La delincuencia organizada constituye un ente económico cuyo crecimiento desmedido e influencia en los procesos de la política ha sido inevitable, sus redes han penetrado a las estructuras del gobierno e instituciones del Estado, a tal grado que, de no funcionar la “amnistía” propuesta por Andrés Manuel López Obrador se multiplicará la violencia, alertan expertos en seguridad nacional.
Considerado por la Agenda Nacional de Riesgos, versiones 2014-2015, como la segunda amenaza a la seguridad nacional, después de los desastres naturales y pandemias. El crimen organizado “tiene una dimensión política y su esencia radica en la forma como se relaciona con el poder, conectada directamente con la concentración y conservación del mismo”, asegura Fausto Carvajal Glass en el estudio Alcances y límites de la doctrina de contrainsurgencia en el contexto mexicano.
Maestro en estudios de guerra por el King’s College London, Carvajal Glass sostiene que, “contrario a ser una batalla por el poder, la legitimidad y la supremacía entre el Estado y la delincuencia, el crimen organizado ha sido empleado por actores políticos como una fuerza en contra de sus competidores, a cambio de libertad para operar con impunidad”.
En su análisis, publicado por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), Carvajal Glass resalta que la relevancia del vínculo entre poder político y crimen organizado se produce principalmente en los municipios, donde convergen dos dinámicas de violencia diferentes pero que se intersectan: “La mayor fragmentación del submundo criminal y el proceso de democratización en México”.
En ese sentido, explica que hay una correlación entre la transición democrática y el incremento de la violencia por un aumento en la competencia política, debido a que “los cambios sociopolíticos asociados al proceso de democratización socavaron las estructuras de patronazgo y clientelismo lo que significó una pérdida de control social”.
Apunta que “la interacción de estas dos dinámicas podría servir para explicar, al menos parcialmente, la violencia política que se vivió en el pasado proceso electoral de julio, particularmente la ejercida contra candidatos a puestos de elección popular de carácter local”, en la que fueron asesinados más de 130 candidatos.
“Así, las transiciones políticas a nivel federal, estatales, pero principalmente municipales, contribuyeron a ‘emancipar’ a los grupos de poder incrustados en el paisaje político mexicano, a saber, sindicatos, organizaciones civiles, sector privado y, por supuesto, organizaciones criminales”, subraya el experto.
Bajo esta dinámica, Carvajal Glass señala que la creciente lucha por el poder político y económico incentivó la colusión de actores locales con los grupos delictivos, quienes se convirtieron en proveedores de violencia a cambio de impunidad y libertad de negocio.
El especialista considera necesario que el nuevo gobierno federal replantee el diagnóstico sobre la violencia en México y la política pública diseñada para su combate, bajo la premisa de que el crimen organizado es polimórfico, es decir, adopta muchas formas. Plantea que hay una variedad de violencias dentro de la narrativa del combate a la delincuencia organizada, se ha vuelto más descentralizada, diversa y ha adoptado una dimensión local.
Ejemplifica con el estado de Guerrero en el que, según reportes de 2017 de la Procuraduría General de la República (PGR), existen 15 organizaciones delictivas y, al menos, 40 células criminales independientes.
En cuanto a la diversificación, para el primer trimestre de 2018 se registraron 852 actos de robo a trenes primordialmente en Puebla, Jalisco y Guanajuato, luego de una tendencia al alza durante 2017; y durante este año las tomas clandestinas de combustibles fue de 10 mil 363, frente a las 6 mil 873 registradas en 2016.
Indica que considerar a los grupos de la delincuencia como entes ajenos a una comunidad, cuya violencia es el medio del que se valen para alcanzar el control territorial, puede resultar insuficiente para entender cómo opera el crimen organizado a nivel municipal.
En cambio, dice el catedrático, es necesario contemplar que la forma como se relaciona el crimen organizado con la población tiene diferentes expresiones, ya que, en un contexto de fragmentación, han tenido necesidad de hacer alianzas y coaliciones con diversos actores locales.
“Siempre ha habido un grado de penetración del crimen organizado y el narcotráfico a las instituciones de gobierno y quien no lo sepa es que no vive en México”, suelta –en entrevista con Contralínea– el almirante en retiro de la Armada de México Wilfrido Robledo Rincón.
