Reflejo social y económico del país, el futbol mexicano profesional ha mantenido una historia entrecruzada con el crimen, y en los últimos años no ha sido diferente: lavado de dinero, eslabón de cárteles, despojo de tierras, instrumento político, trata de personas son algunas de las etiquetas que han marcado las canchas y el balón controlado por los afiliados a la Federación Mexicana de Futbol Asociación (FMF o Femexfut).
Durante el actual sexenio, la Procuraduría General de la República (PGR) ha reconocido, pública y oficialmente, investigar casos como, por ejemplo, los de Amado Yáñez (lavado de dinero en Gallos Blancos de Querétaro y Delfines de Ciudad del Carmen) o Luis Armando Reynoso Femat (lavado de dinero en el club Necaxa)
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]Asegura el gobierno peñista, por escrito, haber abierto únicamente nueve averiguaciones previas: cinco sobre presuntas faltas a la Ley de la Propiedad Industrial, dos por defraudación fiscal, una por delitos electorales y otra más por alteración de “señales, marcas de sangre o de fuego, que se utilizan para distinguir el ganado”[/blockquote]
Empero, la autoridad asegura, por escrito, haber abierto únicamente nueve averiguaciones previas de 2012 a la fecha: cinco sobre presuntas faltas a la Ley de la Propiedad Industrial, dos por defraudación fiscal, una por delitos electorales y otra más por alteración de “señales, marcas de sangre o de fuego, que se utilizan para distinguir el ganado”.
La PGR asentó lo anterior en acato a la resolución RRA1357/16, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), pues la entidad encabezada por Arely Gómez había clasificado la información como “confidencial”.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Ferales y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales fueron las únicas en encontrar en sus registros averiguaciones previas:
-UEIDFF/FISM14/2013 y UEIDFF/FISM20/283/2015, abiertas en septiembre de 2013 y mayo de 2015, respectivamente, por “defraudación fiscal”;
-339/UEIDDAPI/2014, 1101/UEIDDAPI/2015 y 1338/UEIDDAPI/2015, iniciadas en abril de 2014 y abril y noviembre de 2015, respectivamente, por “producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas […], así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas” (artículo 223, fracción tercera, de la Ley de la Propiedad Industrial);
-1129/UEIDDAPI/2014 y 624/UEIDDAPI/2015, iniciadas en noviembre de 2014 y abril de 2015, respectivamente, por “falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas” (artículo 223, fracción segunda, de la Ley de la Propiedad Industrial);
-1102/UEIDDAPI/2015, abierta en agosto de 2015 por alteración de “señales, marcas de sangre o de fuego, que se utilizan para distinguir el ganado, sin autorización de la persona que las tenga legalmente registradas ante la autoridad competente” (artículo 242 bis del Código Penal Federal);
-y FED/FEPADE/UNAI-VER/0000435/2016, de junio de 2016, por solicitar “votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza”, presionar para “asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición” (artículo 7, fracción séptima, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales). Durante las elecciones estatales veracruzanas, el diputado y dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Kuri Grajales, llegó a amenazar públicamente con “llevarse” el club de la entidad si no ganaba el candidato priísta.
Eso es todo. No hay ninguna más, según la PGR, pues ni las subprocuradurías Jurídica y de Asuntos Internacionales, de Control Regional, Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), de Derechos Humanos, ni las áreas de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, y Procedimientos Penales y de Amparo respondieron la solicitud de información 0001700178116 presentada por Contralínea.
De la información obtenida se desprende que el tema en el que más trabaja la Procuraduría es la piratería. Los intereses de los equipos y las trasnacionales que los visten y comercian sus símbolos –incluidos los de la Universidad– son custodiados por el gobierno federal.
“Constantemente vienen los apoderados legales de las empresas como Nike, Levi’s, Hollister, entre otras, a presentarnos un escrito donde solicitan realizar un operativo de inspección para checar locales o establecimientos donde se sospecha que venden artículos piratas”, admite la institución (“PGR, en alerta por playeras piratas de futbol”, El Pueblo, 24 de mayo de 2014).
Nada sobre lavado de dinero, mucho menos de narcotráfico directo, o extorsión y asesinatos. Nada sobre lo que la Procuraduría misma ha declarado por otros medios.
