Entre los agresores de los defensores de derechos humanos destacan funcionarios municipales, estatales y federales, empresas, opositores a la defensoría y el crimen organizado. Las amenazas y la impunidad provocan el desplazamiento de quienes defienden las garantías individuales

Segunda y última parte

Va y viene por la región centro-Norte de Guerrero; a su paso, las historias que deja el crimen organizado son relatadas y dolidas en diversas comunidades. El incremento de la violencia no cesa desde hace ya algunos años. Hay paramilitares al servicio de mineras o grupos armados que operan en la zona, como Los Rojos o Guerreros Unidos (vinculados a la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa).

Arturo –prefiere omitir su nombre por temor a represalias de alguno de estos delincuentes, que lo ubican, saben quién es y a qué se dedica– es uno de los defensores que pertenece a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), y al igual que varios de los que la integran, su historial de acoso es constante; está consciente que su trabajo se ha convertido en uno de alto riesgo. Primero, porque quienes pretenden llevar a cabo este tipo de proyectos en Guerrero lo han focalizado como un “enemigo”. Segundo, el clima que ha generado el narcotráfico en la región es de muerte.

La fragmentación de los grupos delincuenciales en el estado ha derivado en la dispersión del odio y la impunidad, “me atrevería a decir que el único lugar en donde no están presentes es en la Montaña de Guerrero; pero en el resto del estado la  presencia es muy fuerte… y cualquier actividad que tenga relación con la defensa de algún derecho (en este caso nosotros nos dedicamos a la defensa del territorio), estamos en una situación muy complicada”, comenta.

Permanece en la región según considere oportuno, para no dejar la defensoría y seguir vivo. “Hace un rato que tuvimos que salir, las amenazas no sólo eran en función de lo que se vive directamente, sino de lo que sucede alrededor y que nadie atiende. No se puede estar en un lugar donde hay más de veintitantos asesinatos en la comunidad, el desplazamiento de  más de la mitad de la población, los cárteles cooptan toda la zona y las autoridades sólo hagan rondines sin ninguna estrategia concreta”, dice Arturo.

Él, junto con otros integrantes de la REMA, acompañaba a los habitantes de Carrizalillo en la defensa de sus tierras ante la presencia de la minera canadiense Goldcorp, pero con la presencia de los grupos armados las condiciones de inseguridad se desbordaron.

 “Con la REMA estábamos viendo cómo apoyar a la comunidad en los daños que le estaba generando la empresa minera, era el punto fuerte del trabajo, pero con la presencia de estos grupos se volvió insostenible… los daños a la salud y al ambiente generados por Goldcorp quedaron ‘literalmente’ minimizados por la cantidad de daños que generaba la violencia.

“Simplemente, si como ciudadano no pagas una extorsión te va mal, como defensor te haces más visible si estás en la acción de la denuncia de la información, te haces perseguido… Me han tocado varios casos similares: uno está trabajando en la comunidad y, sin esperarlo, sube el cartel a tratar de posicionarse de la plaza, esto implica estar atrapado en una balacera en una comunidad muy pequeñita, de escasamente 300 familias, sólo tienes acceso a una carretera y lo demás es cerro (el refugio)…” comenta el activista.

El Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), AC, indica que los ataques y las agresiones hacia los defensores de derecho humanos ambientales son cometidos por una diversidad de agresores; “éstos pueden ser autoridades del Estado a nivel municipal, estatal y federal, pero también los agresores pueden ser personal de las empresas que emprenden los proyectos de desarrollo e infraestructura y que con violencia defienden sus intereses económicos frente a la oposición de las comunidades ante dichos proyectos…”.

La organización ubica que los ataques pueden provenir de la gente de la misma comunidad afectada cuando existen divisiones en la misma, otras veces, las agresiones se cometen por particulares que son identificados por las comunidades y a veces tiene un interés que se ve afectado…”. Además, se han señalado a los grupos del crimen organizado.

