Víctima de desaparición forzada, privado de su libertad el 17 de julio pasado de manera ilegal en la comunidad de Villa de las Rosas, Chiapas, Javier González Díaz fue torturado, incomunicado sin atención médica ni alimentos y su organización –el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)– lo considera como un preso político del gobierno del morenista Rutilio Escandón Cadenas.
Originario de la comunidad 20 de Noviembre, municipio de Venustiano Carranza, Javier fue torturado por defender el derecho a la tierra. En su testimonio brindado al FNLS desde la prisión número 5 de San Cristóbal de las Casas, relata que ese día, cuando iba del municipio de Teopisca rumbo a su casa, se percató de que lo seguían dos hombres, pero no le dio importancia, acostumbrado al espionaje político que sufre la organización en la que milita.
Sin embargo, esta vez era diferente. Ahora los sabuesos ya lo tenían en la mira. “Me paré en el poblado de Villa de Las Rosas a comprar un refresco. Al subirme a mi motocicleta, tres agentes vestidos de civil, sin mediar palabra, me subieron en vilo a una camioneta blanca, entre insultos, golpes y amenazas”.
Con el vehículo en marcha inició el interrogatorio de sus captores. Le exigían información sobre la organización. Nombres de dirigentes, zonas de operación, planes de acción, datos familiares, todo lo que supiera durante las 28 horas que tardaron en presentarlo ante la autoridad judicial, y luego de haberlo paseado por cinco casas de seguridad.
En su testimonio al FNLS, narra que fue a parar a la cárcel municipal de Teopisca, “donde un comandante de la policía se puso un guante color blanco y empezó a golpearme en la cara hasta dejarme el ojo izquierdo morado. En un tono amenazante, me exigía información de la organización. Luego se acercó una doctora, me dijo que no tenía derecho a asistencia médica ni a medicinas, y se fue sin atenderme”.
El caso del activista del FNLS no es aislado. El informe Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad?, refiere que de junio de 2018 a mayo de 2019, 38 activistas fueron ejecutados extrajudicialmente, siendo los indígenas y los defensores del territorio los más afectados. En ese mismo periodo, tres luchadores sociales sufrieron desaparición forzada: uno en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto y dos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Durante los 12 meses que abarca el comparativo, se registraron 348 detenciones arbitrarias de activistas: 194 con Peña y 154 con López Obrador; en ambos periodos los perpetradores fueron policías estatales en agravio de defensores del territorio.
El informe también documenta 105 casos de violaciones de garantías constitucionales de activistas –en 12 meses–, que implicaron 1 mil 153 operativos en agravio de 42 organizaciones, 19 comunidades, 43 defensores de derechos humanos, y 542 integrantes de organizaciones políticas y sociales.
Suscrito por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, el Comité Cerezo y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, señala que del total, 64 casos de violación de derechos humanos ocurrieron durante los últimos 6 meses del gobierno de Peña Nieto, mientras que 41 casos fueron cometidos durante los primeros 6 meses del gobierno de López Obrador.
Desde rpisión, Javier González narró a su organización que durante el traslado a la agencia ministerial de San Cristóbal de las Casas –a bordo de una camioneta–, fue custodiado por cuatro policías. “En el trayecto me siguieron interrogando: ‘Si no nos das información de la organización te vamos a romper tu madre, pendejo’”.
El activista agrega: “Uno de los policías me tapó la cara con un chaleco para que no supiera a dónde me llevaban y que nadie me reconociera. Al llegar a San Cristóbal de las Casas me mantuvieron en un cuarto, donde estuve como hora y media bajo tortura psicológica de los agentes municipales.
“Te vamos a soltar un vergazo si no nos dices lo que sabes de la organización”, le vociferaban, pero Javier sólo respondía con lamentos y quejidos por los golpes que se multiplicaban.
“Después de media hora me trasladaron a la cárcel municipal, donde estuve 3 horas, y como entre las 7 y 8 de la noche me trasladaron al Cereso número 5 de San Cristóbal de Las Casas, donde me esposaron a una silla en la que dormité sin cobijo ni bocado.
