De violaciones sexuales a corrupción, las acusaciones contra magistrados que quieren ser ratificados

Desde mediados de enero, el pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México inició el procedimiento para ratificar en el cargo –por 6 años más– a ocho magistrados. La ley dispone que cualquier persona puede emitir una opinión sobre estos servidores públicos que apoye o rechace tales ratificaciones.

Estos procesos, sin embargo, generalmente se llevan casi en sigilo. Solamente los muy enterados se percatan del inicio de los procesos de ratificación y de la posibilidad que tiene el púbico en general de defender o impugnar el trabajo de los evaluados.

En los próximos días concluirá el proceso para ratificar a los ocho. El periodo en que cualquier ciudadano puede manifestarse en contra de esta ratificación pasó, como siempre, casi en secreto… hasta que llegó a la Cámara de Diputados local, donde se ventilaron acusaciones contra algunos de estos magistrados que van del nepotismo y corrupción a la agresión sexual.

El pasado 15 de enero se publicó en el Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México un “Aviso” mediante el cual el Consejo de la Judicatura local da cuenta de que ocho magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCM) se encuentran en proceso de ser ratificados: Josefina Rosey González, adscrita a la Séptima Sala Civil; Juan Arturo Saavedra Cortés, a la Cuarta Sala Civil; Rosa Laura Sánchez Flores, a la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes; Manuel Horacio Cavazos López, a la Segunda Sala Especializada en la Ejecución de Sanciones Penales; Héctor Jiménez López, a la Cuarta Sala Penal; Rosalba Guerrero Rodríguez, a la Quinta Sala Civil; Jorge Guerrero Meléndez, a la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales, y Patricia Gudiño Rodríguez, a la Primera Sala Familiar.

En el “Aviso” el Consejo de la Judicatura, como órgano colegiado, solicita formalmente “[…] la opinión de las y los litigantes y público en general, sobre el desempeño que les merezca la actuación en el ejercicio de sus funciones de las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México […] sujetos al proceso de ratificación en el cargo aludido en el Congreso de estad Ciudad […]”.

El público en general y los litigantes sólo contaron con 3 días (quienes se dieron cuenta de la publicación del “Aviso”) para emitir la opinión. Como siempre, esta parte del proceso pasó inadvertida. Pero durante las comparecencias de los magistrados ante el Congreso, la situación ya no fue tan tersa. Advertidas de los procesos, organizaciones sociales y ciudadanos lograron hacerse escuchar.

Entre quienes fueron recibidos por los legisladores el miércoles, se encontraba Manuel Horacio Cavazos López, sobre quien pesan acusaciones de agresiones sexuales contra sus propias hijas. Fue escuchado con respeto por los legisladores y le dijeron que ellos no podían determinar la inocencia o culpabilidad del funcionario. Pero el Poder Legislativo emitió un punto de acuerdo por el que exhortan a la Fiscalía General de la Ciudad de México a brindar medidas de protección en favor de las menores y atender la denuncia contra Cavazos por las supuestas agresiones sexuales.

La carpeta de investigación del caso “cuenta con pruebas periciales médicas, valoraciones sicológicas, declaraciones de las niñas ante el Ministerio Público y sicólogos especializados y audios en los que las menores narran a la madre las presuntas agresiones y cuya judicialización ha sido lenta hasta el momento”, se lee en el punto de acuerdo.

Entre los que fueron recibidos el jueves, tocaba el turno a Héctor Jiménez López. Se trata de la autoridad judicial que determinó suspender la prisión preventiva dictada contra Juan Carlos García Sánchez y liberarlo. García estaba preso por haber intentado asesinar a su esposa, Abril Pérez Sagaón, el 4 de enero de 2019. Finalmente, Abril fue asesinada el 25 de noviembre pasado y hoy Juan Carlos está prófugo.

Jiménez López envió una carta en la que declinaba asistir a responder las preguntas de los legisladores. El proceso seguirá, aunque todo indica que no será ratificado.

Son los casos más graves, es decir, las acusaciones más serias que pesan sobre quienes quieren seguir en el Poder Judicial de la Ciudad de México y en los cargos con mejores retribuciones económicas.

Pero sobre los demás magistrados hay también percepciones ciudadanas negativas. En su caso, a Josefina Rosey González se le reprocha demora injustificada para resolver una apelación en un juicio por el supuesto asesinato de una persona de 90 años en el Hospital Español. La supuesta negligencia tiene detenido un proceso que inició hace más de 10 años.

Rosa Laura Sánchez Flores se vio envuelta en una polémica cuando sentenció a 5 años de prisión a jóvenes menores de edad secuestradores, violadores y feminicidas. Aunque quedó demostrada claramente la culpabilidad de los involucrados, los justificó diciendo que el cerebro de estos jóvenes no terminaba aún de desarrollarse y todavía no tenían conciencia clara de lo que hicieron.

Por su parte, sobre Rosalba Guerrero Rodríguez pesan acusaciones de nepotismo por supuestamente tener contratados a familiares en la Quinta Sala Civil. A Jorge Guerrero Meléndez se le acusa de abuso sicológico contra proyectistas del Tribunal. Y Patricia Gudiño ha sido rechazada por pretender reincorporar la alienación parental en le marco legal de la Ciudad de México.

Como puede verse, el trabajo de todos los magistrados debe estar sujeto a una revisión seria. Que en esta oportunidad los legisladores realmente evalúen perfiles, trayectorias y labores. El Poder Judicial necesita una fuerte sacudida. Es necesario empezar cuanto antes. No debe perderse ninguna coyuntura.

En Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México señalan que la institución cumplió con lo que la ley les mandata, al iniciar los procesos de ratificación. Sin embargo, será decisión de los legisladores ratificar o no a los magistrados.

Zósimo Camacho

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