Entrado en años, José Marcelino Campos –junto con familiares, vecinos y amigos– dedica su vida a la defensa del manto freático de los Pedregales de Coyoacán, pues para él no hay de otra: el agua y la tierra no son negociables. Así que en vez de tener una vida tranquila, anda en “el relajo” de los plantones, las manifestaciones, las asambleas, las jornadas informativas y hasta la represión.
Se mete en todo lo que sea necesario para frenar el megaproyecto inmobiliario Cantera, promovido por la empresa Quiero Casa y que amenaza uno de los veneros del Sur de la Ciudad de México: el acuífero ubicado en el pueblo de Los Reyes, Coyoacán.
El movimiento de resistencia en el que participa don Marcelino forma parte de los 97 conflictos sociales adheridos a la Campaña Nacional por la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. De ese total, 24 están relacionados con el vital recurso: 14, con problemas de privatización; seis, con extracción, y cuatro, con la gestión del recurso.
No obstante, las conflictividades relacionadas con el agua podrían ser mucho más. Y es que, durante su visita a México –del 2 al 12 de mayo pasado–, el relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas, Léo Heller, fue enterado de 72 problemáticas de violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento situadas en 17 entidades del país.
Según el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México –elaborado por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, la Alianza Mexicana contra el Fracking, entre otros–, esos casos no sólo reflejan situaciones violatorias, sino también “el incumplimiento, por acción u omisión, de las obligaciones del Estado mexicano en la materia”.
En el caso de los Pedregales, don Marcelino narra a Contralínea que el problema surgió porque “una inmobiliaria fractura el manto freático para construir 377 departamentos y 680 cajones para estacionamiento. Perfora profundo y rompe el manto freático”.
Para defender el venero que la inmobiliaria Quiero Casa “destruye, contamina y agota”, con la venia de las autoridades delegacionales y el gobierno capitalino, los afectados crearon la Asamblea General de Pueblos, Colonias, Barrios y Pedregales de Coyoacán.
José Marcelino Campos explica que ya van más de 2 años que se ha estado tirando el agua. Por eso, dice, “hicimos el plantón para divulgar a todas las colonias, pueblos y barrios de los Pedregales; para defender el agua y el manantial que hay ahí. La comunidad, al hacer la asamblea, decide pedir una expropiación del predio y la clausura de la obra. Queremos hacer un parque ecológico en el predio que sea para la comunidad”.
Y estuvieron 218 días en plantón, hasta que les llegó la mano dura. “El gobierno nos reprimió. Quitó el plantón el 5 de diciembre [pasado]: nos sacaron como a las 3 y media de la mañana. Golpearon a los compañeros que se encontraban ahí. Fueron sacados del plantón. Nos robaron nuestras cosas. Como cinco autos que estaban ahí fueron llevados al corralón”.
Nueve días antes del violento desalojo, el 26 de noviembre de 2016, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México aceptaron las “medidas de remediación” propuestas por la inmobiliaria y, con ello, autorizaron la continuación de la obra.
El proyecto Cantera se ubica en el predio Aztecas 215, en el pueblo de Los Reyes. De acuerdo con los afectados, los primeros avances de la construcción ocasionaron que más de 1 mil 900 millones de litros de agua limpia se derramaran al drenaje y se talaron, al menos, 160 árboles.
Además del conflicto de los Pedregales de Coyoacán, en la Campaña por la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio participan otras resistencias en defensa del agua, como la de Jalisco, donde pobladores de El Salto, con el acompañamiento de la asociación civil Un Salto de Vida, luchan contra la contaminación del río Santiago.
Aunque el problema comenzó hace 3 décadas, fue en 2008 cuando decenas de personas se movilizaron para intentar frenar el vertimiento de contaminantes y, desde entonces, la lucha continúa. Actualmente son cerca de 280 industrias en la zona las que contaminan el río.
