Por primera vez desde su fundación, una luchadora social víctima de la violencia y del abuso de poder del Estado fue elegida por el Senado de la República para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, hija de la histórica defensora de derechos humanos doña Rosario Ibarra de Piedra, madre del desaparecido Jesús Piedra Ibarra.
Sin embargo, grupos de derecha representados por el Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Unión intentaron impedir que tomara posesión por una cuestión de racismo e intolerancia, características de integrantes de ese partido político.
Con su designación, Piedra Ibarra podrá continuar su lucha al frente de esa importante responsabilidad que, en gobiernos anteriores, desde la creación de la CNDH en el sexenio del priísta Carlos Salinas de Gortari, había servido para simular la protección de los derechos humanos de la sociedad y, al mismo tiempo, avalar y justificar el abuso del poder político.
Si se revisa la lista de aquellos que ocuparon la titularidad de la CNDH en las últimas 3 décadas, queda al descubierto que se trató de sólo policías disfrazados de defensores de derechos humanos. Es decir, de siete titulares que tuvo la CNDH desde su fundación, cinco fueron policías al servicio del régimen, pues ocuparon responsabilidades en la antigua Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía General), precisamente en los años en que el crimen organizado se fortaleció y penetró con mayor fuerza al Ministerio Público Federal, lo que generó una mayor violencia y un incremento considerable de asesinatos y desapariciones en todo el país, cifra que ha llegado hasta las 300 mil muertes y decenas de miles de desaparecidos y desplazados.
Para esos supuestos defensores de derechos humanos era lo mismo presidir la CNDH que tener un puesto policiaco en la PGR, porque en su interior y en su ideología son en realidad policías del régimen y sólo buscaban lavar su propia imagen presidiendo esa Comisión. Pero todos ellos no actuaron solos: para lograr su cometido, esos burócratas que vivieron del presupuesto público contaron con el apoyo incondicional de presidentes priístas y panistas corruptos, así como de un Congreso cómplice que avaló sus nombramientos y traicionó de esa manera al pueblo de México.
Por eso tampoco extraña que en este momento que es designada una destacada luchadora social, como Rosario Piedra Ibarra, de inmediato voceros y oficiosos de la ultraderecha, representada por el PAN y el PRI, salen a descalificarla y a pedir la remoción de esta honorable mujer que sin duda le cambiará el sentido y la visión a la defensa de los derechos humanos en México.
Si revisamos quienes fueron los titulares de la CNDH desde su fundación, aquel 6 de junio de 1990, encontramos que todo empezó en el sexenio corrupto y abusivo del expresidente priísta Carlos Salinas de Gortari, quien designó a su amigo y cómplice Jorge Carpizo McGregor, aquel que se reunió personalmente con los narcotraficantes Arellano Félix, jefes del violento cártel asentado en Tijuana, Baja California, en donde después de negociar con ellos los dejó escapar. Fue ese doctor Carpizo, funcionario consentido de Salinas, quien presidió por primera vez la CNDH hasta el 3 de enero de 1993, para de allí brincar, el 4 de enero de ese mismo año, a la titularidad de la PGR. Es decir, de su disfraz de defensor de derechos humanos mostró su verdadera piel para ser nombrado procurador general de la República.
A la salida del policía Carpizo de la CNDH, éste recomendó a su “amigo” Jorge Madrazo Cuéllar, quien se mantuvo en ese puesto hasta el 26 de noviembre de 1996, más por su servilismo al gobierno que por intentar defender los derechos humanos de los mexicanos.
Pero fue en ese mismo año de 1996, cuando a Madrazo Cuéllar le salió el policía que llevaba adentro y, siguiendo los pasos de su mentor Carpizo, fue designado procurador general de la República por el presidente priísta Ernesto Zedillo, precisamente en el momento en que los cárteles de Tamaulipas, Baja California, Sinaloa y Jalisco, entre otros, florecieron como nunca.
A la salida de Madrazo Cuéllar de la CNDH, el primer visitador José Luis Ramos Rivera quedó como encargado de la presidencia y meses después se convirtió en subprocurador de Coordinación General y Desarrollo de la PGR; es decir otro policía que cambiaba la defensoría de derechos humanos por un puesto en la PGR.