Allanar el espacio de trabajo

Llegar a tu espacio de trabajo, vulnerar cerraduras, cajones, expedientes, tocar parte de tu día a día. Allanar, violentar, amedrentar, acosar, cuántos adjetivos podrían darse a ese acto que te indica hasta donde pueden llegar aquellos que ya han señalado contra ti.

Esto ocurrió en 2013 a las oficinas de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC (Prodesc), que defiende a los comuneros del ejido La Sierrita de la falta de cumplimientos contractuales por parte de la empresa minera Excellon de México (caso actualmente en tribunales).

Elena Villafuerte Mata, integrante del Área de Justicia Transnacional en Prodesc, comenta: “hay un riesgo potencialmente importante para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del periodismo en México. Prodesc fue una de las primeras organizaciones muy enfática en decir que había procesos de criminalización o de agresiones muy directas a nivel físico hacia personas defensoras o hacia organizaciones”

Villafuerte Mata indica que uno de los sectores más vulnerables en la defensoría es el de las mujeres, pues “son mucho más susceptibles de recibir ataques, difamaciones y descalificaciones, que fue lo que sucedió en un tiempo con Alejandra Ancheita, fundadora y directora de Prodesc, pues había un ambiente de descalificación hacia su trabajo en medios de comunicación”.

En su visita a México, Michel Forst, relator especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo: “los grupos de mujeres defensoras de los derechos humanos que he conocido en México nos recuerdan que las mujeres frecuentemente están a la vanguardia de las batallas por los derechos humanos, aunque su trabajo pueda parecer invisible.

Las cifras que incluyó en su Informe indican que 38 mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas fueron asesinadas en México, en el periodo de 2010 – 2016.

La mayoría de las defensoras, añadió, “enfrentan riesgos no solo por su trabajo, sino también por su género. Pueden padecer violencia sexual, amenazas en redes sociales o campañas de difamación con base en estereotipos de género. En el contexto de la violencia generalizada contra las mujeres y los ‘femilicidios’, algunas mujeres se han vuelto en la búsqueda de la verdad, la justicia y el desagravio”.

Gustavo Castro, salir de América

El riesgo de defender los derechos humanos y el medio ambiente se reproduce  por toda América Latina. La inseguridad violenta las voces de aquellos que se han atrevido a resguardar los bienes naturales que todavía quedan: ríos, bosques, tierra. La voracidad de quienes pretenden explotar la riqueza a través de los negocios de las represas, minería, tala de árboles, hidrocarburos, parques éolicos y transgénicos pretende secar las venas de América Latina.

Pensaron que él había muerto. El ataque fue simultáneo en dos de las habitaciones de la casa. En una dormía la defensora hondureña Bertha Cáceres; en la otra, el defensor mexicano Gustavo Castro, a ella sí la asesinaron. Desde el ataque, ocurrido el 3 de marzo de 2016, algunos de sus ejecutores siguen libres.

Gustavo salió de Honduras, después de una larga estancia en aquel país. Las  autoridades, relata, trataron de involucrarlo como parte de los delincuentes que asesinaron a la ambientalista Bertha Cáceres; hace poco también tuvo que salir de México, la cercanía de los países y la impunidad que prevalece en ambos no garantizaban la seguridad ni la vida del activista.

“Del gobierno de Honduras, recibí el trato de una persona imputada y no se respetaron mis derechos humanos”, comenta en entrevista vía telefónica. Su refugio en Honduras fue la embajada mexicana. Antes de salir de aquel país, ya en el aeropuerto se presentaron los fiscales, el ministerio público, le impiden el paso al avión y le advierten que no puede abandonar el país, sin ningún documento que lo obligara a seguir en aquel territorio. “Fue un secuestro de Estado”, dice.

Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos A.C., había viajado a Honduras como invitado de Bertha para participar en un taller de educación popular sobre alternativas energéticas. El primer día, ya de noche, los sicarios entraron a la casa de la defensora, donde Gustavo permanecía alojado. “Simultáneamente uno entra al cuarto de Bertha, otro a mi habitación. A ella sí iban a asesinarla, a mí me disparan, me creen muerto y se van. Lo hicieron con la intención de no dejar a nadie vivo”.