“Las amenazas eran recurrentes, incluso dijeron que si no hablaba iban a colocarme una bolsa de plástico en la cabeza. ´Háganle como quieran, no tengo nada que decir’”, les gritaba Javier, provocando mayor ira en sus captores.
“¿Quién es Jonathán?
“No lo conozco.
“¿Cómo no sabes, cabrón? Si después de él estás tú.
“Desde que me detuvieron hasta el 19 de julio no me dieron alimentos. Ese día fui atendido por un médico, se me permitió hacer una llamada telefónica y me interrogaron sobre datos personales.
“¿Para qué quieren mis datos?
“Para identificarte cuando te liberen, ya que puede haber muchas personas con el mismo nombre.
“No les di ningún dato, me mantuve callado. Me tomaron fotografías de perfil, de los golpes en mi cara y mi cuerpo, las huellas digitales y firmé una acta. Luego, durante la audiencia me reservé el derecho a declarar; me acusaron de robo de motocicleta y me responsabilizaron de supuestas actividades atribuidas a la organización: me mostraron fotos de carros quemados.
“En el acto me asistió María Teresa Flores León, defensora pública quien me alertó de que las autoridades me moverían en cualquier momento para que la organización no llegara a sacarme, ni supieran mi paradero. Me dijo que habría otra audiencia el 24 de julio a la una de la tarde.
A mis compañeros les digo que aquí estoy, consciente, me queda claro por qué estoy aquí encerrado.
Javier González Díaz presenta lesiones en el rostro, dedo gordo de la mano derecha, ombligo y espalda, tiene dolor de oídos y de cabeza. Todo ello, señala, es responsabilidad del comandante de la policía municipal de Teopisca y del gobierno de Escandón Cadenas. “Él es el responsable de la represión contra nosotros”.
Durante 28 horas estuvo incomunicado, fue torturado en cinco casas de seguridad “clandestinas”, recibió tratos crueles e inhumanos para quebrantar su voluntad de lucha y obligarlo a responder a las preguntas de sus verdugos, tendientes a obtener nombres de compañeros de la organización para llevar a cabo una represión selectiva, señala Javier Pérez Pérez, compañero de la víctima en el FNLS.
En entrevista, este último refiere que el gobierno de Chiapas inventó el delito para fabricarle una carpeta de investigación incriminatoria y “justificar” su detención. Con ello, afirma, ocultaron el intento de desaparición forzada y la tortura a la que fue sometido.
La detención de Javier, dice Pérez Pérez, y su condición de preso político “responde a la ofensiva represiva del estado para detener la lucha por la presentación con vida de los detenidos y desaparecidos, el juicio y castigo a los criminales y frenar la lucha por la defensa del derecho a la tierra”. A la fecha, en las cárceles de Chiapas hay 160 defensores del derecho al territorio, precisa.
Destaca que el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, acusó sin pruebas ni fundamento jurídico a Javier González, violando el derecho a la presunción de inocencia. En ese contexto, sus terrenos, ricos en fertilizantes, quedaron expuestos al despojo.
“Para la organización está claro, frente al gobierno de la ‘cuarta transformación’ en Chiapas está un equipo reaccionario, de corte pro fascista, cuyo trabajo es imponer el terrorismo de Estado y la impunidad”, enfatiza.
Integrante del FNLS, Javier Pérez describe violaciones a los derechos humanos contra luchadores sociales de su organización. Por ejemplo, el caso de Mario Moreno López, quien el 18 de junio fue ejecutado en su parcela. Este crimen, indica, tiene que ver con el contexto político de su comunidad 20 de Junio, ubicada en el municipio de Venustiano Carranza, y su lucha por la defensa de la tierra en contra del cacique –así lo identifica– Fernando Isaías Peña y del exgobernador Roberto Albores Guillén, quienes ambicionan esa propiedad.
Refiere que ambos personajes, desde el sexenio de Manuel Velasco, mostraron su interés en el despojo de las tierras para concentrarlas en manos de terratenientes y empresas trasnacionales.
