por poner a los torturadores en el banquillo de los acusados, que es lo mínimo que debería hacerse.
Pero no son esas las preguntas realmente importantes: ¿Por qué cometió la CIA esos crímenes? ¿Por qué inventó la CIA confesiones destinadas a vincular artificialmente a Al-Qaeda con los atentados del 11 de septiembre? Y, por lo tanto, si Al-Qaeda no tiene nada que ver con los atentados del 11 de septiembre, ¿a quién quiso proteger la CIA?
Y, para terminar, el programa de la CIA sólo contaba 119 cobayos humanos. ¿Qué pasó entonces con los 80 mil prisioneros de las cárceles secretas de la US Navy?
hierry Meyssan/Red Voltaire
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