Como herencia de la dictadura de Pinochet, el agua es un recurso privado en Chile. El vital líquido es propiedad de empresas –muchas de ellas trasnacionales– mineras, agropecuarias y del sector industrial y energético. Algunas de las concesiones de los mantos freáticos son gratuitas y a perpetuidad. Organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente se organizan para recuperar el agua para el pueblo chileno

Marianela Jarroud/Tierramérica-IPS

Santiago, Chile. Los derechos de agua en este país, privatizados durante la dictadura militar en 1981, tienen en jaque a la agricultura familiar y campesina, que lucha por la reconversión de este recurso, al menos parcial, al control público.

 “¿Por qué debemos pagar derechos de agua si la gente que nació y se crió en el campo siempre tuvo acceso a ese recurso?”, plantea a Tierramérica la lideresa de las mujeres campesinas de la sureña Patagonia, Patricia Mancilla, en un planteamiento que se repite por todo el país entre los pequeños productores.

Chile, un país estrecho y largo, tiene abundantes recursos hídricos, pero desigualmente repartidos: mientras al Sur de Santiago la disponibilidad media anual es de más de 10 mil metros cúbicos por persona, al Norte no llega a los 800 metros cúbicos por habitante, según un estudio de 2011 del Banco Mundial.

Haya mayor o menor disponibilidad, la Constitución de 1980 consagra al agua como un bien privado. El uso de los recursos hídricos, según reglas del mercado, está regulado por un Código de Aguas, que confiere al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento a empresas de forma gratuita y a perpetuidad.

Faculta además a comprar, vender o arrendar esos derechos sin considerar prioridades de uso.

 “Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes y la gestión de las aguas”, asegura a Tierramérica el activista Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente.

El activista e ingeniero agrónomo añade que la ley chilena “separa la propiedad del agua del dominio de la tierra dando origen al mercado de las aguas”, lo que provoca que existan propietarios de tierra sin agua y viceversa.

La dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) estableció dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas: consuntivos y no consuntivos.

Entre los derechos consuntivos, aquellos en que el recurso se consume al usarlo, 73 por ciento está en manos del sector agropecuario, 9 por ciento de la minería, 12 por ciento del sector industrial y 6 por ciento en manos del sector sanitario, puntualiza Mundaca.

Los no consuntivos, aquellos en que el agua no se consume, sino que transita, están destinados principalmente a la generación de hidroelectricidad y 81 por ciento de esos derechos se encuentran desde 2009 en manos de la empresa italo-española Enel-Endesa, revela el dirigente.

Como consecuencia, “hoy las comunidades del Norte de Chile se enfrentan por agua con la megaminería; las comunidades del centro con la agroindustria y la agroexportación; y las del Sur con las hidroeléctricas y las forestales”, relata Mundaca.

 “El agua es actualmente, sin lugar a dudas, la problemática ambiental más importante del país. Pequeños agricultores han perdido sus tierras y hay comunas (municipios) como Petorca, donde viven más de 3 mil mujeres solas porque sus parejas salieron a buscar nuevas fuentes laborales”, asegura.

En general, América Latina es una de las regiones del mundo más vulnerables ante crisis provocadas por el cambio climático, según el Banco Mundial. Pero en Chile la mayor vulnerabilidad para los pequeños agricultores no es la climática, sino el “robo de agua” por parte de los grandes agroexportadores.

Petorca, un caso paradigmático

 “El negocio del agua evidencia el conflicto de intereses, el tráfico de influencias y la corrupción que hay en Chile”, afirma a Tierramérica el pequeño agricultor Ricardo Sanhueza, residente en el municipio de Petorca, a 220 kilómetros al Norte de Santiago, cuya situación representa el paradigma del impacto del modelo del agua de los últimos 35 años.

 “Recuerdo que entre 1987 y 1997 vivimos una fuerte sequía, pero jamás faltó el agua potable”, añade. Petorca se ubica en la provincia homónima y sus algo más de 70 mil habitantes deben abastecerse de agua mediante camiones cisterna.

 “El problema aquí no es climático”, dice, “el problema es de sobreexplotación de tierras y abuso de las aguas […]. Los intereses políticos están socavando las bases de la agricultura familiar campesina”, remata.

La provincia de Petorca, con una superficie de 4 mil 589 kilómetros cuadrados, está enmarcada de Oriente a Poniente por la cordillera de Los Andes y el Océano Pacífico.

Un estudio del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) indica que las causas de la escasez hídrica que experimenta esta provincia “no estarían sólo asociadas al fenómeno de sequía”, sino que inciden también “las actividades empresariales que tienen lugar en la zona”.

Señala, además, que “el otorgamiento de derechos de agua sobre cuencas extinguidas son representadas como factores que han contribuido a generar un situación de crisis hídrica que afecta seriamente la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Petorca”. Añade que “la priorización de la función productiva del agua, por sobre su función de consumo humano ha contribuido a la agudización del problema”.

Mónica Flores, sicóloga en el municipal Departamento de Salud Pública, cuenta con nostalgia a Tierramérica cómo el Río Petorca se secó por completo, lo que terminó con la activa vida social de sus habitantes en torno a él. “El Río nacía en la cordillera y desembocaba en el mar, pero hoy vemos sólo una línea gris, llena de tierra y piedras”, dice.

“Existe un antes y un después. Mi infancia giró en torno al río: allí jugaba con mis amigos, nos bañábamos, coqueteábamos. Sin embargo, la vida de mi hija no es la misma, es mucho más solitaria”, afirma Flores.

“Muchos rituales se hacían junto al Río que era el corazón, la columna vertebral de la provincia”, asevera sobre el impacto para la población de la desaparición del Río.

Pero Petorca es sólo un ejemplo de la realidad que se vive en Chile.

El 22 de marzo, durante el Día Mundial del Agua, el INDH advirtió que “el desarrollo del país no debe ser a costa del sacrificio del agua de las comunidades, ni a costa de hipotecar el futuro de las generaciones que vienen”.

Actualmente, la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados debate la reforma al Código de Aguas y hay avances sustanciales, como el establecimiento de prioridades de uso del agua para necesidades esenciales y la modificación del derecho de propiedad a perpetuidad por una concesión de uso y goce temporal.

Pero las mejoras de la reforma, una vez que entre en vigor, serán sólo aplicables para el futuro, y la mayoría de los derechos de agua ya están otorgados.

Además, hasta ahora no se toca el privilegio de las aguas al sector minero, que otorga el derecho de aprovechar las aguas halladas en las labores mineras. Tampoco se habla de la insuficiencia de reservas para usos esenciales de campesinos e indígenas o de cambios constitucionales para recuperar el estatus de bien público de las aguas.

La Constitución Política fraguada por la dictadura “señala que todas las personas son libres e iguales en dignidad y en derechos. Sin embargo, la privación de agua tiene a vastos sectores de la población tomándola de camiones aljibes, bañándose por partes y haciendo sus necesidades en bolsas plásticas”, enfatiza Mundaca.

 “Es vergonzoso e impropio. El agua debe ser recuperada de una forma o de otra”, concluye.

Marianela Jarroud/Tierramérica-IPS

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 Contralínea 442 / del 22 al 28 de Junio 2015