La única información con la que dice contar la reervó, aunque ésta fuera estadística: “Si bien es cierto [que] todas las actuaciones de esta Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público general, (…) el hecho de divulgar información de averiguaciones previas relacionadas con equipos afiliados a la Federación Mexicana de Futbol supera a dicho interés público”.
Ante todo, lo que le preocupa a la PGR es el cuidado de “la esfera de la intimidad, del prestigio y del buen nombre de diversas personas físicas y morales que puedan estar relacionadas a las empresas y/o equipos”.
No obstante lo anterior, reviró el Inai, la PGR tiene la obligación, por medio del Ministerio Público con el apoyo de las subprocuradurías y fiscalías especializadas, de investigar los delitos del orden federal y la acción penal (o no) ante los tribunales (Artículos 21 y 102 constitucionales). Y directamente el deber de “recabar, capturar, procesar, administrar y resguardar la información de los asuntos que conozca” y “establecer medios de información sistemática y directa a la sociedad, para dar cuenta de sus actividades” (Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 5).
Por ello, el 7 de septiembre de 2016, el pleno del Inai ordenó la entrega de los datos estadísticos; eso sí, cuidando el anonimato de los implicados.
Los directivos, promotores y jugadores –nunca los dueños– de los futboles de Colombia, Italia, Inglaterra, España o Alemania, por ejemplo, han estado inmiscuidos en procesos que han derivado en prisión para los acusados. Desde narcotráfico y lavado de dinero hasta abuso sexual.
En México, los casos se quedan en llamaradas que se apagan con un escándalo más entre la pudrición nacional. Ante micrófonos, grabadoras y cámaras, la Procuraduría ha perjurado que se encarga de investigar a los equipos e integrantes de la familia de la Femexfut; ahora, y a pesar incluso de evidencias integradas en expedientes ya hechos públicos, niega tácitamente haber visto caso alguno relacionado con delincuencia organizada.
Así, los asuntos aparentemente iniciados durante el periodo de Jesús Murillo Karam no existieron más en la era de su sucesora, Arely Gómez González, recientemente removida del cargo.
El caso Oceanografía-Amado Yáñez, que arrastró al Querétaro de la llamada Liga MX y a los Delfines de Ciudad del Carmen de la división próxima inferior, ha sido uno de los más resonados en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto. En diciembre de 2015, Contralínea publicó el expediente del aseguramiento del conjunto gallero por orden de la propia PGR para indagar los indicios que apuntaban que el empresario lo utilizaba como un mecanismo de blanqueamiento de capitales.
La Procuraduría estuvo al pendiente en todo momento, incluso en la devolución al hoy encarcelado Yáñez Osuna para su venta por la vía rápida a la familia encabezada por Olegario Váquez Raña (“Gallos Blancos, balón enlodado”, Contralínea 467).
Aún está en curso una denuncia presentada por Héctor Pérez Rojano e Inés Sáinz en contra de la SEIDO de la PGR y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por su papel determinante en beneficio de Amado Yáñez y sobre todo de los nuevos propietarios del equipo (“Admitirá PGR 19 pruebas”, Abel Barajas, Reforma).
Pues en tal asunto no se abrió una averiguación previa, asienta ahora la PGR. Por su parte, Decio de María, presidente de la Federación, ha guardado silencio aun siendo otro de los señalados. Tampoco la abogada de la Femexfut, Anna Peniche –al igual que la entonces procuradora– respondió la solicitud de entrevista presentada.
“La PGR, de Arely Gómez, investiga a los exfutbolistas del Club América Juan Carlos Medina y Aquivaldo Mosquera, así como al director de fuerzas básicas, Mario Hernández Lash”, escribió Lourdes Mendoza en Reforma en abril de 2016. “La averiguación previa folio 063/2016, en la cual se investiga el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, inscrito en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, [se dio] al presumir que el directivo y los jugadores registraron lujosos autos e inmuebles con información falsa o de terceros en el Estado de Morelos”.
De ello, según la respuesta oficial de la PGR a Contralínea, tampoco hay registro en los archivos del abogado de la nación.