Otra entidad que enfrenta este tipo de problemáticas es Sonora, gobernada por el Partido Revolucionario Institucional, con al menos tres conflictos sociales asociados al agua que implican a pueblos indígenas. Uno de ellos es la lucha de los seris, defensores del territorio Comca’ac [Isla Tiburón], que además de oponerse a la minería (La Peineta Minera), resisten a un proyecto de energía maremotriz (Tiburón Agua y Electricidad, SA de CV).
En esa misma entidad continúa la defensa del Río Yaqui, conflictividad originada por la construcción y operación –al margen de las resoluciones judiciales que amparaban a los opositores– de la presa El Novillo. Esta defensa está encabezada por el pueblo originario Yaqui. Y el tercer conflicto lo enfrenta la tribu Guarijío, y es por la defensa del agua del Río Mayo.
Otros pueblos indígenas que defienden los caudales, pero en Veracruz, –gobernado por el Partido Acción Nacional–, son los totonacos y nahuas, que rechazan la construcción de una represa en la cuenca del río Jajalpa.
Las represas no sólo causan conflictos en Veracruz; también en Chiapas: ahí, el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas-Frente Cívico Tonalteco lucha contra este tipo de proyectos y contra la privatización del agua.
En esta lista de entidades afectadas también se encuentra el Estado de México, gobernado por el PRI. Allí, el Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla defiende el agua, los bosques y los sitios sagrados, amenazados por la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan. Además, la comunidad de San Pedro Atlapulco y el Comité Ciudadano en Defensa del Xinantécatl de Santiago Tlacotepec se oponen a la recategorización del Nevado de Toluca, que amenaza las reservas de agua y el bosque.
De acuerdo con datos de la Campaña, en territorio mexiquense las comunidades Magú, Amecameca, Huitzizilapan, Los Reyes Acozac, Apaxco y Tecamac enfrentan sus propias resistencias de defensa del agua y de sus sistemas de administración autónoma y comunal, “que el gobierno les quiere arrebatar para concesionarlo a megaproyectos del capital en la región”.
En Guerrero está el movimiento de oposición al Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota, promovida por la Comisión Federal de Electricidad. Esa empresa productiva del Estado también es responsable del conflicto social en la cuenca del Río Verde (o Atoyac), Oaxaca, ocasionado por la construcción de otra presa.
Y en Puebla, el Consejo Tiyat Tlalli también se opone a los proyectos hidroeléctricos y al fracking hidráulico, que requiere grandes cantidades de agua para su desarrollo.
Para la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, “el agua es de los bienes naturales que más ha sido privatizado por gobiernos de todo el mundo para que las empresas puedan controlarla”, y México no es la excepción.
Entre los 72 problemas detectados por el Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en México, destacan tres, pues las presuntas violaciones a los derechos humanos se darían por empresas privadas: Aguakán de Cancún, Islas Mujeres y Solidaridad; Concesiones Integrales y Agua de Puebla; y Grupo MAS de Veracruz y Medellín, concesionarias de los sistemas de agua y drenaje.
Además de la Campaña, el Observatorio de Conflictos por el Agua en México –del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua– visibiliza problemáticas sociales derivadas del manejo de este recurso.
Actualmente, esa herramienta informativa reporta siete conflictividades, entre ellas la de la tribu Yaqui, y otras tres inactivas o solucionadas (conflicto entre México y Estados Unidos por la distribución de agua en el Valle de Mexicali; incumplimiento del Artículo 4 constitucional –derecho humano al agua y saneamiento– en la colonia Ampliación Tres de Mayo, Alpuyeca, municipio de Xochitepec, Morelos; y el conflicto por causa del manejo de información a la población sobre la construcción de red de agua potable del Sistema Cutzamala en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México).
Según el Observatorio, los conflictos activos, además del de la tribu Yaqui, son el del resarcimiento del daño ambiental, social y económico generado a consecuencia del derrame de desechos de la mina Buenavista del Cobre, del Grupo México, en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora.