Todo el mes permaneció en Honduras, pretendieron imputarle cargos… aquí, dice, “está involucrado el estado [hondureño], el gobierno, la juez; ahora la magistrada (que nosotros decimos que se autorrobó el expediente)…”.

El 19 de diciembre de 2016, Gustavo presentó una demanda contra el gobierno de Honduras, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; “también contra la juez [Victorina Flores] que llevó toda la investigación y que generó todas estas inconstitucionalidades: abuso de poder y violación a los derechos humanos”.

En este contexto, unos 4 días antes de que Gustavo ofreciera una conferencia de prensa en México; en Reynosa, Tamaulipas, fue aprehendido el séptimo imputado. “Las autoridades mexicanas lo estaban buscando, lo presentan, y el mismo día de la conferencia, en Tegucigalpa, Honduras,  se confirma que estuvo en el atentado…, pero que de los siete imputados no está todavía el me disparó, podría estar en México, rondando por el país”, dice.

Entre los sospechosos del asesinato de Bertha Cáceres y el ataque contra Gustavo se encuentran  los directivos y dueños de la empresa Desarrollos Energéticos, SA (DESA), a quién Bertha y la organización que integraba (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH), le impidieron el desarrollo de una represa.

Gustavo, como otros defensores de derechos humanos ha tenido que dejar su lugar de trabajo, casa y familia. El territorio nacional no le brinda ninguna certeza de sobreviviencia. Lejos de aquí, continúa con la defensoría y contra la impunidad.

Ricardo Fuentes Nieva, director Ejecutivo de Oxfam México, dice en entrevista que el sistema económico extractivo en toda Latinoamérica pone en riesgo a los defensores de los derechos humanos y de lo que se llama tierra y territorio. “Lo que vemos es una situación explosiva para ellos, en donde las industrias van ganando poder, hay cada vez más desplazados y tenemos interesas económicos defendidos por los políticos a través de la región que genera esta desposesión de la tierra y, como consecuencia, el peligro para los defensores”.

En México, añade, hay una crisis de derechos humanos desde que inició la guerra contra el narcotráfico y una impunidad muy grande que afecta a la sociedad en general. “El primer derecho que debemos defender es el derecho a la tierra que tienen las comunidades; el segundo, es el derecho a la seguridad de esos defensores y en México ya estamos en una situación en que son muchos los desplazados”, comenta el director de Oxfam México.

El informe de Oxfam, El riesgo de defender documentó “2015 fue el peor año en asesinatos a defensores y defensoras con 122 asesinatos registrados sólo en América Latina, cifra que representa el 65 por ciento de los homicidios en el mundo.

 “En 2016, la situación se ha seguido agravando con 58 asesinatos de defensores y defensoras reportados tan solo de enero a mayo de este año. José Ángel Flores, presidente del Movimiento Unificado del Aguán (MUCA), y Silmer Dionisio Jorge son las dos víctimas más recientes en lo corrido de este año. Fueron asesinados el 18 de octubre en la casa de José Ángel en Colón, Honduras”, indica el documento.

El informe también enfatiza que las mujeres defensoras, particularmente, “están más expuestas a la violencia debido a la cultura patriarcal y machista que aún predomina en la región y que incita los ataques en contra de las mujeres. El Salvador, Guatemala, México y Honduras reportan un aumento de agresiones en contra de mujeres defensoras, que en la gran mayoría de los casos, quedan en total impunidad. La cantidad de denuncias que nunca llegan a juicio es indignante. En México, el 98.5 por ciento de los ataques en contra de defensoras y defensores quedan impunes, en Colombia de 219 asesinatos entre 2009 y 2013, sólo seis han tenido sentencia judicial”.

Necesitamos reanalizar si este es el sistema económico que necesita la región, un sistema económico que desplaza y agrede a los defensores de los derechos humanos y ambientales, acota el director ejecutivo de Oxfam México.

Érika Ramírez /Segunda y última parte

[SOCIEDAD]

Contralínea 533 / del 03 al 09 de Abril 2017