El exfuncionario sostiene que desde siempre ha existido la relación del narcotráfico con políticos y gobernantes de todos los niveles. “Por ejemplo, en Reynosa, Nuevo Laredo, en todo Tamaulipas es por donde pasa el mayor número de armas a México y de drogas hacia Estados Unidos, y en Sinaloa ¿quién no está contaminado?”.
Hay que reconocer que el narcotráfico lo único que quiere, señala, es una ruta en la que haya involucrados policías, políticos, ciudadanos, etcétera que permitan que pase la droga para que llegue al mercado más grande del mundo.
Estas cuestiones no cambian, ya es como una cultura que existe en los pueblos de México. Basta conocer al país para saber dónde hay y dónde no hay vínculos entre el poder político y el narcotráfico, remata Robledo Rincón.
La catedrática del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (IIEAM) Aida Torres Chávez coincide en que existe una permanente presencia del crimen organizado dentro de la estructura del Estado: territorio, población y gobierno, por lo que “no en balde, el tema lleva años siendo el más relevante para la agenda de seguridad de las dos últimas administraciones”.
Destaca que las operaciones del crimen organizado han llevado a los grupos que lo integran a asumir gradualmente funciones de gobierno, para generar el ambiente idóneo para sus actividades o porque realmente desean ser considerados como un ente político con poder.
Explica que la transición democrática rompió la sinergia que sostenía la delincuencia organizada con la estructura política y resultó en la descoordinación de los diferentes niveles de gobierno en el ámbito de la seguridad pública.
Fue entonces, asegura Torres Chávez, que la delincuencia organizada centró su fuerza en el establecimiento de alianzas y vínculos en todos los niveles –político, militar y empresarial–, con un alto componente de corrupción y se infiltró en espacios públicos al grado de asumir toda una estructura de gobierno.
Nelson Arteaga Botello, doctor en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), apunta en entrevista con Contralínea que existen poderes y ámbitos de gobierno que han establecido vínculos con bandas criminales que operan en ámbitos específicos y localizados y con objetivos territoriales distintos a mediano y largo plazos, lo cual permite la cooptación parcial de las instituciones.
La estrategia seguida de perseguir a los capos de las grandes organizaciones criminales se ha mostrado ineficaz y sólo ha servido para que los grandes cárteles de la droga se fragmenten en células más pequeñas y sean más difíciles de atacar debido a la limitada capacidad de las unidades de policía locales y al incremento de actividades delictivas cada vez más sofisticadas, señala María Luisa Pastor Gómez.
Sin embargo, esta pugna ha elevado sustancialmente el nivel de violencia; las organizaciones delictivas se han atomizado y han ampliado su elenco criminal, que además de droga ahora abarca secuestros, extorsiones, tráfico de personas y robo de combustible, lo que dificulta la labor de las autoridades, desgasta al Ejército y pone en mayor peligro a la población.
La realidad, explica, es que Peña Nieto podría terminar su gobierno con cifras de violencia similares a las de Calderón. De las 10 propuestas de seguridad nacional que el mandatario expuso a 2 meses de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en noviembre de 2014, ninguna ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. “Sólo ha prosperado la creación del número de emergencia 911, algo que no necesitaba la aprobación parlamentaria”.
En su análisis México y el nuevo gobierno tras el triunfo de López Obrador publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) en septiembre de 2018, Pastor Gómez señala que a nivel de la administración local, aprovechando la fragilidad financiera y política de los municipios rurales, las organizaciones criminales han logrado durante años financiar campañas electorales, dando paso a una variable de “narcopolítica”.
“Todo ello en el marco de la corrupción, impunidad del sistema judicial, ineficacia de las investigaciones, baja remuneración y falta de entrenamiento de la policía, precaria situación económica de millones de mexicanos, a lo que se añade la proliferación de asesinatos a periodistas”, subraya.
La catedrática del IEEE, del Ministerio de Defensa de España, estima que la solución al conflicto del narcotráfico es muy complicada, como lo demuestran los escasos resultados obtenidos hasta la fecha en esta lucha. Por el contrario, dice, los cárteles se han multiplicado, sofisticado, expandido y fragmentado.
La estrategia de decapitar a las organizaciones, pero sin conseguir aniquilarlas ha provocado una fragmentación en la mayoría de los cárteles, proliferación dificulta la labor de las fuerzas de seguridad, que ahora tienen que vigilar a un mayor número de grupos, a la vez más pequeños y por tanto más difíciles de controlar.