“En Amatán, dos casos más de compañeros a quienes les echaron ácido en la cara después de su muerte con la intención de desaparecer su cuerpo. Fueron encontrados en un basurero, mientras se desarrollaba un plantón en el palacio municipal en protesta por la relección del presidente local, que ya ha ocupado el cargo con el PAN, con el PRI y ahora con Morena”.
En protesta, en enero el pueblo de Amatán impulsó un consejo autónomo, desconoció al alcalde y se plantó frente a palacio municipal, de donde fue desalojado por un grupo paramilitar.
Javier Pérez considera que actualmente continua la política de violencia en contra de la sociedad organizada y el riesgo de que aumente la represión. La presencia de paramilitares en la región es evidente, asegura; sobre todo en Venustiano Carranza, donde tiene su rancho el exgobernador Albores Guillén, a quien el FNLS señala por presuntamente ambicionar las tierras de la comunidad 20 de Junio.
“Nos enfrentamos a un gobierno con un manto de legitimidad de 30 millones de votos que es utilizado para impulsar una política contrainsurgente. Somos estigmatizados como enemigos de la cuarta transformación, que empieza a mostrar su verdadero rostro de continuidad de la política neoliberal que pretende acabar por decreto, pero que claramente se evidencia está al servicio de los empresarios”, argumenta el dirigente del FNLS.
En ese contexto, indica, se produjo la detención de Javier González y no puede sostenerse, porque refleja que está armada la carpeta de investigación y que el gobierno de Rutilio Escandón se niega a liberarlo porque significaría aceptar que fue detenido por motivos políticos. “Sería un golpe al gobierno morenista”.
Según Javier Pérez, en el CERSS su compañero de lucha sigue bajo tortura y amenazas, igual que Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, y los hermanos Abraham y Germán López Montejo, indígenas tsotsiles presos injustamente.
Es por ello que miembros del FNLS permanecen en plantón frente al palacio de gobierno de Chiapas y el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para exigir la libertad de Javier González. “Consideramos que el gobierno federal no tiene capacidad de resolver, porque a pesar de que supuestamente ha dado instrucciones de liberar a Javier, el gobierno del estado no cumple y amenaza con desalojarnos en forma violenta”.
Pobreza, militarización y violencia institucional predominan en Chiapas desde hace décadas y nada parece haber cambiado con el arribo del gobierno que encabeza el morenista Rutilio Escandón Cadenas, hace 9 meses. Aún predominan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población, subraya Javier Pérez Pérez.
“Con la fuerza policiaca, el gobierno estatal violenta el derecho a la manifestación y expresión, como la represión contra estudiantes de las escuelas normales Mactumatzá, Jacinto Canek y Manuel Larráinzar, víctimas de brutalidad policiaca por exigir mejoras en la educación”, advierte.
Señala que con el despliegue de la Guardia Nacional en Chiapas bajo el argumento de cuidar las fronteras, se esconde la militarización: “su presencia en la entidad ha servido para fortalecer acciones represivas del gobierno chiapaneco”.
Estima que adquiere mayor preponderancia el carácter selectivo de la represión, hacia organizaciones que han destacado por denunciar al Estado por crímenes de lesa humanidad, mientras la política del gobierno chiapaneco de nulo diálogo no ayuda a resolver problemas políticos y sociales en la entidad.
Al respecto, el Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos y la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos denunciaron violaciones y crímenes de lesa humanidad en Chiapas en lo que va del gobierno de Rutilio Escandón (diciembre 2018-agosto de 2019).
El su informe, Chiapas: entre crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, presentado el pasado 28 de agosto, las organizaciones advierten de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, despojo de tierras, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias.
Al menos nueve ejecuciones extrajudiciales se han registrado en agravio de Horacio Meléndez López y Marco Antonio Ocampo Argueta, trabajadores de la educación, detenidos, desaparecidos y asesinados en diciembre de 2018 en Tuxtla Gutiérrez; Zinar Corzo, defensor de los derechos humanos, fue ejecutado en enero de 2019 en el municipio de Arriaga, indica el documento.
Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, integrantes de la organización MOCRI-CNPA-MN, detenidos, desaparecidos y ejecutados en enero de 2019 en el municipio de Amatán. Mario Moreno López, defensor del derecho a la tierra integrante del FNLS, asesinado en junio de 2019 en el municipio de Venustiano Carranza.
