La desaparición de 43 normalistas rurales en Guerrero provocó que la sociedad organizada tomara 35 palacios municipales en el estado, el 43 por ciento del total de ayuntamientos en la entidad. La crisis política y social suscitada por la alianza entre el crimen organizado y los gobernantes ocasionó que ejidos y comunidades decidieran echar a los políticos. En cinco ayuntamientos ya se han instalado gobiernos autónomos, con concejos y asambleas populares. El ejemplo de los zapatistas en Chiapas florece en las regiones guerrerenses con mayor presencia indígena

Tecoanapa, Guerrero. El reloj marcaba las 14:45 horas del día 29 de noviembre 2014 cuando se dio el anuncio. El ayuntamiento de Tecoanapa, ubicado en la Costa Chica de Guerrero, fue declarado formalmente suspendido y, acto seguido, instalada la Asamblea Popular Municipal encargada de nombrar al Concejo Popular Municipal.

Emanada de una comunidad que destila hartazgo, la decisión fue avalada por 33 de los 44 comisarios municipales del lugar y empujada, sobre todo, por maestros (integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero) y autodefensas (miembros de Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero).

 

En calidad de testigos estuvieron una representación de alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y de familiares de los 43 estudiantes de esta institución educativa que fueron desaparecidos forzadamente.

El acto fue formal. Hubo actas de acuerdos, firmas, pase de lista. Al final, los asistentes ingresaron a las instalaciones del ayuntamiento que desde el 29 de octubre pasado –acorde con el plan de acción trazado por la Asamblea Nacional Popular– permanece en resguardo de la comunidad de Tecoanapa y se apostaron en la presidencia y en la sala de cabildo desde donde operará la nueva estructura de gobierno popular.

Ese mismo día, en Ayutla de los Libres, a 21.5 kilómetros del lugar, el experimento de autonomía se replicaba. Ahí también fue desconocido el poder formal, con la posterior instalación de la Asamblea Popular Municipal.

En Tecoanapa un hombre esbozó los lineamientos del nuevo gobierno. Explicó que aunque el objetivo primordial del movimiento social guerrerense es la presentación con vida de los estadiantes, el hecho mismo evidenció dos graves problemáticas que deben ser combatidas estructuralmente: la inseguridad que se vive en la entidad, reflejada, por ejemplo, en el cobro de cuotas a ganaderos, comerciantes y trasportistas por parte de organizaciones delictivas coludidas con gobernantes, y el mal uso de los recursos públicos del Ramo 33, que contempla los dineros que la Federación transfiere a los estados y municipios para educación, salud, infraestructura básica, seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa.

En este sentido, dijo, el sistema de organización del pueblo se propone el combate a la pobreza y a la corrupción y, entonces, trazar camino hacia la rendición de cuentas; además de procurar los derechos a la educación, salud, infraestructura, seguridad pública y alimentación de las comunidades.

El Concejo Popular Municipal se encargará de administrar el ayuntamiento popular bajo el sistema de usos y costumbres de los pueblos y de conformidad con el mandato de la Asamblea Popular Municipal, a la cual deberá convocar.

La Asamblea Popular Municipal, por su parte, será el espacio colectivo donde confluirán las organizaciones sociales, autoridades comunitarias y residentes del municipio, estructura en cuya base estará el cimiento de cada decisión.

Todos los esfuerzos estarán encaminados a la construcción de un gobierno municipal autónomo y a la creación de un programa y plan de desarrollo municipal.

Con respecto del sustento jurídico de la nueva estructura de gobierno, los pobladores reunidos aquella tarde soleada en Tecoapana, aludieron al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, artículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2 y 39; y a la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 25, 26, 35, 36 y 38.

Sueño, alcanza a cinco municipios

Legado de la lucha de Ayotzinapa que clama justicia y presentación con vida de los 43 muchachos que le fueron arrebatados por policías, en Guerrero resurge la demanda de autonomía como una forma colectiva de imponerse al impero del “narcogobierno” .

Al menos 25 alcaldes y exalcaldes de la entidad han sido señalados por sus vínculos con el crimen organizado. Uno de ellos, por supuesto, es José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, quien operando a través y con el cártel Guerreros Unidos, sería responsable de los hechos del 26 y 27 de septiembre pasados en Iguala, cuyo saldo fue la ejecución a mansalva de tres estudiantes y la desaparición forzada de otros 43.

En este contexto, la sociedad organizada ya no se conforma con la caída de un gobernador (hecho que se consumó con la renuncia de Ángel Heladio Aguirre Rivero el 23 de octubre pasado), sino que pugna por cambios estructurales, y en este sentido se compromete con la construcción de un nuevo orden.

La toma indefinida de los 81 ayuntamientos de Guerrero, resolutivo que emanó en el seno de la Asamblea Nacional Popular a mediados de octubre pasado, fue el punto de arranque del sueño de autonomía. Después se pugnaría por la desaparición de poderes en el estado y, posteriormente, por la constitución de la Asamblea Popular Municipal y del Concejo Popular Municipal.