De acuerdo con la organización no gubernamental Semáforo Delictivo, durante el año pasado el 75 por ciento de los homicidios dolosos en México estuvieron conectados con el crimen organizado. No obstante, precisa que esta visión de la violencia tiende a hacer invisibles otras dinámicas de la violencia en el país, además de la relacionada con la delincuencia organizada.
Según la organización no gubernamental, la explicación de la violencia como producto de la delincuencia organizada omite las motivaciones públicas o privadas de las múltiples violencias que ocurren a nivel comunitario “por la conservación del poder a nivel local, cuestiones religiosas, recursos naturales, terrenos, afrentas personales, rivalidades familiares, intereses económicos internacionales, etcétera”.
En razón de lo anterior, agrega en su informe más reciente, es necesario enfocar y atender la violencia comunitaria, toda vez que es la que generalmente da cuenta de la mayor cantidad de homicidios. Por tanto, la identificación de procesos paralelos de violencias en México puede brindar una capa adicional para analizar la violencia que está ocurriendo en el país bajo el nombre de combate a la delincuencia organizada.
Al respecto, Carvajal Glass señala que en México como en otros países, cualquier esfuerzo orientado a la construcción de instituciones supone reconciliación social a nivel local (municipal).
“Teniendo esto en cuenta, la linealidad y rigidez con la que se emplea el concepto de clear, hold and build [despejar, controlar y construir] en el teatro de operaciones [militares], resultará insuficiente para reducir los índices de violencia en localidades donde el tejido social se ha visto seriamente afectado durante años por múltiples dinámicas de la violencia, más allá de la del crimen organizado.”
En particular, advierte que será imposible construir instituciones de unidad local (policía municipal) si no está precedida de un mínimo consenso social. De lo contrario, es altamente probable que la noción de clear, hold and build pueda traer inestabilidad política y social en el corto plazo.
El catedrático concluye que es el vacío de poder por parte de un gobierno y no un proyecto específico de los grupos delictivos lo que hace que la delincuencia organizada adquiera dimensiones políticas en las comunidades.
Para el almirante Wilfrido Robledo Rincón, la declaración del expresidente Ernesto Zedillo de que se equivocó es ilustrativa al reconocer que la “guerra” al narcotráfico durante su gobierno fue un error.
“Los narcotraficantes no quieren guerra, luego hasta les hacen trampa y cuando les quieren cerrar el paso se van a otros delitos como extorsión, secuestro y robo. Por eso hay que conocer de qué se trata el fenómeno y cómo combatirlo”, advierte el militar en retiro y a quien se considera uno de los candidatos a encabezar la Agencia Nacional de Inteligencia que plantea el próximo gobierno.
“La salida está en revisar la legalización de las drogas en México, pero si se continúa como dijo Zedillo que se equivocó y prohibió en lugar de buscar alguna forma de lograr el control de las drogas, no habrá remedio de inmediato, es un problema de largo plazo de resolver”, enfatiza.
Robledo Rincón, quien el 6 de febrero del 2000 al mando de la Policía Federal Preventiva llegó al auditorio de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México para aprehender al pleno del Consejo General de Huelga (CGH), considera que se requieren programas de protección a las siguientes generaciones. “Hay generaciones que ya se perdieron o están muy contaminadas, pero hay que blindar a las nuevas generaciones para que no vayan a caer en las garras del crimen organizado”.
Señala necesario legalizar el uso medicinal y recreativo de la mariguana y la cocaína y atender las adicciones como en Suiza, donde los adictos reciben drogas de calidad y forman parte de programas de rehabilitación.
La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, está a favor; ya sólo es cuestión de ver como se concreta, destaca. Esa sería la ruta. Señala que no es necesario continuar la “guerra” contra el narcotráfico, porque éste no es un problema de seguridad pública, sino de salud pública. De lo contrario, advierte que “seguirán cometiéndose errores, como dijo Zedillo, porque la demanda de drogas tan sólo Europa requiere más de 300 toneladas de cocaína al año”.
El mapa del narcotráfico en México
De acuerdo con la académica del Instituto Español de Estudios Estratégicos María Luisa Pastor Gómez, en la actualidad en México operan ocho organizaciones delictivas y 43 brazos armados. Destacan el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fundado por Nemesio Oseguera Ramos, el Mencho, y el Cártel de Sinaloa, ambos enzarzados en una guerra sin cuartel en varios estados del país, disputándose porciones del territorio.