José Luis Alvares Flores, ambientalista ejecutado en junio de 2019 en Palenque. Renato Zárate Castañeda y Laureen Green, investigadores activistas, asesinados en julio en Zinacantán. Y Nora López León, bióloga, ambientalista y activista, ejecutada en agosto en Palenque.
En el tema de desapariciones forzadas, señala cuatro casos: Horacio Meléndez López, Marco Antonio Ocampo Argueta, Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez.
El gobierno del estado niega a la población el derecho a la tierra, medio de vida y subsistencia, para beneficiar a intereses empresariales y exfuncionarios, mediante el despojo ilegal y violento, dejando a miles de familias en el desamparo, señala Javier Pérez Pérez.
Explica que la Fiscalía General del Estado registra denuncias por despojo de 5 mil hectáreas de tierras propiedad de colonos y campesinos pobres de 40 colonias y ejidos, muchas de ellas ya contaban con servicios públicos, afectando a más de 4 mil familias.
De continuar esta política de despojos, como la llama el activista del FNLS, augura que gran parte del territorio chiapaneco estará de nuevo en manos de caciques, terratenientes, exfuncionarios y empresas nacionales y trasnacionales, responsables del saqueo desmedido de recursos naturales.
No obstante, son los pobres los que acaban en las cárceles. El fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarco tiene en su haber diversas quejas y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por casos de tortura, indica, ya que bajo el supuesto delito de despojo de tierras ha detenido en forma arbitraria a 180 personas, vinculadas a proceso en el Cereso de El Amate.
Para este trabajo se buscó al gobernador de Chiapas para una entrevista en su oficina de prensa. Al cierre de la edición no hubo respuesta.
El informe Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad?, refiere que el hostigamiento en el periodo de Peña Nieto se tradujo en intimidación armada y con López Obrador, en seguimiento y vigilancia de activistas.
Agrega que los defensores de territorio y vivienda concentran más de la mitad de las violaciones a derechos humanos con Peña Nieto, y actualmente en defensores de derechos laborales.
También destaca que el costo político de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa logró que durante los 4 años subsecuentes no se cometieran desapariciones forzadas en contra de movimientos sociales y que bajaran los ataques en contra de defensores de derechos humanos.
Por otro lado, observa que con la llegada del nuevo gobierno ha descendido la represión política en contra de activistas en casi el 50 por ciento. Es decir, señala el documento, de más de 800 violaciones documentadas en periodos anteriores, disminuyó a 300 en el inicio de este sexenio.
En cuanto a detenciones arbitrarias, se redujeron 194 del periodo anterior a 154 casos en el actual. Resalta el hecho de que sólo hay un nuevo preso político en este sexenio, y que la cifra de activistas presos se redujo de 250 a 100, de los cuales 40 han sido liberados por intervención presidencial.
Sin embargo, la ejecución extrajudicial no muestra una reducción significativa, pues de 20 casos en el periodo de Peña Nieto, pasó a 18 casos en el de López Obrador.
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Según organizaciones, en Chiapas se han registrado cinco casos de crímenes de lesa humanidad no consumados, que dejaron graves secuelas a las víctimas: el 3 de mayo de 2019, intento de emboscada y masacre contra integrantes del FNLS en el ejido el Carrizal, municipio de Ocosingo, por parte del grupo paramilitar Los Petules.
El 8 de junio de 2019, intento de ejecución extrajudicial contra el activista de derechos humanos Julio César Pérez Ruiz, abogado del Centro de Derechos Humanos Ku´untik de San Cristóbal de Las Casas.
El 18 de julio, intento de ejecución extrajudicial con arma de fuego de Domingo Gómez Sántiz y Juan Calixto Gómez Sánchez, militantes del FNLS en el municipio de Altamirano. El 16 de agosto, se registró intento de ejecución extrajudicial de Delmar Eduardo Pérez Urbina, integrante de esa organización en Tuxtla Gutiérrez.
José Réyez
[INVESTIGACIÓN] [SOCIEDAD] [D] [SEMANA]
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