Los esfuerzos empiezan a cuajar, aunque de forma dispar, en Guerrero. Al cierre de esta edición al menos 35 municipios permanecían bajo el control comunitario. Se trata de: Acapulco de Juárez, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Juan R Escudero, Mártir de Cuilapa, Tixtla de Guerrero, Atenango del Río, Iguala de la Independencia, Ayutla, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Marquelia, San Luis Acatlán, Tecoanapa, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Petatlán, Tecpan de Galeana, Zihuatanejo de Azueta, Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlixtac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac y Xochihuehuetlán.

De acuerdo con Manuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, en cinco de estos municipios el proyecto de autonomía se encuentra más avanzado. Mientras en Tecoanapa se ha logrado conformar ya el Concejo Popular Municipal, en San Luis Acatlán, Ayutla, Acapulco y Tlapa se ha instalado la Asamblea Popular Municipal.

Olivares Hernández refiere que la idea de estas asambleas y concejos nace de la inquietud del Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y de los integrantes del Comité de Padres de Familia de los 43 Estudiantes Desaparecidos, al considerar que la única garantía de no repetición de los hechos de violencia en Iguala es que el pueblo mantenga el control de los ayuntamientos.

En este sentido, explica, figuras como la Asamblea Popular Municipal y el Concejo Popular Municipal son concebidas como una “forma de presión ante la resistencia del gobierno federal para presentar con vida a los 43 muchachos, pero también tiene que ver con que lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre vino a visibilizar hasta qué grado se ejerce el narcogobierno en los municipios”.

El defensor de derechos humanos precisa que aunque, por el momento, el sueño de autonomía ha logrado implantarse tan sólo en Tecoanapa, San Luis Acatlán, Ayutla, Acapulco y Tlapa, “en la medida en que esto [la colusión delincuencia organizada-gobierno] no se investigue y castigue, en la medida en que no se depuren los ayuntamientos, los Concejos Municipales tenderán a extenderse”.

La Asamblea, base del gobierno municipal autónomo

En Guerrero no hay antecedente que se equipare con el esfuerzo de autonomía emprendido en la actualidad con la instalación de asambleas y consejos populares municipales.

La experiencia más cercana es el de la Policía Comunitaria que ha asumido como suya –incluso a costa de la libertad de algunos de sus miembros– la responsabilidad de proveer seguridad y justicia a las comunidades, ante la ineficiencia gubernamental y su colusión con la delincuencia organizada.

No obstante, el gobierno municipal autónomo que se construye tiene como punto de referencia la figura de la Asamblea, legado de los pueblos indígenas.

En entrevista con Contralínea, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, comenta que la Asamblea, es decir, “la participación abierta, libre, pública, oral, directa de las personas, sean hombres o mujeres”, es el referente de lo que representa para los pueblos originarios un gobierno basado en el consenso; el “ancla” que da consistencia y certeza al ejercicio de la autoridad en la comunidades indígenas.

El defensor de derechos humanos explica que aunque la estructura de la Asamblea quedó relegada en términos del sistema político nacional con la instauración del cabildo, que llegó a ser el modelo dominante; lo más interesante es que las asambleas siguen “muy vivas”, en tanto que son órganos de gobierno eficaces y sobradamente probados en el ámbito comunitario.

Es justamente en momentos de crisis en que la asamblea, “borbollón de sabiduría milenaria”, resurge como una forma de gobierno tradicional factible y exitosa, dice Barrera Hernández. En este sentido, sostiene que la asamblea representa un ejemplo de gobierno alternativo basado, no en el individuo, sino en la comunidad, e inspirado en valores como el servicio, el respeto y la reciprocidad.

—¿Qué elementos confluyeron para que en el contexto actual se apelara a la constitución de asambleas y consejos municipales y populares? –se le pregunta.

—La institucionalización de la alianza entre el crimen organizado y gobiernos locales y estatales fue el punto que marcó la ruptura; pero antes tuvo que pasar una crisis de representación política, ya que los partidos [políticos] defienden sus intereses y no representan a los ciudadanos.

—¿Cuáles son los principales retos que tendrán que enfrentar las estructuras comunitarias que ahora se gestan?

—El gran desafío es que este modelo logre bajar al ámbito comunitario, anclarse a las asambleas comunitarias, porque puede quedarse simplemente como una representación intermedia. Estas figuras pueden quedar truncas si se piensa que pueden funcionar como un grupo de notables o un número pequeño de ciudadanos y no con todo el poder comunitario que dan las asambleas, de tal manera que puedan ser una alternativa real ante esta crisis de gobernabilidad.

Flor Goche, @flor_contra

 

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 Contralínea 416 / del 14 al 20 de Diciembre 2014