Según el Insight Crime, el CJNG se está expandiendo con bastante rapidez. Hasta 2016, tenía presencia en 14 Estados, así como contactos en Colombia, Perú, Bolivia, América Central, Estados Unidos, Canadá y Australia. Actualmente, según la DEA, intenta desplazar al Cártel de Sinaloa del que surgió.
En su análisis México en la encrucijada. Diez años de guerra contra el narcotráfico, incluido en el documento Panorama geopolítico de los conflictos 2017 –publicado por el del IEEE–, Pastor Gómez indica que el segundo grupo más poderoso del país en este momento es el Cártel de Sinaloa, el cual, aunque ha perdido cierta capacidad tras la detención de sus líderes clave y la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos, sigue dominando las rutas hacia el vecino del norte.
Dentro del mercado mexicano, el Cártel de Sinaloa ha sido pionero en la producción, exportación y distribución de metanfetaminas, sin menoscabo de su histórico papel en el tráfico de cocaína y su posición dominante en la reconfiguración de las organizaciones del tráfico de drogas en México, agrega.
Según la DEA, la Organización de Sinaloa es un consorcio internacional que opera a través de alianzas en 54 países, en los cuales realiza tráfico de drogas, lavado de dinero, falsificación de documentos, control de rutas y contrabando de bienes ilegales.
Sin embargo, la académica del IEEE explica que a pesar de su presencia global y de la posición hegemónica en la que ubica la DEA a este grupo, hay tres factores de cambio que apuntan al agotamiento en la estabilidad de la coalición dominante y a una transición que inaugura una nueva ola de violencia.
“Primero, el desgaste de la triada Guzmán-Zambada-Esparragoza que ejerció el liderazgo desde sus orígenes y que le aportó estabilidad al Cártel de Sinaloa; el segundo, el relevo generacional, y el tercero, el aumento de la competencia, ya que el CJNG se perfila como el grupo dominante”, detalla.
Afirma que el resto de los cárteles han perdido poder, pero siguen estando muy presentes en el espectro delictivo, incluso algunos, dice, al haber perdido fuerza o bien se han fragmentado –el Cártel de Juárez y el de Tijuana– o han dado lugar a la aparición de pequeños grupos sucesores como el de Guerreros Unidos, que se desprendió de la organización de los Beltrán Leyva.
“Estos grupos menores carecen de contactos internacionales para traficar con drogas a gran escala y dependen cada vez más de otras fuentes delictivas, como el comercio de drogas a nivel local, el secuestro, la extorsión u otros ingresos locales y relativamente nuevos como la minería y el hurto de gasolina”, arguye Pastor Guzmán.
Añade que esta situación dificulta sensiblemente la labor de las fuerzas armadas y de seguridad, que ahora tienen que vigilar a un mayor número de grupos, a la vez más pequeños y por tanto más difíciles de investigar e incrementa el peligro para la población, ya que esta se ve expuesta a nuevos peligros.
El Cártel de Tijuana ahora es sólo un vestigio de lo que fue. Ha perdido fuerza, pero no la suficiente, ya que cobra piso al Cártel de Sinaloa para poder transportar droga a través de su territorio.
La Organización de los Beltrán Leyva está actualmente en un vacío de poder debido al arresto del H, en 2014; de hecho, casi todos los líderes del grupo Beltrán Leyva han sido capturados o están muertos.
El Cártel del Golfo ha perdido influencia en los últimos años, debido a las batallas contra sus rivales, Los Zetas, su antigua ala militar. Ahora este cártel tiene la tarea de combatir a un monstruo de su propia creación. Por lo que se refiere a Los Zetas, sus días como el cártel más temido de México están llegando a su fin y es probable que su enfoque siga siendo cada vez más local.
Con respecto de La Familia Michoacana, su proximidad a la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas le dio acceso a cargamentos de cocaína procedentes de Colombia, así como a precursores químicos para la producción de metanfetaminas procedentes de Asia. Pero la lucha por el control de este puerto fue mortal y les debilitó.
La captura de los máximos líderes de Los Caballeros Templarios en 2014 y 2015 y la última de ellas, la de Ignacio Rentería Andrade, el Cenizo, en junio de 2017, selló su destino dejando en precario el futuro de esta organización.
José Réyez
[INVESTIGACIÓN][SEGURIDAD][SEMANA][D]
Contralínea 611 / del 08 al 14 de Octubre 2018
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