El 8 de enero de 1997, la primera mujer en ocupar la presidencia de la CNDH, Mireille Roccatti, dejó la Fiscalía Especial para los Feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, posición en donde fue criticada por no resolver un solo caso de agresiones a mujeres, y brincó también de ese puesto policiaco a ser la “principal defensora” de los derechos humanos del país.
Después hubo dos periodos en donde abogados egresados de la UNAM, que no provenían de la PGR ni aspiraban a ser policías como sus antecesores, ocuparon la titularidad de la CNDH: José Luis Soberanes y Raúl Plasencia Villanueva. Sin embargo, sus grises gestiones también fueron muy cuestionadas, sobre todo la de Plascencia, quien dejó el cargo por omisiones graves en violaciones a derechos humanos.
Del 16 de noviembre de 2014 hasta la fecha, otro policía asumiría el cargo de residente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien se había desempeñado en la PGR como subprocurador especial para la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio y también como encargado del Centro de Control de Confianza. Otro policía como defensor de derechos humanos.
Por lo anterior, la sociedad puede tener ahora alguna esperanza de que una verdadera luchadora social y defensora de los derechos humanos vigilará por primera vez la seguridad y los derechos de los 120 millones de mexicanos.
Puntos suspensivos… Difícil momento enfrenta la principal empresa del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex). En momentos en que su principal subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) estaba a punto de arrancar el programa de inversiones por algo más que 200 mil millones de pesos para la exploración y producción petrolera, ocurrió el hackeo que ha contaminado y paralizado por lo menos 35 mil computadoras de la empresa petrolera, algo así como el 5 por ciento de su sistema de cómputo, y todo porque desde la Dirección General se ordenó cancelar algunos contratos con la empresa de computación Microsoft, que estaba encargada de proporcionar los sistemas de seguridad… Los órganos de seguridad nacional y hasta la misma Secretaría de la Función Pública investigan a la recién corrida Reyna María Basilio Ortiz, como bien lo informó hace unos días el diario La Jornada, pues tenía una posición clave en el área de Procura y por la coincidencia se indaga si tuvo algo que ver en el hackeo que tiene en jaque a la petrolera del Estado… Es tan grave el hackeo que esta en duda que Pemex pueda pagar la próxima quincena a sus miles de trabajadores petroleros, pues aunque acaban de cobrar la quincena anterior, hay nerviosismo entre los trabajadores porque todo el sistema de cómputo está paralizado por las torpezas de algunos funcionarios que se olvidaron de los sistemas de seguridad en internet… Y siguiendo con Pemex, la semana pasada comentamos que entre los grandes contratos que tiene listo PEP para asignar, uno de los más importantes asciende a la nada despreciable cifra de 3 mil 504.7 millones de pesos, el cual es manejado desde la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Pemex, a cargo del inexperto en materia petrolera Marcos Manuel Herrería Alamina, para entregárselo a Comesa, empresa en donde Pemex tiene mayoría accionaria, 51 por ciento, y el 49 restante pertenece a la petrolera estadunidense Schlumberger… Sin embargo, por el hackeo y por una investigación interna ante supuestas irregularidades en ese contrato con Comesa, se ha detenido su operación hasta comprobar que no haya un sobreprecio, pues hay sospechas de que el costo del servicio se elevaría un 30 por ciento más… Otro caso que deben tener bajo la lupa las secretarias de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de Energía, Rocío Nahle, es la contratación de René Carlos Puerto Rovira al frente de la Subdirección de Servicios a la Explotación, por la sencilla razón de que es el responsable de licitar los contratos de PEP, la subsidiaria más importante de Pemex. Pero el asunto más delicado con relación a este funcionario petrolero, es que después de 20 años de antigüedad en Pemex, en donde ocupó diversos cargos, en 2017 solicitó un permiso en esa paraestatal y se fue a trabajar como gerente de administración y finanzas de la empresa privada Protexa, dedicada principalmente a venderle servicios a la empresa petrolera del Estado. Después de trabajar en Protexa, regresa a Pemex y ocupa la “suplencia por ausencia” de la Subdirección de Servicios a la Explotación, y sin que nadie se lo impidiera asignó dos contratos por un monto de 1 mil 666 millones de dólares a la empresa donde laboraba, Protexa, en un claro y abierto conflicto de interés. Hasta cuando seguirán estas prácticas deshonestas en la principal empresa del país.
Miguel Badillo
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