Además, la oposición a la construcción del Acueducto Monterrey VI por su alto costo ambiental y económico; y la disputa legal por la altura de la cortina en la construcción de la presa El Zapotillo, Jalisco.
En el caso de los Pedregales de Coyoacán, no incluido por el Observatorio pero sí por la Campaña Nacional de Defensa por la Madre Tierra y el Territorio, ni don José Marcelino ni sus compañeros de lucha se dan por vencidos.
“Después de la represión tuvimos que empezar otro tipo de lucha, con actividades políticas, denunciando esta obra ecocida que hacen los hermanos Shabot [José y Salomón Shabot Cherem] de la empresa Quiero Casa”.
La lucha del Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur
Desde hace 6 años, el Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur se mantiene en resistencia contra una gasolinera. “En 2011 es cuando en la comunidad vimos que en un predio que era de vivienda y área verde empiezan a construir. Nos dimos cuenta que era la estructura de una gasolinera. Este predio está sobre la autopista México-Cuernavaca, aproximadamente en el kilómetro 21, en el pueblo originario de San Pedro Mártir”, explica el joven Diego Contreras.
Agrega que fueron la organización y los vecinos los que empezaron a investigar la legalidad del proyecto. “La primera instancia que visitamos fue la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial [PAOT], cuyo dictamen reconoce que es totalmente ilegal: certificado de uso de suelo, licencia de construcción, la cuestión ambiental. Todos los lineamientos, normativas, certificados, no cumple con ninguno. Después de eso nos fuimos a un tribunal local para interponer [la denuncia de] que se están violando nuestros derechos y que la gasolinera pone en riesgo la vida. Ha sido un proceso de ir y venir”.
Diego Contreras agrega que “en la Sala Superior ya se agotó todo [el proceso]. Aunque ahorita está pendiente un juicio de lesividad. Todo el tiempo –con lo de la PAOT– se vio que todo era ilegal y la sala ordinaria nos dio lo razón: los vecinos de San Pedro Mártir, desde 2012, tienen la razón. Pero la Sala Superior dice que no, que los gasolineros son los que están bien. A raíz de eso nos fuimos a juicio de amparo, todos los juicios de amparo habían sido favorables a nosotros, hasta el último en el que dos magistrados votan en contra nuestra, pero el magistrado presidente se deslinda y reconoce que tenemos la razón. A pesar de que ya no fue favorable, en voto de calidad el presidente de Tribunal Federal del Décimo Quinto nos dio la razón. Como ya se agotó ahí, acudimos a la Suprema Corte, la cual nos rechazó totalmente porque dice que es un caso que no va a cuestiones constitucionales y que pues no entra. Por eso acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A finales del año pasado recibieron nuestro caso y está en revisión”.
El joven indica que detrás de la gasolinera está “el corporativo más grande de México, Corpogas, que es el que tiene más gasolineras en todo el país”. Y señala contubernio entre la empresa y el gobierno de la Ciudad de México, pues solo así se explica el cúmulo de ilegalidades que arrastra el proyecto “que pone en riesgo nuestra vida”.
“[En estos años] hemos visto como va un agravio, va otro. Pero la lucha continúa. Esperamos la suspensión de las actividades, la nulidad de los certificados de uso de suelo y, a nivel internacional, con la Comisión Interamericana [un proceso justo]”.
Enriqueta Curiel, vecina en resistencia de San Pedro Mártir, explica a Contralínea que son tres pueblos originarios los afectados –Chimalcoyoc, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec–, además de todas las colonias que se ubican hasta la caseta de cobro.
Doña Enriqueta reflexiona: “Éste es un pueblo que de veras ha sido mártir: ha sido despojado de su territorio por la autopista, el Club de Golf México, el Colegio Militar… Desde 1970 ha sido una lucha permanente contra el despojo, porque esto es despojo. Y ahora la gasolinera”.
Nancy Flores/Cuarta y última parte
[SOCIEDAD]
Contralínea 540 / del 22 al 28 de Mayo 2017
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