Entre junio y julio de 2013, se divulgó que los Rayados del Necaxa –club que pasó de Televisa al gobierno de Aguascalientes– eran sujetos de investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en jugadas orquestadas y anotadas por el exgobernador panista Luis Armando Reynoso Femat y su hijo Luis Armando Reynoso López.
“La investigación de la PGR indica que el exmandatario y una red de exfuncionarios estatales adquirieron con recursos estatales y de manera irregular las cartas de jugadores por las que luego cobraban al club Necaxa montos millonarios no especificados en la indagatoria” (“PGR investiga a club Necaxa por nexos con Reynoso Femat”, Aristegui Noticias, 30 de junio de 2013).
Reynoso Femat fue sentenciado a 2 años y 3 meses de prisión por otro delito. Sin embargo, para la PGR este asunto tampoco existe. Los expedientes dejaron intocados a los señalados.
Cárteles del narcotráfico, casas de apuestas, redes de trata de deportistas y de explotación de menores de edad, emporios empresariales; toda clase de grupos criminales han sido relacionados con el balompié mexicano.
El historial es amplio y ha quedado registrado en expedientes judiciales, libros y trabajos periodísticos.
Escuadras de primera división, que suelen cambiar de nombre y razón social, han visto entrelazados los resultados en la cancha con actividades que se juegan fuera de ella. Conjuntos como León, Santos, Veracruz, Chivas, Atlas, América, Cruz Azul y Pumas han sido algunos. La lista crece en las ligas inferiores, también bajo el abrigo de la Federación.
Personajes como Guillermo Lara y Carlos Ahumada fueron señalados como enlaces de cárteles del narcotráfico trasnacional. Organizaciones como el Cártel del Norte del Valle de Colombia, la de los Valencia de Michoacán o el Cártel de Jalisco y sus capos derivados de él, como Amado Carrillo, sólo son ejemplos que tuvieron que ver con traspaso de jugadores, equipos y hasta estadios, así como millonarias transportaciones de dinero.
La PGR ha intervenido directamente clubes como Santos, León y Querétaro. Los nombres de Colibríes de Morelos, Irapuato y Jaguares de Chiapas de igual forma cuentan con sus propios capítulos.
La historia criminal en el balompié es larga. En 2004, José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), llegó a reconocer la existencia de procesos de investigación sobre vínculos entre el narcotráfico, los clubes locales y Guillermo Lara, quien mantiene su influencia y negocios intactos.
El asesinato también ha estado presente. La familia Leaño, controladora del grupo de extrema derecha de los Tecos, que mantuvo un equipo profesional con el nombre de su secta durante décadas, fue señalada como responsable de la muerte de un par de jóvenes en 1975.
En 2011, elementos del Ejército detuvieron a Jorge Hank Rhon, dueño de Tijuana, por acopio de armas. Salió libre unos días después.
Los miembros de la cofradía futbolera de la Femexfut que terminaron tras las rejas, fue por motivos ajenos al balón, cuyas componendas siempre fueron soslayadas por la Procuraduría.
Dudas arbitrales, designaciones sospechosas, inacción de la Federación ante hechos que turban la credibilidad de sus afiliados. Un sudario de duda cubre el futbol mexicano permanentemente.
El amaño de partidos y las apuestas de quienes son jugadores y parte es un pendiente más. En Austria, varios jugadores de primera y segunda división fueron condenados en 2014 por amaño de partidos. En México no existe un antecedente similar a pesar de que equipos como América de Televisa, Xoloitzcuintles de la familia Hank o los nuevos Gallos Blancos de Olegario Vázquez Raña están emparentados con casas de apuestas, en franca contravención a las disposiciones de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y con la impunidad garantizada (“Clubes de futbol mexicanos violan disposiciones de FIFA”, Contralínea 369). Pero la Procuraduría no se preocupa por investigar esas cosas ni al Poder Legislativo tipificar tales temas.
Los casos han sido muchos más, con la impunidad como destino común.
Las autoridades, federales, estatales y judiciales, presidentes, procuradores y empresarios –el poder en pleno– han mantenido la protección sobre el negocio del futbol profesional de México.
Mauricio Romero
[INVESTIGACIÓN][CONTRAGOLPE]
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